Mejor, mínimo, un salario

Por:Manuel J. Molano

Todos los mexicanos debemos desear que las familias de nuestro país tengan un ingreso que alcance para vivir dignamente. Este objetivo no es solamente correcto desde un punto de vista ético. Si las familias tienen mayor ingreso, pueden ahorrar y consumir más, y eso facilita que la economía crezca. En el declive de la masa salarial de México (ver gráfico de México, ¿Cómo vamos? aquí) está buena parte de la explicación de por qué la economía interna no es un motor para el crecimiento en nuestro país.

En IMCO calculamos usando los microdatos de ENOE del INEGI correspondientes al tercer trimestre de 2016, hay 644.4 miles de trabajadores formales que ganan un salario mínimo. Subir el salario, por mandato de autoridad, a este grupo de población que representa un poco más del 1% de la PEA no debería tener enormes efectos de corto plazo, ni en los precios, la inflación o la tasa de participación laboral, menos la de desempleo. Una espiral de precios-salarios se desataría en un entorno inflacionario, con políticas fiscales y monetarias simultáneamente irresponsables.

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El incremento en los costos laborales de toda la economía ocurriría si todos los contratos laborales se negociaran con base en el nivel del salario mínimo. Si un porcentaje alto de la PEA negocia sus salarios colectivamente, a través de un sindicato, podríamos esperar que el incremento decretado por la CONASAMI fuera generalizado. No hay estadística muy reciente, pero con datos de la OIT correspondientes al año 2013 podemos ver que la tasa de densidad de sindicalización en la economía mexicana es de 13.6%. El promedio de los países presentados por la OIT es 23%, y el máximo es 80.6%.

El incremento del salario mínimo decretado a finales de 2016 es, en realidad, poco relevante. Sin embargo, es una victoria política para sus proponentes, porque representa un cambio de paradigma. La política mexicana en términos del salario mínimo ha sido mantener ese precio oficial en niveles extremadamente bajos. La idea atrás de este tipo de política es que cada tipo de trabajo encuentre su nivel salarial mediante un mecanismo de mercado. La izquierda mexicana ha criticado estas políticas, calificándolas de insensibles, inconstitucionales (un salario mínimo no puede lograr el “salario remunerador” al que se refiere la Constitución), contrarias a la tendencia internacional (ver el artículo de José Merino en Animal Político, donde muestra que el salario mínimo mexicano es el más alejado del ingreso per cápita nacional). Hay un movimiento fuerte y con amplio respaldo social para tener salarios mínimos más altos.

Como economista, no puedo estar de acuerdo. Presentaré aquí algunos de mis argumentos, y más que concluir contundentemente sobre el asunto, quisiera dejar algunos puntos sobre los cuales tenemos que investigar más los interesados en la materia.

El mercado laboral es un mercado que funciona de manera imperfecta. Ello implica que para la mayoría de las ocupaciones, el salario de mercado se parece a la productividad del trabajador en el margen. IMCO ha acumulado mucha evidencia al respecto para los profesionales, y para la gente que estudió la educación básica. A través de nuestro portal Compara Carreras, la gente puede comparar el salario que puede obtenerse a partir de distintas actividades profesionales. Hay un premio salarial a partir del avance educativo de las personas. Ver la gráfica usando la ENOE 2016-I.

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Ello implica que la productividad de las personas sí influye en su salario. Los proponentes de un salario mínimo mucho más alto para México han argumentado que el vínculo salario-productividad se extravió. Yo no lo veo tan perdido, pero bueno. Seguramente ya alguien me refutará.

La productividad marginal del trabajo también tiene un componente de capital, sobre todo si el trabajo y el capital son complementos, no sustitutos, en la función producción. En el caso del mexicano más pobre, que trabaja en el sector informal, el componente de capital de la función producción es cero. Por eso, la productividad de este tipo de trabajador no ha subido siguiendo la acumulación de capital (físico o humano) de los deciles de ingreso superiores en la economía mexicana. A quien le interesan estas cosas, puede consultar las matemáticas del asunto aquí.

Es decir: Juan y Pedro pueden tener desenlaces de productividad muy distintos por dotaciones diferentes de capital humano, capital físico, por estar en un entorno que en general favorece una mayor productividad de los factores de la producción, o por problemas de información. Los proponentes del salario mínimo tienden a creer que el problema de información (no están cobrando correctamente por su trabajo, hay un monopsonio del factor trabajo, o un patrón que aprovecha un asimetría de información) son los únicos problemas del mercado laboral y que la única manera de resolverlos es imponer un salario mínimo. La hipótesis de monopsonio para todos los casos podemos ir descartándola porque eso implicaría que hay un arbitraje infinito, y ganancias extranormales sin fin, para las empresas y sus accionistas. No solamente no hay evidencia de que esto ocurra: mantener este desequilibrio permanentemente es imposible.

Mi hipótesis es que hay mucho que resolver en temas de capital humano, capital físico y productividad total de los factores, y que la distorsión impuesta por un salario mínimo alto puede tener efectos graves de largo plazo.

Consideremos el origen de las políticas de salario mínimo. Starr (1981) dice que hay precedentes de salario mínimo en el Código de Hamurabi, pero que el salario mínimo nace en Australia y Nueva Zelanda a inicios del S. XX. Thomas Leonard, en su libro Illiberal Reformers señala que en los Estados Unidos, la política de salario mínimo fue impuesta por proponentes de la eugenesia y las teorías de la desigualdad racial. Un chino, que vivía solamente de arroz en viviendas muy pobres, no podría posiblemente ganar lo mismo que un estadounidense blanco, que estaba manteniendo a su familia a partir de los salarios. Dado que la gente con discapacidades podría trabajar por menos dinero, Leonard dice que el salario mínimo fue propuesto como un mecanismo para no permitir que inmigrantes y personas con discapacidades pudieran cobrar menos por el trabajo.

Los proponentes de un salario mínimo alto dicen que es importante como una señal, para mejorar los ingresos laborales. Los ingresos laborales han mejorado en el mundo avanzado, pero creo que ese avance es atribuible a la productividad y a la acumulación de capital, no al salario mínimo. Una prueba de causalidad nos podría sacar de dudas. Ojalá Merino, con esa gran capacidad para la estadística que tiene, pudiera correr una prueba de Granger que mostrara el efecto del salario mínimo en los ingresos laborales promedio, la masa laboral, la acumulación de capital, y el crecimiento económico en los países avanzados. Hasta el momento, nadie ha producido ese tipo de evidencia.

Más aún, creo que deberíamos investigar otras hipótesis. El salario mínimo en realidad prohíbe el trabajo asalariado en el segmento más bajo de la curva de oferta laboral. Bajo un salario mínimo suficientemente alto, ciertos trabajos solamente pueden ocurrir en el sector informal o en el ámbito familiar. En el sector informal con un patrón que no es de tu familia, simplemente se violan la ley del salario mínimo, la de afiliación a la seguridad social y las de impuestos laborales. En el caso del trabajo en el ámbito familiar, no hay necesidad de violar ninguna ley, porque en ese tipo de trabajo el patrón no está obligado a nada, ni siquiera al pago de un salario.

En la medida en que los señores Mancera, Chertorivsky, Esquivel, Merino y otros proponentes de salarios mínimos más altos tengan éxito, le vamos a negar la oportunidad a la gente más pobre, menos estudiada, con menos capital que se desempeña solamente en trabajos familiares de salir del ámbito de la familia y vender su trabajo en el mercado. Por eso, las tasas de desempleo no reaccionan a este precio: esa gente está empleada, pero con el peor empleador posible, que es un pariente explotador. A ese trabajador que está atrapado en el ámbito familiar el salario mínimo no le está ayudando en nada. A esa trabajadora en el ámbito familiar, que es más una esclava que una trabajadora, mínimo deberían darle un salario, no un salario mínimo. La tasa de participación laboral, que es distinta a la de desempleo, sufre, porque acaba habiendo más trabajadores descorazonados. Las políticas de salario mínimo acaban perjudicando a la gente a la que intentan beneficiar. No solamente la sociedad castiga a los más pobres marginándolos del sector educativo y de las oportunidades de participar en empresas y sectores de alto valor agregado: también hace su trabajo artificialmente caro.

Vale la pena pensar en el efecto que las políticas de salario mínimo han tenido en los países avanzados. La silenciosa automatización y digitalización de las economías avanzadas podrían ser atribuibles a que hemos prohibido a los individuos más pobres del planeta participar en esos mercados laborales, ya sea por la vía de las restricciones a la migración, políticas de salario mínimo, o gravámenes al trabajo asalariado. En teoría solamente, si el trabajo y otros factores de producción (capital físico o capital digital) son sustitutos imperfectos, existe una tecnología intensiva en uso de trabajadores que es igualmente eficiente que otra tecnología intensiva en capital físico o en capital digital. Simplemente el incentivo en los últimos 100 años ha ido hacia desarrollar algoritmos que sustituyan a las personas en lugar de desarrollar a las personas. A lo mejor cosas como el fenómeno Trump tienen mucho más que ver con nuestras intervenciones cortoplacistas en los mercados laborales, donde los patrones se levantan de la mesa aceptando negociaciones laborales onerosas, con la idea de trabajar en el largo plazo en mecanismos de automatización para salirse eventualmente de sus contratos laborales.

En IMCO hicimos un modelo de equilibrio general para explicar estos fenómenos. En él, el trabajo informal en realidad es trabajo familiar, que es el paraíso fiscal de los mercados laborales. En el trabajo familiar los patrones no están obligados a absolutamente nada. La ley los protege. Tenemos que pensar en la prevalencia de este tipo de trabajo en México (2/3 partes de la PEA), en las tecnologías antiguas que predominan en el trabajo familiar, y en la baja productividad de ese tipo de negocios. Según Santiago Levy, un negocio informal en los servicios es cientos de veces menos productivo que la empresa promedio en México. Si seguimos gravando el trabajo asalariado formal a través de un ISR a asalariados que no admite deducciones, estamos generando incentivos enormes a que el trabajo no se formalice. El impuesto estatal a la nómina abona a esta distorsión. En el modelo de IMCO, mostramos que esos impuestos absurdos al trabajo son incompatibles con un equilibrio de trabajo formal. Tendríamos que subsidiar el trabajo asalariado si esperamos que el trabajo en la economía sea formal. Así nació el famoso “crédito al salario”, que también ya se quedó corto, igual que el salario mínimo.

En conclusión, deberíamos tener una discusión amplia, seria, que considere varios tipos de intervención en los mercados laborales, para llevar más ingresos a las familias más pobres del país, e incentivar su ahorro y consumo. La discusión no debe estar centrada únicamente en el control del precio del trabajo en cierto segmento del mercado. Los dogmas de ambos lados de la discusión deben eliminarse, y aceptarse este objetivo común. Nuestras políticas públicas deben centrarse en mejorar la productividad de las familias y empresas, no gravar el trabajo asalariado de los más pobres, mejorar la dotación de capital físico y humano de la gente, especialmente los más pobres, mejorar la información de productividad y salarios, y en general, considerar los efectos de largo plazo que pueden tener malas intervenciones al mercado laboral.

Publicado por Animal Político

Fuente:http://imco.org.mx/articulo_es/mejor-minimo-un-salario/

La Pregunta del Millón: ¿En dónde vivirán los futuros habitantes de las ciudades?

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Por:Alejandro López Lamia

La futurología urbana se parece cada vez más a una opaca bola de cristal. Sabemos que las ciudades seguirán creciendo sin pausa en las próximas décadas. En un planeta abarrotado, donde según las Naciones Unidas los residentes urbanos llegarían a los 6.400 millones hacia el año 2050, una de las preguntas más inquietantes es: ¿En dónde vivirán los futuros habitantes de las ciudades? Sabemos también que existirán menos terrenos urbanizables, un mayor número de personas buscando oportunidades en las urbes para mejorar sus condiciones de vida y un déficit habitacional que no dará treguas frente al incremento poblacional, a menos que se materialice un cambio sustancial, tanto en aspectos tecnológico-constructivos, como culturales, económicos y regulatorios.

Para muchas familias la residencia ideal sigue siendo una casa o apartamento edificado con materiales sólidos, mucha luz natural, techos altos, una importante sala comedor y cocina, varias habitaciones, con un amplio garaje y bodega, seguridad privada y vastos espacios verdes. Este imaginario se vincula a contextos demográficos, socioculturales y económico-financieros que mutarán hacia mediados de siglo. Con una esperanza de vida alrededor de los 80 años y la transformación de los valores familiares tradicionales, los jóvenes preferirán permanecer solteros por más tiempo, tener hijos después e invertir más en sus prioridades personales que en propiedades familiares, algo que ya está ocurriendo.

Se estima también que entre los 40 y 50 años de edad, la tasa de divorcios seguirá siendo significativa, lo que llevará a la conformación de nuevas familias, más pequeñas, derivadas de segundas o terceras nupcias. Por otra parte, la cantidad de adultos mayores continuará acrecentándose en casi todos los países. Esto implicará afrontar necesidades habitacionales y proveer servicios especiales para este importante sector social, al que con suerte, nos incorporaremos indefectiblemente tarde o temprano.

Un supuesto, obvio, es que las familias futuras tendrán que ajustar sus pretensiones a espacios mucho más exiguos, con entornos de alta densidad humana. Las zonas centrales o aquellas mal utilizadas serán apetecibles para rehabilitación, donde se combinarán usos residenciales con áreas de negocios, oficinas y esparcimiento. En superficies superpobladas, la mira estará también en reclamar pedazos de las riberas marinas. Además, tal como hoy sucede en Tokio, Shanghai o Seúl, para alcanzar mayores grados de eficiencia, la construcción residencial tenderá a la fabricación de unidades más chicas y micro apartamentos (entre 15 m2 y 40 m2), manufacturados modularmente, con materiales reciclables para disminuir costos, energía y la huella de carbono, junto a un mobiliario multiuso configurable por computadoras según los requerimientos de los usuarios.

De esta forma, se podría absorber a una mayor cantidad de nuevas familias, proveer un abanico de alternativas residenciales a grupos heterogéneos y alcanzar un menor impacto ambiental. En las palabras de Sarah Watson, subdirectora del Consejo Ciudadano de Vivienda y Planificación de Nueva York (CHPC, por sus siglas en inglés): “las autoridades locales tienen que ir más allá de las viejas concepciones de lo que la gente necesita y experimentar diferentes alternativas, desde la construcción de micro unidades habitacionales hasta esquemas de viviendas compartidas amparadas por ley. Actualmente, existe una idea fija de lo que una residencia debe ser, pero su diseño y las políticas que la acompañan tienen que estar al servicio de los moradores, no al revés”.

Haciendo un poco de futurología, los desafíos clave estarán relacionados con la accesibilidad de este tipo de emprendimientos y la flexibilidad e innovación regulatoria aplicada por las autoridades locales para incorporar la diversidad de requerimientos y los diferentes “bolsillos” de las familias, en particular aquellas con menores recursos. En adición, no dejará de ser un reto la calidad del diseño y de los materiales para salvaguardar la privacidad, seguridad y bienestar de sus ocupantes, así como la integración constructiva de estos proyectos a un entorno amigable y su conectividad con el resto de la ciudad. Caso contrario, multiplicaremos los ya 900 millones de personas que sobreviven en los extensos asentamientos informales de las periferias urbanas, acelerando su segregación. Para esto último, no necesitaremos una bola de cristal.

Fuente:http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2016/08/16/habitantes/

Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria

El Banco Mundial publicó la décimo tercera edición de Doing Business titulada Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia regulatoria.

El informe presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones en 11 áreas del ciclo de vida de una empresa, así como la protección de los derechos de propiedad y normatividad relacionada con los negocios y el mercado laboral, los cuales pueden compararse entre 189 economías y a través del tiempo.

¿Cómo se encuentra México en este reporte?

  • A nivel global, México se posiciona en el lugar 38 de este índice por encima de naciones como Chile (48), Colombia (54) y Brasil (116). En cuanto a la facilidad para empezar un negocio se encuentra en el lugar 65 de 189 economías.
  • En el indicador de permisos de construcción, México está en el lugar 67 del ranking y en el 106 en cuanto a registro de propiedad.
  • En la obtención de crédito, nuestro país obtuvo una calificación de 8 de 8 en cuanto a la profundidad de la información crediticia y una calificación de 10 de 12 en cuanto a la fortaleza de los derechos legales para los prestamistas y solicitantes.

Perfil México

Fuente: Doing Business.

ResultadosDB2016MX

México comparado con otras economías

 

A nivel global, ¿cuáles fueron los principales hallazgos?

  • Singapur mantiene el primer puesto en la clasificación global. Se unen a la lista de las 10 economías con los entornos regulatorios más favorables a la actividad empresarial Nueva Zelanda, Dinamarca, República de Corea, Hong Kong China, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Noruega y Finlandia (en orden de clasificación).
  • Los emprendedores de 122 economías vieron mejoras en el marco regulatorio local el año pasado. El informe documentó 231 reformas empresariales entre junio de 2014 y junio de 2015. De entre las reformas encaminadas a reducir la complejidad y el costo de cumplir con la regulación empresarial, aquellas identificadas en el área de apertura de negocios fueron las más comunes en 2014/2015, lo mismo que el año anterior.
  • Costa Rica, Uganda, Kenia, Chipre, Mauritania, Uzbekistán, Kazajstán, Jamaica, Senegal y Benín se sitúan entre las economías que mejoraron más en el periodo 2014/2015. En conjunto, estas 10 economías con la mayor mejoría a nivel global implementaron 39 reformas regulatorias facilitando el hacer negocios.
  • África Subsahariana cuenta con el 30% de las reformas regulatorias encaminadas a facilitar el hacer negocios en 2014/2015, seguida de cerca por Europa y Asia Central.

Mapa

Ranking Doing Business 2016

Fuente:http://imco.org.mx/banner_es/doing-business-2016-midiendo-la-calidad-y-eficiencia-regulatoria/

10 importantes datos sobre equidad de género en México

Datos sobre equidad de genero en Mexico Fundacion Angelica Fuentes

“No hemos avanzado suficiente”, esto dijo el Dr. Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, sobre equidad de género en México durante la presentación del estudio Género e igualdad: análisis y propuestas para la agenda pendiente, el cual fue elaborado por la Fundación Angélica Fuentes y que muestra un panorama de los avances, retrocesos y oportunidades en este tema.

La afirmación del Dr. de la Fuente venía como contrapeso a lo que normalmente se dice, que falta mucho por hacer pero hemos avanzado. mirando el estudio, presentado el 18 de marzo por la Fundación, no puede negarse que tanto el académico como la sabiduría popular tienen razón: se ha avanzado en México pero este avance no es el necesario para acabar con la brecha que divide a hombres y mujeres.

En el evento, Angélica Funtes habló sobre el trabajo que ha hecho su organización en solo un año de existir como la primera fundación privada encaminada al empoderamiento de las mujeres y niñas en Latinoamérica. También afirmó que se espera que con esta investigación se pueda incidir en el debate nacional y en la implementación de políticas públicas, ya que además de reunir datos y estadísticas sobre la situación de la mujer en nuestro país, el documento también presenta 50 recomendaciones en 5 áreas clave: salud, educación, empoderamiento económico, participación política y acceso a la justicia.

Aquí 10 de los datos más impactantes incluidos en el estudio:

* El analfabetismo entre mujeres indígenas es de 35.1%
* Uno de cada 6 embarazos en México se da en mujeres adolescentes entre los 10 y los 19 años
* Entre 1990 y 2013 fallecieron en México 29 mil 869 mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio
* El trabajo doméstico no remunerado representa aproximadamente el 21.7% del PIB nacional, y el 79.5% de esa riqueza la producen mujeres. En contexto, esta cifra es mayor al porcentaje de la industria manufacturera (16.5%) y el sector comercio (14.2%)
* Las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales.
* El 46.1% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja
* De 2000 a 2012 el número de mujeres en la cámara de diputados se incrementó en más de un 50% y en la de senadores ellas han pasado a representar un 33%, contra un 18% en 2000. Actualmente, hay 185 diputadas y 42 senadoras.
* 5.1 % de los encuestados acepta la frase “Está justificado que un hombre agreda a su novia cuando ella decide dejarle.”
* El 48.1% de las mujeres que fallecieron durante el embarazo estaban inscritas al Seguro Popular y fueron mal atendidas por los servicios públicos.
* Solo hay 116 presidentas municipales, lo que representa un 4.7% del total

Y aquí el resumen de las recomendaciones en las cinco áreas estudiadas:
Salud: dar prioridad política y asignar presupuestos para prevenir y atender embarazos adolescentes desde una perspectiva de derechos y de género.
Educación: implementar un programa operativo de educación integral en sexualidad.
Empoderamiento económico: fortalecer las acciones para una distribución más equitativa de las labores domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres.
Participación política: desarrollar acciones para una reforma político-electoral que garantice la presencia de mujeres calificadas en los cargos de elección popular.
Acceso a la justicia: diseñar e implementar un modelo único de intervención para todos los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)-

Puedes leer el estudio completo, o un resumen, aquí.

Fuente:http://www.expoknews.com/10-importantes-datos-sobre-equidad-de-genero-en-mexico/