México en 2018 | Pistas en economía, política y negocios

Los siguientes 12 meses estarán llenos de momentos intensos en lo político, económico y social. Esto es lo que tienes que saber para estar preparado.

Por: Luis Carlos Chacón J.

Éstos serán 12 meses marcados por la mezcla entre el ímpetu de los empresarios y la cautela que generan las elecciones.

México tendrá un año que será decisivo para su futuro en el escenario global, no solo por la posible llegada de la izquierda, también la nueva versión del TLCAN creará el ‘escenario’ que marcará los nuevos estilos de vida y realidades de los mexicanos.

Te invitamos a tener en cuenta algunas pistas sobre esos hechos que debemos esperar en el contexto económico, político y de negocios en el país durante este año. Bienvenidos.

Economía

  1. Débil crecimiento: La última encuesta de Citibanamex de Expectativas (realizada entre 25 instituciones financieras privadas) prevé un crecimiento promedio del PIB de 2.2% para 2018, apenas una décima más de lo que espera para el cierre de 2017.
  2. Bank of America espera un crecimiento de la economía mexicana de 1.6% para 2018, una desaceleración respecto a 2017, refiere su economista para México y Canadá, Carlos Capistrán.
  3. Como parte de la normalización de la tasa de referencia de la Fed, Banco de México (Banxico) podría verse presionado para subir su tasa a finales de este 2017 y la primera parte de 2018.
  4. Un mayor tipo de cambio dificultará que la inflación se acerque a su meta de 3% más menos 1%, hacia 2018.
  5. El consenso de la encuesta de Citibanamex pronostica un nivel de inflación de 4.08% al cierre de 2018, para el cierre de 2017 se espera 6.67%.
  6. En la última encuesta elaborada por Banco de México (Banxico) a analistas privados, se refiere que para el año electoral (2018) el tipo de cambio se ubicará a 18.68 pesos por dólar, es decir, .08 centavos más caro de lo previsto en la encuesta del mes previo.

Política

  1. México enfrentará el año entrante dos eventos determinantes para su futuro, a los que estará atento del Fondo Monetario Internacional (FMI): La posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones, comentó la directora gerente del organismo, Christine Lagarde.
  2. En México se elegirá Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, además de 2818 autoridades locales. La elección es el 3 de junio. El proceso electoral no comienzan ni termina el día de la votación. Son seis meses de spots, de pasarela de precandidatos, candidatos y debates.
  3. Incertidumbre es la palabra que define lo que hemos vivido desde hace seis meses, dijo Vanessa Rubio, hasta hace unos días subsecretaria de Hacienda. “Hemos demostrado resiliencia en un contexto complicado”, añadió. La funcionaria relató la experiencia de México ante el episodio de volatilidad que impactó al país en los seis meses anteriores. Una incertidumbre creada por expectativas, más que por fundamentales económicos y las reformas en ejecución.
  4. México vive una explosión de candidaturas independientes rumbo a la elección presidencial del 1º de julio del 2018. 40 ciudadanos se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
  5. Peña Nieto anunció que México no tendrá un fiscal general sino hasta después del periodo electoral de 2018.
  6. El candidato o candidata que quiera llegar a Los Pinos en 2018 deberá ganarse el apoyo de buena parte de los 14 millones de jóvenes que votarán por primera ocasión en la próxima elección federal. Este es el diagnóstico que hace José Manuel Romero Coello, director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).
  7. Los tres grandes polos electorales estarían encabezados por el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, en la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza; Andrés Manuel López Obrador, por Morena y PT; y Ricardo Anaya, como candidato de Por México al Frente.

Negocios

  1. Diseño: Al hacerse la comunicación más visual, el diseño gana respeto y se integra en las empresas. La exigencia de conocimientos de diseño aumenta también, provocando un más fácil acceso a pequeños elementos de conocimientos de diseño, explica Rohit Bhargava en El método de lo no obvio (Alienta). La necesidad de conocimientos sobre diseño en todos los rincones del mundo empresarial continúa aumentando, y esta tendencia es algo a tener en cuenta por cualquier tipo de organización.
  2. Conexión: Los creadores y los fabricantes utilizan nuevos modelos de distribución para alterar los canales habituales, eliminar los intermediarios y crear conexiones más directas con los fans y los compradores”, vaticina Bhargava. Toda empresa que venda productos o servicios en un mercado o través de canales controlados por un distribuidor central apreciará la influencia de esta tendencia.
  3. Micro consumo: A medida que nuevos modelos de pago y de productos y experiencias están disponibles en porciones pequeñas, múltiples industrias experimentarán con nuevas formas minúsculas de precio y de pago. Las nuevas plataformas de transacciones y pagos instantáneos a través de móviles están permitiendo que esto sea una realidad (incluso la gran banca se ha sumado —no quedaba otra— a esta revolución fintech).
  4. Contenido: las organizaciones no solo invertirán en crear contenidos, sino en contar con una estrategia documentada. De acuerdo al Content Marketing Institute, el 63% de las organizaciones, tanto B2C como B2B, señalan que al contar con una estrategia y tenerla documentada logran alcanzar sus objetivos de negocio. En México, pese a la explosión en la cantidad de contenidos disponibles, vemos aún un grande vacío en este rubro.
  5. Herramientas: Chatbots, asistentes virtuales, Realidad Aumentada, virtual y mixta, son solo ejemplos de las nuevas posibilidades que los content marketers mexicanos tendrán dentro de su arsenal para alcanzar a sus audiencias. Puntualmente, se espera que conforme dispositivos como Echo de Amazon con Alexa se vuelvan más populares, los contenidos en audio retomen relevancia. Quizá incluso el podcast logre finamente consolidarse en los gustos e intereses de las audiencias en el país.
  6. Relevancia: México es el octavo país con la mayor industria manufacturera en el mundo y será, por petición de la canciller Angela Merkel, el país invitado en la edición 2018 de la Feria de Hannover, en Alemania, considerada como el evento de industria y manufactura más grande del orbe. Más de 100 compañías mexicanas llevarán la representación del país en el encuentro, en el que se gestan 5.6 millones de contratos de negocio globales cada año.
  7. Emprendimiento: El próximo año se espera que el número de franquicias en el país tenga un incremento de 8% respecto al obtenido en 2017. El sector pasará de los 890,000 empleos 897,000. Se prevé que la tendencia de crecimiento en el sector de bebidas y alimentos continúe con el porcentaje de 32% del total de franquicias, con un diferenciador: en 2018 habrá un alza en la tendencia de consumo de productos orgánicos.
  8. Nuevos canales: Para que en 2018 las franquicias tengan mayor impacto y crecimiento, se deben sumar las tendencias digitales como lo serán WhatsApp, los sistemas que permitan programar y dar respuestas estructuradas para las problemáticas que se vayan presentando, el e-commerce, las economías colaborativas y la digitalización de la información. El comercio en Instagram es otra área que tendrá auge el siguiente año.
  9. Turismo: La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de Sinaloa, Margarita Villaescusa Rojo, aseguró que el 2018 será un año detonador para el turismo en México y el estado. El Tianguis turístico, el evento más importante y relevante para la comercialización de la oferta del país en el ramo será el banderazo de salida a una nueva propuesta, pues se espera la participación de más de 10,000 asistentes de 88 países, 73 empresas, 1,608 compradores y más de 44 mil citas de negocios.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/mexico-2018-pistas-en-economia-politica-y-negocios/

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Así serán los gobiernos del futuro

Por:Edwin Moreno

¿Te imaginas declarar tus impuestos en tres minutos en línea, poder votar en las elecciones desde tu celular desde cualquier lugar donde te encuentres o tener un único registro médico que se actualiza cuando vas a cualquier doctor en tu país?

Tal vez esto suene muy futurista para varios países del mundo, pero hay un pequeño país en Europa del Este que ya ha logrado esto y varias innovaciones en temas de gobierno digital muy importantes y podría ser el referente de gobiernos en el Siglo XXI, ya que es considerado el país más avanzado del mundo en gobierno digital (e-government).

Hablamos de Estonia, un país de 1.3 millones de habitantes que ha sido cuna de empresas como Skype y Transferwise; Además de que ha decidido competir de una manera creativa en la atracción de talento internacional con su programa de e-Residency, el cual permite que cualquier persona del mundo se convierta en residente digital de Estonia y así pueda hacer uso de la mayoría de los servicios a los que tienen acceso los ciudadanos de Estonia y de la Unión Europea, todo de forma digital y sin tener que visitar Estonia o Europa en ningún momento.

Hablando con Daniela Santibañez Godoy, una joven mexicana que es directora de internacionalización de la iniciativa e-Residency del gobierno de Estonia, nos comenta:

“Estonia es considerada como la sociedad digital más avanzada del mundo, un logro que alcanzó debido a los esfuerzos del gobierno. El 99% de los servicios públicos se encuentra disponible en línea, lo que hace que muchas actividades, desde declarar tus impuestos, firmar documentos y contratos, hasta votar en las elecciones se puedan hacer desde tu celular.

Este ethos de apertura al uso de la tecnología ha tenido efectos extraordinarios sobre la sociedad. Esto es porque “un gobierno digital” necesita de los servicios del sector privado, lo que ocasiona a su vez que las empresas en Estonia tengan que desarrollar nuevos productos en TI, y estos a su vez necesitan de gente capaz de hacerlo.

El programa de e-Residency, que proviene del sector público, opera de forma ágil como el de una startup, siendo la primera iniciativa de su tipo en el mundo. De hecho, el grado de desarrollo digital en Estonia es tal que actualmente se encuentran respaldando todo su gobierno en la nube, utilizando como servidores a sus embajadas internacionales. De esta forma, si llegara a haber un desastre natural o de cualquier tipo, el gobierno seguiría funcionando en línea. Es decir, no se necesita de un territorio para que Estonia como nación continúe existiendo”, comenta Daniela.

¿Qué puede aprender México de gobiernos como el estonio?

“La tecnología base con la que funciona Estonia ha estado disponible desde hace más de 15 años y en ese sentido no es innovador lo que ha logrado el país. Más bien ha sido una implementación excepcional de políticas públicas y un entusiasmo de trabajar con el sector privado lo que ha hecho todo esto posible.

Tomemos como ejemplo blockchain. A pesar de que es sobre lo que todo mundo está hablando hoy en día, desde 2008 el gobierno Estonia comenzó a realizar pruebas para utilizar esta tecnología. El resultado es que desde 2012 se utiliza para brindar mayor seguridad a la información personal de las personas, por ejemplo, en los registros médicos.

Además, los sistemas del gobierno se encuentran interconectados, lo que quiere decir que el gobierno únicamente va a pedir cualquier información sobre sus ciudadanos una vez en la vida. El hecho de que cada agencia gubernamental así como el sector privado se encuentren conectados hace que la información fluya de manera eficiente, con lo que cada año se ahorran más de 800 años de tiempo de trabajo tanto para los ciudadanos como para el estado.

El hecho de que la sociedad se encuentre tan digitalizada significa que existe mayor transparencia pues cada transacción queda registrada. Por ejemplo, el registro comercial de Estonia es público, por lo que cualquier persona puede revisar información como quién es el dueño de la empresa o quiénes son los accionistas.

Pero para garantizar el éxito de un gobierno digital se necesitan límites bien delineados en el uso de la información de los ciudadanos por parte del gobierno.Estonia tiene regulaciones en este aspecto y cada persona es la dueña de su propia información. Por ejemplo, uno puede saber si algún doctor o, por decir, la policía o algún otro oficial ha estado revisando tu información sin tu consentimiento. Si no existe una razón que justifique su comportamiento, entonces es muy sencillo reportarlo para que se tomen medidas en el asunto. Todas estas acciones crean un sistema virtuoso donde el ciudadano confía en el gobierno y este a su vez es capaz de proporcionarle mejores servicios.

Evidentemente este es un punto en el que México se encuentra muy rezagado. Como lo vimos con el caso del software Pegasus, México no cuenta con las instituciones que generen los contrapesos necesarios para que abusos tan graves como este sucedan. Ese es el primer punto que tenemos que solucionar. El gran problema es que nos estamos quedando atrás y la urgencia de desarrollar un sistema digital eficaz es imperativa.

Quizás es sencillo ignorar la experiencia de un país de 1.3 millones de habitantes como Estonia, pero, otro ejemplo es India, donde su sistema de identificación biométrica cubre al 99% de los 1,300 millones de habitantes del país, más de diez veces la población de México. Lo fascinante del sistema de India es que, al igual que es estonio, se está utilizando para integrar diversos servicios, incluidos pagos digitales o acceso a crédito. Perú también se encuentra trabajando en algo similar. En un evento de la ONU conocí a los encargados del sistema peruano y es sorprendente ver el grado al que lo han desarrollado y sus planes para integrar otros servicios a su esquema”, comenta Daniela.

La transparencia puede ser la solución a la crisis de corrupción y de falta de Estado de Derecho que se vive en México y para esto el uso de tecnología es fundamental. Si queremos tener en México un gobierno de país desarrollado es muy importante que haya la voluntad inmediata de las autoridades y la presión de los ciudadanos para crear un verdadero gobierno digital con una gran implementación a nivel federal, estatal y municipal, para tener un verdadero gobierno del Siglo XXI.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/asi-son-los-gobiernos-del-futuro/

Modelo Óptimo de la Función Policial vía Segob

El Modelo Óptimo de la Función Policial realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), busca dar a conocer el estado de las policías preventivas de cada entidad federativa y realizar recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad de su población.

Este documento, que será actualizado trimestralmente, fue elaborado a partir de la información proporcionada por las propias entidades federativas respecto a 10 indicadores.

A continuación presentamos algunos de los resultados más relevantes del documento por indicador:

1. Estado de fuerza mínimo

Se refiere al número de elementos operativos en activo —excluyendo a personal administrativo, a policías municipales y a elementos adscritos a Instituciones de Procuración de Justicia o del Sistema Penitenciario— con los que cuenta la policía preventiva estatal, en relación con su población, explica el documento.

Estándar mínimo: 1.8 policías por cada 1,000 habitantes.
Estatus nacional al 31 de octubre: 0.8 policías por cada 1,000 habitantes considerando la depuración de elementos con resultado no aprobatorio en control de confianza.

 

De acuerdo con el diagnóstico, las entidades federativas requieren formar a 115,943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, es decir, un total de 235,944 elementos.

2. Evaluación de permanencia y programa de depuración policial

El indicador se refiere a la proporción del estado de fuerza que cuenta con resultado aprobado y vigente en las evaluaciones en materia de control de confianza.

Estándar: 100% del estado de fuerza con control de confianza aprobado y vigente.
Estatus nacional al 31 de octubre: 78.8% del estado de fuerza cuenta con evaluación de control de confianza aprobada y vigente.

 

3. Certificado Único Policial

De acuerdo con el SESNSP, el Certificado Único Policial (CUP) permite certificar que el personal que integra las instituciones de seguridad pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones. Para obtener el CUP, los policías deben contar con un resultado aprobatorio y vigente en 4 evaluaciones

Estándar: 50% en 2018 y 100% en 2019.
Estatus nacional al 31 de octubre: A partir de enero de 2018 los Centros de Evaluación de Control de Confianza de las entidades federativas iniciarán la emisión de los CUP.

 

4. Actualización en el Sistema de Justicia Penal

El documento indica que el total de los elementos operativos deben tomar una capacitación práctica de 30 horas mínimas al año acerca del Sistema de Justicia Penal, con tres talleres obligatorios sobre la materia.

Estándar: 100% del estado de fuerza capacitado en uno de los tres talleres.
Estatus nacional al 31 de octubre: 30 entidades han formado replicadores en alguno de los tres talleres para capacitar al resto de su estado de fuerza en 2017 y 2018.

5. Academias o Institutos de formación policial

De acuerdo con la La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una Academia o Instituto es el espacio responsable de la formación inicial y continua de los elementos en activo de las instituciones de seguridad pública.

Estándar: Al menos 1 Academia por entidad federativa que cumpla con los 12 rubros mínimos.
Estatus nacional al 31 de octubre: Existen 39 Academias o Institutos de las cuales solo 6 cumplen con los 12 rubros mínimos (Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora).

 

Las Academias podrían egresar 24,374 policías anuales considerando el programa de formación inicial del perfil de policía preventivo (6 meses) con base en su capacidad de pernocta para cadetes. Para egresar a los 115,943 nuevos elementos que se requieren para completar el estado de fuerza idóneo, según el SESNSP, serían necesarios 4.7 años con las capacidades actuales.

6. Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del Desarrollo Policial

Este indicador se refiere a las mejoras salariales y prestaciones laborales mínimas que se le deben de otorgar a los elementos policiales preventivos.

Estándar: Salario igual o mayor a 9,933 pesos y seis prestaciones básicas para el 100% de los elementos.
Estatus nacional al 31 de octubre: 19 entidades cuentan con salarios por arriba del promedio nacional de referencia, 13 están por debajo del mismo y ninguna otorga las seis prestaciones básicas al 100% de sus elementos.

 

7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC)

Estas comisiones, que en el estándar deben estar presentes en cada entidad federativa del país, tiene por objeto conocer y resolver las controversias que se susciten con relación a los procedimientos de la Carrera Policial, además de garantizar igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y promoción de los elementos con base en el mérito y la experiencia, así como fomentar su profesionalización mediante la formación, capacitación y actualización.

Estas comisiones deben contar con cinco instrumentos normativos y celebrar al menos un Concurso Anual de Ascenso por antigüedad y méritos.

Estándar: Que cada entidad federativa cuente con una Comisión del SPC con los cinco instrumentos normativos y realice un Concurso Anual de Ascenso que abarque al menos al 5% de su estado de fuerza.
Estatus nacional al 31 de octubre: 24 entidades federativas cuentan con Comisión del SPC y solo 14 celebran concurso de ascenso.

8. Comisión de Honor y Justicia

De igual manera, el estándar para este indicador señala que debería existir una Comisión de Honor y Justicia con los tres elementos básicos (Instrumento normativo, Programa de Reconocimiento al Mérito Policial, Celebración de al menos una ceremonia anual de reconocimiento al mérito policial) en cada entidad, sin embargo, al 31 de octubre del 2017, 29 entidades contaban con una comisión.

Los estados de la República que no contaban con esta Comisión en la fecha mencionada son Baja California, Nayarit y San Luis Potosí.

9. Unidades de Operaciones Especiales, Policía Cibernética y Policía Procesal

De acuerdo con el SESNSP, las tres Unidades deberán contar con un número de integrantes suficiente considerando su población y extensión territorial —todos con resultado aprobatorio y vigente en control de confianza— así como con programas de especialización, el equipamiento y la infraestructura necesarios.

Estándar: Una Unidad Especial en 2017 y las tres Unidades Especiales en 2018
Estatus nacional al 31 de octubre: 24 entidades federativas cuentan con Unidad de Policía Procesal, 26 con Unidad de Policía Cibernética y 22 con Unidad de Operaciones Especiales.

 

10. Protocolos mínimos de actuación policial

Las entidades federativas deben acreditar la existencia de los seis protocolos mínimos y la capacitación de sus elementos en los mismos:

1. Protocolos para la función de prevención o reacción
2. Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género
3. Protocolo para el uso legítimo de la fuerza
4. Protocolo Nacional de Primer Respondiente
5. Protocolo Nacional de Cadena de Custodia
6. Protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables

Estándar: El 20% del estado de fuerza capacitado en los seis protocolos en 2017, el 50% en 2018 y el 100% en 2019.
Estatus nacional al 31 de octubre: 6 entidades federativas operan conforme a los seis protocolos mínimos (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán).

Consulta el Modelo Óptimo de la Función Policial completo en versión PDF aquí.

Fuente:http://ht.ly/zinl30hHFhW

Índice de Competitividad Internacional 2017: Memorándum para el Presidente (2018-2024)

  • México avanzó una posición en el ICI 2017: pasó del lugar 37 al 36, sin embargo preocupan los niveles de violencia y corrupción.
  • No importa quién gane las elecciones presidenciales de 2018, es fundamental proteger y profundizar la senda de las reformas estructurales.
  • Frenar la reforma energética implicaría sacar más de 190 mil millones de pesos del presupuesto para compensar la inversión privada que se ha detonado hasta la fecha.
  • Solo los trabajadores formales tienen acceso a la seguridad social, lo que implica que casi 60% de los trabajadores no tiene derecho a una pensión.
  • Hay sistemas públicos que pagan pensiones hasta 30 veces mayores que aquellas para los trabajadores más jóvenes del sector formal.  

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 2017

El ICI 2017 mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión. Para medir la competitividad, el índice evalúa 43 países a través de 129 indicadores, categorizados en 10 subíndices.

Resultados generales

Ranking de posiciones del Índice de Competitividad Internacional 2017 (1-43 países)

Resultados de México

México avanzó una posición en el ICI 2017: pasó del lugar 37 al 36, sin embargo preocupan los niveles de violencia y corrupción. Aunque México subió un puesto, el promedio de los países de la muestra presentó mayores avances tanto en inversión y talento, así como en la mayoría de los indicadores de los subíndices. El objetivo no solo es que México mejore con respecto a sí mismo, sino respecto a las mejores experiencias internacionales.

Principales cambios de México 2013-2015

En términos generales, la posición de México en la mayoría de los subíndices es estable. Una reducción en aranceles agrícolas y de manufactura, así como menores barreras ocultas a la importación, llevó al país a subir seis lugares en Relaciones internacionales. Además, un mayor crecimiento del PIB consiguió que México ganara tres posiciones en Economía.

MEMORÁNDUM PARA EL PRESIDENTE (2018 – 2024)

Cinco desafíos que amenazan la competitividad de México:

1. La continuidad de las reformas educativa y energética depende de la implementación de elementos clave en los próximos años.

Educativa

En los últimos dos años se observa un decremento en la aplicación de las evaluaciones de desempeño magisterial: un elemento clave para tener un sistema educativo meritocrático. A la velocidad actual, el total de maestros habrá sido evaluado hasta 2048.

Energética

La parte más complicada de esta reforma se verá en los próximos seis años.

  • Pemex debe generar las condiciones para competir en un mercado abierto: mejorar sus finanzas y cambiar su cultura interna para asociarse y competir con otras empresas.
  • Frenar la reforma energética implicaría quitar más de 190 mil millones de pesos  de otros rubros del presupuesto federal para compensar la inversión privada que se ha detonado hasta la fecha.
  • El sector de hidrocarburos deberá ser más transparente en la distribución de sus beneficios.

2. 57% de los trabajadores están empleados en el sector informal, lo que reduce su ingreso y frena los aumentos de la productividad.

  • De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los trabajadores formales generan 76% del PIB y en consecuencia tienen mayores ingresos que los trabajadores del sector informal, en promedio 3,773 pesos mensuales más.
  • Solo los trabajadores formales tienen acceso a la seguridad social, por lo que casi 60% de los trabajadores mexicanos no tiene derecho a una pensión.
  • Quienes tienen acceso a una pensión lo hacen en un sistema con gran desigualdad. Hay sistemas públicos que pagan pensiones hasta 30 veces mayores que aquellas para los trabajadores más jóvenes del sector empresarial.  

3. El gobierno no está aprovechando la tecnología para hacer más eficiente su desempeño.

  • México no cuenta con un sistema de identificación digital.
  • Las tarifas eléctricas no reflejan los costos locales de generar electricidad.
  • Las empresas y emprendedores están expuestos a una carga de regulación excesiva.
  • Falta una política para aprovechar los datos que generan tanto el gobierno como la economía digital.

4. La relación México-Estados Unidos debe ver más allá de la crisis que implica la presidencia de Donald Trump.

  • No hay un país más importante para Estados Unidos que México y viceversa. El 81% de las exportaciones mexicanas se van a EUA, mientras que México es el segundo mayor mercado para exportaciones estadounidenses después de Canadá.
  • Por eso, es necesario ampliar y diversificar el número de actores que pesan en la agenda bilateral, así como promover el poder suave (soft power) de México.

5. Existe una falta de Estado de derecho en dos de sus versiones más perniciosas: la corrupción y la impunidad. De no enfrentarse, México será un país más pobre, violento y con menores oportunidades de prosperidad.

  • Para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción deben funcionar los pilares básicos de la democracia: autonomía del ministerio público, un sistema de procuración de justicia y la división de poderes.

IMCO PROPONE

Combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública

  • Reformar el Artículo 102 de la Constitución bajo la propuesta de la iniciativa Vamos por una fiscalía que sirva.
  • Generar estadísticas útiles que permitan evaluar las etapas del nuevo Sistema de Justicia Penal (Ej. delictiva georeferenciada).
  • Crear un sistema de servicio profesional de carrera para ministerios públicos estatales y municipales.

Fortalecer la implementación de la reforma educativa

  • Garantizar el presupuesto de los programas de formación docente y mejorar el esquema de incentivos para aumentar el número de docentes que se inscriben como tutores.
  • Establecer el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
  • Implementar eventos de asignación de plazas y promociones abiertos a la ciudadanía.

Fortalecer la implementación de la reforma energética

  • Reformar los estatutos de Pemex y CFE para que los consejos de administración sean los encargados de elegir a su director general y no por designación presidencial, como sucede actualmente.
  • Establecer una política sectorial que alinee las metas del país en energías renovables con fuentes de financiamiento públicas y privadas para aprovechar la reducción de costos derivada de la disrupción tecnológica.

Cero ISR para asalariados formales que ganan menos de 10,298 pesos mensuales

  • Eliminar las cuotas fijas por nivel de ingreso en la Ley del ISR y la tasa asociada a los cinco primeros rangos de ingreso.

Crear un sistema de seguridad social universal

  • Hacer un pacto político por la seguridad social que universalice los beneficios, corrija las insuficiencias y ponga límites a los déficits pensionarios actuales.
  • Separar, desde la Constitución, las prestaciones económicas (pensiones) de las prestaciones de salud.
  • Viabilidad financiera para garantizar el acceso al derecho a la salud.

CAPÍTULOS DEL ICI 2017

I. Combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública
II. Garantizar la continuidad de las reformas educativa y energética
III. Lograr una sociedad más sana y equitativa
IV. Lograr finanzas públicas responsables, crecimiento económico y prosperidad individual
V. Tecnología para un gobierno eficiente
VI. México es la economía número 15 del planeta: mapa de ruta para comportarnos como un actor global

Fuente:http://imco.org.mx/temas/indice-de-competitividad-internacional-2017-memorandum-para-el-presidente-2018-2024/

¿Qué es la Ley de Seguridad Interior?

La Ley pretende dar certeza a las Fuerzas Armadas sobre las tareas que pueden desarrollar.

Foto: Notimex

Por: Jorge Monroy

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuál es el propósito de esa nueva ley?

Crear un mecanismo legal para que el Presidente de la República pueda ordenar el envío de tropas federales a un territorio o zona específica del país, cuando exista una afectación a la seguridad interior, y las autoridades no puedan controlarla.

La Ley pretende dar certeza a las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) sobre las tareas que pueden desarrollar.

Aquí te explicamos, tanto el procedimiento que se deberá seguir para enviar Fuerzas Armadas a los estados y municipios, como las reglas de su actuación.

El Procedimiento

1. El Presidente de la República podrá decretar una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por sí o a petición de Congresos o Gobernadores, la Intervención de las Fuerzas Armadas en un territorio o zona geográfica específica, cuando se presente una Amenazas a la Seguridad Interior.

2. El Presidente de la República se auxiliará del Consejo de Seguridad Nacional para determinar la procedencia de la Declaratoria, y expedirá dentro de las 72 horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria.

3. Deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

4. Cuando presenten una solicitud, los Congresos o Gobernadores deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una Amenaza a la Seguridad Interior.

5. El Presidente de la República designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales.

6.  La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior.

7.  El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

8.  El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Actuación de militares y marinos

Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato del conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones.

Las Fuerzas Armadas  se limitarán a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía.

Derechos Humanos

El artículo 7 establece que ordena a las Fuerzas Armas preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías de los ciudadanos.

No represión

El artículo 8 establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral, “bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior”.

Uso legítimo de la fuerza

Ordena la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Temporalidad

Fija que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior no podrá exceder de un año. El Presidente de la República podrá ordenar una prórroga mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior.

Recolección de Información

Se faculta a las Fuerzas federales, durante la Declaratoria, para realizar tareas de inteligencia, mediante “cualquier método lícito de recolección de información”.

Sin subsidiaridad a gobiernos

Precisa que en ningún caso, la participación del Ejército o Marina en tareas de seguridad tendrán por objeto sustituir las autoridades de otros órdenes de gobierno ni eximir a las autoridades locales de sus responsabilidades.

Reglas Gobiernos estatales y municipales

Durante el tiempo de la Declaratoria, se ordena a los gobiernos estatales y municipales atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación; aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea; prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal; mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla.

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/politica/Que-es-la-Ley-de-Seguridad-Interior-20171130-0115.html

Los estados peor calificados en lucha contra la corrupción

El coeficiente, elaborado por Impunidad Cero y Transparencia Mexicana, compara cada entidad con el peor escenario posible y genera un promedio de cada una de sus calificaciones.

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Foto: Forbes México

Por: María Fernanda Navarro

Al ser calificados en materia de transparencia, anticorrupción e impunidad, estados como Morelos, Sinaloa, y Durango, entre otros, no obtuvieron una buena nota, ya que de acuerdo con el Coeficiente TAI 2017, elaborado por Impunidad Cero y Transparencia Mexicana, son las entidades con los peores resultados.

El coeficiente es un estudio que integra los índices de transparencia, de la Métrica de Gobierno Abierto; la tasa de prevalencia de corrupción, de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); y el Índice Global de Impunidad México 2016.

Asimismo, compara cada entidad con el peor escenario posible y genera un promedio de cada una de sus calificaciones, en ese sentido los estados peor evaluados fueron:

  • Morelos
  • Sinaloa
  • Querétaro
  • Durango
  • Chihuahua
  • Michoacán
  • Tlaxcala
  • Hidalgo
  • Baja California
  • Yucatán

TAI está compuesto por las métricas de corrupción, opacidad e impunidad de distintas instituciones públicas y académicas. Conforme se publiquen nuevas métricas, TAI se actualizará para comprender de forma más integral la situación del país.

El peor escenario en TAI es aquel que tiene la peor calificación en Opacidad, Corrupción e Impunidad. El escenario ideal es uno con 0 en los tres ejes. pic.twitter.com/XAMkCz7dkr

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Además de facilitar la administración de datos y ayudar a la generación de políticas públicas que confronten estos tres fenómenos, el Coeficiente TAI busca evitar que gobiernos o partidos políticos utilicen a su conveniencia indicadores que destacan el trabajo en un aspecto de las entidades a las que pertenecen.

“En México en la última década han venido apareciendo índices muy importantes, por ejemplo, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas o de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y estos índices siendo muy sólidos por desgracia tuvieron el problema de ser utilizados por los gobernadores, de tal manera que una entidad sale bien calificada por los índices, destaca esa información y se olvida de los otros”, apuntó Federico Reyes Heroles, fundador de Transparencia Mexicana.

Las variables de impunidad, transparencia y anticorrupción están ligadas, por lo que ambas organizaciones establecieron enlazar los índices y generar este “índice de índices“, como lo calificó María Marván Laborde, presidenta del consejo rector de Transparencia Mexicana.

“Si no hay una transparencia proactiva por parte de los entes, si no hay normas de anticorrupción efectiva en la que realmente se pueda rendir cuentas por parte de los gobernantes, vamos a tener impunidad y la justicia no va a poder llegar a los ciudadanos”, explicó Irene Tello, integrante de Impunidad Cero, durante la presentación del coeficiente.

Las entidades federativas con menor desempeño en cada variable quedaron de la siguiente manera: Querétaro es el estado con la calificación más baja en transparencia, mientras que Morelos lo es en corrupción y Quintana Roo en impunidad.

El promedio nacional del Coeficiente TAI es de 60.59% parecido al peor escenario posible. Por variables, el país es tan opaco como Querétaro con 84.04%, tan corrupto como Morelos con 62.66% y tan impune como Quintana Roo con 88%, advierte el estudio.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/estados-mas-impunes-corruptos-y-poco-transparentes-mexico/

CORRUPCIÓN: Mediciones de la corrupción en México

Por: Alejandro Tuirán Gutiérrez

El pasado 18 de julio del 2017 concluyó el plazo para que los estados crearan las leyes de su Sistema Local Anticorrupción (SLA). Sin embargo, algunas entidades no cumplieron con los tiempos establecidos, las discusiones en los congresos fueron de poca profundidad y se hizo a un lado a la sociedad civil. De acuerdo con el semáforo de Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en 21 entidades federativas, la Ley del Sistema Local Anticorrupción tiene una implementación satisfactoria, pero en muchos de estos estados se excluyó a la sociedad civil de dichas reformas locales, se aprobaron al vapor o fast track, sin conocimiento necesario y blindando a los exgobernadores; dos entidades se encuentran sin ley, una de ellas lo realizó a nivel de iniciativa satisfactoria; mientras que otras ocho lo hicieron, pero con deficiencias.

Por otra parte, los senadores no han podido nombrar al fiscal nacional anticorrupción ni tampoco ratificar la propuesta del presidente de la República de los 18 magistrados que integrarán el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que impondrán sanciones a servidores públicos y a particulares que participen en actos vinculados con hechos de corrupción. La propuesta presidencial llegó cinco días antes de que terminara el anterior periodo ordinario de sesiones de la cámara de senadores, hecho que ha sido cuestionado por el poco tiempo que tuvieron los legisladores para evaluar e investigar los perfiles. También la propuesta de los 18 magistrados fue criticada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC), “por no ser producto de un proceso transparente y abierto ante la sociedad”.

En muchos foros internacionales se ha afirmado que en México la corrupción es endémica y sistémica. De acuerdo con algunos conceptos de corrupción endémica, ésta se define como la situación en la que las personas son y tenderán a ser corruptas debido al contexto y al ambiente político y social del país, y también a las reglas del juego no escritas; en donde la corrupción está generalizada en la sociedad, es decir, algo difundido y común. Las probabilidades indican que la mayoría de las personas actuarán en la búsqueda desmedida de beneficios personales, por encima del interés general, hacer lo contrario implicaría estar aislado de los beneficios o del desarrollo de las actividades cotidianas.

González de Asís y MacLean-Abaroa definen la corrupción sistémica como “el uso sistemático y generalizado de la institución pública para la obtención de un beneficio privado, reduciendo la calidad y la cantidad de los servicios prestados”.[1] La característica distintiva de la corrupción sistémica es que los funcionarios que encabezan a las instituciones que, se supone, deben prevenir la corrupción, se han corrompido. Esto hace que la tarea anticorrupción sea mucho más difícil. Además, los niveles de corrupción llegan a políticos, burócratas y servidores públicos de alto nivel que toman decisiones sobre inversiones, obras y contratos públicos o grandes proyectos, y la impunidad protege a todo funcionario corrupto que se encuentra a cargo de una institución gubernamental.

Dentro de los casos más exitosos a nivel mundial en el combate a la corrupción endémica y sistémica, los expertos hacen referencia a Singapur, Hong Kong y Botsuana, siendo el factor clave de ese éxito el compromiso que hubo de sus gobiernos, la participación de la sociedad civil y la voluntad de los principales actores políticos para transformar la cultura de la corrupción. Un aspecto importante que se debe resaltar es que todos los seres humanos tenemos potencialidades de corrupción: somos factibles de corromper o de que nos corrompan, la diferencia está en cómo los países como los mencionados anteriormente han logrado implementar políticas públicas y controles efectivos para prevenir, controlar, disuadir y sancionar los actos de corrupción.

Las prácticas, actos o formas de corrupción más frecuentes en México

Se realizó una revisión de tratados, convenios, leyes, glosarios, convenciones, principios y manuales más importantes a nivel mundial. En el análisis, se determinaron 42 prácticas y formas de corrupción de funcionarios públicos, burócratas, legisladores, políticos, jueces, magistrados, miembros de sindicatos y particulares. En la Tabla 1 se identifican 30 prácticas a nivel mundial, actos o formas de corrupción de servidores públicos, y prácticas de corrupción de responsabilidad de los particulares nacionales o extranjeros.

 

 

Para el caso de México, con las nuevas reformas plasmadas en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en sus leyes secundarias, por primera vez se dividen las prácticas o formas de corrupción en actos de servidores públicos y en actos de particulares. En los artículos del 51 al 62 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) se definen las 13 prácticas y formas de corrupción más frecuentes en que incurren los servidores públicos.[1] Sin embargo, la LGRA excluye algunas faltas administrativas graves de servidores públicos, como son el nepotismo, el favoritismo en decisiones de servidores públicos, la compra de votos de servidores públicos con recursos de las dependencias y entidades públicas, la partidización, el cabildeo, la coalición de servidores públicos en actos de corrupción, el clientelismo, la violación del secreto público, el lavado de dinero producto de actos de corrupción, el prevaricato y la colusión. En cuanto a los particulares, la ley citada anteriormente no considera las siguientes prácticas: la captura del Estado, la asociación ilícita entre particulares con servidores públicos en actos de corrupción, el mecenazgo y el financiamiento de campañas políticas a cambio de adquisiciones y obras públicas en el futuro y el aprovechamiento doloso de bienes producto de actos de corrupción. Es urgente hacer una revisión de la LGRA y del Código Penal Federal, en la tipificación de los delitos por actos de corrupción, sin demeritar los avances y reformas en las leyes secundarias del sna que se han tenido hasta el momento.

Un primer análisis que se debe hacer cuando se utiliza un índice es conocer qué práctica, acto o forma de la corrupción se está midiendo. Cabe resaltar que muchos de los indicadores internacionales, además de estimar la corrupción con dos o tres prácticas, evalúan avances en las políticas anticorrupción, la calidad de los servicios públicos, la incidencia y severidad de una práctica específica, los tiempos de respuestas en los trámites y la incorporación de reformas anticorrupción del Estado; no todo lo que se mide es un acto de corrupción.

Un segundo análisis son las fuentes de información que utilizan los índices internacionales de medición de la corrupción, los cuales pueden obtenerse de fuentes primarias como las encuestas de percepciones de la población o de expertos, la opinión de empresarios o de las víctimas de la corrupción. Dentro de las fuentes secundarias se encuentra la recopilación de información de parámetros de búsqueda de información, resultados de auditoría, avances de las leyes anticorrupción respecto a otros países o tratados internacionales, evaluaciones externas y monitoreo, tableros de control e indicadores producidos por otras organizaciones.

Con ello se observó que algunos índices obtienen información de percepciones de la población (como empresarios y ciudadanos) a través de encuestas.[2] En el análisis de los índices internacionales de medición de la corrupción se observa que la mayoría se concentra en esta fuente de datos que son estudios sobre percepciones de los ciudadanos comunes, empleados y funcionarios de empresas, dueños de firmas y expertos.

Otros índices captan información sobre corrupción mediante datos experimentales que se refieren a la victimización de ciudadanos y empresarios por trámites que cuentan con elevados riesgos de corrupción; también se considera información sobre el conocimiento y la percepción que tiene la población respecto a los sobornos o la extorsión en trámites, concesiones y licencias.[3] Este tipo de datos incluye la frecuencia, el impacto, la ubicación y los costos de los sobornos, o la incidencia y severidad de la práctica de corrupción, así como el grado de conocimiento sobre leyes, políticas o prácticas específicas.

Por otra parte, existen índices que utilizan las evaluaciones externas para recolectar información, principalmente mediante entrevistas y encuestas en línea, obteniendo así datos relevantes sobre actos de corrupción. En las entrevistas se incorporan calificaciones, escalas o rankings (lugar que ocupa) que hacen expertos en la materia.[4] En otra vertiente de las evaluaciones externas, éstas se realizan mediante la participación de los ciudadanos comunes, a quienes se les pide que elijan escalas y califiquen, en lugar de simplemente dar opiniones generales sobre los temas.

Una cuarta forma de medir la corrupción de algunos índices es mediante el análisis de datos duros sobre leyes, actividades y desempeño del gobierno, monitoreos y tableros de control (scoreboard) con indicadores que explican los avances o retrocesos en la materia. Este análisis es elaborado por expertos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y funcionarios de organismos internacionales; incluye informes de auditoría o informes de proyectos o programas.

 Resultados de México en los índices internacionales de medición de la corrupción

Un tercer nivel de análisis se centró en el estudio de los índices internacionales, es decir, en aquellos que cumplieran con ciertos criterio, como son: (a) una medición de calidad que derive de una encuesta con representatividad estadística, en el caso de que el índice se obtenga por esta fuente de información; (b) el prestigio de la institución en el tema; (c) organismos con expertos reconocidos en los temas de corrupción, transparencia y rendición de cuentas; (d) fuentes de información válidas, fidedignas y de calidad confiable (registros administrativos, informes de auditoría, monitoreos y evaluaciones); (e) las prácticas, formas o actos de corrupción que incluye el índice; (f) la transparencia en la medición (explicación de métodos, publicación de cuestionarios aplicados y fuentes de información utilizadas); y (g) el número de naciones que son evaluadas o calificadas en el índice (que cuente con la mayoría de las naciones en el estudio) y que el año de publicación fuera lo más reciente posible.

Por otro lado, después de seleccionados los índices internacionales, se realizó un análisis estadístico para conocer las correlaciones.[2] En primer lugar, se presentó una correlación alta en la mayoría de los índices e indicadores que utilizan diferentes métodos e instrumentos de captación que miden la corrupción y que combinan la percepción con experiencias o evaluaciones externas con análisis de datos cuantitativos y cualitativos, o experiencias con evaluaciones externas.

Otro aspecto que se debe mencionar es que se mantiene la correlación elevada con diferentes fuentes de información y metodologías de medición. Por ejemplo, cuando el indicador o índice considera la percepción, experiencia (victimización), evaluación o análisis de un ciudadano, empresario, experto, periodista, investigador, funcionario público u organización no gubernamental. En cuanto a la diferencia de escalas de valor,[3] el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) tiene una correlación casi perfecta, pero a la inversa (resultado cercano a -1) con el indicador de estado de legitimidad del Índice de Fragilidad de los Estados de Fund for Peace, siendo que fueron construidos con metodologías diferentes (ver Tabla 2).

 

El coeficiente de correlación más alto (positivo) se observa entre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y el indicador de desvío de recursos públicos del Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial o Foro de Davos (WEF, por sus siglas en inglés), que incorporaron metodologías, instrumentos y fuentes de información bastante similares. La única correlación baja fue entre el indicador de estado de legitimidad y el de pagos extraoficiales y sobornos (del pilar de instituciones del ICG del WEF), en donde casi existe independencia total, siendo una correlación negativa y cercana a cero.

Por otra parte, una limitante de estos índices internacionales[1] es que solamente miden 11 formas o prácticas de corrupción de 42 posibles. Aunque el soborno y la extorsión son las de mayor frecuencia, impacto, severidad e intensidad, también existen prácticas culturales y legales válidas en algunas naciones, pero que pueden violar la ley en otros países, como es nombrar a familiares en cargos públicos. Teniendo en cuenta esta limitante, se puede responder a la pregunta, que hacen muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, referente a saber cuál es el nivel de corrupción que tiene México en comparación con otros países del mundo y si la corrupción es endémica y sistémica.

Con base en los resultados de los diferentes índices internacionales se realizó un cuarto nivel de análisis que consistió en hacer cortes de los resultados y rankings de los países mediante cuartiles[2] y percentiles,[3] es decir, se ordenaron las naciones por la posición obtenida en los índices y se hicieron particiones conforme a su clasificación y al resultado del indicador de cada nación, con el fin de integrar grupos homogéneos y estratificar a los países por la intensidad, frecuencia, impacto y generalización de prácticas de corrupción. Para entender lo anterior, la posición 1 significa que el país es el menos corrupto del mundo. En la división por grupos (cuatro grupos que integran cada uno de ellos el 25% de los países), el cuartil I incluye al 25% de las naciones más corruptas del mundo, y el cuartil IV equivale al 25% de los países menos corruptos. Con respecto a los percentiles, en el que se divide en 100 grupos, el percentil 1 es el del 1% de los países más corruptos, y el percentil 10 es el del 10% de las naciones más corruptas del mundo.

En este sentido, se puede afirmar que México se encuentra —en los indicadores de favoritismos en decisiones gubernamentales y desviación de fondos públicos del ICG 2017-2018— en el percentil 5 y 7, respectivamente, de las naciones con los más altos rangos en dichas prácticas de corrupción a nivel mundial, que equivale a los lugares 127 y 129 de un total de 137 países. En el indicador de ausencia de corrupción se tiene la posición 99 de 113 naciones, que representa el percentil 12, lo que significa que existen 88% de países que se encuentran en una mejor situación que México en este índice. En estos indicadores nuestra nación forma parte del cuartil I (25% de países más corruptos). Además, en el indicador de corrupción de prs Group 2016 estamos en el lugar 121 de 140 naciones, que equivale al percentil 14, ubicándose un 86% de naciones con menor corrupción que México.

Respecto al Índice de Oportunidades de Corrupción de Risk Advisory Group 2016, México se coloca en el lugar 150 de 181 países, lo que representa el 17% de las naciones con mayores problemas de corrupción, existiendo un 83% de naciones que se encuentran en una mejor posición.

Por otra parte, en el indicador de pagos extraoficiales y sobornos del Índice Global de Competitividad, México se ubica en el 23% de los países más corruptos, que equivale al lugar 105 de 137 naciones incluidas en el indicador. En cuanto al indicador de control de la corrupción del Banco Mundial, nuestro país está en el primer cuartil (25% de las naciones más corruptas del mundo) de 209 naciones y territorios considerados en el estudio.

En el índice de Riesgo de Corrupción 2016 de Maplecroft, México está en la posición 146° de 198 países, ubicándose en el percentil 26, lo que representa que 74% de las naciones del mundo cuentan con un desempeño más efectivo en la materia que nuestro país.

En relación con el famoso Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, México ocupa la posición 123 de 176 países y se ubica en el 30% de los países más corruptos (percentil 30), considerando prácticas como el soborno, la extorsión y el favoritismo.

La mejor posición que tiene México se observa en el indicador de estado de legitimidad —que mide la corrupción en el Índice de Fragilidad de Estados 2017— elaborado por el organismo Fund for Peace; ahí ocupa el lugar 94 de 178 naciones, estando casi en media tabla (percentil 47); y en el nivel de corrupción del Índice de Perfiles Institucionales 2016 de la Agencia Francesa de Desarrollo está en la posición 74 de 138, que significa el percentil 47, pero por debajo de un 53% de las naciones con mejor desempeño en el combate a la corrupción (ver gráfica 1 y 2).

 

Un quinto nivel de análisis fue ubicar a nuestro país en los grupos de naciones con niveles homogéneos de corrupción, con base en las estimaciones finales  por cuartil que tuvo en los distintos índices internacionales. Los resultados permiten concluir que México está dentro del grupo de países, nada envidiables, que cuentan con graves problemas en actos, formas y prácticas generalizadas de corrupción, como el soborno, el abuso de poder, el favoritismo, la malversación de recursos públicos, el uso indebido de recursos y el conflicto de interés. Esto implica que nos encontramos, en promedio, en la mayoría de los índices internacionales de la medición de la corrupción entre el 15 y el 25% de las naciones más corruptas del mundo (cuartil 1). En el IPC y en el Índice de Riesgos de Corrupción estamos muy cerca de los países más corruptos.

Para muestra del daño que estas prácticas de corrupción hacen a la competitividad del país, se realizó un ejercicio hipotético con el Índice Global de Competitividad en el que se eliminaron los indicadores de desvío de recursos públicos, sobornos, pagos extraoficiales y favoritismo en decisiones de funcionarios gubernamentales que forman parte del Pilar de Instituciones (en este pilar se ocupa el lugar 123 de un total de 137 naciones), México podría escalar de la posición 51 en que actualmente se encuentra (periodo 2017-2018), y llegar a entre los lugares 25 y 30 de los 138 países considerados en el índice citado. En resumen, reducir la corrupción implica mejorar en el nivel de competitividad, y esto significa mayor atracción de inversiones extranjeras y nacionales, innovación y tecnología, generación de empleos y crecimiento económico.

Según los resultados de los índices internacionales, México pertenece al no selecto grupo de poco más de 40 naciones que conforman el 25% (cuartil 1) más corrupto del mundo (ver Mapa). Esto significa que tenemos niveles muy parecidos a los países más corruptos que se ubican en África y Asia. En Latinoamérica y el Caribe, México está en los niveles de corrupción cercanos o parecidos a los de Haití, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. En este grupo de países, la corrupción es generalizada, existe impunidad, se utiliza a las instituciones para la obtención de un beneficio privado y las personas que dirigen los organismos que combaten a la corrupción se han corrompido. Contrario a la declaración del presidente de la República, quien afirmó: “se culpa de todo a la corrupción […] y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre es la corrupción”,[1] los índices internacionales muestran que en México existe un uso sistemático, generalizado y clientelar de la institución pública para la obtención de un beneficio privado, y no son hechos o actos aislados para buscar culpables o responsables.

Los resultados de los estudios internacionales que se retoman en este trabajo confirman que México se encuentra en terapia intensiva con un diagnóstico grave de corrupción endémica y sistémica. Por lo tanto, la responsabilidad de la sociedad civil, los empresarios, las universidades y los académicos es seguir presionando a los partidos políticos, a los poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los gobiernos federal y locales y a los organismos autónomos encargados del combate a la corrupción, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas para evitar la captura de los nombramientos por parte de los políticos en el poder en los estados, de los puestos claves en el SLA; también para acelerar las reformas que faltan del SNA (una nueva ley de contrataciones públicas, modificaciones a la ley general de responsabilidades administrativas y el código penal federal, un verdadero servicio civil de carrera, una ley con mayores controles en el financiamiento y fiscalización de partidos políticos y una ley contra el lavado de dinero de los servidores públicos por actos de corrupción, mayores supervisiones y controles al conflicto de interés, revisión de regulaciones, trámites y licencias); así como la implementación de políticas de fiscalización, vigilancia y control más efectivas, a nivel federal y local, que reduzcan los niveles de la enfermedad llamada “corrupción endémica y sistémica” que ha padecido el país. EP

NOTAS

1. María González de Asís y Ronald MacLean-Abaroa hacen una definición completa de lo que es la corrupción sistémica. Módulo 1. Introducción: cómo mejorar la gobernabilidad para combatir la corrupción. Banco Mundial, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Secretaría de la Función Pública. Seminario en Transparencia y Buen Gobierno. Disponible en internet: .

2. Las prácticas que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas son: cohecho; peculado; desvío de recursos públicos; utilización indebida de la información; abuso de funciones; actuación bajo conflicto de interés; contratación indebida; enriquecimiento oculto y ocultamiento del conflicto de interés; tráfico de influencias; encubrimiento; desacato y obstrucción de la justicia y siete de los particulares: soborno; participación ilícita en los procedimientos administrativos; tráfico de influencias; utilización de información falsa; colusión; uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de exservidores públicos.

3. Las percepciones pueden magnificar los problemas de corrupción de un país y pueden estar influidas por la personalidad del entrevistado, su escala de valores, las restricciones profesionales a las que está sujeto, los medios de comunicación, la situación económica y política en el país.

4. Stephanie Trapnell, User’s Guide to Measuring Corruption and Anti-Corruption, United Nations Development Programme and Global Integrity, Nueva York, 2015. pp. 11-30.

5. A menudo estas evaluaciones son elaboradas por “expertos” dentro o fuera del país. También se captan datos administrativos o informes de terceros, como estudios de casos, informes de auditoría o estadísticas de organismos responsables de políticas anticorrupción (evaluaciones “basadas en pruebas” de corrupción y gobernanza).

6. Como resultados del análisis con base en los criterios señalados, se seleccionaron los siguientes índices internacionales: el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; el Indicador de Control de la Corrupción del Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial; los tres indicadores del Pilar de Instituciones del Índice Global de Competitividad del Foro Económico de Davos; el indicador de Estado de Legitimidad del Índice de Fragilidad de Estados o Estados Fallidos de Fund for Peace; el indicador de Ausencia de Corrupción del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project; el indicador de Nivel de Corrupción de Perfiles Institucionales de la Agencia Francesa de Desarrollo; el Índice de Riesgo de Corrupción de Maplecroft Global Risk Analytics; el Índice de Oportunidades de Corrupción de Risk Advisory Group y el Indicador de Corrupción de International Country Risk Index.

7. Medida estadística que analiza el grado de dependencia entre dos variables, es decir, cómo se verá afectada una variable determinada, conociendo la variación de una segunda variable. Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, indicando si existe una dependencia o relación directa (coeficiente positivo) o inversa (coeficiente negativo), siendo el 0 la independencia total o sin ninguna correlación.

8. En algunos índices, mientras más alto es el resultado, existe menos corrupción, como es el caso del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que va de 0 (que significa mucha corrupción) a 100 (que implica nada de corrupción), o las escalas negativas del indicador de nivel de corrupción del Índice de Perfiles Institucionales de la Agencia Francesa de Desarrollo, que va de 0 (que significa nada de corrupción) a 4 (mucha corrupción), así como el indicador de Estado de Legitimidad, que va de 0 (que es equivalente a nada de corrupción) a 10 (con elevada corrupción).

9. Las prácticas de corrupción consideradas en el análisis son: soborno, extorsión, favoritismos, captura, colusión, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos, cohecho, uso indebido de recursos públicos, nepotismo e intervención ilegal en procesos electorales.

10. Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. Hay tres cuartiles denotados usualmente como Q1, Q2, Q3. El segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer cuartil es el valor en el cual, o por debajo del cual, queda un cuarto (25%) de todos los valores de la sucesión (ordenada); el tercer cuartil es el valor en el cual, o por debajo del cual, quedan las tres cuartas partes (75%) de los datos.

11. Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en cien partes porcentualmente iguales. Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados.

12. Diario Reforma del día 17 de octubre del 2017, año XXIV, número 8 mil 693, p. 7. Declaración hecha en el Foro “Impulsando a México. La fortaleza de sus Instituciones”.

Fuente: http://www.estepais.com/articulo.php?id=1271&t=corrupcion-mediciones-de-la-corrupcion-en-mexico