5 cambios que traerá consigo la nueva reforma educativa

Por: Alejandro Medina

Uno de los mayores resultados que trajo consigo el llamado Pacto por México, acuerdo político de unidad que impulsaron en 2012 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue la aprobación en su momento de la reforma educativa.

Se trató, junto a las otras llamadas reformas estructurales, de uno de los mayores éxitos del presidente Enrique Peña Nieto, quien no sumaba en aquel entonces ni un año de haber asumido el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, seis años después de este evento, las cosas apuntan a cambiar drásticamente, toda vez que la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió trabajar en una nueva reforma educativa que borra la mayor parte de la columna vertebral de aquella avalada al inicio de la gestión pasada.

“Qué bien que se está consiguiendo avanzar en este terreno, es sin duda un problema menos, porque para mejorar la educación lo que más se necesita es que se tome en cuenta a los maestros”, mencionó el presidente López Obrador sobre la que fuera una de sus propuesta de campaña durante su conferencia matutina del pasado 25 de abril.

A detalle

¿Cuáles son los cambios principales que trae consigo esta nueva reforma educativa? Son principalmente cinco las cosas que la nueva normativa modifica.

1) Contempla la abrogación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un organismo creado durante la gestión del ex presidente Vicente Fox y al que la reforma de 2012 le otorgó autonomía constitucional, reconociendo el valor de la evaluación técnica, profesional e independiente de los docentes. Ahora este trabajo pasará a manos del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

2) Se concreta asimismo la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente, la cual establecía los perfiles, indicadores y parámetros para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes en el servicio público educativo, incluyendo aquí la regulación de sus derechos y obligaciones.

3) Derivado de los puntos anteriores, la nueva reforma educativa no contempla la realización de evaluaciones punitivas, tal y como viene estipulado y como lo ha mencionado el propio AMLO, es decir, no se determinará la permanencia de los docentes en sus puestos por los resultados que vayan teniendo en las pruebas que se les hagan.

4) También es importante señalar que la promoción de los docentes a nuevas posiciones y cargos tampoco estará ligada a ninguna evaluación, sino que se volverá al modelo anterior a la reforma del 2012, en el que se impulsaba el ascenso de acuerdo a las capacidades y aptitudes observadas.

5) Se establece en el artículo tercero constitucional el concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el “interés supremo” de la educación que imparte el Estado. Asimismo, se agregan a los principios de educación gratuita, laica y obligatoria, los de universalidad, equidad y excelencia, para todos los niveles, incluyendo universidad.

Otros puntos importantes

Vale la pena señalar que la nueva reforma también menciona aspectos como la recuperación de estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte, y medio ambiente, así como menciona la importancia de las becas Benito Juárez, de nivel básico y para estudiantes universitarios.

También se habla de una nueva política educativa diferenciada por zonas, lo que, afirman, permitirá una educación indígena, bilingüe y bicultural, además de que se plantea una autonomía para la elección de dirigentes en los sindicatos.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/5-cambios-que-traera-consigo-la-nueva-reforma-educativa/?fbclid=IwAR188YkWfEBS4qOihlmPQ-e_Ci0WV7OwU7swA4yOaFjUCOOcXBEbL8t0En4

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¿Qué pasa cuando los gobiernos incrementan el presupuesto educativo destinado a grupos vulnerables?

Por: Mariana Limón Rugerio

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“Sin una educación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, los países no lograrán romper el ciclo de pobreza que deja a la zaga a millones de niños, jóvenes y adultos. No conseguiremos mitigar el cambio climático, adaptarnos a la revolución tecnológica ni, mucho menos, alcanzar la igualdad de género”, esta frase la dijo Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, el pasado 24 de enero de 2019. Fue parte de su discurso por el Día Internacional de la Educación.

Desde 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que todas las personas tienen derecho a acceder a la educación. Pero, en la actualidad, existen muchos retos que impiden que esto se logre.

Un problema global, por ejemplo, es la exclusión educativa de grupos vulnerables.

Las propuestas de los países para intentar reducir esta exclusión son múltiples y diversas, una de ellas ha sido aumentar el presupuesto educativo destinado a apoyar específicamente a poblaciones vulnerables. El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey analizó qué sucedió después de que se implementará esta medida en países de distintos perfiles: desde Finlandia hasta Gambia. La mayoría de los casos fueron exitosos y, otros más, tuvieron algunos puntos a mejorar.

¿Por qué es importante hablar del acceso educativo de los grupos vulnerables?

Las brechas en el acceso a la educación de grupos vulnerables son un reto en común para todos los países del mundo. El tema es actual, relevante y multifactorial.

“El acceso a la educación no debe verse afectado por circunstancias fuera del control de los individuos, tales como género, lugar de nacimiento, etnia, religión, lenguaje, ingreso o discapacidad”, explica el documento Handbook on Measuring Equity in Education (Manual de Medición Equidad en la Educación, 2018) de la UNESCO.

Además de la importancia fundamental de garantizar universalmente los Derechos Humanos, se explica que hay evidencia ligada a la teoría del capital humano y retornos de inversión en la educación que respalda que los gobiernos que invierten en educación han logrado reducir la pobreza e incrementar su tasa de ingreso nacional, entre otros beneficios.

Ahora bien, ¿quiénes encuentran problemas para acceder a la educación?

El manual explica que las poblaciones vulnerables pueden dividirse en 14 grupos, según sus características. Estos grupos son: 1) niños y niñas con discapacidad; 2) niñas; 3) niños y niñas de los hogares más pobres; 4) niños y niñas en zonas rurales/de difícil acceso/remotas; 5) huérfanos; 6) minorías étnicas y/o lingüísticas; 7) niños y niñas afectados por VIH/SIDA; 8) refugiados y personas desplazadas internamente (IDPs, por sus siglas en inglés); 9) niños y niñas afectados por conflicto y crisis; 10) niños y niñas trabajadores; 11) minorías religiosas; 12) niños; 13) poblaciones de escasa demanda (por ejemplo, pastores); 14) niños y niñas de la calle.

Casos de incrementos en el presupuesto destinado a la educación de grupos vulnerables

→ Finlandia

En Finlandia el aumento presupuestal para apoyar a un grupo vulnerable en particular –las y los niños inmigrantes– ha sido un éxito. Tanto que, de forma consecutiva, se ha decidido mantener la inversión e incluso se ha aumentado su presupuesto con el paso de los años.

El contexto en este caso es importante. En el país nórdico analizado, el número de inmigrantes ha ido en aumento desde la década de los 90 y el incremento se ha agudizado en los últimos años por las solicitudes de refugio. Para reducir la vulnerabilidad de este sector poblacional, se han tomado diferentes medidas. La más importante: el Acta de Integración de Inmigrantes (1999), que se convirtió en Acta de Integración de Inmigrantes y Recepción de Refugiados (2010).

Según el documento The educational tracks and integration of immigrants del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia (2006), una de las reformas educativas más importantes de esta acta sucedió en 2006, cuando se decidió que habría un aumento presupuestal en las transferencias del gobierno central al gobierno local, destinado para estudiantes de lenguas extranjeras. También se podrían solicitar fondos del Ministerio de Educación y Cultura.

Los resultados del aumento presupuestal fueron exitosos y la población vulnerable se vio beneficiada.

Jarkko Hautamäki y Tommi Karjalainen, los investigadores del estudio The Finnish education system and PISA, notaron que: “los niños inmigrantes en Finlandia obtuvieron un puntaje de hasta 50 puntos más alto que el promedio en los países de la OCDE”. Agregaron que esto no se debía a la inteligencia de los niños finlandeses, sino a que todos los niños en el país tenía igual acceso a la educación básica, y las diferencias de calidad entre las escuelas eran mínimas. Por lo tanto, cualquier variación entre los resultados escolares de los niños también era pequeña.

El presupuesto destinado a la educación de inmigrantes ha ido en aumento. En 2017, se invirtieron 17.4 millones de euros para esta causa; en 2018, aumentó a 20.4 millones y, en 2019 y 2020 será de 20.8 millones.

→ Estados Unidos de América (EE. UU.)

La inversión que se analizó en Estados Unidos sucedió en 2007 y buscó apoyar a dos poblaciones vulnerables: personas en desventaja y educación especial. A nivel general tuvo algunos resultados exitosos, pero con amplias limitaciones.

Un poco más sobre el caso: en 2007, el gasto federal de EE. UU. fue de $ 71.7 billones en programas de educación elemental y secundaria. Los fondos fueron gastados por 12 departamentos federales y múltiples agencias. De esta cantidad, la inversión más fuerte se destinó para dos programas enfocados en ayudar a poblaciones vulnerables: educación para las personas en desventaja ($ 14.8 billones) y educación especial ($ 11.5 billones).

Los resultados de esta inversión son difíciles de medir. En el reporte, A Closer Look at Title I: Making Education for the Disadvantaged More Student-Centered, Susan Aud explica que: “en general, la financiación de la educación pública en los Estados Unidos durante el siglo pasado ha evolucionado de un sistema bastante sencillo de residentes locales que contribuyen con una parte de sus ingresos a la educación de los niños de la comunidad […] a un sistema complejo de fondos estatales y federales”.

A pesar de las limitaciones de medición, el reporte A National Education Blueprint: Investing in hispanics to fulfill America’s future (2012), muestra cifras positivas. El documento se enfoca en los resultados de los estudiantes latinos (un subgrupo de las personas en desventaja).

Se explica, por ejemplo, que la tasa de graduación de la escuela secundaria llegó al 81 %; en específico, las tasas de graduación de latinos pasaron del 64 % (2007-08) a 75 % (2012-13). Otros resultados positivos fueron: 1) la tasa de deserción en latinos bajó de 28 % en 2000 a 11.7% en 2013; 2) 79 % de los graduados hispanos de secundaria en 2012 se inscribió a la universidad, (este porcentaje fue más alto que la tasa de 67 % entre sus contrapartes blancas).

→ Canadá

En Canadá, la inversión se enfocó en la población vulnerable de minorías lingüísticas y ha tenido buenos resultados.

Los detalles del caso: durante 4 años fiscales (2005-2006, 2008-2009),  el Departamento de Patrimonio Canadiense (Department of Canadian Heritage) otorgó $ 1.02 miles de millones para contribuir a los costos de la educación de la población vulnerable que hablaba lenguas minoritarias o un segundo idioma. La financiación se proporcionó en varias categorías: fondos regulares, fondos adicionales, fondos para programas nacionales en idiomas oficiales y fondos complementarios. El gobierno federal, por su parte, también hizo contribuciones. El programa fue parte del Protocolo para Acuerdos para la Educación de Minorías Lingüísticas y la Enseñanza de Segunda Lengua.

Los resultados fueron positivos. Según el informe Evaluation of the Official Languages Support Programs, “la proporción de jóvenes canadienses inscritos en programas de segunda lengua en las escuelas de la mayoría en todo Canadá se mantuvo estable entre 2008-2009 y 2009-2010 (alrededor del 53.5 %). Durante el mismo período, la proporción de jóvenes anglófonos fuera de Quebec inscritos en programas de inmersión aumentó ligeramente (de 7 a 7.3 %). En cifras absolutas, el número de estudiantes matriculados en inmersión aumentó un 3.5 %”.

→ Gambia

El caso de República de Gambia para disminuir la iniquidad de género en el ámbito educativo ha traído buenos resultados. Para lograrlos, se han combinado reformas educativas con incrementos en la inversión gubernamental.

En 2009, el país invertía 17.8 % del presupuesto nacional en educación, para 2011 la cifra aumentó al 20 %. Con esto –más el apoyo económico de diversas organizaciones internacionales– se ha fondeado el Plan y Programa de Educación del Ministerio de Educación Básica y Secundaria (MoBSE) que busca lograr que niños, niñas y jóvenes accedan a su derecho a la educación, éste pone un énfasis particular a poblaciones vulnerables de niñas, mujeres, discapacitados y pobres. El programa cubre desde educación básica hasta universitaria.

En los últimos años, según el informe Education for all in The Gambia del gobierno de Reino Unido, se ha logrado un aumento importante en el número de inscripciones. A nivel primaria, pasaron del 52 % en el año 2000 a 61 % en 2006 y casi 90 % en 2011.

“Específicamente la población vulnerable de niñas tuvo avances notables. La proporción de niñas a niños en la educación primaria aumentó de 0.74 en 1996 a 1.04 en 2004; para secundaria inferior, aumentó de 0.72 en 1996 a 1.00 en 2008. Y en secundaria superior pasaron de 0.44 en 1996 a 0.94 en 2008. Desde entonces, las tasas de matrícula básica y secundaria han mantenido la paridad”, se explica.

→ Perú

El Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial (PMEI) en la Sierra del Perú, incluyó tres regiones: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica. Inició en 2013 y la población vulnerable a la que atendió fueron niños y niñas que viven en zonas de pobreza extrema.

Los objetivos del programa fueron: “ampliar la oferta y mejorar la calidad de los centros y programas de educación inicial para niños de 3 a 5 años. [Así como] brindar espacios educativos adecuados y seguros, mejorar prácticas docentes y de gestión educativa en el nivel inicial, y promover la participación de las familias en la educación de sus hijos”. El financiamiento fue de $35 millones de dólares, provenientes tanto del Ministerio de Educación como de organizaciones externas internacionales.

Los resultados, según un informe de Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), fueron positivos. Con el programa se logró que «los estudiantes del PMEI obtuvieran puntajes significativamente más altos en las pruebas cognitivas. Debido a mejoras en las prácticas pedagógicas (jornada escolar más larga y de mejor calidad)  […] y al trabajo con los padres de familia no solo en transmitir mensajes sobre mejora de las prácticas de crianza, sino también para explicarles y hacerlos parte de las nuevas propuestas pedagógicas de la escuela”.

Referencias

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http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=43395

Alcazar, L. & Chinen, M. (2018) Evaluación de Impacto del Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco. Recuperado de: http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/PMEI_AlcazarChinen-1.pdf

Azoulay, A. (2019) Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Educación. Documento de la UNESCO. Recuperado de:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366448_spa

Fuente:https://observatorio.tec.mx/edu-news/exclusion-educativa-de-grupos-vulnerables?utm_source=Newsletter+de+innovaci%C3%B3n+educativa+%28docentes%29&utm_campaign=9bc7ea36b4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_15_LDTEC_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e1a145e3e-9bc7ea36b4-235969733

Una reforma laboral ambiciosa para cumplirle a México

Por: Ricardo Corona

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

 

El 24 de febrero de 2017 se publicó la reforma constitucional laboral con el objetivo de mejorar las condiciones de justicia laboral en México. Actualmente, se discuten en el Congreso las correspondientes reformas a la legislación secundaria, lo que representa una oportunidad histórica que además se alinea al nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (2018), la agenda laboral tiene el mismo nivel de importancia que la seguridad. En este estudio, nuestro país se posicionó en el lugar 100 de 140 en el pilar de Mercado Laboral. En este pilar se evalúan temas vinculados al esquema de despidos laborales, cooperación entre trabajador y patrón, derechos de los trabajadores, facilidad para contratar extranjeros, movilidad laboral, participación femenina, entre otros.

En 2017, el Inegi publicó que se registraron poco más de 228 mil conflictos laborales, de los cuales un 93% fue por despido injustificado. Por otra parte, se registraron 636 conflictos colectivos, en los que en el 85% se reclamó la titularidad del contrato.

Como complemento a la estadística que proporciona el Inegi, el IMCO realizó un ejercicio estatal para evaluar el desempeño de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Se analizaron 402 expedientes de despido injustificado totalmente concluidos y se entrevistó a un grupo de 102 abogados laboralistas y a otro de 97 servidores públicos que laboraban en la JLCA. El mensaje general que arrojó la evaluación fue que la justicia laboral se utiliza más bien como un mecanismo formal de negociación o, en el peor de los casos, como herramienta de extorsión que se puede manifestar en abogados, despachos, sindicatos blancos, patrones o los mismos servidores públicos.

Urge modernizar la justicia laboral mexicana y con la iniciativa de reforma que actualmente se discute habrá mejoras en las condiciones laborales y en la productividad del país.

Algunas de las características más relevantes de la reforma que actualmente se discute en el Congreso:

● Desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que hoy dependen de los poderes ejecutivos estatal y federal, para pasar a formar parte de los poderes judiciales federal y estatales, respectivamente.
● Creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a contratos colectivos y asociaciones sindicales.
● Democratización sindical fortalecida con los ejes de rendición de cuentas y transparencia.
● Proceso de selección de líderes sujeto a votación personal, libre y secreta.
● Garantías al trabajador desde lo individual para hacer valer sus derechos laborales y decida libremente si quiere o no formar parte de un sindicato sin ser sujeto a represalias.
● Eliminar brechas por género, violencia e inequidad salarial.

Se trata de una reforma ambiciosa que necesita México y que, sin duda, además de mejorar las condiciones laborales y de productividad, cumplirá con los compromisos asumidos en el marco del T-MEC y la OIT.

Sin embargo, no hay que olvidar que no bastará con que la reforma sea aprobada. El siguiente paso será implementarla y evitar a toda costa que no suceda lo que en otras reformas, como la penal, a la que se le invirtieron ocho años para implementarla y hoy, a tres años de vigencia, no se han obtenido los resultados esperados.

Publicado por Expansión

Fuente:https://imco.org.mx/temas/una-reforma-laboral-ambiciosa-cumplirle-mexico/?fbclid=IwAR20X3rqFEoBs2uSryWysBrQFYZPCbhMIEsYH-8QGo4imThnqsljRgqw0H0

¿Pueden los gobiernos recuperar la confianza de los ciudadanos en América Latina?

por Carlos Scartascini

Si los gobiernos latinoamericanos quieren recuperar la confianza de los ciudadanos deben cumplir sus compromisos

La confianza es muy baja en América Latina, y cada día es más escasa. La mala gestión económica y financiera, los escándalos de corrupción y la desigualdad han causado estragos. Según Latinóbarometro, una encuesta de opinión pública anual en los 18 países de la región, la confianza en el gobierno descendió del 45% en 2009 al 22% en 2018, y la proporción de personas descontentas con la democracia aumentó del 51% al 71%.

Estos datos perjudican el contrato social entre gobernantes y gobernados. También perjudican las perspectivas de desarrollo. Los ciudadanos anhelan una mejor atención médica, mejores carreteras y mejores fuerzas policiales. Pero es muy poco probable que estén dispuestos a apoyar aumentos en los impuestos para mejorar esos servicios si no creen que el gobierno puede cumplir o si no tienen fe en la integridad del gobierno y su capacidad de gestión.

¿Qué se puede hacer para revertir esa tendencia inquietante y tejer de nuevo el frágil pacto social?

Tecnologías digitales para fomentar la confianza

Las organizaciones de desarrollo llevan mucho tiempo fomentando la idea de que una mayor transparencia y un mejor desempeño del gobierno pueden ayudar. En los últimos años, varios países latinoamericanos también han recurrido a tecnologías digitales para que sus ciudadanos puedan utilizar sitios web y aplicaciones que ayudan no solo para examinar el desempeño y los compromisos del gobierno sino también para denunciar la corrupción, la insuficiencia de servicios públicos y el incumplimiento de contratos.

¿Pero responden los ciudadanos positivamente a esa mayor transparencia? ¿Les preocupa la forma como son expresados los compromisos del gobierno? ¿O es el desempeño del gobierno lo único que, en última instancia, marca la diferencia?

Un estudio realizado en Buenos Aires

Indagamos en este asunto como parte de un reciente estudio en el que trabajé con colegas del BID y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para estudiar la reacción de los ciudadanos ante diferentes compromisos y su cumplimiento. Cabe destacar que la ciudad ha publicado unas 50 promesas en su sitio web, que van desde el aumento de instalaciones para personas discapacitadas hasta el aumento masivo de cámaras de seguridad. Pero más del 40% de los residentes consultados en una encuesta indican que nunca han visto el sitio web o no han escuchado dichas promesas.

Durante la evaluación, creamos una serie de viñetas, o presentaciones, proporcionando ejemplos concretos del desempeño y los compromisos del gobierno. La diferencia entre una viñeta y otra estaba en si los compromisos fueron comunicados como expresiones de equidad del gobierno o de eficiencia del gobierno, y si hacían énfasis en la superación o el bajo rendimiento en la consecución de los objetivos.

Los resultados del experimento en el que las personas fueron seleccionadas aleatoriamente para recibir diferentes mensajes son un buen indicador de lo que quieren los ciudadanos. Por un lado, llegamos a la conclusión de que la gente se mostró feliz ante la mayor apertura del gobierno. El mero hecho de saber que la ciudad había publicado sus promesas en el sitio web aumentó la creencia en su transparencia en nueve puntos porcentuales.

El desempeño positivo del gobierno aumenta la confianza  

Pero la manera como esas promesas estaban formuladas no generó diferencias significativas. En otras palabras, a la gente no le importó mayormente si el gobierno se comprometió a lograr ciertos objetivos para “mejorar el bienestar y la calidad de vida” (equidad) o para maximizar la eficiencia.  Lo que realmente le importó fue el desempeño. En efecto, si las metas específicas y su cumplimiento mostraron un buen o bajo rendimiento marcó una diferencia de cerca del 10% en cualquiera de los dos sentidos con respecto al nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno.

América Latina está en un momento crucial. Las denuncias judiciales a varios expresidentes y vicepresidentes por cargos de corrupción, el escaso crecimiento y la delincuencia desenfrenada, han conspirado para erosionar los vínculos fundamentales que unen a las personas con sus gobiernos. Como consecuencia, se está perdiendo la noción de un propósito común y los sacrificios, como impuestos más altos, ya no son vistos como una buena inversión a largo plazo. Esa es una amenaza para las inversiones de capital tan necesarias, para los esfuerzos de reforma, y para una serie de iniciativas potenciales que podrían aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida. El mensaje de nuestro estudio es que los gobiernos están haciendo lo correcto en el fomento de la transparencia, incluso a través de las tecnologías digitales. Pero esto no puede ser sólo un ejercicio de marketing. Lo importante no es cómo los gobiernos presentan sus compromisos; sino que los cumplan.

Fuente:https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/pueden-los-gobiernos-recuperar-la-confianza-de-los-ciudadanos-en-america-latina/?utm_source=emai

 

El panorama de la corrupción en América Latina

Demonstrators take part in a march to protest against the decision of Guatemala President Jimmy Morales to end the mandate of the U.N.-backed anti-graft commission (CICIG), in Guatemala City, Guatemala, January 12, 2019. REUTERS/ Luis Echeverria - RC154FBF97E0

Imagen: REUTERS/ Luis Echeverria

Por: Stéphanie Chevalier Naranjo

El pasado martes 29 de enero, la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) presentó su informe anual sobre la percepción de la corrupción en el sector público en 2018. La clasificación, que abarca un total de 180 países, se basa en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), este elaborado gracias a los testimonios de expertos y actores del sector privado.

Tanto a nivel global como regional, el informe de este año subraya el vínculo entre la corrupción y el debilitamiento de las democracias. Tal y como muestra esta infografía de Statista, Venezuela ocupa el peor puesto en percepción de corrupción en América Latina, con 18 puntos sobre 100, seguido de Nicaragua y Guatemala, con 25 y 27 puntos respectivamente. Al igual que en 2017, Uruguaysigue liderando la región en materia de transparencia, ubicándose en el puesto 23 a nivel global y obteniendo la primera posición a nivel regional, con una puntuación de 70 sobre 100.

Imagen: Esta infografía muestra una clasificación de los países de América Latina en base al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el sector público en 2018.

Índice de Movilidad Urbana 2018: Barrios mejor conectados para ciudades más equitativas

  • El IMCO hace un llamado a los gobiernos locales para diseñar y ejecutar planes estratégicos de movilidad que tengan como prioridad a las personas.
  • Las ciudades mexicanas con la movilidad más competitiva son el Valle de México, Saltillo y Guadalajara, mientras que las menos competitivas son Villahermosa y Acapulco.
  • En México, entre 1990 y 2015, los vehículos crecieron 3.5 veces más rápido que la población.
  • En 2015, 15 de las 20 ciudades más importantes de México no registraron inversión en transporte público.
  • Solo la CDMX, el Estado de México, Jalisco y Coahuila cuentan con una ley específica de movilidad.
  • El IMCO propone seis acciones específicas para mejorar la movilidad urbana del país y, con ello, la calidad de vida de las personas.

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) hace un llamado a los gobiernos locales a diseñar y ejecutar planes estratégicos de movilidad que tengan como prioridad a las personas. Esto tiene un impacto favorable en el desarrollo económico regional, la planeación urbana, la capacidad adquisitiva de las familias, así como en la salud y la equidad entre los mexicanos.

Contrario a las mejores prácticas nacionales e internacionales, la gran mayoría de las autoridades locales de México han privilegiado el uso del automóvil particular. Como resultado de esta política y de acuerdo con estimaciones del IMCO, entre 1990 y 2015 el parque vehicular a nivel nacional aumentó a una tasa promedio anual del 5.3%, mientras que la población lo hizo a un ritmo del 1.5%. Asimismo, estas políticas han llevado a un crecimiento desordenado de las ciudades,  al uso ineficiente de recursos públicos en la construcción de infraestructura, a problemas de congestionamiento y a pérdidas sociales en la relación tiempo/calidad de las personas por los prolongados periodos de desplazamiento.

Estos y otros retos se observan en el Índice de Movilidad Urbana (IMU), elaborado por el IMCO. El estudio se construyó a partir de la medición y comparación de las condiciones de movilidad de las 20 ciudades mexicanas más importantes, así como de su capacidad para ofrecer alternativas de transporte atractivo, deseable y alcanzable para toda su población. Se busca medir qué tan competitiva es la movilidad, el  principal eje rector es la distancia que un peatón o ciclista recorre en 30 minutos, considerando la calidad y los servicios ofrecidos en una zona con alta actividad económica.

Mensajes clave del estudio

  • La movilidad eficiente es fundamental para el crecimiento económico sostenido y sustentable de las ciudades.
  • Las autoridades estatales y municipales deben promover el crecimiento denso y ordenado, con opciones de transporte público y no motorizado de calidad.
  • Las opciones de transporte deben incluir la operación regulada de iniciativas de transporte individual y colectivo basadas en plataformas tecnológicas privadas. La regulación no debe crear barreras de entrada para este tipo de iniciativas.

Resultados generales del IMU

De las 20 ciudades estudiadas, que contemplan 203 municipios, destaca que:

  • El Valle de México, Saltillo y Guadalajara cuentan con un nivel de competitividad adecuado. Las ciudades con mayores alternativas de movilidad tienen mejor desempeño en la producción y el bienestar social, además de observar en ellas salarios altos y tasas de crecimiento 2.3 veces más rápidas.
  • Tampico – Pánuco tiene un nivel de competitividad media baja, mientras Villahermosa y Acapulco presentan competitividad baja. La movilidad ineficiente tiene implicaciones en otros rubros delicados de atención a la comunidad. Por ejemplo, en estas ciudades la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es casi cuatro veces mayor que en las tres ciudades con mejor movilidad.

Resultados por subíndice

  • Eficiencia y transparencia gubernamental. Mide el desempeño de los gobiernos locales en inversión en transporte sustentable, provisión de transporte, transparencia y gestión de calidad del aire.  

Resultados. Primer lugar: Valle de México. Último lugar: Acapulco.

Explicación. Es el subíndice que mayor impacto tiene sobre el índice general. Una movilidad más competitiva está relacionada con una mayor inversión de recursos en infraestructura de movilidad sustentable, así como con mejores prácticas en transparencia presupuestal y menores índices de percepción de corrupción.

A destacar. En promedio, durante 2015, del total de sus recursos federales para movilidad, las ciudades invirtieron tan solo 2% en transporte público y 7% en infraestructura ciclista y peatonal. Además, 15 de las 20 ciudades no registraron inversión en transporte público ese año.

  • Regulación. Mide la existencia de un marco normativo que promueva la adecuada planeación e implementación de la movilidad en la ciudad. Por ejemplo, si se cuenta con una ley en la materia, si en la normatividad vigente se incluyen parámetros necesarios para incentivar la movilidad sustentable o  si la regulación genera barreras a la competencia entre iniciativas de transporte.

Resultados. Primer lugar: Valle de México. Último lugar: Acapulco.

Explicación. Es el segundo subíndice con mayor impacto. Es casi tan importante la regulación como la forma en la que las autoridades locales invierten e implementan  políticas públicas. Ciudades con mejor normatividad (donde se reconoce a la movilidad como un derecho y al peatón como prioritario, se privilegia al transporte público y no motorizado, así como se impulsa la innovación) tienden a tener menores tiempos de traslado y mejor accesibilidad.

A destacar. Las leyes de movilidad de la CDMX y del Estado de México son las mejores prácticas del país.

  • Funcionamiento de infraestructura. Mide las percepciones de los usuarios sobre el funcionamiento de los servicios, así como el tipo y las características de la infraestructura para la movilidad.

ResultadosPrimer lugar: León. Último lugar: Querétaro.

Explicación. Ciudades en donde la población tiene buena percepción del funcionamiento de la infraestructura urbana y del servicio de transporte (incluye el  desempeño de choferes de camiones, limpieza de unidades y cobertura de las rutas) cuentan con mejor desempeño en movilidad.

A destacar. En promedio, en 2015, el 67% de los usuarios del transporte público en las ciudades de la muestra consideraron que la cobertura de la red fue suficiente. Sin embargo, el 41% de los usuarios esperó mucho tiempo entre unidades y el 64% cree que las unidades están en mal estado.

La crisis de abasto de gasolina ha evidenciado la dependencia al automóvil y las carencias en el transporte público. Cambiar la vida de todos es posible si logramos reconstruir y reinventar nuestras ciudades.

“Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público”.-  E. Peñalosa, alcalde de Bogotá.

IMCO PROPONE

  1. Promover transporte público, limpio, y financieramente sostenible con precios que cubran los costos de operación, pero con tarifas diferenciadas para que la población vulnerable pague menos.
  2. Permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas a través de tecnologías de la información. Desregular primero en lugar de prohibir y generar regulación basada en evidencia, por medio del intercambio de información entre Gobierno y empresas.
  3. Elaborar una ley de movilidad que dé prioridad al peatón, así como a la planeación de sistemas de transporte público y no motorizado.
  4. Incentivar el uso de transporte público y no motorizado, y financiarlo a través de impuestos verdes, como la tenencia, cobro de vialidades urbanas e impuesto sobre gasolinas.
  5. Fomentar el crecimiento de ciudades más compactas con usos de suelo mixto, incentivos fiscales para la construcción de vivienda social en el centro de las ciudades, bancos de tierra públicos para proyectos de desarrollo orientados al transporte (DOT) y la eliminación de requerimientos mínimos de cajones de estacionamientos (como en CDMX y Guadalajara).
  6. Dotar a los Institutos Municipales de Planeación (Implanes) con atribuciones necesarias para sancionar, a fin de que se cumplan los Planes de Ordenamiento Territorial.

Fuente:https://imco.org.mx/banner_es/indice-movilidad-urbana-2018-barrios-mejor-conectados-ciudades-mas-equitativas/?fbclid=IwAR3RENu7dRQ6fTmgBsD7-VEy1AgRbDSnCnptmB2hOpPGbeZQ3ZV1pTi9jUk

Los desafíos de América Latina en 2019

Chile's President Sebastian Pinera delivers a speech during the closing ceremony of the summit of the Community of Latin American, Caribbean States and European Union (CELAC-UE) in Santiago January 27, 2013. REUTERS/Victor R Caivano/Pool (CHILE - Tags: POLITICS BUSINESS) - GM1E91S05UY01

Imagen: REUTERS/Victor R Caivano/Pool (CHILE)

Por: Jerónimo Ríos Sierra

¿Qué le espera a la región en cuestiones económicas, políticas y sociales en el nuevo año?

El año 2019 se espera que sea de continuidad para buena parte de las tendencias que acontecen en el escenario latinoamericano. Las expectativas generales que plantea el Fondo Monetario Internacional en la región se ubican en el 2% de crecimiento económico, si bien, únicamente en Brasil, Colombia y Panamá se apreciarían tendencias expansivas de la economía, mientras que en Perú, México o Chile se prevé una importante desaceleración, más pesimista, si cabe, para casos como el argentino (-1%) o el venezolano (-11,5%).

Sea como fuere, las previsiones respecto de la inflación son estables (3,8%) –con las excepciones de Argentina (28%) y Venezuela que, en este momento, se encuentra con una inflación real incalculable, con al menos tres ceros en su haber. Lo mismo es que, en términos comerciales, América Latina también mantiene su déficit por balanza de pagos, solo superavitario en dos pequeñas economías como son Guatemala y Paraguay, además de Venezuela –en parte, fruto de la moratoria en su pago de la deuda externa, el tipo de control de cambios, las remesas y la tendencia al alza de los precios del petróleo. Es decir, en el resto de economías del continente, el déficit comercial asciende a varios miles de millones de dólares, tal y como sucede en Brasil (27.000 millones), México (23.000), Colombia (11.000), Argentina (10.000) o Chile (6.000).

Dicho de otro modo, el referido contexto de ciclo económico desacelerado se une a un importante déficit comercial, dificultando la capacidad de mitigar el crecimiento sostenido de la pobreza y de la desigualdad que, nuevamente y como sugiere la CEPAL, vienen experimentando una deriva ascendente en los últimos años en el continente latinoamericano. Lo anterior, igualmente, fruto de los reducidos niveles de inversión, tanto en materia de infraestructura y comunicaciones, como en gasto público y políticas sociales. Esta es una realidad especialmente preocupante en la que se trata de la región más desigual del mundo y que explicaría buena parte de su ingente nivel de violencia homicida cada 100.000 habitantes –de nuevo, para Naciones Unidas, el más elevado del globo-; que, además, afecta principalmente a los grupos más vulnerables como las minorías étnicas y las mujeres, según reconoce ONU Mujeres.

Los años gloriosos de la década pasada del giro a la izquierda y del regionalismo posliberal, que invitaban con optimismo a pensar en la posibilidad de abrir una nueva etapa de prosperidad y cambio en la región, más bien, se han tornado en la enésima oportunidad perdida para el continente; inmerso en un momento de crecimiento a la baja y de continuidad con problemas y dificultades que parecen tornarse irresolutos.

Imagen: Panorama Social de América Latina/ CEPAL

 

Del lado de la política, 2019 puede suponer un año de contrapesos a la deriva conservadora acrecentada en los últimos años, y que sitúa a la región en un impasse entre los modelos de retorno o consolidación del modelo neoliberal (Perú, Colombia, Chile, Argentina) y los modelos acuñados bajo el tiempo del progresismo, los cuales buscaban una mayor simetría entre las aristas del trinomio Estado-Mercado-Sociedad Civil (Ecuador, Uruguay, Bolivia). Asimismo, frente a lo anterior, quedaría por ver hacia dónde se orienta el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, y el nivel de influencia y afectación que la ultraderecha brasileña puede experimentar con Jair Bolsonaro al frente. Al igual, habrá que prestar atención a las posibles fricciones en la relación entre Colombia y Venezuela, que han experimentado importantes desencuentros en 2018, y al impulso de una integración regional maltrecha, en especial, en el escenario andino y mercosureño.

En cuanto a los procesos electorales, este 2019 se espera la celebración de seis elecciones presidenciales: El Salvador (febrero), Panamá (mayo), Guatemala (junio), Bolivia (octubre), Uruguay (octubre) y Argentina (octubre). De este modo, y cuando estamos muy lejos del tiempo y las particularidades que ofrece la disputa electoral de la campaña, es posible vislumbrar algunos escenarios. Por ejemplo, es muy posible que, en El Salvador, rompiendo la lógica bipartidista presente desde 1989, los comicios presidenciales dejen consigo la victoria de un candidato que no pertenece ni al partido conservador ARENA, ni al Farabundo Martí de Liberación Nacional -en el Ejecutivo desde 2009-, tal y como sucedería con el exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, al frente de la Gran Alianza por la Unidad Nacional.

En Panamá, donde gobierna el Partido Panamañista, con el conservador Juan Carlos Varela, será difícil que haya continuismo, habida cuenta de la baja popularidad del presidente y la prevalencia de la disputa por la misma en torno al binomio formado por el progresista Partido Revolucionario Democrático y el conservador Cambio Democrático. Por otro lado, en Guatemala, en donde la realidad política se encuentra cooptada por el personalismo, el corporativismo y el tradicionalismo, no parece posible la reelección de Jimmy Morales como presidente, fuertemente azotado por la corrupción y el descrédito. Los mejor posicionados son perfecta muestra del arraigo clientelar que acontece en Guatemala: Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt; Sandra Torres, exmujer del mandatario guatemalteco entre 2012 y 2014, Álvaro Colom; y Alejandro Giammattei, quien se presenta por cuarta vez a los comicios presidenciales. En todo caso, una nota positiva para aspirar a un posible cambio político puede estar en la candidatura del Movimiento Semilla, con Thelma Aldana al frente.

En el caso de Uruguay, la coalición de izquierdas del Frente Amplio buscará su cuarta presidencia consecutiva, en lo que pareciera la excepción más positiva y significativa del progresismo latinoamericano. Mientras que Partido Colorado y Partido Nacional concurrirán con nombres ya conocidos en la carrera electoral, el Frente Amplio debutará con un candidato nuevo –tras las experiencias de Tabaré Vásquez (actual mandatario) y Pepe Mujica. Aunque es de esperar que Nacionales y Colorados se sumen para romper un ciclo largo de progresismo en Uruguay, hay que ver cómo opera el balotaje, cuáles son las tensiones en el seno de la oposición y la posición de los indecisos, además de la capacidad de aglutinamiento de apoyos del oficialismo –la cual suele ser muy alta- y en particular, a partir del recurso a figuras de alta popularidad, como la del actual precandidato –junto a otros tres- Daniel Martínez.

Por su parte, en Bolivia es posible esperar otra lógica de concurrencia electoral de “todos contra Evo”, quien se encuentra al frente del país andino desde 2006. Los altos niveles de crecimiento económico, inversión y estabilidad acuñados por sus tres mandatos consecutivos tendrán ante sí una prueba de fuego en el mes de octubre. Las elecciones que, posiblemente, se resolverán en una segunda vuelta entre el actual mandatario y quien fuera presidente del país entre 2003 y 2005, Carlos Mesa, que se encuentra respaldado por el Frente Revolucionario de Izquierda. En cualquier caso, no se ha de infravalorar la capacidad movilizadora de un MAS que en primera vuelta pueda alzarse con la victoria presidencial.

Finalmente, en Argentina está por ver si Cristina Fernández se presentará a la disputa por la presidencia del país, y si lo hará de manera independiente o respaldada por el peronismo para vencer al actual presidente, Mauricio Macri. Sin duda, el argentino, de todos los casos, es de lejos el más complejo de vaticinar y en donde es de esperar que la difícil situación económica que atraviesa el país sea la que marque el ritmo y el resultado final de las elecciones.

En cuanto a la política exterior habrá que ver si la llegada de López Obrador a México, o la de Bolsonaro a Brasil, inspiran algún tipo de cambio en un código geopolítico estadounidense anclado en el repliegue y el debilitamiento consciente del escenario interamericano. Asimismo, hay que esperar a ver si se produce algún avance significativo en el diálogo birregional con la Unión Europea, que si bien en la primera mitad de la década obtuvo cierto impulso a través de las Cumbres EU-LAC y la firma de los Acuerdos de Asociación Estratégica con Centroamérica y el Acuerdo Multipartes con Perú y Colombia, en la actualidad sigue demandando de mayores avances y compromisos, al quedar muy lejos de la relación comunitaria con otros enclaves como África o el Pacífico.

Quien, seguramente, seguirá expandiendo su presencia será China. En muchos países ya se ha consolidado como primera o segunda fuerza de intercambio comercial, y resulta notable el terreno arrebatado en los últimos años a Estados Unidos y a la Unión Europea, gracias a un intercambio que supera los 300.000 millones de dólares y sigue en alza. Del mismo modo, la inversión extranjera se eleva de manera sostenida por encima de los 200.000 millones de dólares y busca hacer del continente una suerte de patio trasero que le satisfaga de materias primas para mantener su ritmo de industrialización y, a la vez, se erija como ese escenario particular en el que ubicar buena parte de su industria de productos y servicios. Sin duda, una relación asimétrica y condicionada en favor de China pero que a su vez lastra la misma proyección latinoamericana. Lo anterior, en tanto que, si bien la presencia del gigante asiático, a pesar de la ralentización de su crecimiento económico, retorna beneficios económicos inmediatos para el continente, a su vez dificulta la industrialización autónoma de éste y la posibilidad de consolidar valores agregados propiamente latinoamericanos.

Algo parecido cabe esperar de Rusia, que desde 2008 ha venido experimentando una presencia creciente en América Latina –si bien esta es ocho veces menor respecto al nivel del intercambio comercial chino- y que se ha consolidado en los últimos años gracias al respaldo que países como Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador o Venezuela otorgaron a Vladímir Putin tras las sanciones de la Unión Europea por la anexión de Crimea. En todo caso, el eje La Habana-Managua-Caracas seguirá siendo el que realmente importa a los intereses geopolíticos de Moscú en la región. Lo anterior, aun cuando estos tres países no atraviesan su mejor momento, y las buenas relaciones y el acercamiento que se llevó a cabo con la Argentina de Cristina Fernández y el Brasil de Lula Da Silva se inscribe en un momento político que parece quedar hoy en día muy alejado.

Quizá, una clave en todo esto sea la de optar por una apuesta regionalizadora propia, que sepa integrar los aspectos positivos de la liberalización aperturista con las lógicas de fortalecimiento institucional y confianza mutua a las que aspiraba la apuesta posliberal de CELAC o UNASUR. Sin embargo, seguro, nada de eso sucederá, en tanto que la política regional seguirá siendo interpretada en clave partidista y de gobierno, y no en sentido de Estado y región.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2019/01/los-desafios-de-america-latina-en-2019/