TLC: ¿qué debe hacer el gobierno mexicano?

Por: Arturo Damm Arnal

La primera ronda de renegociaciones del TLC tendrá lugar del 16 al 20 de agosto. Renegociar un tratado de libre comercio (ojo: ¡de libre comercio!) tiene sentido si se avanza en la apertura comercial, en lo particular, y en la liberalización económica, en lo general. En Norteamérica tanto la una como la otra dejan qué desear, por lo que la renegociación del TLC debería ser la oportunidad para avanzar en ambas.

La intención de Trump es renegociar el TLC para corregir el déficit comercial que los Estados Unidos tiene con México, y que él considera, ¡erróneamente! la prueba de que con el TLC México ha ganado y Estados Unidos perdido.

Con el TLC México ha ganado y Estados Unidos perdido. Esta es la idea con la que el equipo estadounidense se sentará a la mesa de la renegociación, en la cual, de un lado, estarán los representantes del gobierno mexicano y, del otro, los de la administración trumpista, todo lo cual da la impresión, ¡falsa!, de que, de lo que se trata, es de un altercado entre México y los Estados Unidos, cada uno con sus intereses, la mayoría de ellos encontrados. Realmente, en la renegociación del TLC, ¿tenemos a México por un lado y a los Estados Unidos por el otro, cada uno con sus intereses, irremediablemente encontrados? No.

En materia del comercio entre México y los Estados Unidos existen cuatro grupos de agentes económicos: 1) los productores y exportadores mexicanos,[1] 2) los consumidores mexicanos,[2] 3) los productores y exportadores estadounidenses[3] y 4) los consumidores estadounidenses.[4] Estos cuatro grupos se reagrupan en dos conjuntos con intereses coincidentes: 1) productores y exportadores mexicanos, y consumidores estadounidenses, los primeros con el interés de exportar productos mexicanos hacia los Estados Unidos, los segundos con el interés de importar productos mexicanos desde México; 2) productores y exportadores estadounidenses, y consumidores mexicanos, los primeros con el interés de exportar productos estadounidenses hacia México, los segundos con el interés de importar productos estadounidenses desde los Estados Unidos.[5]

En materia del comercio entre mexicanos y estadounidenses no tenemos, por un lado, a México y sus intereses y, por el otro, a los Estados Unidos y sus intereses, irremediablemente encontrados. Tenemos, por un lado, a productores y exportadores mexicanos, y consumidores estadounidenses, con el mismo interés a favor de la exportación de productos mexicanos hacia los Estados Unidos y, por el otro, a productores y exportadores estadounidenses, y consumidores mexicanos, con el mismo interés a favor de la importación de productos estadounidenses hacia México.

¿Cuál debe ser, en el marco de la renegociación del TLC, la tarea del gobierno mexicano con relación a los dos grupos de agentes económicos mexicanos involucrados: productores y exportadores, por un lado, consumidores, por el otro? Defender sus intereses: 1) el de los productores y exportadores mexicanos de poder ofrecer sus mercancías en los mercados estadounidenses, para lo cual, al final de cuentas, el gobierno estadounidense debe permitir la entrada de los productos mexicanos a los Estados Unidos, 2) el de los consumidores mexicanos de poder comprar, en los mercados mexicanos, productos estadounidenses, para lo cual, por principio de cuentas, el gobierno mexicano debe permitir la importación de dichos productos desde los Estados Unidos. ¿En cuál de las dos tareas el gobierno mexicano resulta más eficaz? En la segunda (mantener abiertos, por lo menos tan abiertos como ya lo están,[6] los mercados mexicanos a la importación de productos estadounidenses), que depende totalmente de él, no siendo el caso de la primera (mantener abiertos, por lo menos tan abiertos como ya lo están,[7] los mercados estadounidenses a la exportación de mercancías mexicanas), que depende, al final de cuentas, del gobierno estadounidense.

Si el principal objetivo del gobierno trumpista es corregir el déficit comercial de los Estados Unidos con México entonces deberá: 1) o prohibir la importación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses, 2) o incentivar la exportación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos,[8] 3) o prohibir la importación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses e incentivar la exportación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos. Cualquiera de las tres opciones supone un retroceso hacia el proteccionismo y en contra del libre comercio, y la pregunta es: ante cualquiera de ellas, ¿cuál deberá ser la reacción del gobierno mexicano? Posible respuesta: ojo por ojo, diente por diente, es decir: 1) o prohibir la importación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos, 2) o incentivar la exportación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses,[9] 3) o prohibir la importación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos e incentivar la exportación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses.

Independientemente de lo que haga el gobierno estadounidense en el marco de las renegociaciones del TLC, el gobierno mexicano no debe dar un paso atrás en materia de apertura comercial, debiendo mantener, por lo menos, el grado de apertura que ya se ha conseguido, y ello por dos razones: 1) las importaciones aumentan la cantidad, calidad y variedad de los bienes ofrecidos a los consumidores mexicanos, pudiendo ocasionar reducciones de precios,[10] y 2) las importaciones, dada la competencia que traen consigo, obligan, a quienes producen en México, mexicanos o extranjeros, a volverse más productivos (capaces de hacer más con menos), para poder volverse más competitivos (capaces de, en términos de precio, calidad y servicio, hacerlo mejor que sus competidores), en beneficio de los consumidores. Todo esto, ¿tiene algo de malo?

Es más, aprovechando la renegociación del TLC, el gobierno mexicano debería anunciar la total y definitiva apertura comercial y liberalización económica en México, algo que, obviamente, no hará.[11] Para ello le falta altura de miras.

 

[1] Muchos de los cuales operan en México con capital estadounidense.

[2] Muchos de los cuales son productores y exportadores que operan en México con capital estadounidense, y antes de producir y exportar importan (maquinaria, equipo, materia prima, partes, etc.), desde los Estados Unidos.

[3] Muchos de los cuales, antes de ser productores y exportadores, son importadores de productos mexicanos.

[4] Los cuales, antes de ser consumidores, tuvieron que ser productores, muchos de los cuales fueron, además, exportadores.

[5] Omito, por falta de espacio, mencionar a los productores y exportadores mexicanos que, teniendo el interés de poder exportar hacia los Estados Unidos, también tienen el interés de no competir, en los mercados mexicanos, con las importaciones estadounidenses, asumiendo la típica posición mercantilista a favor de sus exportaciones y en contra de las importaciones.

[6] Lo cual quiere decir que la apertura comercial no es total ni definitiva.

[7] Idem.

[8] Lo cual puede toparse con barreas infranqueables impuestas por el gobierno mexicano.

[9] Lo cual puede enfrentarse a barreas insalvables levantadas por el gobierno estadounidense.

[10] O, en el actual contexto de repunte en la inflación, ayudar a que éste sea menor.

[11] Para entender la conveniencia de llevar a cabo una apertura (en nuestro caso una mayor apertura) comercial unilateral, véase el capítulo 12 del excelente libro de Rigoberto Stewart, La magia y el misterio del comercio.

Fuente:http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-vamos/2017/08/15/tlc-gobierno-mexicano/

En el banquillo, la educación en México

Por:

El sistema educativo se ha enfocado en la preparación técnica y profesional, pero está en gran deuda con la ética, la moral y lo humano.

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. (Foto: ESPECIAL)

 

Algo muy serio está pasando con la educación que reciben los líderes de este país, sobre todo los político-gubernamentales. Javier Duarte, uno de los personajes más corruptos de la nación, hoy detenido en Guatemala y con decenas de juicios pendientes en México, cuenta con una larga trayectoria educativa en las universidades más prestigiadas de México y de Europa: licenciatura en la Ibero, diplomado en el IPADE, maestría en el Tec de Monterrey y doctorado en la Complutense de Madrid.

¡Wow! Cualquiera podría pensar que una persona con esa educación debería de ser un profesionista altamente capacitado. Pero resulta que no fue así; si acaso, estaba medianamente preparado en lo técnico, pero es muy claro que lo estaba pésimamente en lo humano.

Parece que el sistema educativo se ha enfocado prioritariamente en la preparación técnica y profesional, pero está en gran deuda con la ética, la moral y lo humano. De nada nos sirve tener políticos muy buenos, técnicamente hablando, si carecen de una visión espiritual y humana de la realidad, así como de su responsabilidad al frente de instituciones de gran impacto en la vida de millones de personas.

Pero veamos una reseña universitaria de otros personajes señalados como corruptos por instancias sociales y legales: Humberto Moreira, Ibero e INAP; Rodrigo Medina, Universidad Regiomontana de Monterrey y Universidad de Miami; Tomás Yarrington, Tec de Monterrey y UANL; César Duarte, UVM; Andrés Granier, UNAM; Arturo Montiel, UNAM; Roberto Borge, Tec de Monterrey; Guillermo Padrés, Universidad Humanitas e ITAM; Luis Armando Reynoso, Tec de Monterrey; Pablo Salazar Mendiguchía, BUAP; Mario Villanueva, Universidad Autónoma de Chihuahua; y la lista es larga.

Esta muestra es sólo de políticos de alto nivel porque, si bajamos a lo local o nos vamos a diputaciones, senadurías y sindicatos, casi ninguna universidad o escuela del país se salvaría; y como todo político tiene socios, amigos empresarios, contadores o abogados con quienes arman la estructura de saqueo y desvío de recursos, pues… resulta que las manchas salpican a todo el sistema educativo.

Éste es un llamado a los líderes educativos del país, de instituciones públicas y privadas, para reforzar la educación con ética y con valores de nuestros líderes. Algunos podrían decir que éstos representan unos cuantos casos ante los miles de egresados de estas universidades, pero lo cierto es que con éstos tenemos suficientes para tomar acciones.

Tal vez esta metáfora ayude: ¿Estarías de acuerdo en que una empresa automotriz hiciera un re-call de todos los vehículos de cierta edición, al descubrirse que algunos resultaron con frenos defectuosos y que 10 autos ya se han accidentado en la carretera, generando varias pérdidas humanas? Claro que sí.

Muchas universidades ondean sus banderas estampadas con bonitas frases alrededor de “servicio a la comunidad”, “sentido humano”, “vivir moralmente”, pero cuando analizas sus planes de estudio y sus prácticas, estas intenciones se reflejan poco. Rodrigo Medina, por ejemplo, estudió una licenciatura llamada “Ciencias Jurídicas y Corrupción”, en la Universidad Regiomontana, lo cual resulta totalmente paradójico ante los resultados de su gestión como gobernador de Nuevo León.

Es hora de que se haga un frente común en el sistema educativo nacional para educar realmente con ética y moral a los futuros líderes de gobiernos y de empresas por igual.

Organizaciones como la ANUIES o la FIMPES tienen que reforzar los planes y prácticas de estudios con contenido ético y moral que realmente se integren en la mente y la vida de los estudiantes.

Las mismas asociaciones de egresados, como ExATec, Ex UNAM, ExItam, ExIbero y cientos más deberían fomentar que sus comunidades de exalumnos sean vigilantes constantes de actividades ilícitas de sus miembros, para emitir recomendaciones y, en el caso extremo, sanciones, que tiendan a contribuir a detener, en etapas tempranas, casos de corrupción.

En la actualidad, toda la sociedad es responsable de los casos de corrupción extrema, porque, pudiendo hacer algo previo, “sobre todo en casa”, en las escuelas, en las universidades, en las cámaras empresariales, en las asociaciones, en los partidos… poco se hace.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/en-el-banquillo-la-educacion-en-mexico/

 

Semáforo Anticorrupción: ¿cómo van los estados?

Por:Max Kaiser y Fernando Alcázar

La democracia mexicana ya no está sólo en manos de los partidos políticos. El monopolio que éstos tenían sobre el futuro del Estado mexicano ha desaparecido. Para diseñar leyes y plantear alternativas de política pública ya no es indispensable tener un cargo público. Hoy, desde la sociedad civil organizada es posible crear e influir directamente en la política nacional. Un vivo ejemplo de esto es el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Surgió del más intenso esfuerzo de cocreación legislativa de la historia del país. Gobierno, Congreso y sociedad civil organizada trabajaron de la mano para crear el marco jurídico que lo sostiene. Y precisamente por eso, ahora le toca a los mismos tres actores cuidar su debida implementación.

El 18 de julio de este año es una fecha importante. Ese día, las constituciones y las legislaciones estatales deberán estar listas para incorporarse al SNA. No es un reto menor. En el pasado, los intentos por crear sistemas nacionales, de leyes armónicas y complementarias, han sido poco exitosos.

Esto es entendible en un sistema federal. Las dinámicas políticas de un Congreso nacional bicameral y 32 congresos locales suelen ser completamente distintas entre sí. Además de las composiciones partidistas diversas, cada estado tiene sus propios conflictos sociales, a los que su clase política reacciona de manera diferente. Así, los procesos legislativos de cada localidad tienen su propia explicación y dirección.

Esto suele considerarse como un beneficio del sistema federado: cada estado atiende sus propias necesidades, con sus propios recursos políticos.

Pero existen algunos temas en los que la homogeneidad de principios —reglas, órganos y procesos— es imprescindible. El combate a la corrupción es uno de esos temas.

La eficacia del SNA debe ser la misma en Oaxaca que en Nuevo León, en Campeche que en Sonora. Un corrupto debe ser juzgado de la misma manera, a través del mismo tipo de órgano, y con los mismos procesos y criterios, a nivel federal y en cualquier entidad de la República.

Para esto, el Constituyente permanente le dio facultades al Congreso para crear una Ley General que distribuyera competencias, estableciera funciones y generara criterios homogéneos en todo el país.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que los sistemas locales anticorrupción (SLA) deben contar con estructuras y facultades equivalentes a las que tiene el órgano nacional. Los elementos esenciales del SNA deben quedar reflejados en las constituciones y legislaciones locales, y son precisamente estos dos elementos los que se analizan en el Semáforo Anticorrupción que hicimos el IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex.

El Semáforo Anticorrupción es un parámetro objetivo de evaluación de las reformas constitucionales y leyes para los SLA. Documenta y estudia la calidad legislativa de las constituciones y leyes locales, como marco jurídico de éstos. Lo hacemos con base en diez criterios constitucionales y 30 criterios para la ley que crea el Sistema Local.

Los diez criterios para una reforma constitucional adecuada son:

1. Establecer el SLA del estado como una instancia en la entidad.

2. Un Comité Coordinador con siete miembros.

3. Un Comité de Participación Ciudadana con cinco miembros, uno de los cuales preside el SLA.

4. Redefinición de las atribuciones y facultades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado: fortalecer sus atribuciones fiscalizadoras y garantizar su autonomía técnica y de gestión.

5. Otorgar facultades al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría General y a los Órganos Internos de Control, según corresponda, para conocer, investigar y sustanciar faltas administrativas graves y no graves. Adicionalmente, sancionar las no graves.

6. Introducir las modificaciones relevantes en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

7. Hacer obligatoria la presentación de la declaración de intereses, patrimonial y fiscal (“3 de 3”) para todos los servidores públicos.

8. Definir el régimen de la Procuraduría de Justicia del estado, inclinándose por una autonomía real del Ejecutivo.

9. Crear una Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

10. Para los estados que no cuentan con un Tribunal de Justicia Administrativa, establecer la creación de este órgano jurisdiccional. Una vez creado, y para los ya existentes, determinar responsable de la sanción de las faltas administrativas graves al Tribunal Administrativo.

Los 30 criterios para la Ley del SLA son:

1. Sistema en general

a. Principios que rigen el servicio público

b. Objeto del SLA

c. Integración del Sistema

2. Comité Coordinador

a. Comité Coordinador Local

b. Presidencia Ciudadana

c. Facultades del Comité Coordinador

d. Integrantes del Comité Coordinador

3. Comité de Participación Ciudadana

a. Comité de Participación Ciudadana (cpc) local

b. Procedimiento de nombramiento del cpc

c. Esquema de rotación

d. Atribuciones del cpc

e. Presidente representante

4. Secretaría Ejecutiva (SE)

a. Establecimiento de la SE

b. Auditorías a la SE

5. Órgano de Gobierno

6. Comisión Ejecutiva (CE)

a. Cargos de la CE

7. Secretario Técnico (ST)

a. Nombramiento del ST

b. Remoción del ST

c. Requisitos del ST

d. Funciones del ST

8. Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)

a. Obligaciones Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) y Secretarías de Control Interno

b. Directrices a EEF y Secretarías de Control Interno

c. Caso de ser miembros del SNF

9. Sistema Local de Información

10. Esquema de Recomendaciones

a. Recomendaciones del Comité Coordinador

b. Recomendaciones no vinculantes y respuesta fundada

El seguimiento se divide en dos semáforos: uno que evalúa las reformas constitucionales o iniciativas de reforma constitucional, y otro que evalúa las leyes o iniciativas de ley para el SLA. Así, se revisa primero si el estado cuenta con una reforma ya hecha o una iniciativa, y después si éstas son adecuadas. A partir de esta revisión, se otorgan puntajes de 0, 50 y 100, atendiendo a qué tanto se cumple con el criterio.

El resultado final, como puntaje, coloca tanto a las reformas como a las iniciativas y a las nuevas leyes como satisfactorias (85%-100%), regulares (70%-85%), o deficientes (0%-70%).

La primera vez que publicamos el Semáforo Anticorrupción, con fecha de cierre al 28 de febrero, solamente dos estados contaban con una reforma y ley del SLA satisfactoria, diez contaban una reforma constitucional satisfactoria, y tres presentaban problemas serios con sus reformas. Los demás contaban con una reforma constitucional e iniciativa de ley; con reforma, pero sin iniciativa de ley; o con iniciativa de reforma constitucional. Se reportaron un total de nueve estados que no contaban con ningún tipo de trabajo.

Para la segunda publicación, con fecha de cierre al 31 de marzo, tres estados ya cuentan con una reforma y ley del SLA satisfactoria, y 16 ya cuentan con, por lo menos, una reforma e iniciativa de ley. De dichas iniciativas, diez cumplen con, por lo menos, el 70% de los criterios establecidos por nuestra Ley modelo. Solamente cuatro entidades estuvieron reportadas como estados que no contaban con ningún tipo de trabajo.

Para la tercera publicación, con fecha de cierre al 18 de Mayo, cuatro estados más pasaron a tener una reforma constitucional satisfactoria. En total, 22 entidades ya cuentan con una reforma constitucional (14 satisfactoria y ocho regular). Morelos, uno de los tres estados que habíamos identificado como gravemente problemático, pasó de tener una reforma constitucional deficiente a satisfactoria, ya que emprendió cambios legislativos para modificar su constitución y armonizarla con los criterios de la metodología

Respecto a las leyes para los SLA, ocho estados se sumaron con una ley del SLA (seis satisfactoria y dos regular) a los tres previamente reportados. Es decir, contamos ya con 11 estados que pueden emprender todos los procesos adicionales para la implementación de sus SLA. Pareciera que la presión a la que fueron sometidos a partir de la publicación fue efectiva (ver gráficas 1 y 2).

 

El primer reporte generó preocupación. Parecían demasiadas las entidades que aún no iniciaban con ninguno de los dos procesos. En tan sólo un mes se aprecia un buen avance, pero sobre todo una tendencia.

Con el Semáforo Anticorrupción, las organizaciones de la sociedad civil tenían una herramienta concreta para ejercer presión y elementos objetivos para participar en la discusión. Y los utilizaron.

Un instrumento de seguimiento y monitoreo se ha convertido a la vez en una eficaz herramienta de presión y participación política de la sociedad.

El movimiento social que provocó la creación del SNA también creó una nueva forma de participación en la política: la de la creación compartida de leyes. Sociedad, gobiernos y congresos pueden sentarse en la misma mesa para crear una nueva realidad. La corresponsabilidad es el nuevo elemento creativo de la democracia mexicana.

1Para más información sobre los estudios del IMCO entra a <imco.org.mx> o síguenos en nuestras redes sociales: <facebook.com/imcomx> y <@imcomx>

Fuente:http://www.estepais.com/articulo.php?id=1038&t=semaforo-anticorrupcion-como-van-los-estados

Segunda actualización del Semáforo Anticorrupción (mayo)

  • 11 estados ya tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus SLA, mientras que 13 aún no tienen una iniciativa de ley
  • Campeche, Chihuahua y Tabasco permanecen sin ningún trabajo para iniciar la construcción de sus SLA
  • Morelos destacó por su avance de reforma constitucional deficiente a satisfactoria e incluso ya tiene una ley del SLA satisfactoria

Los estados tienen hasta el 18 de julio de 2017 para implementar sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA). El año pasado, la Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana diseñamos la Ley Modelo para los SLA, la cual es una adaptación a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su objetivo es ser una guía simple para las entidades.

El 28 de febrero de este año presentamos el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación, el cual documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones y las agendas legislativas locales.

El estudio se compone por:

  • Semáforo de la reforma constitucional
  • Semáforo de implementación de la Ley del SLA

El procedimiento para obtener la información legislativa de los estados fue la siguiente:

  1. Revisión de las gacetas parlamentarias que se encuentran en línea de los 32 congresos locales
  2. Se envió correo electrónico a tres funcionarios de cada congreso
  3. Como último recurso se les contactó por teléfono

El 5 de abril publicamos la primera actualización del semáforo y los resultados fueron los siguientes:

  • 10 estados con reforma constitucional satisfactoria
  • 4 sin iniciar la construcción de sus Sistemas Locales Anticorrupción
  • 3 estados con problemas graves en sus reformas constitucionales

Hoy presentamos la segunda actualización del Semáforo Anticorrupción.

¿CÓMO HAN AVANZADO LOS ESTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS SLA?

SEMÁFORO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Determina el nivel de avance al evaluar si el estado tiene o no reforma constitucional o alguna iniciativa y si tiene una estructura constitucional adecuada, por medio de 10 criterios que deben contemplar las reformas constitucionales, entre ellos el establecimiento del SLA, del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana y la incorporación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

  • 4 estados (Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tamaulipas) pasaron de tener una iniciativa a una reforma constitucional satisfactoria.
  • 22 entidades ya cuentan con una reforma constitucional (14 con una satisfactoria y 8 con una regular). 

Observaciones generales:

  • Morelos pasó de tener una reforma constitucional deficiente a satisfactoria, ya que emprendió cambios legislativos para modificar su constitución y armonizarla con los criterios de la metodología.

Preocupaciones generales:

  • Campeche, Chihuahua y Tabasco permanecen sin ningún trabajo para iniciar la construcción de sus SLA.
  • Jalisco permanece con una reforma constitucional deficiente. 

SEMÁFORO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DEL SLA

Determina el nivel de avance al evaluar si el estado tiene o no una Ley del Sistema Local Anticorrupción o una iniciativa y si es apta la ley por medio de 30 criterios que la Ley del SLA debe contemplar, entre ellos destacan un adecuado Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana, Secretaría Ejecutiva y recomendaciones del Comité Coordinador.

  • 13 estados aún no tienen una propuesta de ley para diseñar sus SLA.
  • 8 estados se sumaron con una ley del SLA (6 satisfactoria y 2 regular) a los 3 estados de la primera actualización (Chiapas, Nayarit y Puebla).

Con esto, 11 estados ya tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus Sistemas Locales Anticorrupción y pueden comenzar con:

  • La construcción administrativa de sus órganos
  • Los procesos de designación
  • El inicio de funciones sustantivas

Los congresos locales tienen como mandato constitucional implementar el Sistema Local Anticorrupción antes del 18 de julio de 2017, por lo que aún pueden aprovechar la Ley Modelo para agilizar los procesos legislativos y evitar riesgos de inconstitucionalidad.

 

 

Fuente:http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/segunda-actualizacion-del-semaforo-anticorrupcion-mayo/

 

7 nuevas tendencias en la Inversión Pública

Por:

Al concluir el VII Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP), que tuvo lugar en Paraguay el mes pasado, sentí – como también creo que lo experimentaron el resto de los participantes – “un saber dulce”. Esto, no sólo porque los dos días que duró la realización del seminario habían transcurrido en forma muy rápida y grata, sino especialmente porque terminaba “cargado” de nuevos y estimulantes conocimientos y experiencias, de temas de actualidad y de futuro en torno a la inversión pública.

No pretendo relatar cada uno de los más de doce paneles con que contó el seminario, ya que eso excedería por mucho la extensión de un blog. Por el contrario, quiero ser muy breve y puntual y referirme simplemente a las que – a mi juicio – son las 7 tendencias que marcarán el futuro de la inversión pública y que se desprenden del diálogo sostenido en Paraguay.

Primero, la ejecución de los proyectos de inversión pública dejó de ser una materia confinada a los gobiernos y empresas ejecutoras. Quedó claramente demostrado que herramientas de monitoreo georreferenciado usando atractivas técnicas de visualización, hacen posible llevar a nuestros hogares, vía computadores o teléfonos celulares, la información sobre la realización de los proyectos de inversión pública y aún más, nos permiten participar como ciudadanos con comentarios sobre su ejecución. Les invito a releer un blog pasado de Juan Cruz Vieyra en que se refirió a los paneles del seminario relacionados con MapaInversiones. En este contexto, cabe destacar la importancia de asumir estándares internacionales en materia de transparencia como, por ejemplo, la Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción (CoST), cuya implementación está relacionada con la plataforma MapaInversiones en países como Costa Rica.

Segundo, las decisiones sobre la inversión pública se toman cada vez más en forma descentralizada, como es el caso de Perú y Colombia, asociadas a las rentas por explotación de recursos naturales. Asimismo, como se analizó en el seminario, en países como Panamá, República Dominicana y Uruguay, los gobiernos sub-nacionales (municipales y departamentales) están reforzando sus capacidades en la planificación, formulación y ejecución de proyectos de inversión.

Tercero, la inversión en infraestructura aumenta día a día en complejidades, por lo que se debe prestar más atención en su planificación y gobernanza. En relación a esto último, en Paraguay tuvimos la oportunidad de conocer el Marco de la OCDE para la Gobernanza de las Infraestructuras, en que se plantea un decálogo para que, sobre la base de una gobernanza reforzada, se asegure que los proyectos de infraestructura cumplan con su calendario, se circunscriban a los presupuestos establecidos y a los objetivos previstos sobre el suministro de servicios. Al respecto, les invitó a re-visitar también nuestro blog del año pasado al respecto.

Cuarto, a la vez que las Asociaciones Pública Privadas (APP) se consolidan como una alternativa para la financiación y ejecución de la obra pública, se rompe el “mito” de su superioridad sobre opciones alternativas. En este seminario se pudieron conocer los casos de Jamaica y Paraguay. En el primero, se destacó el pleno tratamiento de los proyectos APP en su SNIP, lo que permite establecer su alineación con las políticas y objetivos nacionales, y efectuar los adecuados análisis de riesgos y factibilidad. En el caso de Paraguay, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano del Viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación y del Director de la Dirección del Sistema de Inversión Pública, entre otros aspectos, las diversas opciones para el financiamiento de la inversión pública en Paraguay, el marco legal de las APP en el país, cómo este mecanismo se relaciona con su SNIP y los dos primeros proyectos de infraestructura pública que están haciendo uso de esta modalidad APP.

Quinto, hoy hay serias iniciativas que nos permiten aprender sistemáticamente de nuestros errores en el diseño y ejecución de los proyectos de inversión, para no repetirlos. El actual presidente de la Red SNIP, el jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones de Chile, mostró los avances en su país en la evaluación ex post de mediano y largo plazo de los proyectos de inversión pública, con el objeto de verificar que los recursos invertidos por el Estado estén siendo bien utilizados y para la mejora continua de la formulación y evaluación del proceso de inversión pública. En particular analizó los resultados obtenidos en tres tipologías de proyectos de inversión pública: transporte caminero, viviendas para adultos mayores, y polideportivos y gimnasios recreativos. Los hallazgos de estos estudios permitirán efectuar modificaciones a las normas y metodologías, modelos de gestión y localización de proyectos, entre otros aspectos.

Sexto, la inversión pública está dejando de ser el “patito feo” en el presupuesto público. En efecto, en el seminario se presentó un estudio realizado por expertos del BID (Ardanaz e Izquierdo 2017), que presentaba – entre otros aspectos – que América Latina era la región que se caracterizaba porque en los “buenos tiempos” del ciclo económico el gasto público en su conjunto aumentaba, pero el gasto corriente lo hacía mucho más que la inversión, y que en los “malos tiempos”, el gasto público se reducía, pero el gasto corriente levemente y la inversión pública sustancialmente. Es decir, “la inversión pública solía salir perjudicada ante choques negativos”. Sin embargo, la buena noticia es que aquellos países de nuestra región que poseen una “alta calidad institucional” han podido romper esta relación – que yo denominaría “perversa” – y llevar a cabo políticas fiscales anti-cíclicas, posibilitando que en los “malos tiempos” la inversión pública no deje de crecer, compensando así los efectos negativos del ciclo económico adverso sobre la inversión privada.

Séptimo, la gestión de los riesgos climáticos en la inversión pública es vital para evitar catástrofes y hacer obras más duraderas. Desgraciadamente nuestra región en estos últimos meses ha sido asolada por una larga lista de desastres naturales: huracanes, incendios, inundaciones, terremotos, aluviones… provocando muerte y dolor, y causando pérdidas cuantiosas en infraestructura. Este fenómeno global del cambio climático, de acuerdo a un estudio publicado recientemente por el Brookings Institution, de no mitigarse, podría reducir el PIB mundial en más de un 20% para el año 2100. Las presentaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica y Honduras coincidieron en transitar desde un enfoque de atención a emergencias hacia una cultura de prevención y anticipación a los impactos de los cambios climáticos. Para tal fin, se están desarrollando modelos integrales de gestión de riesgos climáticos e incorporando la evaluación de este tipo de riesgos en los proyectos de inversión pública. Además, se está generando información y creándose capacidades en torno a esta temática. En la actualidad, los países de nuestra región se están incorporando a un enfoque regional a través de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de LAC y la Red Latinoamericana de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la Inversión Pública.

Fuente:https://blogs.iadb.org/gobernarte/2017/05/02/7-nuevas-tendencias-la-inversion-publica/

Éstas son las áreas clave que abarcará la próxima Ley Fintech

La nueva regulación debe presentarse antes del 1 de septiembre, esto es lo que podemos esperar de ella.

Bitcoin. (Foto: Especial.)

Por: Alejandro Molina

Antes de que se cumpla el próximo uno de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habrá presentado, con bombo y platillo, su propuesta de Ley de Tecnología Financiera, mejor conocida en general como “Ley Fintech”.

Se trata de una medida que buscará poner nombre, apellido y descripción a cada una de las nuevas tendencias tech que desde hace varios años están viendo la luz, con el objetivo de transformar al sector bancario y fortalecer, entre otras cosas, su democratización.

Es a través de esta regulación, que se pretende, de acuerdo con las propias autoridades, otorgar certeza a la sociedad acerca de las capacidades y alcances de operación reales que tienen este tipo de compañías, mismas que pasarán a identificarse como Instituciones de Tecnología Financiera (ITF).

¿Qué abarcará la norma?

Con miras a conocer más acerca de lo que presentará la “Ley Fintech”, Forbes México platicó con cuatro de las compañías que participaron, junto con la SHCP e instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico), en las reuniones para la confección de la próxima norma, Play Business, Conekta, Bitso y The Fintech Hub.

Y es de acuerdo a sus perspectivas que podemos afirmar que serán cuatro las grandes áreas tecnológico-financieras que abarcará la ley: Crowdfunding, pagos electrónicos, activos virtuales y experimentación regulatoria. ¿De qué trata cada una de ellas? A continuación te lo explicamos.

1 Crowdfunding

El área engloba a las empresas enfocadas en conseguir capital para un determinado proyecto o compañía, por la vía de la contribución monetaria de un grupo amplio de personas. Un ejemplo de ello es precisamente Play Business, plataforma de inversiones colectivas enfocada en impulsar los emprendimientos.

En este renglón, la ley, explica Marc Segura, fundador de Play Business, contempla dar una definición oficial sobre lo que es el crowdfunding y regular los proyectos de equity, descartando por completo medidas sobre el fondeo para donaciones.

Buscando prepararse para la regulación, Segura, quien también se desempeña como presidente de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO), asegura que su nicho se ha venido trabajando en la creación de manuales de procesos y sellos que validan el trabajo de las empresas.

2 Pagos electrónicos

La “Ley Fintech” también tocará el tema de los nuevos sistemas de pago electrónicos, los cuales se han convertido en herramientas fundamentales para acercar la banca a estratos que tradicionalmente no habían estado relacionados con ella. Esto lo han hecho tanto por medio de sistemas físicos como digitales.

Una de las empresas involucradas en este tema es Conekta, especializada en brindar distintas alternativas de procesamiento de pagos para las compañías, como es la posibilidad, por ejemplo, cobrar en línea o por medio de las plataformas de tiendas de conveniencia.

Héctor Cárdenas, fundador de la empresa y quien ha mantenido pláticas con distintas instituciones para hablar sobre el tema, señala que en la próxima normativa lo que pasará con el tema de pagos electrónicos es que se fortalecerá la figura de agregador, que desde 2014 ya está en funcionamiento.

3 Activos virtuales

La tercer gran área que tocará la próxima normativa de tecnología financiera será la de activos virtuales o dinero electrónico, y cuyo principal eje será el bitcoin. Además de formalizar a las empresas de Exchange, la regulación señalará que, a diferencia de los nichos anteriores, la entidad encargada de avalar su operación será directamente el Banco de México.

Entre las empresas que han participado en los diálogos oficiales para el lanzamiento de la ley está Bitso, compañía que asegura que las empresas de esta área siempre han estado abiertas a la regulación.

“Nosotros queremos cuanto antes una regulación, ya que nos permitiría generar mayores oportunidades crecimiento gracias a la certeza que daría, desde siempre hemos estado de acuerdo con que exista una normativa que valore lo que hacemos”, dice Eduardo Arenas, Product Manager de Bitso.

4 Experimentación regulatoria

Finalmente, la ley tratará de sentar las bases para la regulación de futuras propuestas tecnológico-financieras que pudieran aparecer en los próximos años. Esto lo hará por medio de una figura llamada Regulatory Sandbox (experimentación regulatoria).

Básicamente consiste en dar autorizaciones de operación temporal a empresas y bancos para probar nuevos modelos de negocio que no quepan dentro de las tres áreas mencionadas anteriormente.

“Esta figura permitirá probar y evaluar la funcionalidad de distintos proyectos, así como lo están haciendo en sitios como el Reino Unido, en donde se evalúa primero la practicidad de los mismos antes de pensar ya en regulaciones completas”, señala Jorge Ortiz, de The Fintech Hub.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/estas-son-las-areas-clave-que-abarcara-la-proxima-ley-fintech/

Diez propuestas para una nueva estrategia de política económica

Por: Francisco Suárez Dávila

 

México tuvo un periodo de gran crecimiento bajo un modelo desarrollista que debemos tener en cuenta al proyectar hacia dónde queremos encaminar nuestra economía. No se trata de nostalgia del pasado, tampoco requiere de mecanismos autoritarios, como lo pretenden sus críticos liberales, sino de adaptar lo que funcionó bien y lo que funciona eficazmente ahora en otros países: las mejores prácticas. Es un plan de ruta, integral, que debe ejecutarse a lo largo del tiempo en forma consistente. Son diez propuestas que funcionarán como sustento de la estrategia, que resumiré a continuación.

1. Privilegiar el crecimiento, no la estabilidad: ello requiere una gran motivación nacional, un consenso y un pacto social de Estado, empresa y sociedad, en torno a una visión estratégica comprometida con un crecimiento acelerado como prioridad nacional, y no la obsesión por la estabilidad.

El objetivo debe ser crecer de 4% (descontando el adverso entorno internacional) a 6%. Sí se puede lograr efectuando cambios de política y de enfoque, combinando el impulso al mercado doméstico y la competitividad exterior, logrando cierta desvinculación (delinking) lesiva con el ciclo económico de Estados Unidos. Ello generaría miles de empleos.

2. Para lograr lo anterior, un instrumento clave es el aumento significativo de la inversión pública; fuerte inversión en infraestructura (que hasta el fmi reconoció tiene gran efecto multiplicador y puede justificar un déficit); incluyendo fortalecer “la infraestructura de la infraestructura” (proyectos, técnicos, ejecutores) y el desarrollo urbano y municipal (que se está desmoronando). Esto debe impulsar y complementarse con la inversión privada y las alianzas público-privadas (APP). Ello debe ubicarse en el marco de una política de desarrollo regional para reducir desigualdades entre estados TLCAN y del sur-sureste. Las zonas económicas especiales ayudan sólo si el Estado juega un rol principal para eliminar obstáculos y crear masa crítica. El turismo es un sector fundamental que requiere todavía mejor infraestructura y conectividad. Banobras debe ser el banco (policy bank) que apoya estas políticas.

3. Una política industrial moderna en apoyo del mercado interno que debe promover no sólo cadenas productivas hacia afuera, sino hacia adentro, generando mayor contenido local, productos de mayor valor agregado, incorporando la innovación. Hay que reconocer que sin esta política, México continúa siendo una gran maquiladora o, en forma análoga a lo que ocurrió en el porfiriato, una economía de enclave, con elevados contenidos importados en todo el proceso productivo, más del 50% en la manufactura.

Debemos articular una mejor estructura industrial, más balanceada entre grandes y medianas empresas. Es necesario revisar nuevamente el tema del gran peso de la inversión extranjera en el control de las empresas. ¿Hemos perdido el control de sectores estratégicos? El sector energético: gas y energía eléctrica, energías renovables y medio ambiente deben ser motores del crecimiento industrial. Nafinsa debe ser el banco de estas políticas.

4. La política industrial debe sustentarse en un sistema educativo moderno que nos permita acceder a la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo tecnológico. Agrego un matiz: más allá de elevar la calidad de la educación básica, debe concentrarse un esfuerzo prioritario en la educación técnica, para capacitar a futuros trabajadores, y en las profesiones modernas, científicos, ingenieros, etcétera (así lo hizo la India ante la magnitud de la tarea y la limitación de recursos para apoyar la educación básica).

5. La nueva política comercial internacional debe servir como instrumento para contribuir eficazmente al crecimiento. La política industrial, la comercial y la regional deben ser un triángulo armónico. Un proceso de apertura comercial, para ser eficaz requiere políticas compensatorias hacia los perdedores. No se hicieron en México, en 1994; en Inglaterra frente al brexit y, en Estados Unidos, en los estados del norte del Medio Oeste (el rust belt). Se pagaron los costos. Nuestro TLCAN simplemente quedó “cojo”. En cambio, estas políticas se aplicaron exitosamente en la Unión Europea para reducir brechas y rezagos de ingreso, particularmente en Irlanda, Portugal y España.

Ilustración de María José Ramírez

En todo caso, los avances comerciales se pondrán a dura prueba en las ineludibles y difíciles negociaciones con el Gobierno de Trump. El tema más importante será definir una nueva relación comercial. Si es posible, sustentada en un TLCAN renegociado en forma acotada, para no abrir una caja de Pandora, y actualizado por acuerdos complementarios.

Es necesario acotar la agenda y los tiempos por el gran problema de las incertidumbres que conlleva. No se ha entendido que el TLCAN sigue vigente hasta que se derogue o concluya su renegociación. Por otra parte, si se deroga, no es el fin del mundo. Debemos adoptar (fuera del TLCAN) elementos de una política estratégica de comercio, con un comercio administrado, lo que significa proteccionismo selectivo. Esto, que todo el mundo practica, es anatema para quienes defienden la apertura comercial más extrema y cándida del mundo. Es muy discutible la receta de responder a mayor proteccionismo con mayor apertura.

Ciertamente habrá que diversificar las relaciones económicas y disminuir nuestra dependencia con Estados Unidos; pero esto toma tiempo. Requiere ampliar los recursos de Bancomext e integrarlo, como antes, con ProMéxico (de donde proviene el nuevo director). El financiamiento debe ir vinculado con la promoción. Por ello desapareció el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y se fusionó con Bancomext, que sustentaba los gastos, sin acudir al presupuesto.

Hay que fortalecer la cooperación económica, social y política con Centroamérica y el Caribe —área estratégica para nosotros—, a través del fortalecimiento de la Agencia Mexicana de Cooperación, que ha tenido muy escasos resultados.

6. Tiene que haber verdaderas reformas en la política monetaria y crediticia para ampliar su margen de acción y que nos permita ampliar los estrechos márgenes de maniobra fiscales. El Banco de México debe abandonar el “monoteísmo”; retomar el objetivo dual de la política monetaria para estimular crecimiento y empleo, como lo hizo en los momentos estelares de su historia con don Rodrigo Gómez, y como lo hacen ahora la Reserva Federal y bancos centrales de algunos países avanzados y emergentes. La Reserva Federal pudo así sacar a los Estados Unidos de la Gran Recesión.

Hacer que la banca del “subdesarrollo” vuelva a ser “la banca de desarrollo”. Convertirla en policy banks, que apoyen, como lo definen los chinos, las políticas de su sector, elaborando programas, evaluando y produciendo proyectos detonadores, la capacitación de personal —eran antes un semillero de evaluadores de proyectos, ahora una especie en extinción— y consolidando fideicomisos dispersos en secretarías de Estado, a veces fuentes de desviaciones. Nafinsa, que fue “la joya de la corona”, se dedica ahora primordialmente a dar garantías, factoraje o segundo piso con la banca privada.

Orientar a la banca comercial y a las Afores mediante políticas financieras generales, para inducir que parte del ahorro de los mexicanos se oriente, en complemento de la banca de desarrollo, a los objetivos nacionales; mucha mayor participación en el crédito industrial, agrícola, exportación, energía, medio ambiente, infraestructura; no privilegiar el crédito al consumo con márgenes leoninos, que significa apoyo a las utilidades de matrices (algunas en problemas). Cuidar con una supervisión eficaz a una gran proliferación de bancos chicos e instituciones financieras no bancarias de dudosa calidad y alto riesgo.

7. La fiscal es bien llamada “la madre de todas las reformas”. Esto implica acción en varios frentes: racionalización verdadera del gasto público, más inversión y un gasto social eficaz; reducir la proporción del gasto corriente administrativo. Sólo se logrará afectando y reduciendo estructuras del Estado: desapareciendo o consolidando secretarías, subsecretarías, organismos, fondos y fideicomisos, que afecta costosas estructuras superiores, pero respeta a los trabajadores de base; reducir el exceso de Comisiones Autónomas, capturadas en algunos casos por cuotas políticas y grupos de interés que atomizan facultades del Estado; y cancelar programas clientelares sin resultados.

El menú tributario debe incluir:

Una progresividad mayor en ISR a personas físicas, tanto para generar recursos como para redistribuir el ingreso, como se logró en Europa, bajando los coeficientes de desigualdad (Gini) de 0.5 a 0.3.

Reducir el ISR de personas morales al 20% (o menos) para inducir la inversión privada. Se necesita, además, para competir, la baja anunciada de Trump.

Probablemente aumentar el IVA parejo, con sólo una verdadera canasta básica de productos exentos o tasa 0, justificado para financiar la mayor inversión y la seguridad social, no la deuda. Requiere una motivación social.

Impuesto bajo (inferior al 1%) sobre transacciones financieras, mecanismos que en la práctica imponen los bancos para beneficio propio vía comisiones leoninas. Aquí es para un fin social. En países de América del Sur, generó 1% del PIB.

8. Revisar un Pacto Fiscal Federal disfuncional establecido en la Ley de “Descoordinación” Fiscal, que ha degenerado en un feudalismo fiscal. Ello representa el 60% del presupuesto federal. Su falta de control (rendición de cuentas) explica corrupción, despilfarro y menor crecimiento. Negociar que los estados sean corresponsables de la recaudación, no sólo del predial, y pactar y verificar que los recursos se canalicen a un mayor gasto de inversión eficaz.

9. Crear una política de seguridad social integral, particularmente con cobertura universal de salud y pensiones, avanzando hacia la convergencia de los sistemas del IMSS y del ISSSTE. Integrar y desaparecer el paliativo temporal que fue el Seguro Popular, ahora, con frecuencia, otra “caja chica” de algunos gobernadores. La propia generación de empleo derivada del crecimiento propicia el aumento de ingresos y un sistema de salud sustentable. Estas reformas son un buen objetivo para una reforma fiscal, no la recaudación. Fortalecer el papel de las Afores como grandes generadores de ahorro con aumento de cuotas (como lo ha hecho Perú). El sistema actual de pensiones no es sustentable, ¡es una bomba de tiempo!

10. La reducción de la pobreza y la desigualdad es esencial por razones de ética, pero también para eliminar uno de los mayores obstáculos para el crecimiento, y una de sus mayores reservas, o bien, uno de los grandes factores de riesgo social; por ello, el nuevo desarrollismo es redistributivo e incluyente.

Los avances en este campo deben ser primordialmente resultado de las políticas generales antes enumeradas (empleo, educación, seguridad social), más que un enfoque asistencial, poco eficaz, que genera despilfarro y corrupción, como en los más de mil programas de ataque a la pobreza, las decenas de programas de apoyo al campo, que a veces son regresivos y consumen muchos recursos y no generan resultados. Deben algunos suprimirse o consolidarse. Sí hay que enfatizar cuatro políticas:

a) Mantener algunos programas sociales focalizados que han probado su eficacia, como Prospera (desde 1997) y la nueva Cruzada Contra el Hambre.

b) Una política integral de apoyo al campo, principalmente en zonas de temporal y en las regiones más rezagadas. Reducir nuestras vulnerabilidades en ciertos productos alimenticios básicos, como el maíz.

c) De acuerdo con una tendencia mundial, examinar la posibilidad de introducir una política de salarios mínimos efectiva o sustituir muchos programas dispersos por una renta básica, pero con cuidado financiero y en forma gradual.

d) Un programa nacional de apoyo a jóvenes, particularmente a los millones que no tienen educación ni empleo. Roosevelt creó, para combatir la Gran Depresión, la National Youth Administration (Administración Nacional para la Juventud).

 

Ilustración de María José Ramírez

Conclusiones

 No ignoro los enormes obstáculos y resistencias para introducir estas propuestas en el momento actual. Es una visión que requiere formar nuevos consensos sociales y políticos, y ejecutarse a lo largo del tiempo. Pero el cambio de modelo de desarrollo, además de las razones apuntadas, cuenta con el acicate de las serias amenazas y retos provenientes del exterior, como lo fueron en su momento la Gran Recesión y la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, si lo sabemos aprovechar, la elección de Trump es a la vez reto y oportunidad de cambio. La tarea principal es fortalecer al Estado y a la sociedad mexicana; ejercer un mayor liderazgo con una visión y motivación compartidas. No es suficiente invocar el optimismo si no va acompañado de un programa de acciones concretas, amplio y creíble.

Esa fortaleza nacional debe sustentarse en un dinámico crecimiento, generador de empleos, no en la estabilidad de precios; en la reindustrialización basada en el mercado doméstico y las exportaciones competitivas, no en más tratados de libre comercio; en una mayor inversión en infraestructura, no en el despilfarro del gasto corriente; en una reforma de la seguridad social de alcances universales, financiada por una verdadera reforma fiscal, no en sistemas asistenciales y clientelares; en una banca de desarrollo y comercial que apoye a los sectores productivos, no una banca que privilegia el consumo y el apoyo a sus matrices; a una educación de calidad para trabajadores y profesionistas productivos que no tengan que salir a ser vejados en el exterior; a la autosuficiencia alimentaria y energética para superar vulnerabilidades evidentes; a corregir desigualdades regionales de miseria en el sur-sureste, además de al freno a la corrupción e implantación de un Estado de derecho. Ello es lo que nos dará la posibilidad de negociar desde posiciones de fuerza. La negociación externa debe basarse en la fortaleza interna. Debemos avanzar hacia un verdadero Acuerdo de Unidad Nacional, sustentado en una plataforma de políticas concretas con objetivos específicos.

Quiero concluir con una cita de Paul Krugman, que es aplicable a la situación actual de México:

En una recesión (o crisis), las reglas usuales de la política económica no se aplican: la virtud se convierte en vicio, la cautela es riesgosa y la prudencia es tontería […] Algunas personas dicen que nuestros problemas económicos son estructurales, para lo cual no hay remedios rápidos, pero yo creo que los únicos obstáculos importantes a la prosperidad mundial son las doctrinas obsoletas que atrofian las mentes de los hombres.

1 Segunda parte del artículo “Del ‘estancamiento estabilizador’ a un nuevo modelo económico desarrollador con inclusión social”, publicado en nuestro número anterior.

FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA ha fungido como embajador de México ante la OCDE en París, como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, diputado federal y embajador de México en Canadá, entre otros cargos. Como docente ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y la UNAM.

Fuente:http://www.estepais.com/articulo.php?id=959&t=diez-propuestas-para-una-nueva-estrategia-de-politica-economica