Índice de Movilidad Urbana 2018: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas

  • El IMCO hace un llamado a los gobiernos locales para diseñar y ejecutar planes estratégicos de movilidad que tengan como prioridad a las personas.
  • Las ciudades mexicanas con la movilidad más competitiva son el Valle de México, Saltillo y Guadalajara, mientras que las menos competitivas son Villahermosa y Acapulco.
  • En México, entre 1990 y 2015, los vehículos crecieron 3.5 veces más rápido que la población.
  • En 2015, 15 de las 20 ciudades más importantes de México no registraron inversión en transporte público.
  • Solo la CDMX, el Estado de México, Jalisco y Coahuila cuentan con una ley específica de movilidad.
  • El IMCO propone seis acciones específicas para mejorar la movilidad urbana del país y, con ello, la calidad de vida de las personas.

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) hace un llamado a los gobiernos locales a diseñar y ejecutar planes estratégicos de movilidad que tengan como prioridad a las personas. Esto tiene un impacto favorable en el desarrollo económico regional, la planeación urbana, la capacidad adquisitiva de las familias, así como en la salud y la equidad entre los mexicanos.

Contrario a las mejores prácticas nacionales e internacionales, la gran mayoría de las autoridades locales de México han privilegiado el uso del automóvil particular. Como resultado de esta política y de acuerdo con estimaciones del IMCO, entre 1990 y 2015 el parque vehicular a nivel nacional aumentó a una tasa promedio anual del 5.3%, mientras que la población lo hizo a un ritmo del 1.5%. Asimismo, estas políticas han llevado a un crecimiento desordenado de las ciudades,  al uso ineficiente de recursos públicos en la construcción de infraestructura, a problemas de congestionamiento y a pérdidas sociales en la relación tiempo/calidad de las personas por los prolongados periodos de desplazamiento.

Estos y otros retos se observan en el Índice de Movilidad Urbana (IMU), elaborado por el IMCO. El estudio se construyó a partir de la medición y comparación de las condiciones de movilidad de las 20 ciudades mexicanas más importantes, así como de su capacidad para ofrecer alternativas de transporte atractivo, deseable y alcanzable para toda su población. Se busca medir qué tan competitiva es la movilidad, el  principal eje rector es la distancia que un peatón o ciclista recorre en 30 minutos, considerando la calidad y los servicios ofrecidos en una zona con alta actividad económica.

Mensajes clave del estudio

  • La movilidad eficiente es fundamental para el crecimiento económico sostenido y sustentable de las ciudades.
  • Las autoridades estatales y municipales deben promover el crecimiento denso y ordenado, con opciones de transporte público y no motorizado de calidad.
  • Las opciones de transporte deben incluir la operación regulada de iniciativas de transporte individual y colectivo basadas en plataformas tecnológicas privadas. La regulación no debe crear barreras de entrada para este tipo de iniciativas.

Resultados generales del IMU

De las 20 ciudades estudiadas, que contemplan 203 municipios, destaca que:

  • El Valle de México, Saltillo y Guadalajara cuentan con un nivel de competitividad adecuado. Las ciudades con mayores alternativas de movilidad tienen mejor desempeño en la producción y el bienestar social, además de observar en ellas salarios altos y tasas de crecimiento 2.3 veces más rápidas.
  • Tampico – Pánuco tiene un nivel de competitividad media baja, mientras Villahermosa y Acapulco presentan competitividad baja. La movilidad ineficiente tiene implicaciones en otros rubros delicados de atención a la comunidad. Por ejemplo, en estas ciudades la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es casi cuatro veces mayor que en las tres ciudades con mejor movilidad.

Resultados por subíndice

  • Eficiencia y transparencia gubernamental. Mide el desempeño de los gobiernos locales en inversión en transporte sustentable, provisión de transporte, transparencia y gestión de calidad del aire.  

Resultados. Primer lugar: Valle de México. Último lugar: Acapulco.

Explicación. Es el subíndice que mayor impacto tiene sobre el índice general. Una movilidad más competitiva está relacionada con una mayor inversión de recursos en infraestructura de movilidad sustentable, así como con mejores prácticas en transparencia presupuestal y menores índices de percepción de corrupción.

A destacar. En promedio, durante 2015, del total de sus recursos federales para movilidad, las ciudades invirtieron tan solo 2% en transporte público y 7% en infraestructura ciclista y peatonal. Además, 15 de las 20 ciudades no registraron inversión en transporte público ese año.

  • Regulación. Mide la existencia de un marco normativo que promueva la adecuada planeación e implementación de la movilidad en la ciudad. Por ejemplo, si se cuenta con una ley en la materia, si en la normatividad vigente se incluyen parámetros necesarios para incentivar la movilidad sustentable o  si la regulación genera barreras a la competencia entre iniciativas de transporte.

Resultados. Primer lugar: Valle de México. Último lugar: Acapulco.

Explicación. Es el segundo subíndice con mayor impacto. Es casi tan importante la regulación como la forma en la que las autoridades locales invierten e implementan  políticas públicas. Ciudades con mejor normatividad (donde se reconoce a la movilidad como un derecho y al peatón como prioritario, se privilegia al transporte público y no motorizado, así como se impulsa la innovación) tienden a tener menores tiempos de traslado y mejor accesibilidad.

A destacar. Las leyes de movilidad de la CDMX y del Estado de México son las mejores prácticas del país.

  • Funcionamiento de infraestructura. Mide las percepciones de los usuarios sobre el funcionamiento de los servicios, así como el tipo y las características de la infraestructura para la movilidad.

ResultadosPrimer lugar: León. Último lugar: Querétaro.

Explicación. Ciudades en donde la población tiene buena percepción del funcionamiento de la infraestructura urbana y del servicio de transporte (incluye el  desempeño de choferes de camiones, limpieza de unidades y cobertura de las rutas) cuentan con mejor desempeño en movilidad.

A destacar. En promedio, en 2015, el 67% de los usuarios del transporte público en las ciudades de la muestra consideraron que la cobertura de la red fue suficiente. Sin embargo, el 41% de los usuarios esperó mucho tiempo entre unidades y el 64% cree que las unidades están en mal estado.

La crisis de abasto de gasolina ha evidenciado la dependencia al automóvil y las carencias en el transporte público. Cambiar la vida de todos es posible si logramos reconstruir y reinventar nuestras ciudades.

“Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público”.-  E. Peñalosa, alcalde de Bogotá.

IMCO PROPONE

  1. Promover transporte público, limpio, y financieramente sostenible con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.
  2. Permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas a través de tecnologías de la información. Desregular primero en lugar de prohibir y generar regulación basada en evidencia, por medio del intercambio de información entre Gobierno y empresas.
  3. Elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así como a la planeación de sistemas de transporte público y no motorizado.
  4. Incentivar el uso de transporte público y no motorizado, y financiarlo a través de impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas.
  5. Fomentar el crecimiento de ciudades más compactas con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades, bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte (DOT) y la eliminación de requerimientos mínimos de cajones de estacionamientos (como en CDMX y Guadalajara).
  6. Dotar a los Institutos Municipales de Planeación (Implanes) con atribuciones necesarias para sancionar, a fin de que se cumplan los Planes de Ordenamiento Territorial.

Fuente:https://imco.org.mx/banner_es/indice-movilidad-urbana-2018-barrios-mejor-conectados-ciudades-mas-equitativas/?fbclid=IwAR3RENu7dRQ6fTmgBsD7-VEy1AgRbDSnCnptmB2hOpPGbeZQ3ZV1pTi9jUk

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Los desafíos de América Latina en 2019

Chile's President Sebastian Pinera delivers a speech during the closing ceremony of the summit of the Community of Latin American, Caribbean States and European Union (CELAC-UE) in Santiago January 27, 2013. REUTERS/Victor R Caivano/Pool (CHILE - Tags: POLITICS BUSINESS) - GM1E91S05UY01

Imagen: REUTERS/Victor R Caivano/Pool (CHILE)

Por: Jerónimo Ríos Sierra

¿Qué le espera a la región en cuestiones económicas, políticas y sociales en el nuevo año?

El año 2019 se espera que sea de continuidad para buena parte de las tendencias que acontecen en el escenario latinoamericano. Las expectativas generales que plantea el Fondo Monetario Internacional en la región se ubican en el 2% de crecimiento económico, si bien, únicamente en Brasil, Colombia y Panamá se apreciarían tendencias expansivas de la economía, mientras que en Perú, México o Chile se prevé una importante desaceleración, más pesimista, si cabe, para casos como el argentino (-1%) o el venezolano (-11,5%).

Sea como fuere, las previsiones respecto de la inflación son estables (3,8%) –con las excepciones de Argentina (28%) y Venezuela que, en este momento, se encuentra con una inflación real incalculable, con al menos tres ceros en su haber. Lo mismo es que, en términos comerciales, América Latina también mantiene su déficit por balanza de pagos, solo superavitario en dos pequeñas economías como son Guatemala y Paraguay, además de Venezuela –en parte, fruto de la moratoria en su pago de la deuda externa, el tipo de control de cambios, las remesas y la tendencia al alza de los precios del petróleo. Es decir, en el resto de economías del continente, el déficit comercial asciende a varios miles de millones de dólares, tal y como sucede en Brasil (27.000 millones), México (23.000), Colombia (11.000), Argentina (10.000) o Chile (6.000).

Dicho de otro modo, el referido contexto de ciclo económico desacelerado se une a un importante déficit comercial, dificultando la capacidad de mitigar el crecimiento sostenido de la pobreza y de la desigualdad que, nuevamente y como sugiere la CEPAL, vienen experimentando una deriva ascendente en los últimos años en el continente latinoamericano. Lo anterior, igualmente, fruto de los reducidos niveles de inversión, tanto en materia de infraestructura y comunicaciones, como en gasto público y políticas sociales. Esta es una realidad especialmente preocupante en la que se trata de la región más desigual del mundo y que explicaría buena parte de su ingente nivel de violencia homicida cada 100.000 habitantes –de nuevo, para Naciones Unidas, el más elevado del globo-; que, además, afecta principalmente a los grupos más vulnerables como las minorías étnicas y las mujeres, según reconoce ONU Mujeres.

Los años gloriosos de la década pasada del giro a la izquierda y del regionalismo posliberal, que invitaban con optimismo a pensar en la posibilidad de abrir una nueva etapa de prosperidad y cambio en la región, más bien, se han tornado en la enésima oportunidad perdida para el continente; inmerso en un momento de crecimiento a la baja y de continuidad con problemas y dificultades que parecen tornarse irresolutos.

Imagen: Panorama Social de América Latina/ CEPAL

 

Del lado de la política, 2019 puede suponer un año de contrapesos a la deriva conservadora acrecentada en los últimos años, y que sitúa a la región en un impasse entre los modelos de retorno o consolidación del modelo neoliberal (Perú, Colombia, Chile, Argentina) y los modelos acuñados bajo el tiempo del progresismo, los cuales buscaban una mayor simetría entre las aristas del trinomio Estado-Mercado-Sociedad Civil (Ecuador, Uruguay, Bolivia). Asimismo, frente a lo anterior, quedaría por ver hacia dónde se orienta el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, y el nivel de influencia y afectación que la ultraderecha brasileña puede experimentar con Jair Bolsonaro al frente. Al igual, habrá que prestar atención a las posibles fricciones en la relación entre Colombia y Venezuela, que han experimentado importantes desencuentros en 2018, y al impulso de una integración regional maltrecha, en especial, en el escenario andino y mercosureño.

En cuanto a los procesos electorales, este 2019 se espera la celebración de seis elecciones presidenciales: El Salvador (febrero), Panamá (mayo), Guatemala (junio), Bolivia (octubre), Uruguay (octubre) y Argentina (octubre). De este modo, y cuando estamos muy lejos del tiempo y las particularidades que ofrece la disputa electoral de la campaña, es posible vislumbrar algunos escenarios. Por ejemplo, es muy posible que, en El Salvador, rompiendo la lógica bipartidista presente desde 1989, los comicios presidenciales dejen consigo la victoria de un candidato que no pertenece ni al partido conservador ARENA, ni al Farabundo Martí de Liberación Nacional -en el Ejecutivo desde 2009-, tal y como sucedería con el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, al frente de la Gran Alianza por la Unidad Nacional.

En Panamá, donde gobierna el Partido Panamañista, con el conservador Juan Carlos Varela, será difícil que haya continuismo, habida cuenta de la baja popularidad del presidente y la prevalencia de la disputa por la misma en torno al binomio formado por el progresista Partido Revolucionario Democrático y el conservador Cambio Democrático. Por otro lado, en Guatemala, en donde la realidad política se encuentra cooptada por el personalismo, el corporativismo y el tradicionalismo, no parece posible la reelección de Jimmy Morales como presidente, fuertemente azotado por la corrupción y el descrédito. Los mejor posicionados son perfecta muestra del arraigo clientelar que acontece en Guatemala: Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt; Sandra Torres, exmujer del mandatario guatemalteco entre 2012 y 2014, Álvaro Colom; y Alejandro Giammattei, quien se presenta por cuarta vez a los comicios presidenciales. En todo caso, una nota positiva para aspirar a un posible cambio político puede estar en la candidatura del Movimiento Semilla, con Thelma Aldana al frente.

En el caso de Uruguay, la coalición de izquierdas del Frente Amplio buscará su cuarta presidencia consecutiva, en lo que pareciera la excepción más positiva y significativa del progresismo latinoamericano. Mientras que Partido Colorado y Partido Nacional concurrirán con nombres ya conocidos en la carrera electoral, el Frente Amplio debutará con un candidato nuevo –tras las experiencias de Tabaré Vásquez (actual mandatario) y Pepe Mujica. Aunque es de esperar que Nacionales y Colorados se sumen para romper un ciclo largo de progresismo en Uruguay, hay que ver cómo opera el balotaje, cuáles son las tensiones en el seno de la oposición y la posición de los indecisos, además de la capacidad de aglutinamiento de apoyos del oficialismo –la cual suele ser muy alta- y en particular, a partir del recurso a figuras de alta popularidad, como la del actual precandidato –junto a otros tres- Daniel Martínez.

Por su parte, en Bolivia es posible esperar otra lógica de concurrencia electoral de “todos contra Evo”, quien se encuentra al frente del país andino desde 2006. Los altos niveles de crecimiento económico, inversión y estabilidad acuñados por sus tres mandatos consecutivos tendrán ante sí una prueba de fuego en el mes de octubre. Las elecciones que, posiblemente, se resolverán en una segunda vuelta entre el actual mandatario y quien fuera presidente del país entre 2003 y 2005, Carlos Mesa, que se encuentra respaldado por el Frente Revolucionario de Izquierda. En cualquier caso, no se ha de infravalorar la capacidad movilizadora de un MAS que en primera vuelta pueda alzarse con la victoria presidencial.

Finalmente, en Argentina está por ver si Cristina Fernández se presentará a la disputa por la presidencia del país, y si lo hará de manera independiente o respaldada por el peronismo para vencer al actual presidente, Mauricio Macri. Sin duda, el argentino, de todos los casos, es de lejos el más complejo de vaticinar y en donde es de esperar que la difícil situación económica que atraviesa el país sea la que marque el ritmo y el resultado final de las elecciones.

En cuanto a la política exterior habrá que ver si la llegada de López Obrador a México, o la de Bolsonaro a Brasil, inspiran algún tipo de cambio en un código geopolítico estadounidense anclado en el repliegue y el debilitamiento consciente del escenario interamericano. Asimismo, hay que esperar a ver si se produce algún avance significativo en el diálogo birregional con la Unión Europea, que si bien en la primera mitad de la década obtuvo cierto impulso a través de las Cumbres EU-LAC y la firma de los Acuerdos de Asociación Estratégica con Centroamérica y el Acuerdo Multipartes con Perú y Colombia, en la actualidad sigue demandando de mayores avances y compromisos, al quedar muy lejos de la relación comunitaria con otros enclaves como África o el Pacífico.

Quien, seguramente, seguirá expandiendo su presencia será China. En muchos países ya se ha consolidado como primera o segunda fuerza de intercambio comercial, y resulta notable el terreno arrebatado en los últimos años a Estados Unidos y a la Unión Europea, gracias a un intercambio que supera los 300.000 millones de dólares y sigue en alza. Del mismo modo, la inversión extranjera se eleva de manera sostenida por encima de los 200.000 millones de dólares y busca hacer del continente una suerte de patio trasero que le satisfaga de materias primas para mantener su ritmo de industrialización y, a la vez, se erija como ese escenario particular en el que ubicar buena parte de su industria de productos y servicios. Sin duda, una relación asimétrica y condicionada en favor de China pero que a su vez lastra la misma proyección latinoamericana. Lo anterior, en tanto que, si bien la presencia del gigante asiático, a pesar de la ralentización de su crecimiento económico, retorna beneficios económicos inmediatos para el continente, a su vez dificulta la industrialización autónoma de éste y la posibilidad de consolidar valores agregados propiamente latinoamericanos.

Algo parecido cabe esperar de Rusia, que desde 2008 ha venido experimentando una presencia creciente en América Latina –si bien esta es ocho veces menor respecto al nivel del intercambio comercial chino- y que se ha consolidado en los últimos años gracias al respaldo que países como Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador o Venezuela otorgaron a Vladímir Putin tras las sanciones de la Unión Europea por la anexión de Crimea. En todo caso, el eje La Habana-Managua-Caracas seguirá siendo el que realmente importa a los intereses geopolíticos de Moscú en la región. Lo anterior, aun cuando estos tres países no atraviesan su mejor momento, y las buenas relaciones y el acercamiento que se llevó a cabo con la Argentina de Cristina Fernández y el Brasil de Lula Da Silva se inscribe en un momento político que parece quedar hoy en día muy alejado.

Quizá, una clave en todo esto sea la de optar por una apuesta regionalizadora propia, que sepa integrar los aspectos positivos de la liberalización aperturista con las lógicas de fortalecimiento institucional y confianza mutua a las que aspiraba la apuesta posliberal de CELAC o UNASUR. Sin embargo, seguro, nada de eso sucederá, en tanto que la política regional seguirá siendo interpretada en clave partidista y de gobierno, y no en sentido de Estado y región.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2019/01/los-desafios-de-america-latina-en-2019/

México baja nuevamente en el Índice de Percepción de la Corrupción

 

El día de ayer se presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC), que clasifica a 180 países y territorios según los niveles percibidos en materia de corrupción dentro del sector público; de acuerdo con expertos y empresarios. El índice utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 el nivel más bajo.

Más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50 en el IPC de este año, con un puntaje promedio de sólo 43.

El informe destaca que “el continuo fracaso de la mayoría de los países para controlar significativamente la corrupción está contribuyendo a una crisis en la democracia en todo el mundo”.

Si bien hay excepciones, los datos muestran que a pesar de algunos avances, la mayoría de los países no logran incursiones serias contra la corrupción.

El IPC de 2018 se basa en 13 encuestas y evaluaciones de expertos para medir la corrupción del sector público en 180 países y territorios.

Corrupción en México

De acuerdo con el informe, México ocupa el lugar 138 de un total de 180 posiciones. Con un puntaje de 28 puntos (siendo 100 el puntaje que indica menor corrupción).

El país bajó nuevamente su puntaje, como lo hace desde el 2015 que tenía un total de 31 puntos, en 2016 bajó a 30 y en 2017 bajó a 29 puntos.

Inicios del IPC

Desde su inicio en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción, el producto estrella de investigación de Transparency International, se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público.

El índice ofrece una instantánea anual del grado relativo de corrupción al clasificar a los países y territorios de todo el mundo.

En 2012, Transparency International revisó la metodología utilizada para construir el índice para permitir la comparación de puntajes de un año a otro.

Fuente:https://www.valor-compartido.com/mexico-baja-nuevamente-indice-percepcion-corrupcion/?fbclid=IwAR1zC4OOkMjO9RJYXyfkDv0JD8C-qV5NyPVyCkgiE0uNEqp0icPpzHZVqBQ

Semáforo Delictivo contabiliza en 2018 cifra histórica de homicidios: 28,816

Cómo acercar ciencia y política para mejorar la sociedad de hoy (y de mañana)

Spain's Treasury Minister Maria Jesus Montero and Spanish Parliament chairman Ana Pastor pose during the presentation of the 2019 draft budget proposal at Parliament in Madrid, Spain, January 14, 2019. REUTERS/Juan Medina - RC175F09F180

Imagen: REUTERS/Juan Medina

Por: Lorenzo Melchor / Andreu M Climent

El ilustre filósofo español de la primera mitad del siglo XX José Ortega y Gasset aseguró que el progreso de la civilización humana se debe fundamentalmente a dos razones:

1. La democracia, la adquisición de derechos sociales y civiles y el establecimiento y consolidación de instituciones que trasciendan generaciones humanas.

2. La generación del conocimiento en su sentido más amplio y el desarrollo científico y tecnológico.

Para conseguir y mantener lo primero es fundamental la política. Para conseguir y mantener lo segundo resulta crucial la ciencia.

De poner política y ciencia a hablar juntas es de lo que trata #CienciaenelParlamento, una iniciativa ciudadana independiente nacida el 1 de enero de 2018 en España.

De momento, ha logrado el apoyo de miles de personas y más de 200 instituciones (como la Fundación Cotec y FECYT). También de la Presidencia y de la Mesa del Congreso de los Diputados y de todos los grupos parlamentarios.

Esta semana, el Parlamento ha abierto sus puertas dentro de los actos conmemorativos del 40º aniversario de la Constitución. Científicos y políticos han aprovechado la oportunidad para debatir sobre temas de interés social.

Ciencia para la política: el asesoramiento científico

A menudo, cuando políticos y científicos se reúnen, el debate gira en torno a las políticas para la ciencia. Es decir, sobre el presupuesto con el que cuenta el sistema de I+D+I y cómo debería gestionarse.

Este ejercicio es necesario, pero ya existen numerosas organizaciones que se dedican a él. Por ello, #CienciaenelParlamento se propone trabajar en una dirección complementaria: hablar de ciencia para la política.

El objetivo es que el conocimiento científico se ponga a disposición de los legisladores en torno a temas de interés para la sociedad en general. Inteligencia artificial y big data, prevención del suicidio, enfermedades infecciosas, cambio climático y futuro energético y conciliación son algunos de los temas que se han tratado estos días.

Imagen: Política informada en la evidencia. #CienciaenelParlamento

 

Este asesoramiento científico independiente, neutral y ofrecido por igual a todos los grupos parlamentarios está implantado en parlamentos de países de nuestro entorno desde los años 80. Son las llamadas oficinas de asesoramiento científico y tecnológico, con las que cuentan Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, México e incluso el propio Parlamento Europeo.

Las Cortes Generales en España carecen de una oficina con esas características. Su meta, además de enriquecer las vías existentes por las que el conocimiento llega a los políticos, sería la de abrir otras nuevas y englobarse en el ecosistema internacional de oficinas de asesoramiento científico parlamentario.

Pero, ¿cómo funcionaría esa oficina? ¿Qué utilidad tendría para los políticos? Para responder a estas preguntas hemos llevado a cabo un piloto durante las jornadas #CienciaenelParlamento 2018:

Se están preparando informes breves de evidencias científicas. Estos se están redactando mediante la revisión exhaustiva de cientos de informes, artículos científicos y de decenas de entrevistas a expertos.

Se han organizado debates públicos y reuniones a puerta cerrada entre diputados y científicos.

Para facilitar que la conexión entre ciencia y política sea fluida y constructiva, se requiere del trabajo de técnicos de asesoramiento científico. Estos profesionales con formación científica y habilidades para la comunicación son los mediadores del conocimiento.

Su trabajo consiste en preparar los informes de evidencias y organizar las reuniones. Para ello, tienen que mantener un contacto continuo con los políticos y con los expertos científicos de la academia, la industria, el gobierno y el tercer sector. #CienciaenelParlamento ha formado, entre julio y septiembre, a 24 de estos técnicos.

Las jornadas #CienciaenelParlamento 2018

Los 4 debates públicos del 6 de noviembre en el Congreso de los Diputados han atraído a más de 225 asistentes y han podido seguirse en directo por los canales del Parlamento y por redes sociales. #CienciaenelParlamento fue trending topic nacional. Las 8 reuniones a puerta cerrada del 7 de noviembre han propiciado más escenarios donde profundizar en las relaciones entre ciencia y política.

Estas jornadas han creado un espacio de interacción entre mundos tan diferentes como el de la ciencia y la política con el fin de mejorar la sociedad. La principal sensación vivida por los allí presentes durante estas jornadas ha sido la de consenso.

Consenso en la comunidad científica sobre la necesidad de que este sea un espacio que permita transferir el conocimiento a la gestión pública y, por ende, a la sociedad. Como dice uno de los firmantes de este texto y promotor de #CienciaenelParlamento, Andreu Climent, “aunque la ciencia no es infalible, la toma de decisiones políticas informadas en el conocimiento existente aumenta las posibilidades de acertar”.

Consenso en la comunidad política, en todo el arco parlamentario, sobre la necesidad de una oficina de asesoramiento científico que le ofrezca información veraz y contrastada, señalándole las evidencias, los aspectos en los que todavía no hay unanimidad científica y las lagunas del conocimiento.

Esto mejoraría su actividad parlamentaria y, por lo tanto, su servicio a los ciudadanos. la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, consideró crucial que los legisladores tengan “una fuente de información independiente a la que acudir a la hora de legislar, para tener el mejor conocimiento en cualquier materia compleja”.

El resultado fue su compromiso a establecer una oficina científica “antes de que termine esta legislatura”. Estas palabras recibieron el apoyo de políticos de todos los grupos parlamentarios y el respaldo del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades Pedro Duque.

Retomando las palabras de Ortega y Gasset, democracia y conocimiento han facilitado el progreso de la civilización humana. Políticos y científicos hemos de comunicarnos hoy para tener los máximos canales de colaboración posibles.

Solo así podremos resolver los retos actuales y futuros, garantizar el progreso del país y, sobre todo, propiciar que las futuras generaciones puedan beneficiarse de las acciones emprendidas hoy.

El asesoramiento científico es solo una de las muchas acciones por acometer para cumplir ese objetivo. Como dijo la química Rosalind Franklin: “La ciencia y la vida ni pueden ni deben estar separadas”.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2019/01/como-acercar-ciencia-y-politica-para-mejorar-la-sociedad-de-hoy-y-de-manana

Los ‘piperos’ de AMLO ganarán más que el 99% de la población

Índices de Competitividad Estatal y Urbana 2018: ¿Ahora con quién me enojo? Herramientas de exigencia ciudadana

  • En la Zona Metropolitana de La Laguna se implementó una Policía Metropolitana en 2012, lo que se asocia, junto con otras acciones, con una reducción en la tasa de homicidios en un 82%.
  • La desigualdad tiene muchas dimensiones en la vida cotidiana de las personas. En Coahuila, tres de cinco trabajadores tienen acceso a instituciones de salud, mientras que en Guerrero solo uno de cinco.
  • Los estados más competitivos del Índice de Competitividad Estatal 2018 son Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León. Los menos competitivos son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
  • Las ciudades más competitivas del Índice de Competitividad Urbana 2018, por categoría, son Valle de México (más de un millón), Cancún (de 500 mil a un millón), Puerto Vallarta (de 250 a 500 mil) y Piedras Negras (menos de 250 mil).

Los mexicanos estamos enojados. Entre otras razones porque no somos el centro de las decisiones tomadas por  la autoridad. Cuando queremos quejarnos o buscar apoyo de las instituciones públicas, resulta difícil identificar las responsabilidades de cada orden de Gobierno. En el caso de los municipios, las diferencias pueden ser muy grandes. Por ejemplo, Chilpancingo, Guerrero tiene 17 funciones establecidas en la Constitución federal, mientras que Villa de Durango, Durango tiene 34 derivadas de las leyes locales del estado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) presenta el Índice de Competitividad Estatal 2018. El Estado, los estados y ¿la gente?, así como el Índice de Competitividad Urbana 2018. Califica a tu alcalde: manual urbano para ciudadanos exigentes. Ambos estudios tienen el objetivo de identificar las principales ventanas de oportunidad en la mejora de los servicios públicos en estos ámbitos de Gobierno.

El desempeño de los gobiernos es clave, pues determinará el resultado de la competencia entre estados y ciudades por talento e inversiones. Aquí presentamos los nueve retos que definirán el futuro de nuestros estados y ciudades:

  1. Exceso de trámites: ventanillas para la extorsión. La mejora regulatoria se queda en la propaganda, si no reduce la tramitología de estados y municipios. Cuatro de los 10 trámites con mayor percepción de corrupción son responsabilidad absoluta de los municipios. Se debe contar con acceso digital a  una lista clara y completa de los requisitos de apertura y operación de establecimientos mercantiles para reducir las oportunidades de extorsión burocrática que tienen las autoridades locales.

Algunos ejemplo de reglas locales absurdas y ambiguas que dificultan la sobrevivencia de empresas medianas y pequeñas:

  •  En  Acapulco, la autoridad municipal debe considerar adecuadas las persianas, cortinas u otros materiales que utilicen los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.
  •  En Tijuana, para autorizar la operación de salas de masaje, los interesados deben entregar carta de residencia, contar con dictamen favorable de impacto social expedido por la Secretaría de Gobierno, contar con tarjeta de salud y acreditar la mayoría de edad de los empleados.
  •  En Chihuahua, la Subdirección de Gobernación Municipal puede suspender las licencias para fotógrafos y videógrafos si, a su juicio, considera que hay una oferta excesiva de dicha actividad.

 

  1. La desigualdad del ingreso se puede medir en el tiempo invertido en el traslado cotidiano de la casa al trabajo. El promedio de una renta mensual en las colonias de las estaciones de la Línea 3 del metro de la CDMX es de 11 mil 898 pesos, mientras que un trabajador de tiempo completo en la capital de la República gana en promedio 7 mil 253 pesos al mes. Para lograr ciudades compactas y equitativas es necesario crear programas de vivienda de bajo precio y bien localizada e impulsar modelos innovadores como la vivienda en renta.

  1. La mayoría de los operadores de agua son ineficientes y tienen un diseño institucional que perjudica su desempeño:
  • No operan como empresas productivas de carácter paraestatal.
  • No cubren sus costos con ingresos propios.
  • No son transparentes ni rinden cuentas.
  • Las tarifas de agua se determinan con criterios políticos en los congresos locales.

Para ofrecer mejores servicios de agua es necesario crear organismos operadores metropolitanos, así como establecer tarifas que reflejen los costos de operación.

  1. Falta de coordinación entre municipios, estados y Federación para afrontar la inseguridad fue uno de los principales problemas asociados al aumento de la violencia. En 2011, el aumento de la violencia en la Comarca Lagunera redujo el crecimiento económico de la región. En 2012, los gobiernos de Coahuila y Durango pusieron en marcha la Policía Metropolitana. Acciones como esta se asocian con una contracción del 82% en la tasa de homicidios de la Zona Metropolitana entre 2011 y 2017. Se requiere la coordinación local para reducir los impactos de la fragmentación administrativa de las zonas metropolitanas del país. Las soluciones a las múltiples crisis de seguridad que coexisten en el territorio nacional dependen de soluciones planteadas desde un conocimiento de los problemas locales. El control territorial que se requiere para reducir los índices de criminalidad solo se puede lograr con policías estatales y municipales profesionales y respetadas.

  1. El Ramo 23 genera amplios márgenes de discrecionalidad, ya no solo cubre previsiones salariales, su objetivo inicial, ahora incluso incorpora el “fondo de moches”. Necesitamos que las transferencias federales, como las del Ramo 23, se asignen de forma objetiva, transparente y competida para implementar políticas públicas innovadoras en los estados. Con el fin de evitar la discrecionalidad que permite el Ramo 23 se debe mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las transferencias federales, mediante:
    • Fórmulas de distribución
    • Reglas de operación
    • Criterios innovadores de competencia que reconozcan las asimetrías regionales y los esfuerzos de mejora.

6. Invertir en energías renovables es un buen negocio para los estados y el sector privado. Gobiernos estatales deben estar comprometidos en impulsar la generación de energía limpia y el ahorro energético. Actualmente, México depende de la importación de combustibles, tanto gasolina como gas:

  • 50% de la electricidad del país se genera en plantas de ciclo combinado que operan con gas, de acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE)*.
  • De 2000 a 2014, la importación de gasolina aumentó 143%  y la de gas natural 880%.

Es necesaria la creación de una agenda de generación limpia para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, el riesgo de desaceleración económica y combatir el cambio climático.

  1. La información sobre la empleabilidad de los egresados universitarios debe servir para guiar las decisiones de los estudiantes. El retorno sobre la inversión debe priorizar a las familias mexicanas, no a las burocracias académicas. Usar estadísticas para desarrollar planes de estudio y ampliar la matrícula con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral.

  1. Los gobiernos estatales deben generar estadísticas de salud confiables para mejorar los estándares de calidad y satisfacer la demanda de servicios. Las estadísticas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) son deficientes:
  • Los datos disponibles tienen un rezago de tres años.
  • Dejaron de actualizarse los datos de acceso total a instituciones de salud.
  • No existen indicadores de calidad de servicios de salud comparables entre instituciones públicas y privadas.

Es necesario crear una plataforma de indicadores comparables para todas las instituciones de salud.

Hoy, el lugar en que nacemos tiene un enorme peso en determinar el acceso que tendremos a instituciones de salud o, en general, los años que vamos a vivir.

  1. Disminuir riesgos de corrupción con herramientas electrónicas en el Gobierno para transparentar y hacer más eficientes las interacciones con los ciudadanos.

El uso de papel no solo complica los trámites, sino que hace casi imposible el trabajo de auditoría. Un ejemplo es el archivo muerto de Tamaulipas, donde en un ejercicio de depuración, el Gobierno reportó el reciclaje de 16 toneladas de documentos solo de su Secretaría de Educación. Si todas las dependencias de los estados contarán con un archivo similar, en México tendríamos 9 mil toneladas de archivo muerto. La digitalización de archivos va a permitir tener gobiernos cuyos gastos sean más fáciles de auditar, cuya gestión interna sea más eficiente y que brinden mejores servicios a los ciudadanos.

RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD

Los índices de competitividad miden la capacidad de los estados y las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes.

Índice de Competitividad Estatal

El Índice de Competitividad Estatal 2018 (ICE) está compuesto por 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices. De los 98 indicadores: 57 mejoraron, 9 no presentaron cambios y 32 empeoraron.

Índice de Competitividad Urbana

El Índice de Competitividad Urbana 2018 (ICU) evalúa a las 73 ciudades, 363 municipios más importantes de México, a partir de 120 indicadores que están agrupados en 10 subíndices. De los 120 indicadores: 50 mejoraron, 18 no tuvieron cambios y 52 empeoraron.

Fuente:https://imco.org.mx/temas/indices-competitividad-estatal-urbana-2018-ahora-quien-me-enojo-herramientas-exigencia-ciudadana/