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¡Terminó el 2020! Antes de dejarlo atrás, ¿cuáles lecciones deberíamos llevarnos de lo vivido? ¿Qué desafíos nos esperan en este nuevo año que acaba de empezar? Desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la innovación, reflexionamos aquí sobre lo que aprendimos y sobre los retos que tendremos que enfrentar en el 2021.
El inicio de la vacunación en muchos países es un signo alentador de que la pandemia podrá ser superada durante el 2021. Sin embargo, los efectos del COVID-19 nos seguirán acompañando por un buen tiempo. Y si bien estamos todos ansiosos por cerrar este capítulo, es importante reflexionar sobre el nuevo paisaje que nos dejó el 2020 así como entender bien los retos que tenemos por delante para poder superar esta crisis de la manera más rápida, efectiva y sustentable.
Lecciones de innovación y desarrollo productivo frente al COVID-19
Con el inesperado surgimiento y la vertiginosa expansión de la pandemia, quedó claramente confirmado que es crucial disponer de capacidades estratégicas locales. La velocidad y la efectividad de las respuestas ante la emergencia presentaron claras diferencias de acuerdo con el nivel de las capacidades científico-tecnológicas de cada país y con el nivel de desarrollo de sus ecosistemas de emprendimiento e innovación. Un aspecto interesante para destacar es la rapidez con que investigadores y emprendedores provenientes de diversas áreas de trabajo debieron enfocarse en los retos planteados por la urgencia sanitaria. El desarrollo de tests rápidos de detección del COVID-19, o el diseño y fabricación de ventiladores fueron algunos de los ejemplos destacables en la región. Una vez más se demuestra que disponer de talento es un activo enorme para los países.
La experiencia también mostró la relevancia del tejido institucional de cada país. En este sentido, las agencias de promoción de innovación y emprendimiento reaccionaron rápidamente, generando convocatorias y llamados para canalizar recursos hacia las áreas de necesidad definidas por la autoridad sanitaria. Más aún, estas entidades jugaron un rol crucial en la articulación de las demandas y las ofertas disponibles, al ayudar a identificar con precisión cuáles eran las necesidades más urgentes generadas a raíz de la pandemia y comunicarlas a los actores del ecosistema. Los países que disponen de un ecosistema de emprendimiento e innovación fuerte han podido movilizar las capacidades y talentos de sus ecosistemas para desarrollar respuestas rápidas a la crisis generada por la pandemia.
En un marco de fuerte restricción fiscal será un gran desafío para los países de América Latina y el Caribe invertir recursos para continuar desarrollando o incluso mantener estos ecosistemas. Más aún, si la ciencia, la innovación y en general el fomento al desarrollo productivo no han estado dentro de las prioridades continentales en años previos, ¿por qué habrían de estarlo ahora?
Sin embargo, contrariamente a lo que esperaríamos, ya varios gobiernos se han aproximado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solicitar apoyo técnico y financiero en estas áreas. Las razones que explican esta renovada demanda tienen que ver con el entendimiento de la naturaleza de los retos que plantea la recuperación de la actividad económica y el empleo en un contexto muy distinto al de antes de la pandemia.
Retos para el desarrollo productivo en la post-pandemia
El primer y más evidente reto es la transformación digital acelerada. Este es un proceso que ya venía en curso, pero que adquirió inusitada rapidez en el último año. Pero no es un proceso uniforme y el riesgo de acentuar las desigualdades ya prevalecientes es alto. No todas las empresas están preparadas para transitar hacia la transformación digital, lo cual es particularmente cierto para el caso de las MIPYMES. Este es un proceso que va mucho más allá de la adquisición de equipamiento y paquetes tecnológicos, que requiere asistencia técnica y apoyo experto para modificar los modelos de negocios.
También se ha hecho evidente que existe una dramática escasez de talento digital en la región. Ello presenta la urgente necesidad de establecer programas masivos de asistencia técnica y de formación acelerada de personal con competencias digitales, para ayudar a las empresas de América Latina a enfrentar el nuevo contexto económico-social creado por la pandemia.
Por otra parte, no todos los empleos perdidos se recuperarán en las firmas previamente existentes, pues muchas de ellas no se han adaptado a la nueva forma en que está funcionando la economía. Mientras más rápido se constituyan y progresen los emprendimientos que las van a sustituir, más rápido se recuperará el empleo. Este nuevo contexto genera destrucción, pero también abre oportunidades. Muchos países de la región tienen establecidos programas de apoyo a la innovación y al emprendimiento que han probado ser exitosos. No sostenerlos en este momento sería un error crucial, pues el impulso a emprendimientos con alto potencial de crecimiento será más relevante que nunca en los próximos años para lograr aumentar el empleo.
Cabe subrayar, que hablamos aquí de programas que buscan apoyar emprendimientos con potencial de crecimiento, es decir con un alto grado de selectividad. Los estudios disponibles muestran que ese tipo de programas pueden tener impactos positivos y significativos cuando están bien diseñados e implementados. No ocurre lo mismo con los programas masivos de fomento al emprendimiento que no usan mecanismos rigurosos de selección, en los cuales una y otra vez se comprueba que son un desperdicio de recursos públicos.
Finalmente, un tercer desafío que se avizora para la región es generar las condiciones para hacer realidad las oportunidades de atraer inversiones en virtud de la reconfiguración que está produciéndose en las cadenas globales de valor. Existe una abrumadora evidencia de que las firmas no relocalizan actividades de alto valor agregado si los lugares de destino no cuentan con una adecuada oferta de personal calificado y con posibilidades de desarrollar innovaciones. En consecuencia, los países de la región que quieran aprovechar las oportunidades abiertas por lo que se ha dado en llamar “nearshoring” tendrán que invertir en formar talento y en fortalecer las capacidades locales de I+D y de innovación.
En resumen, el 2020 fue un año muy difícil para todos. La pandemia del COVID-19 ha acelerado ciertas tendencias de desarrollo, como la digitalización, y puesto en evidencia la necesidad urgente de nuestra región en fortalecer las capacidades estratégicas científico-tecnológicas para responder a un mundo en constante evolución, donde cambios inesperados son la regla y no la excepción.
María es una mujer que durante años trabajó en el sector turístico como cocinera en un hotel de lujo en Cancún. El 20 de marzo de 2020, mientras ella hacía cuentas sobre en qué gastaría el bono que recibe cada año por trabajar horas extra durante Semana Santa, su jefa la llamó. Le dijo que el hotel tendría que prescindir de sus servicios porque cerrarían las siguientes semanas por el coronavirus y no habría turistas en las vacaciones. Su jefa le prometió llamarle más adelante para volver a contratarla.
Dos meses después, en mayo, María decidió que ya no podía esperar la llamada del hotel, pues tenía que generar un ingreso para sus dos hijos y la liquidación era insuficiente. Empezó a cocinar sus especialidades para venderlas entre sus conocidos. Meses más tarde, le llamaron del hotel para ofrecerle un contrato temporal. No aceptó porque no tenía con quien dejar a sus hijos, quienes debían aprender a distancia y no podían ir a casa de sus abuelos por miedo a los contagios. Y así, María cerró el 2020: llena de incertidumbre, extrañando su normalidad anterior y preocupada por el futuro. Como ella, 2.6 millones de mexicanas que trabajaban en el sector de servicios de hospedaje y alimentos sufrieron los efectos del confinamiento por la pandemia en México.
El nuevo coronavirus ha detonado una crisis económica mundial peculiar a causa de las medidas tomadas para detener la propagación del virus, pero sus efectos no se han sentido de manera homogénea entre la población. Por la naturaleza de la crisis, las mujeres han sido las más afectadas y enfrentan condiciones aún más desventajosas al regresar al mercado laboral, lo que pone en riesgo décadas de avance en materia de equidad.
El virus que impuso nuevos desafíos laborales
Alrededor del mundo, el coronavirus está cambiando las dinámicas laborales. Se han generado nuevas oportunidades, pero también han surgido desafíos que conllevan riesgos para los grupos más vulnerables. De acuerdo con el reporte Employment outlook 2020: Worker security and the covid-19 crisis, de la ocde, en la mayoría de los países se observa un aprovechamiento del trabajo remoto. Sin embargo, millones de trabajadores perdieron sus empleos debido a que las empresas dejaron de contratar o quebraron a raíz del confinamiento. Además, los jóvenes, los trabajadores con menos habilidades, los migrantes y las mujeres han sido los grupos más afectados.
Estas tendencias también están presentes en México. Por un lado, corporativos y profesionistas han aprovechado la posibilidad de trabajar desde casa. Desafortunadamente en este país, solo entre el 20 y el 23% de la población ocupada labora en actividades que podrían ser realizadas desde el hogar. Y estas oportunidades están concentradas entre los trabajadores que ganan más.
Ante este panorama, para ambos sexos, el cierre de la economía por el confinamiento implicó que millones de personas perdieran su trabajo, como se aprecia en la Gráfica 1. Sin embargo, desde julio los hombres han tenido un regreso a la economía sostenido, y están próximos a alcanzar el nivel que tenían en el primer trimestre del año. El caso de las mujeres es distinto, pues su recuperación inició después y ha mostrado cambios más moderados.
En crisis económicas anteriores, los hombres han sido más afectados, por laborar principalmente en sectores cíclicos, como la manufactura o la construcción. Pero la evidencia internacional revela que los efectos de la crisis por covid-19 han recaído de forma desproporcionada sobre las mujeres, al grado de que varios medios de comunicación en inglés y expertos se refieren a esta crisis económica como “shecession”. En países como México, donde desde antes de la pandemia ya existían barreras para las trabajadoras, este choque en la economía es un factor de riesgo.
Recuperación lenta y tardía para las mujeres
Previo a la pandemia, a pesar de los avances y esfuerzos para sumar a más mujeres en la economía, México contaba con una baja participación económica femenina. De acuerdo con datos del Banco Mundial, a principios de 2020 solo 44 de cada 100 mexicanas estaban económicamente activas (PEA), es decir, tenían un trabajo o estaban en búsqueda de uno. Esta proporción ubicó a México como el quinto país de América Latina con menos mujeres en el mercado laboral, detrás de Puerto Rico, Guatemala, Cuba y Guyana.
El confinamiento inició el 23 de marzo y durante ese mes una mayor proporción de mujeres perdió su empleo en comparación con los hombres. Según cifras de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (etoe), entre marzo y abril, casi 12 millones de personas perdieron su trabajo. Al analizar la cifra por sexo, vemos que 5 millones eran mujeres y 7 millones hombres. Sin embargo, las mujeres que perdieron sus empleos representaban el 23% de las ocupadas en marzo y los hombres el 20% de los ocupados en marzo.
Esta caída desproporcionada podría tener su razón de ser en que los sectores donde trabajaban más mujeres fueron los más afectados. Según cifras del primer trimestre de 2020, el 53% de las mujeres estaban contratadas en rubros donde había mayor contacto entre personas: hospedaje, servicios, comercio y educación. Los mismos que fueron los primeros en parar durante el confinamiento, al no ser considerados como esenciales.
Hacia mayo hubo un incremento en el número de mujeres ocupadas del 3.4%, equivalente a 565 mil 103 trabajadoras, lo que contrasta con una ligera caída en el de sus pares hombres. No obstante, la mayoría de estos nuevos trabajos eran no remunerados, como tareas de cuidados o de limpieza, los cuales se han exacerbado con la pandemia.
La situación para las mujeres es grave porque no solo el golpe fue mayor para ellas, sino porque su recuperación económica ha sido más lenta. En la gráfica 2 se presenta la tasa de participación económica de hombres y mujeres de marzo a octubre. En el mes de junio hubo una leve recuperación en la PEA, ya que 5.7 millones de personas regresaron al mercado laboral, teniendo un total de 51.1 millones de personas económicamente activas, de las cuales el 39% fueron mujeres y el 61% hombres. Durante el resto de los meses hubo una trayectoria constante y ascendente para los hombres, en comparación con una leve alza para las mujeres.
Para octubre, el 87% de los hombres que perdieron su trabajo en abril ya se había reincorporado al mercado laboral, mientras que solo el 70% de mujeres habían recuperado su empleo. A pesar de lo optimista que a primera vista puede considerarse esta información, es relativamente engañosa porque no se está aprovechando el talento en su máxima capacidad. Esto es visible si analizamos de cerca la brecha laboral, un indicador que contempla a la población desocupada, la subocupada (que está empleada por menos horas de las que quisiera ofrecer) y la disponible para trabajar pero que por las condiciones no está buscando trabajo. Desde 2018 esta brecha ha sido mayor para las mujeres, durante la pandemia tuvo un salto para ambos sexos, pero en el caso de las mujeres su regreso a los niveles anteriores ha sido más lento.
Además, aunque poco a poco las mujeres están regresando al mercado laboral, no todas lo están haciendo a sus trabajos anteriores. Entre abril y octubre, la proporción de mujeres empleadas se redujo, mientras que otras categorías como trabajadoras por cuenta propia y no remuneradas se incrementaron. De manera que el caso de María podría ser generalizado porque cada vez más mujeres necesitan ofrecer sus servicios o vender algún producto por su cuenta para compensar la falta de ingresos. Y sin olvidar a las mujeres que durante el primer trimestre del año tenían un empleo e ingreso seguros y ahora realizan trabajo no remunerado.
En cuanto a esto último, la pandemia aumentó la demanda de cuidados al interior de los hogares, reduciendo las horas disponibles de las mujeres para trabajar. De acuerdo con una encuesta de ONU Mujeres e Ipsos realizada en mayo, el 53% de las mujeres en México consideraron que su carga de tareas en el hogar se había intensificado a causa del confinamiento. En buena medida, el modelo de clases vía remota impulsado por las autoridades educativas contribuyó a esta crisis de cuidados, pues las mujeres tienen que estar al pendiente de las actividades escolares de sus hijos y no pueden contratarse en los sectores que han reanudado labores presenciales.
Si bien el trabajo por cuenta propia y el no remunerado permiten mayor flexibilidad para obtener ingresos, también implican una precarización en las condiciones laborales. Por ejemplo, según la ENOE del primer trimestre de 2020, casi el 87% de las trabajadoras por cuenta propia estaban en el mercado informal con un ingreso promedio mensual de 2 mil 873 pesos. En contraste, una mujer subordinada y remunerada ganaba casi el doble, con un ingreso promedio mensual de 4 mil 774 pesos, y tenía mayores probabilidades de contar con seguridad social. Sin embargo, solo el 56% de las mujeres trabajadoras pertenecen al sector formal. De no prestar atención a estas señales, el cambio en las tendencias laborales podría profundizar las brechas salariales que afectan a la mayoría de las mujeres en México y todo el mundo.
Mujeres con menores ingresos
México es uno de los países de la OCDE con mayores diferencias en el ingreso entre mujeres y hombres. En 2019 fue el quinto país con mayor brecha salarial después de Finlandia, Israel, Japón y Corea.
La brecha salarial es la diferencia entre lo que ganan las mujeres y los hombres, dividido entre el ingreso de los hombres. Para dimensionar los datos de la OCDE, en 2019 una mexicana ganaba 81.2 pesos por cada 100 que ganaba un hombre. Esto equivale a casi seis pesos menos que el promedio de los países de la organización y casi 15 menos que en Colombia, el país miembro con la menor brecha salarial.
Esta situación no ha cambiado a lo largo del tiempo. A pesar de que este indicador es volátil, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 2005 a 2018 ha oscilado entre el -20% y el -30%. Solo en 2019 las mujeres ganaron un poco más, pero esto no fue suficiente para tener remuneraciones similares a las de sus pares varones.
La pandemia también provocó recortes de sueldos y de ingresos, por lo que las diferencias entre mujeres y hombres se han cerrado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el tercer trimestre de 2020 el ingreso de los hombres ocupados fue 1.2 veces mayor al de las mujeres, la menor brecha salarial desde 2005. Aun así, cerca del 16% de las mujeres ocupadas se considera en pobreza laboral, por el bajo nivel de sus ingresos.
¿Qué pasará con las mujeres en la economía una vez que termine la pandemia? A juzgar por las tendencias actuales del mercado laboral existe la posibilidad de que su presencia se reduzca y que aquellas que se encuentren laborando sufran peores condiciones que los hombres. Por ello, es importante que se diseñen e implementen acciones para revertir los efectos que recaen sobre ellas.
Algunas propuestas para salir de la crisis
La lucha por la igualdad en el mercado laboral ofrece una oportunidad económica en plena pandemia. El estudio “Una ambición, dos realidades” de McKinsey encontró que si en México la tasa de participación económica de las mujeres fuera la misma que la de los hombres se podrían generar en 2025 hasta 810 mil millones de dólares adicionales, equivalentes al 70% del pib nacional. Estos beneficios se deben a una mayor fuerza laboral, a un incremento en las horas trabajadas y a una serie de cambios en los sectores de ocupación.
Para materializar estos beneficios, es necesario implementar políticas públicas capaces de revertir los efectos desproporcionados sobre las mujeres que se asocian con la pandemia y evitar que estos se consoliden en un retroceso para la equidad laboral. Desde el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C., hemos hecho algunas propuestas para lograr este objetivo en México.
Es urgente robustecer las estadísticas para medir las brechas de género. Contar con mejores datos contribuirá a la generación de mejores políticas públicas, por lo que se necesitan estadísticas con mayor cobertura, representatividad y transversalidad, y que estén desglosadas por sexo.
Otra propuesta es generar incentivos para que las mujeres continúen estudiando y trabajando. Una forma de hacerlo es aprovechar las becas y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que niñas y mujeres jóvenes reciban un apoyo mayor que sus contrapartes varones. Esto aunado a medidas para elevar la calidad académica y programas de capacitación que podrían mejorar las expectativas laborales de más mujeres.
La alta demanda de tareas de cuidados que se dio en estos meses recordó la necesidad de avanzar en la creación de un sistema universal de cuidados infantiles. Este sistema permitiría que las madres trabajadoras continuaran con su participación laboral incluso durante la pandemia. No obstante, en México las prestaciones alrededor de los cuidados (como los servicios de guarderías) son un privilegio exclusivo de los trabajadores formales. Sin embargo, se pueden impulsar medidas para ampliar la cobertura del sistema de cuidados: aumento en los subsidios para guarderías y escuelas, hacer deducibles los gastos por cuidados y legislar para incrementar los presupuestos locales y federales en la materia.
Aunado a esto también se tiene que reestructurar el esquema de licencias de cuidado. La agenda legislativa actualmente contempla ampliar la licencia de maternidad a catorce semanas, crear la licencia de paternidad y las licencias para atender eventualidades críticas de carácter médico familiar. Pero durante la pandemia ha surgido la necesidad de otro tipo de licencias, como son el acompañamiento a los hijos por motivos escolares y las licencias por aislamiento a portadores de covid-19. Todas estas deben diseñarse pensando en impulsar la participación equitativa de hombres y mujeres en las obligaciones de cuidado.
Y por último, pero no menos importante, lo que nos ha demostrado el trabajo desde casa es la urgencia de incentivar la adopción de políticas corporativas de integración entre la vida personal y la laboral. Este tipo de políticas son trajes a la medida que cada organización puede implementar para flexibilizar, en la medida de lo posible, las condiciones laborales para que sus empleados puedan compaginar sus necesidades personales con las exigencias del trabajo. Algunos ejemplos son el teletrabajo, días personales con goce de sueldo y horarios flexibles, entre muchos otros. Por la carga tan alta que tienen las mujeres dentro del hogar, estas políticas pueden alentar a que más de ellas se sumen al mercado laboral. Además, podrían generar beneficios para los empleadores como una menor tasa de rotación y posibles aumentos de productividad. Más aún, este tipo de políticas han permitido la operación de muchas organizaciones a nivel mundial durante lo más álgido de la pandemia. Por ello, desde el gobierno se deben generar incentivos para que más empleadores las aprovechen a través de una certificación pública y voluntaria que reconozca a quienes las adopten.
La aparición y propagación de COVID-19 han hecho que los retrasos en conectividad y digitalización en América Latina y el Caribe (ALC) sean aún más visibles. El cierre de actividades, impuesto como medida para reducir la transmisión del virus, incrementó la demanda de herramientas digitales que permitiesen continuar realizando actividades económicas, educativas y sociales de forma remota.
Es por esto que una de las prioridades para ALC debería ser llevar la conexión a quienes aún no la tienen, pues la conectividad es una condición necesaria, aunque no suficiente, para obtener los beneficios generados por las tecnologías digitales.
Infraestructura digital ¿cómo es la conectividad en las zonas rurales?
A pesar de que las redes de banda ancha dan cobertura a una parte importante de la población, es importante considerar las diferencias que existen dentro de los países. La conectividad en las zonas rurales es sustancialmente menor a la conectividad en localidades urbanas. De hecho, para las localidades rurales con bajos niveles de marginación las redes de banda ancha cubrían apenas el 70%, mientras que sus contrapartes urbanas contaban con cobertura al 100%. Entre las localidades con altos niveles de marginación, las redes de banda ancha dan cobertura a menos del 10% de las localidades rurales, contra el 90% en localidades urbanas. Esto puede verse reflejado en la siguiente Figura 1.
Calidad del acceso también es clave
Para realizar actividades productivas a distancia de forma eficiente, la velocidad del servicio debe ser la adecuada; es decir que la calidad de la conexión también es importante. En un contexto de COVID-19, la dimensión de calidad se vuelve de central importancia cuando varias personas en un hogar, por ejemplo, requieren conectarse simultáneamente. Las bajas velocidades de conexión aumentan las condiciones de exclusión, pues conllevan una desventaja para las personas más marginadas dentro de un hogar – personas de origen indígena, niñas, o mujeres, por ejemplo, dentro del contexto de la distribución intrafamiliar de los alimentos y recursos en situaciones de crisis económica – en el uso de soluciones digitales para el trabajo a distancia y la educación en línea.
Más aún, podemos decir que la falta de habilidades para el uso de internet y de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en general podrían haber agravado los efectos del coronavirus en la región al dificultar la transición digital de diversas actividades.
En la situación actual, las telecomunicaciones pueden ayudar a mantener la actividad económica durante la pandemia, a continuación, hacemos un análisis de cómo la infraestructura digital puede contribuir a lo largo de las distintas fases:
Primera etapa: La Crisis
Las telecomunicaciones hacen posible el trabajo a distancia para aquellos negocios donde esta es una opción viable, permitiendo a las empresas continuar su operación. En su mayoría, esto es posible gracias a redes de internet de banda ancha fijo de amplia cobertura, pero en ciertos casos las redes móviles pueden actuar como sustitutos, aunque con ciertas limitantes en cuanto a su capacidad.
Pero adicionalmente a los beneficios derivados del teletrabajo, las telecomunicaciones también hacen posible hacer compras por internet, ayudando a que la población permanezca en sus casas y también permitiendo a las tiendas conservar algo de su actividad, la cual tendría que suspenderse de otra manera. Dado que el comercio digital en la región parece variar entre el 1-2% (comparado con el Reino Unido, donde ahora alcanza el 20%). Hemos calculado que el comercio digital podría incrementarse por un factor de tres durante el periodo de confinamiento.
Finalmente, es innegable el efecto que el acceso a internet genera en la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, en el caso del sector educativo, permiten tomar clases a distancia, por lo que la educación no debe sufrir en demasía, permitiendo por ejemplo a los alumnos acceder a sus maestros, o a cursos masivos en línea (massive on-line courses, MOOC). De igual modo, las telecomunicaciones pueden ayudar con el cuidado de la salud, al permitir realizar consultas de video/audio con los médicos, y reducir así la necesidad de hacer a personas vulnerables trasladarse, y permitir el monitoreo remoto de condiciones potencialmente peligrosas, como la diabetes.
La siguiente tabla 2 estima un impacto agregado de la infraestructura digital sobre las distintas actividades durante la pandemia para los distintos países incluidos en la muestra de más de US$1,600 millones.
Segunda Etapa: Recuperación
Durante la recuperación es posible que varias de las actividades descritas en la sección de crisis continuarán siendo aplicadas – por ejemplo, es posible que se exhorte a las personas a que continúen trabajando a distancia y las restricciones sobre la educación podrían seguir siendo aplicadas. Además, las telecomunicaciones podrían desempeñar un papel clave en el monitoreo y seguimiento para prevenir un rebrote, o en permitir que ciertas medidas sean retiradas con mayor rapidez conforme los datos sobre el impacto de estos cambios queden rápidamente disponibles, permitiendo que dichos cambios sean revertidos pronto en caso de ser necesario.
Tercera Etapa: Nueva Normalidad
La nueva normalidad seguramente involucrará una reconstrucción de la economía, mientras se procura reducir el riesgo de sufrir una nueva pandemia (o un resurgimiento de la pandemia actual). La gran lección de la crisis actual es que las telecomunicaciones desempeñan un papel vital para un país tanto del punto de vista económico como social, mucho más allá de lo que se había pensado anteriormente.
A grandes rasgos, esto implica que los gobiernos, reguladores y otros actores similares deberían ver aún mayores incentivos para promover la implementación rápida de redes de banda ancha fija y móvil. Cómo podrían hacer esto es el tema que trata la siguiente sección de este informe.
Al objeto de minimizar el impacto del COVID-19 sobre la economía y los servicios públicos podríamos identificar una serie de acciones que podrían tomar los gobiernos. Entre ellas podemos identificar:
la eliminación de barreras al despliegue de infraestructura y el desarrollo de mecanismos regulatorios tales como la compartición de infraestructura y los derechos de paso,
la asignación del espectro disponible,
la asignación de subsidios para zonas el despliegue de infraestructuras en áreas de escaso interés comercial por parte del sector privado, y finalmente
facilitar el acceso a dispositivos para hogares de bajos ingresos.
Es momento para actuar rápido pues lo que los países de la región hagan hoy en infraestructura digital no sólo tendrá un impacto sobre el PIB actual sino también sobre la posibilidad de desarrollo económico y social en el período post pandemia.
Una versión de este artículo fue publicada originalmente por el autor en El País de España.
La dificultad en la inserción laboral de los jóvenes ha sido una problemática persistente en América Latina y el Caribe. La tasa de desempleo juvenil es tres veces la de los adultos, la tasa de informalidad es 1,5 veces más alta, y la inactividad es elevada: 21% de los jóvenes no estudian ni trabajan. Las brechas de acceso al empleo entre jóvenes y adultos son comunes incluso en el mundo desarrollado. Sin embargo, este fenómeno es particularmente pronunciado en la región y se ha visto agravado por la crisis del COVID-19. Las afectaciones a la educación, el empleo, y la salud mental derivadas de la pandemia amenazan con generar impactos profundos y de largo plazo en la trayectoria laboral de los jóvenes, por lo que desarrollar políticas focalizadas en esta población es una necesidad inminente.
Barreras para la inserción laboral de los jóvenes
Las causas de una inadecuada inserción laboral de los jóvenes son ampliamente discutidas y podrían clasificarse en:
Aspectos regulatorios que desfavorecen de manera desproporcionada a los jóvenes, como incrementos en el salario mínimo efectivo muy por encima del nivel de productividad.
Problemas de acceso y disponibilidad de información que conllevan al uso de la edad como indicador de productividad.
Desconexión entre las habilidades técnicas y socioemocionales de los jóvenes y las demandadas por los empleadores. Por ejemplo, en Colombia casi la mitad de los egresados de educación terciaria tiene grandes deficiencias en habilidades cognitivas avanzadas.
Desarticulación entre las aspiraciones y la realidad del mercado laboral. Por ejemplo, en Colombia, Chile, México y Paraguay los jóvenes sobreestiman de manera importante el salario esperado de un egresado de educación universitaria.
Elevada rotación en el proceso de autoconocimiento profesional. Los jóvenes de la región tienen en promedio 3,5 empleos en cuatro años de vida laboral.
La crisis laboral juvenil: efectos de corto y largo plazo
La pandemia ha implicado la pérdida de más de 17 millones de empleos en América Latina y el Caribe. En términos de magnitud, esto es equivalente a perder casi todos los puestos de trabajo en Colombia. Dentro de este grupo, los jóvenes están entre los más afectados. En Perú (Lima Metropolitana), el 70% de los jóvenes perdieron su empleo; en Colombia la tasa de desempleo juvenil pasó de 16% a casi 30%; y en México, más del 12% de los jóvenes empleados en el sector formal perdieron su trabajo.
La pandemia ha implicado la pérdida de más de 17 millones de empleos en América Latina y el Caribe. Dentro de este grupo, los jóvenes están entre los más afectados.
El inadecuado acceso de los jóvenes al mercado laboral a raíz de la crisis del COVID-19 tiene consecuencias severas en el corto plazo. Primero, reduce el ingreso y el acceso a servicios básicos. Al inicio de la pandemia, 2 de cada 5 jóvenes a nivel global presentaron una reducción de su ingreso y más del 20% vieron impactado su acceso a una vivienda. Segundo, impacta más allá de los indicadores laborales pues desmejora el bienestar emocional. Los jóvenes que dejaron de trabajar o estudiar durante la pandemia presentaron el doble de probabilidad de padecer ansiedad o depresión que los que siguieron en sus labores. Tercero, puede aumentar conductas de riesgo como el consumo de drogas y alcohol.
Esta problemática también genera consecuencias muy graves en el largo plazo, incluso más allá de la crisis actual, que se conocen como efecto cicatriz. Estudios demuestran que las condiciones al inicio de la vida profesional podrían tener efectos persistentes en toda la trayectoria laboral en términos de acceso, calidad, e ingresos. Periodos de desempleo juvenil pueden generar reducciones de más de 20% en el ingreso, especialmente para los trabajadores poco calificados. Más aún, este efecto podría persistir hasta por 15 años para aquellas personas que se gradúan e inician su vida laboral durante una recesión. Adicionalmente, los efectos negativos de largo plazo se extienden al ámbito de la salud emocional y física, pues incrementa la probabilidad de presentar síntomas de ansiedad y depresión hasta 14 años más tarde, y de incurrir en comportamientos de riesgo como fumar.
El inadecuado acceso de los jóvenes al mercado laboral a raíz de la crisis del COVID-19 genera consecuencias muy graves en el largo plazo, incluso más allá de la crisis actual.
Este efecto cicatriz podría explicarse por diferentes causas. No solo los periodos de desempleo podrían generar la depreciación del capital humano impactando la productividad, sino también podrían crear señalizaciones de una baja productividad a los empleadores (sin que necesariamente esto sea cierto). Por otro lado, los mencionados impactos en el bienestar emocional de los jóvenes podrían afectar sus expectativas y aspiraciones, limitando la búsqueda de empleo y generando emparejamientos laborales de mala calidad.
La importancia de mitigar el impacto de la pandemia en los jóvenes
Los impactos profundos y desproporcionados que está generando la pandemia en los jóvenes, que se extenderán incluso después de la recuperación económica, suscitan un llamado urgente a los hacedores de política pública para implementar medidas para mitigarlos. Es fundamental fomentar trayectorias laborales exitosas por medio de acciones como incentivos a la contratación de jóvenes, formación de habilidades acorde con las nuevas realidades del mercado laboral y apoyo en la búsqueda de empleo. El momento de actuar es ahora; de lo contrario, una generación completa que tiene en sus manos el futuro de la región se verá fuertemente afectada por décadas simplemente por tener la mala suerte de iniciar su vida laboral en medio de la pandemia.
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