Índices de Competitividad Estatal y Urbana 2018: ¿Ahora con quién me enojo? Herramientas de exigencia ciudadana

  • En la Zona Metropolitana de La Laguna se implementó una Policía Metropolitana en 2012, lo que se asocia, junto con otras acciones, con una reducción en la tasa de homicidios en un 82%.
  • La desigualdad tiene muchas dimensiones en la vida cotidiana de las personas. En Coahuila, tres de cinco trabajadores tienen acceso a instituciones de salud, mientras que en Guerrero solo uno de cinco.
  • Los estados más competitivos del Índice de Competitividad Estatal 2018 son Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León. Los menos competitivos son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
  • Las ciudades más competitivas del Índice de Competitividad Urbana 2018, por categoría, son Valle de México (más de un millón), Cancún (de 500 mil a un millón), Puerto Vallarta (de 250 a 500 mil) y Piedras Negras (menos de 250 mil).

Los mexicanos estamos enojados. Entre otras razones porque no somos el centro de las decisiones tomadas por  la autoridad. Cuando queremos quejarnos o buscar apoyo de las instituciones públicas, resulta difícil identificar las responsabilidades de cada orden de Gobierno. En el caso de los municipios, las diferencias pueden ser muy grandes. Por ejemplo, Chilpancingo, Guerrero tiene 17 funciones establecidas en la Constitución federal, mientras que Villa de Durango, Durango tiene 34 derivadas de las leyes locales del estado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) presenta el Índice de Competitividad Estatal 2018. El Estado, los estados y ¿la gente?, así como el Índice de Competitividad Urbana 2018. Califica a tu alcalde: manual urbano para ciudadanos exigentes. Ambos estudios tienen el objetivo de identificar las principales ventanas de oportunidad en la mejora de los servicios públicos en estos ámbitos de Gobierno.

El desempeño de los gobiernos es clave, pues determinará el resultado de la competencia entre estados y ciudades por talento e inversiones. Aquí presentamos los nueve retos que definirán el futuro de nuestros estados y ciudades:

  1. Exceso de trámites: ventanillas para la extorsión. La mejora regulatoria se queda en la propaganda, si no reduce la tramitología de estados y municipios. Cuatro de los 10 trámites con mayor percepción de corrupción son responsabilidad absoluta de los municipios. Se debe contar con acceso digital a  una lista clara y completa de los requisitos de apertura y operación de establecimientos mercantiles para reducir las oportunidades de extorsión burocrática que tienen las autoridades locales.

Algunos ejemplo de reglas locales absurdas y ambiguas que dificultan la sobrevivencia de empresas medianas y pequeñas:

  •  En  Acapulco, la autoridad municipal debe considerar adecuadas las persianas, cortinas u otros materiales que utilicen los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.
  •  En Tijuana, para autorizar la operación de salas de masaje, los interesados deben entregar carta de residencia, contar con dictamen favorable de impacto social expedido por la Secretaría de Gobierno, contar con tarjeta de salud y acreditar la mayoría de edad de los empleados.
  •  En Chihuahua, la Subdirección de Gobernación Municipal puede suspender las licencias para fotógrafos y videógrafos si, a su juicio, considera que hay una oferta excesiva de dicha actividad.

 

  1. La desigualdad del ingreso se puede medir en el tiempo invertido en el traslado cotidiano de la casa al trabajo. El promedio de una renta mensual en las colonias de las estaciones de la Línea 3 del metro de la CDMX es de 11 mil 898 pesos, mientras que un trabajador de tiempo completo en la capital de la República gana en promedio 7 mil 253 pesos al mes. Para lograr ciudades compactas y equitativas es necesario crear programas de vivienda de bajo precio y bien localizada e impulsar modelos innovadores como la vivienda en renta.

  1. La mayoría de los operadores de agua son ineficientes y tienen un diseño institucional que perjudica su desempeño:
  • No operan como empresas productivas de carácter paraestatal.
  • No cubren sus costos con ingresos propios.
  • No son transparentes ni rinden cuentas.
  • Las tarifas de agua se determinan con criterios políticos en los congresos locales.

Para ofrecer mejores servicios de agua es necesario crear organismos operadores metropolitanos, así como establecer tarifas que reflejen los costos de operación.

  1. Falta de coordinación entre municipios, estados y Federación para afrontar la inseguridad fue uno de los principales problemas asociados al aumento de la violencia. En 2011, el aumento de la violencia en la Comarca Lagunera redujo el crecimiento económico de la región. En 2012, los gobiernos de Coahuila y Durango pusieron en marcha la Policía Metropolitana. Acciones como esta se asocian con una contracción del 82% en la tasa de homicidios de la Zona Metropolitana entre 2011 y 2017. Se requiere la coordinación local para reducir los impactos de la fragmentación administrativa de las zonas metropolitanas del país. Las soluciones a las múltiples crisis de seguridad que coexisten en el territorio nacional dependen de soluciones planteadas desde un conocimiento de los problemas locales. El control territorial que se requiere para reducir los índices de criminalidad solo se puede lograr con policías estatales y municipales profesionales y respetadas.

  1. El Ramo 23 genera amplios márgenes de discrecionalidad, ya no solo cubre previsiones salariales, su objetivo inicial, ahora incluso incorpora el “fondo de moches”. Necesitamos que las transferencias federales, como las del Ramo 23, se asignen de forma objetiva, transparente y competida para implementar políticas públicas innovadoras en los estados. Con el fin de evitar la discrecionalidad que permite el Ramo 23 se debe mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las transferencias federales, mediante:
    • Fórmulas de distribución
    • Reglas de operación
    • Criterios innovadores de competencia que reconozcan las asimetrías regionales y los esfuerzos de mejora.

6. Invertir en energías renovables es un buen negocio para los estados y el sector privado. Gobiernos estatales deben estar comprometidos en impulsar la generación de energía limpia y el ahorro energético. Actualmente, México depende de la importación de combustibles, tanto gasolina como gas:

  • 50% de la electricidad del país se genera en plantas de ciclo combinado que operan con gas, de acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE)*.
  • De 2000 a 2014, la importación de gasolina aumentó 143%  y la de gas natural 880%.

Es necesaria la creación de una agenda de generación limpia para disminuir la dependencia de combustibles fósiles, el riesgo de desaceleración económica y combatir el cambio climático.

  1. La información sobre la empleabilidad de los egresados universitarios debe servir para guiar las decisiones de los estudiantes. El retorno sobre la inversión debe priorizar a las familias mexicanas, no a las burocracias académicas. Usar estadísticas para desarrollar planes de estudio y ampliar la matrícula con base en las habilidades productivas y sociales más demandadas por el mercado laboral.

  1. Los gobiernos estatales deben generar estadísticas de salud confiables para mejorar los estándares de calidad y satisfacer la demanda de servicios. Las estadísticas de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) son deficientes:
  • Los datos disponibles tienen un rezago de tres años.
  • Dejaron de actualizarse los datos de acceso total a instituciones de salud.
  • No existen indicadores de calidad de servicios de salud comparables entre instituciones públicas y privadas.

Es necesario crear una plataforma de indicadores comparables para todas las instituciones de salud.

Hoy, el lugar en que nacemos tiene un enorme peso en determinar el acceso que tendremos a instituciones de salud o, en general, los años que vamos a vivir.

  1. Disminuir riesgos de corrupción con herramientas electrónicas en el Gobierno para transparentar y hacer más eficientes las interacciones con los ciudadanos.

El uso de papel no solo complica los trámites, sino que hace casi imposible el trabajo de auditoría. Un ejemplo es el archivo muerto de Tamaulipas, donde en un ejercicio de depuración, el Gobierno reportó el reciclaje de 16 toneladas de documentos solo de su Secretaría de Educación. Si todas las dependencias de los estados contarán con un archivo similar, en México tendríamos 9 mil toneladas de archivo muerto. La digitalización de archivos va a permitir tener gobiernos cuyos gastos sean más fáciles de auditar, cuya gestión interna sea más eficiente y que brinden mejores servicios a los ciudadanos.

RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD

Los índices de competitividad miden la capacidad de los estados y las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes.

Índice de Competitividad Estatal

El Índice de Competitividad Estatal 2018 (ICE) está compuesto por 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices. De los 98 indicadores: 57 mejoraron, 9 no presentaron cambios y 32 empeoraron.

Índice de Competitividad Urbana

El Índice de Competitividad Urbana 2018 (ICU) evalúa a las 73 ciudades, 363 municipios más importantes de México, a partir de 120 indicadores que están agrupados en 10 subíndices. De los 120 indicadores: 50 mejoraron, 18 no tuvieron cambios y 52 empeoraron.

Fuente:https://imco.org.mx/temas/indices-competitividad-estatal-urbana-2018-ahora-quien-me-enojo-herramientas-exigencia-ciudadana/

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Empleos de altos salarios, destruidos por política salarial-laboral de EPN: Ibero

Las políticas salariales y laborales implementadas en la administración de Enrique Peña Nieto, destruyó fuentes de trabajo con salarios altos, según un estudio de la Universidad Iberoamericana.

De hecho, según el estudio coordinado por el doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Ibero, solo se crearon empleos con bajo ingresos salarial.

“En la administración de Peña Nieto, la precariedad en las condiciones laborales, con población sin seguridad social, contratación no permanente y sin prestaciones, se vio acompañada de creación de puestos de trabajo con menores salarios y destrucción de empleos con mayores remuneraciones”, explicaron los investigadores.

Los investigadores explicaron que entre 2013 y 2018 se crearon tres millones 189 mil 748 puestos de trabajo en esta población.

“La población asalariada donde hubo un mayor crecimiento del empleo fue la integrada por trabajadores que perciben entre un y hasta dos salarios mínimos mensuales. Por el contrario, donde más fuentes de trabajo se perdieron, con un total de 1.058 millones de empleos, fue entre quienes reciben de sueldo más de tres y hasta cinco salarios mínimos. A esto último hay que añadir que entre quienes ganan más de cinco salarios mínimos se perdieron un 1.039 millones de empleos”, explicaron.

 

Además, según el estudio, prácticamente 7 de cada 10 mexicanos gana entre 0 y 3 salarios mínimos.

 

Gráfico: Universidad Iberoamericana”Por ello estos individuos viven en condición de precariedad. Esta situación, garante de la persistencia de la pobreza en sus hogares, considerando que de acuerdo al Coneval, se requieren de cuatro salarios mínimos para que un hogar promedio de cuatro personas no caiga debajo de la línea de pobreza monetaria (Informe 2018 del Observatorio de Salarios)”.

Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018. Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad

  • Todas las entidades de la República violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
  • Los gobiernos estatales tienen un cumplimiento promedio del IIEG del 59%. Los tres estados con mayor cumplimiento son Puebla (96%), Campeche (88%) y Querétaro (87%). Los de menor cumplimiento son Michoacán (32%), Ciudad de México (31%) y Nayarit (15%).
  • El análisis del gasto de los estados refleja la falta de planeación, un incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales.
  • Las entidades subestimaron sus ingresos en 18% y contrataron 246% más deuda de la aprobada, lo que permitió que gastaran 17% más de lo presupuestado.
  • Si en los últimos tres años los estados hubieran gastado lo que presupuestaron para gasto burocrático, se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos, lo que equivale al financiamiento de 6 años de la pensión federal para adultos mayores.

El Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2018) mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que al no alcanzar el 100% de desempeño, ninguna entidad da cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, instrumento normativo que, a más de 10 años de aprobado, ordena mecanismos de transparencia, armonización y homologación de información sobre el ejercicio de los recursos públicos.

En comparación con la edición anterior, 19 entidades mejoraron y 13 retrocedieron. Entre los estados con menor cumplimiento destaca el caso de Nayarit, entidad que hasta febrero de 2018 no había publicado 51 de 72 documentos evaluados correspondientes al primer, segundo y cuarto trimestre de 2017.

De acuerdo con el análisis, el cumplimiento a los presupuestos de egresos de las entidades federativas es un acto de simulación y discrecionalidad. Las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado. La falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas.

Análisis del ejercicio del gasto estatal

Ingresos

  • En 2017, los gobiernos estatales recaudaron 319 mil 753 millones de pesos más de lo estimado (18%), lo cual equivale al 60% del saldo de la deuda pública a nivel estatal al cierre de 2017 (529 mil 174 mdp).
  • Los ingresos excedentes permiten un mayor gasto. Sin embargo, al no estar debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional, es decir, son cheques en blanco.

Gasto

  • De 2 mil 016 conceptos de gasto en 2017, el 41% presentó variaciones al alza y a la baja mayores al 50% entre los montos aprobados y ejercidos.
  • En 2017, los poderes ejecutivos estatales gastaron 294 mil 998 millones de pesos adicionales a lo presupuestado (17%). Seis entidades tuvieron sobreejercicios de al menos 25%.

Las prioridades de los gobiernos estatales: el gasto burocrático

El gasto burocrático aumentó en 11%, con un gasto adicional de 62 mil millones de pesos. Si en los últimos tres años los estados hubieran gastado lo que presupuestaron para este rubro, se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos.

Una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos dejan a la vista las verdaderas “prioridades” de las administraciones estatales. Los gobiernos estatales asignan recursos a rubros que no tienen un impacto directo en la población. Lo anterior no significa que se deba eliminar el gasto burocrático, pero sí auditarlo, analizar las necesidades de la población y replantear su tamaño.

Gasto en sueldos y salarios

  • En su conjunto, las entidades gastaron 18 mil 718 millones de pesos más de lo aprobado en este concepto.
  • Jalisco tuvo una variación al alza del 93%.

Artículos de oficina

  • Los estados gastaron 38% más recursos (1 mil 635 millones de pesos) de lo presupuestado.
  • 21 estados ejercieron más de lo aprobado para este concepto y cuatro entidades variaron más del 300%: Guerrero (440%), Morelos (415%), Baja California Sur (361%) y Zacatecas (321%).

Gasolina

  • Los estados gastaron 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado.
  • 25 estados ejercieron más de lo aprobado para este concepto.
  • Guerrero ejerció el doble de lo autorizado en gasolina.
  • Chihuahua gastó en combustibles un monto equivalente al 196% de su gasto en protección ambiental.

Ceremonias oficiales

  • Los estados gastaron 91% más recursos (2 mil 103 millones de pesos) de lo presupuestado.
  • 26 estados ejercieron más de lo autorizado para este concepto.
  • Para 2017, Guerrero presupuestó solo 20 mil pesos y terminó con un gasto de 134 millones de pesos, una diferencia de 645,946%.
  • Yucatán ejerció en ceremonias oficiales un monto equivalente al 97% de su gasto en infraestructura.

Traslados y viáticos

  • Los estados gastaron 12% más recursos (229 millones de pesos) de lo presupuestado.
  • 11 estados ejercieron más de lo aprobado para este concepto.
  • Baja California ejerció en viáticos un monto equivalente al 365% de su gasto en salud y Guerrero erogó más del triple de lo aprobado (342%).

Servicios básicos

  • Los estados gastaron 11% más recursos (1 mil 669 millones de pesos) de lo presupuestado.
  • 19 estados gastaron más de lo aprobado para este concepto.
  • Jalisco (123%) y Morelos (120%) ejercieron más del doble de lo aprobado inicialmente en sus presupuestos de egresos.

Publicidad oficial

  • Coahuila gastó en publicidad oficial 1 mil 429 millones de pesos, cantidad similar al gasto total en seguridad pública (1 mil 449 mdp) en un estado en donde el 55% de la población considera la inseguridad como el problema más importante.
  • Quintana Roo ejerció un monto equivalente al 81% de su gasto en protección ambiental.

Del dicho al hecho, la austeridad es más un discurso político que una realidad en el gasto de los estados. El primer paso para la austeridad en los estados sería simplemente gastarse los montos ajustados en el presupuesto.

La evidencia apunta a que, en los estados, los presupuestos son ejercidos como una simulación y a discreción de las secretarías de finanzas, consecuencia de la falta de planeación y una nula intervención de sus congresos.

IMCO PROPONE

Reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos:

  1. Establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo.

Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15% debe tener la aprobación del Congreso local.

  1. Mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto: cumplir su función de contrapeso.

Mejorar la calidad de la información financiera:

  1. Eliminar el margen de interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
  2. Que los entes obligados publiquen en tiempo y forma su información financiera.
  3. Publicar la información financiera en formato de datos abiertos.

El IMCO es un centro de investigación que propone soluciones a los desafíos más importantes de México. Toda crítica con propuesta, toda propuesta con fundamento.

Consulta más información sobre este análisis y descarga el índice y fichas por entidad federativa en www.imco.org.mx/finanzaspublicas/

Fuente:https://imco.org.mx/uncategorized/indice-informacion-del-ejercicio-del-gasto-2018/

Manéjese con cuidado: Aula es destino

Por: Alexandra Zapata / Pablo Clark

Hoy en México tu origen determina tu destino. La entidad en la que naces determina el tamaño de tus sueños. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones con un diagnóstico correcto: los niveles de desigualdad y pobreza en nuestro país son inaceptables e insostenibles. La política pública del nuevo gobierno debe enfrentar estos retos con urgencia y como absoluta prioridad del Estado mexicano.

En su libro 2018. La salida López Obrador traza sus prioridades: “Crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo […] No basta crecer macroeconómicamente: los beneficios del desarrollo tienen que llegar a las mayorías. La divisa es progresar con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso”.1 Es profundamente injusto que la escalera de movilidad social sea un mito para la mayoría de los mexicanos. Al terminar la primaria, alrededor de los 12 años, con cierta certeza podemos predecir, con base en sus niveles de aprendizaje, si una niña vivirá en la pobreza por el resto de su vida o si podrá soñar con ser científica y trabajar en un laboratorio de alta tecnología.

El potencial de salir de la pobreza empieza con la posibilidad de acceder a un sueldo digno. Los salarios premian el talento y las habilidades. Un joven que tuvo oportunidades de aprendizaje tendrá mayores ofertas salariales que un joven con problemas de lectura y comprensión. La correlación es universal: mejor capital humano es igual a mejores oportunidades laborales. No existe una beca, un subsidio o un incentivo a la inversión que pueda competir con un sistema educativo de calidad.

Ilustraciones: Estelí Meza / Nexos

Las aulas son la primera oportunidad que tiene el Estado mexicano para ampliar o cerrar la brecha de desigualdad. De la política educativa que decida impulsar la nueva administración dependerá la calidad de vida de millones de niños y jóvenes. La tarea de gobernar pasa por enfrentar una serie de realidades que requieren atención inmediata y que no necesariamente entran en las visiones simplificadas de propuestas de campaña.

El desafío educativo que hereda el nuevo gobierno es enorme. Nuestro sistema está en un estado maltrecho. No hay condiciones materiales para propiciar el aprendizaje de manera incluyente a nivel nacional y para lograrlo se requiere de inversión consistente, transparente y eficiente. Hay datos que hieren: 19% de las primarias comunitarias tiene piso de tierra, 14% de las escuelas primarias no cuenta con un aula para cada grupo y 86% de los docentes de primaria reporta no tener suficientes o ningún material didáctico de apoyo disponible en su escuela.2

No debe sorprender entonces que los niveles de aprendizaje alcanzados por niños y jóvenes de nuestro país sean escalofriantes. Aunque cada vez hay menos niños excluidos de la educación obligatoria, no hemos garantizado que una mayor cobertura signifique un mejor aprendizaje.

Los resultados de la prueba PLANEA indican que el 50% de los alumnos de sexto de primaria está en el nivel más bajo de conocimientos en lenguaje y comunicación y el 61% en matemáticas.3 Estudiantes con este resultado presentan enormes carencias que limitarán su aprendizaje el resto de su trayectoria escolar. Cuando se acumulan rezagos educativos de esta magnitud en los niveles iniciales de escolaridad los efectos de esfuerzos en secundaria, bachillerato o universidad son limitados e ineficaces. Es imposible esperar que un maestro de secundaria pueda corregir un rezago educativo de seis años de primaria. Por eso, el mayor retorno sobre la inversión en términos de calidad y equidad se da en educación inicial y básica.

En el diagnóstico del presidente electo también están los jóvenes excluidos de la educación. Sin embargo, el reto de prevenir la deserción se tiene que atender desde su punto más dramático: la transición de la secundaria al bachillerato. Sólo dos de cada tres jóvenes transitan con éxito a la educación media superior.4 Una vez dentro, la tasa de abandono es de 13% por año.5 La deserción no se debe exclusivamente a una necesidad económica inmediata. Otras consideraciones incluyen frustraciones o una percepción de bajo retorno sobre su inversión en educación. Si más años de educación no incrementan el aprendizaje de manera sustancial y, por ende, no representan mejores oportunidades laborales, entonces los incentivos del sistema llevarán a los jóvenes hacia la deserción. Un joven de tercero de secundaria que trabaja en una tienda de abarrotes sabe que después de tres años de bachillerato sus opciones de empleo se reducen a esa misma miscelánea, por lo que su incentivo económico de permanecer en la escuela es cero.

La causa en gran medida se debe a que miles de maestros en México deben enfrentar los enormes retos educativos sin el apoyo que requieren y merecen para desempeñar su labor, actualizar sus conocimientos y mejorar sus estrategias de enseñanza. La falta de acompañamiento y capacitación a los docentes empieza desde su formación. Las escuelas normales sí tienen el potencial de ser semilleros del talento magisterial, pero durante años han sido olvidadas como parte de una estrategia prioritaria. Por ejemplo, la mitad de los planes de estudio de educación normal hoy vigentes no se han actualizado desde 2004.6En consecuencia, la profesión docente atrae cada vez menos jóvenes universitarios talentosos. Entre 2004 y 2016 la matrícula en escuelas normales pasó de representar al 5.1% de los estudiantes de educación superior a tan sólo 2.4%.7

Hay también un descontento entre los docentes ligado a un incremento en expectativas y en evaluaciones que no han sido acompañadas del apoyo correspondiente. Por ejemplo, aunque la ley establece su obligatoriedad, 34% de los maestros de nuevo ingreso al ciclo 2014-2015 no contaba con un tutor asignado en el ciclo 2015-2016 y del 66% que sí, sólo 55% había tenido por lo menos una sesión de tutoría.8 Además, el presupuesto de desarrollo profesional docente ha tenido recortes importantes a lo largo de los últimos años: de 2016 a 2017 disminuyó de dos mil 733 millones de pesos a sólo mil 654 millones.

La capacidad de avanzar en soluciones ha enfrentado una dificultad seria: existen deficiencias severas en el manejo de los datos educativos. Las bases de datos de la SEP y de gobiernos locales tienen fallas e inconsistencias preocupantes. El hecho de que a un año de los sismos de septiembre de 2017 no tengamos listas confiables de escuelas dañadas y su proceso de reconstrucción es un ejemplo que revela la magnitud del desorden administrativo.

Es imposible mejorar un sistema si no existen datos para entender qué pasa en cada comunidad educativa. Lo mismo pasa con la transparencia presupuestal. A pesar de esfuerzos considerables para transparentar la nómina docente y generar certidumbre en el gasto educativo los ciudadanos aún no tenemos la certeza de que los recursos se aterrizan de manera correcta en beneficio directo de los alumnos, maestros y escuelas.

El rumbo de la política educativa tiene que partir del reconocimiento de la seriedad y urgencia de los desafíos mencionados. El derecho a la educación tiene que ser más que sólo una garantía de acceso a un pupitre, debe ser una garantía de adquirir habilidades que permitan a los jóvenes aspirar a un mejor futuro.

Tener certeza del aprendizaje de los alumnos y las características del sistema requiere de mediciones imparciales y confiables, para saber si estamos avanzando en la dirección correcta. Por primera vez México cuenta con un organismo autónomo protegido de presiones políticas: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La continuidad del INEE no puede estar en juego. Pretender que la SEP sea quien mida el aprendizaje es igual que esperar confianza en una medición de pobreza de la Sedesol o un resultado electoral de Gobernación.

Avanzar en la calidad de la educación significa apostar por los docentes con vocación que quieren crecer y aprender. Los cimientos de los grandes sistemas educativos son los grandes maestros. Los docentes tienen derecho y necesitan reglas claras y justas en su trayectoria profesional. Su carrera no puede depender de sus contactos gubernamentales o sindicales. Las leyes deben garantizar que los mecanismos de ingreso y promoción dentro del magisterio sean justos, transparentes y claros. Regresar a un esquema de venta, herencia y control político de plazas sería fallarle a toda la comunidad educativa.

Contar con mecanismos transparentes de ingreso hace más fácil evitar que las plazas se asignen por consideraciones políticas y esos recursos públicos se malgasten. Los niños de México merecen maestros con talento y vocación, no familiares de líderes políticos cobrando nóminas sin pisar el aula.

Las reglas y procesos se tienen que cumplir de manera cabal y conforme a la ley para proteger a la comunidad educativa y generar confianza en familias y docentes. Deben aplicarse las consecuencias al ausentismo docente o al cierre injustificado de escuelas, pero también a los gobiernos estatales que no respeten la transparencia y justicia en la asignación de plazas y promociones. Si un maestro se prepara, toma una evaluación y obtiene un buen resultado pero se enfrenta con un sistema que bajo el agua sigue plagado de corrupción, entonces el falso proceso se vuelve absolutamente contraproducente.

Las leyes tienen importancia en la medida que se cumplen. En el caso de escuelas con instalaciones precarias o de maestros que no cuentan con los recursos y materiales necesarios (cuya provisión es responsabilidad de las autoridades), las reglas están fallando. En las evaluaciones, en la asignación de plazas y en el desempeño cotidiano de sus labores las normas del sistema educativo deben proteger a los maestros en la misma medida en la que les exigen ser mejores. Un incremento en las demandas que tenemos con los maestros deben estar acompañadas de un aumento aún mayor en la exigencia hacia el cumplimiento de obligaciones de las autoridades.

Apoyar a los maestros debe significar ayudarles a desarrollar habilidades que les permitan mejorar continuamente sus estrategias de enseñanza. La formación continua es el motor para la mejora docente y para lograrla es necesario garantizar, con leyes, acciones y presupuesto, que sea pertinente y accesible para todos los maestros. El presupuesto de capacitación se debe incrementar y eficientar. La profesión docente se debe revalorizar pero sin atención e inversión en las escuelas normales y la formación continua será imposible lograrlo.

Las mediciones son clave para mejorar, pero se tiene que construir sobre una base de credibilidad y justicia. Vincular evaluaciones de desempeño con consecuencias en su trayectoria profesional, sin antes garantizar que los maestros tengan acceso a contenidos y apoyos para enfrentar el cambio, merma la confianza y genera rechazo. Evaluar el desempeño es un proceso que se da en la mayoría de los espacios profesionales del país, no es incompatible con la labor docente. Un maestro que no puede ayudar a sus alumnos a aprender no debe estar al frente de un salón de clases. Pero para ser un proceso justo y válido se debe establecer sobre una base de apoyo mutuo, acuerdo y colaboración entre propios maestros y autoridades.

Cambios y nuevas políticas requieren espacios de retroalimentación, en donde los maestros compartan sus preocupaciones o dudas. Los canales de comunicación entre autoridades y comunidades educativas no se pueden limitar a mesas de consulta al inicio de cada administración o a interlocución con líderes sindicales que tienen sus propios intereses. Se requiere un sistema que permita flujos de información de manera libre y eficaz entre autoridades y comunidades educativas sin riesgo de censura. Por ejemplo, los docentes o supervisores deben poder reportar irregularidades en los procesos estatales y federales de evaluación y asignación de plazas, o los padres de familia, aclarar mitos o preocupaciones como un posible mal uso de recursos en su escuela.

El enorme capital político que los resultados electorales otorgaron al nuevo gobierno ofrece una oportunidad única para coordinar esfuerzos entre el gobierno federal, Poder Legislativo y en los gobiernos locales. El legado de esta confianza ciudadana debe ser un sistema educativo que sea un motor real hacia la equidad. Más allá de las prioridades presupuestales y nuevos programas que se decidan impulsar como parte de las políticas de la administración entrante, la realidad educativa  requiere atención y presupuesto a corto plazo.

Los retos educativos en México son complejos y  no hay una ruta fácil. La transformación en el corto plazo sí es una meta alcanzable siempre y cuando se fortalezcan los procesos y las políticas valiosas y se aprenda de los errores. Las áreas de oportunidad no dan espacio a ocurrencias o improvisaciones. Las comunidades educativas no tienen el lujo del tiempo para empezar de cero.

Por justicia a las próximas generaciones no podemos permitir que un eje tan central en el combate a la pobreza sea una moneda de cambio en negociaciones políticas o electorales. Para millones de mexicanos, su proyecto de vida, sus sueños y su capacidad de salir de la pobreza se definirán en los siguientes seis años.

1 Andrés Manuel López Obrador, 2018. La salida, México, Editorial Planeta Mexicana, 2017, pp. 177 y 178.

2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias, ECEA 2014, México, INEE, 2016. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscador-Pub/P1/D/244/P1D244.pdf consultado el 01/09/2018, p. 57.

3 INEE, PLANEA Resultados Nacionales 2015. http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/
planea/final/fasciculos-finales/resultadosPlanea-3011.pdf
, consultado el 29 de agosto de 2018.

4 Patricio Solís, “La transición de la secundaria a la educación media superior en México: el difícil camino a la cobertura universal”, Perfiles Educativos, 2018, pp. 66-89.

5 Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del sistema educativo, 2016-2017, México, 2018.

6 Cálculos propios con datos de SEP-DGPPYEE, Formatos 911.9A.

7 Cálculos propios con datos de SEP-DGPPYEE, Formatos 911.9A.

8 INEE, La educación obligatoria en México-Informe 2018, México, 2018. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/243/P1I243.pdf, consultado el 29 de agosto de 2018.

Publicado por Nexos

Fuente:https://imco.org.mx/temas/manejese-cuidado-aula-destino/

Exportando corrupción 2018 vía Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana

México se encuentra dentro del grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento de la Convención de la OCDE contra el cohecho internacional, de acuerdo al estudio Exportar Corrupción: reporte de avance 2018, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Nuestro país ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando este instrumento jurídico.

transparencia

La Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, más conocida como Convención OCDE contra la corrupción, es el instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero.

Esta Convención aplica para las empresas internacionales que hacen negocios en México, como Odebrecht, pero también para las empresas mexicanas que tienen operaciones comerciales en el extranjero.

Estos son algunos de los hallazgos más importantes del informe: 

  • De 44 países analizados, 22 aprovechan la convención para investigar casos de corrupcióninternacional.
  • La otra mitad, donde se encuentra México y países como China, Colombia, India, Rusia, Singapur, Corea, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento muy bajos, o nulos.
  • Solo alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales provienen de países con aplicación activa de la ley contra las empresas que sobornan en el extranjero.
  • Aplicación activa de la ley de la convención. Siete países con el 27% de las exportaciones mundiales: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Suiza, Noruega, Israel.
  • Aplicación moderada. Cuatro países con un 3.8% de exportaciones globales: Australia, Suecia, Brasil, Portugal.
  • Aplicación limitada. 11 países con 12.3% de exportaciones globales: Francia, Países Bajos, Canadá, Austria, Hungría, Sudáfrica, Chile, Grecia, Argentina, Nueva Zelanda, Lituania.
  • Poca o nula aplicación. 22 países con 39.6% de exportaciones globales: China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, India, España, México, Rusia, Bélgica, Irlanda, Polonia, Turquía, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Eslovaquia, Finlandia, Colombia, Eslovenia, Bulgaria, Estonia.
  • De 2015 a 2018, ocho países han mejorado en la aplicación de la ley: Israel, Noruega, Italia, Brasil, Suecia, Portugal, Argentina y Chile.
  • En contraste, cuatro países han retrocedido: Austria, Canadá, Corea y Finlandia.

Hallazgos para México:

  • El informe destaca que México, que cuenta con el 1.9% de participación de las exportaciones a nivel mundial, abrió tres investigaciones por cohecho internacional de 2014 a 2017, pero ningún caso.
  • También indica que la Unidad Especializada para Crímenes Cometidos en el Extranjero de la Procuraduría General de la República (PGR) publica datos básicos sobre la aplicación de la Convención contra la corrupción, sin embargo, la información es incompleta y no profundiza en detalles.
  • Además, resalta que la nueva Oficina del Fiscal General, creada bajo las reformas constitucionales de 2014, no tiene suficiente autonomía. El nombramiento del fiscal general -indica- aún necesita aprobación ejecutiva y el presidente aún puede destituir al titular del cargo.
  • En cuanto a las entidades federativas, el reporte destaca que “hay una grave falta de independencia entre los jueces en los estados de México. Son altamente dependientes del Poder Ejecutivo y frecuentemente son destituidos o designados por sus vínculos con el gobernador en turno. Hay una gran falta de recursos humanos para estos jueces estatales y su nivel de especialización a menudo es insignificante”.
  • El análisis señala que a nivel federal, la independencia judicial es mucho más fuerte. Sin embargo, se ha criticado seriamente la falta de meritocracia y el nepotismo sistemático.

Recomendaciones para México:

  • Entre sus principales recomendaciones, el reporte indica que se debe reformar el Artículo 102 de la Constitución para asegurar que la Fiscalía General sea independiente del Poder Ejecutivo.
  • Completar el nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción y los jueces anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • Asegúrarse de que el Sistema Nacional Anticorrupción sea implementado a nivel estatal.
  • Introducir mecanismos para garantizar que el poder judicial opere libre de motivos políticos.
  • Proporcionar más recursos y capacitación a la Policía para investigar casos de corrupción.
  • Asegurar que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Investigación Financiera comiencen a desempeñar un papel activo en casos de corrupción tanto en México como en el extranjero.
  • Publicar más información sobre casos relacionados con la corrupción e investigaciones en el portal de datos abiertos del gobierno.

Sobre nuestro país, el informe de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana destaca que el principal reto para la Administración federal entrante es lograr que la nueva Fiscalía General tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política. La nueva Fiscalía General será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción transnacional.

Fuente:https://imco.org.mx/temas/exportar-corrupcion-2018-via-transparencia-internacional-transparencia-mexicana/

Así es ser joven en México: 44.3% vive en la pobreza, 5.8% no tiene empleo y 66.8% no va a la escuela

El acceso a la educación superior no está garantizado para todos, y quienes logran llegar al mercado laboral hallan precariedad (más si se es mujer), cuenten con licenciatura, posgrado o no, revelan cifras oficiales: el 66.8 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años no asiste a la escuela, el 5.8 por ciento no tiene empleo, el 59.5 por ciento labora en la informalidad, y 15.2 millones viven en pobreza por ingresos. En resumen, el 44.3 por ciento de los jóvenes mexicanos están en pobreza.

Para especialistas en materia, las alternativas que encuentran son la migración, la informalidad o el crimen organizado. Esto es a lo que se enfrentará el nuevo gobierno que ha respondido con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

 

 

Por Daniela Barragán y Dulce Olvera

A una gran cantidad de jóvenes se les ha cancelado el futuro, reconoce el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” planteado por el próximo gobierno. Especialistas aseguraron que el obstáculo a una educación superior, la falta de capacitación a estudiantes y los salarios bajos en el mercado laboral son la raíz de que el 44.3 por ciento de los jóvenes viva en situación de pobreza en México y con riesgo a recurrir a la migración o a actividades ilícitas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además, el 87 por ciento de las personas en pobreza, tanto extrema como moderada, y vulnerables a serlo, son jóvenes. En el caso de indígenas de esa edad, el 72.8 por ciento está en esa situación.

En el país viven 21.6 millones de mexicanos entre los 15 y 24 años que están en condiciones de trabajar y/o estudiar, pero el 66.8 por ciento de 15 a 29 años no asiste a la escuela, el 5.8 por ciento no tiene empleo, el 59.5 por ciento labora en la informalidad, y 15.2 millones viven en pobreza por ingresos, muestran cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El investigador de la Iberoamericana Miguel Reyes, dijo que el problema más allá del acceso a la educación es que no se han creado suficientes empleos bien pagados y no precarios.

“Dos terceras partes de la población joven y el 60 por ciento de la población total están en precariedad, porque no le pagas por encima de la línea de pobreza, trabajan más de ocho horas, no hay seguridad social, no hay prestaciones de ley”, documentó. “El mensaje que se le envía a los jóvenes y a la sociedad es: migración, informalidad, crimen organizado. Los sicarios son jóvenes que por 4 o 6 mil pesos cortan cabezas, matan, trafican. Son poblaciones enteras que captura el crimen organizado porque no hay nada qué hacer en esas localidades en términos de actividad económica y capturas generaciones completas”, sostuvo.

La economista Carmen Ponce coincidió en que “además de la migración o la delincuencia, hay empobrecimiento en los jóvenes [que no pueden estudiar ni trabajar]. Los que trabajan también viven en condiciones de pobreza, y los salarios de las mujeres son más bajos”, planteó.

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, presentado esta semana por Luisa Alcalde, próxima titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busca abordar dos problemáticas: el acceso al trabajo y completar los estudios universitarios para 2.6 millones de jóvenes de los 3.9 millones que no pueden estudiar ni trabajar en el país, el 22 por ciento de la población joven.

“Siete de cada 10 mal llamados ninis son mujeres. No acepto ese término porque son jóvenes que no pudieron tener acceso a la escuela y que tampoco pudieron tener acceso al trabajo”, dijo la economista Carmen Ponce.

Gerardo Franco, investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), afirmó que “se trata de la ausencia de una política pública verdaderamente encaminada a atender las necesidades de los jóvenes”.

De septiembre a noviembre, casa por casa se les inscribirá en el programa para que estudien o se capaciten en actividades productivas con empresas pequeñas, medianas y grandes, del sector público, privado y de organizaciones sociales. El Gobierno federal es quien les pagará con una beca de 3 mil 600 pesos mensuales hasta por un año y les dará seguro social. No hay costo para el empresario. Se calcula una inversión de 110 mil millones de pesos, por lo que se solicitará un informe mensual para el control de recursos.

“Una parte del sector productivo dice que no encuentra empleados capacitados; los muchachos por su parte no tienen las competencias necesarias”, aseguró Tomás Pérez Alvarado, investigador de la UNAM y consultor en temas de empleabilidad. “Tiene que ver mucho el dinamismo de la vinculación y que las habilidades de los muchachos estén asociadas a una certificación que sea reconocida en centros de trabajo”.

En el caso de los 15 millones de jóvenes ocupados, el 59.5 por ciento (8.9 millones) labora en el sector informal, en su mayoría de 15 a 19 años en el sector servicios, de acuerdo con el INEGI.

“Los porcentajes de desempleo está en gente que tiene licenciaturas y maestrías. La educación ya no representa la opción”, dijo la economista Carmen Ponce. “[Y] la juventud que trabaja lo hace en condiciones muy difíciles y carece de seguridad social”.

En mujeres jóvenes la situación es peor: son tres veces más propensas a no tener empleo, a no estudiar y no recibir capacitación, en comparación con los hombres, de acuerdo con la OCDE.

“Hay más pobreza femenina”, sentenció la economista Carmen Ponce.

“Hay un proceso de discriminación muy fuerte en el mercado laboral hacia las mujeres. Además, el mercado laboral es masculino. Las mujeres necesitan un horario flexible, porque también tienen que cumplir con sus obligaciones de carga de género que están en el espacio privado que son el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos, enfermos, ancianos y la alimentación”, explicó. 

FUTURO SOMBRÍO PESE A EDUCACIÓN Y EMPLEO

El programa de “Jóvenes construyendo el futuro” apoyará a 300 mil jóvenes que hayan concluido el bachillerato y busquen realizar estudios universitarios. Será coordinado y operado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la cual se garantizará el acceso a estudios superiores y se otorgarán becas de 2 mil 400 pesos mensuales a jóvenes de bajos recursos mientras duren sus estudios universitarios.

Pero Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, explicó que la situación de los jóvenes no es un problema de educación, ya que en México cada vez más gente tiene preparatoria, universidad y cada vez menos gente tiene solo la primaria. Pero se llegó a un punto en que los logros educativos ya no sacan de la pobreza y tampoco reducen la precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores.

Tomás Pérez Alvarado, investigador de la UNAM, agregó que la educación superior no está preparando a los jóvenes para enfrentar el mercado laboral.

Por nivel educativo, en el caso de los adolescentes, el 52.8 por ciento reportó al INEGI tener un nivel de escolaridad básico; 41.8 por ciento tenía al menos un grado en la media superior y 4.1 por ciento al menos un grado de educación superior.

En el caso de los jóvenes con empleo, tienen un nivel salarial bajo.

“En 2005, una persona con posgrado ganaba 24 mil pesos y para 2016 ya gana 14 mil pesos. Una persona con licenciatura en 2005 ganaba 11 mil 200 pesos y en 2016, 7 mil 600 pesos. La precaridad laboral no solo es a nivel salario mínimo”, documentó Carmen Ponce basada en el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana.

“Ocho de cada diez jóvenes no alcanza el salario mínimo y de mujeres es siete de cada diez”, añadió. “Debajo de la línea de bienestar del Coneval es el 52 por ciento”.

Para Reyes Hernández, esta condición laboral ofrece algunas salidas: una de ellas es el fortalecimiento de la migración. Entre 2006 y 2007, la salida de mexicanos bajó con la crisis económica porque Estados Unidos dejó de necesitar empleados; subió entre 2013 y 2015, y volvió a caer y llegó un saldo migratorio cero, en el que casi los que entran son los mismos que salen.

Si no es la migración, es la informalidad. Sigue siendo el 56 por ciento de la población ocupada (julio, 2018) que no cuenta con condiciones de seguridad social.

O está el crimen organizado. “La violencia que ha crecido en el país en los últimos años no es una cuestión gratuita resultado de una estrategia fallida, sino que se necesita un caldo de cultivo para que eso ocurra. En una sociedad en la que la gente gana bien por su trabajo, donde tiene bienestar, ¿quién pensaría en arriesgar su propia vida? No hay posibilidades de movilidad social, ni siquiera estudiando”, planteó Reyes.

 

 

DESEMPLEO O INFORMALIDAD

Invertir en educación no garantiza encontrar un empleo. Gerardo Franco, investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), comentó en entrevista que son los jóvenes los que tienen la situación más complicada. Por un lado, los jóvenes en pobreza enfrentan, respecto a sus padres, un aumento en los años de escolaridad, pero con pocos espacios de incorporación al mercado laboral.

“Eso resulta en una situación de frustración. La respuesta a esto es el acceso a otras actividades que pueden ser ilícitas o terminar como los mal llamados ‘ninis’. […] Tenemos un Instituto Mexicano de la Juventud con una presencia escasa, con programas y proyectos bastante acotados, con un presupuesto muy escueto y programas que no son capaces de atender a la gran población y mucho menos a los jóvenes rurales. Ante la incapacidad de atender problemas más generales, se concentran en problemas más pequeños”, dijo.

El 5.8 por ciento (unos 3 millones) de jóvenes de 15 a 29 años no trabaja, casi el doble del nivel nacional de desempleo (3.5 por ciento en julio), reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La desocupación más alta se registra en la población de 20 a 24 años con 6.7 por ciento, en el grupo de 15 a 19 años es de 6.4 por ciento, y para 25 a 29 años es de 4.6 por ciento.

Durante el primer trimestre de 2018, de los 15 millones de personas jóvenes ocupadas de 15 a 29 años, el 59.5 por ciento (8.9 millones) labora en el sector informal sin seguridad social.

Por grupos de edad, el trabajo informal predomina en la población más joven ya que 28.8 por ciento tiene de 15 a 19 años. Por sector, laboran más en servicios con 36.9 por ciento del total, sobre todo en hospedaje y alimentos, seguido por el agropecuario, 19.5 por ciento; la industria manufacturera, 12.2 por ciento y de la construcción con 11.1 por ciento.

Además, sin estancias infantiles, a las mujeres se les complica obtener un empleo, determinó la economista Carmen Ponce.

“Si te embarazas a los 18 años, y quieres trabajar, ¿dónde dejas a tu hijo?”, planteó. “Seis de cada 10 trabajadoras no tiene seguridad social para llevarlos a las guarderías del IMSS o ISSSTE, por lo que el 70 por ciento de las trabajadoras con hijos los dejan con familiares”.

 

Un joven hace malabares con un balón por unas monedas. Así se buscan la vida los más jóvenes en las calles de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.

¿ES VIABLE EL PROGRAMA DE AMLO?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirigirá Luisa Alcalde, vinculará a 2.3 millones de jóvenes con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría, y con ello alejarlos de actividades antisociales.

“Las elevadas tasas de desempleo juvenil están atribuidas a la carencia de una intermediación eficaz y a la falta de experiencia profesional. Los programas de capacitación laboral parten de la premisa de que la entrega de habilidades claves incrementan la probabilidad de que jóvenes obtengan un trabajo estable y contribuyen a reducir la brecha de competencias entre los generadores y los buscadores de empleo”, justifica el programa “Jóvenes construyendo el Futuro”.

La actual Secretaría del Trabajo reportó en su VI informe que el subprograma “Bécate” promueve y opera capacitación en las empresas para facilitar el acceso de jóvenes al empleo. De septiembre de 2017 a junio de 2018, se atendió a 53 mil 064 jóvenes, de los cuales 38 mil 567 se colocaron en un empleo, por lo que la tasa de colocación fue de 72.7 por ciento.

“Con la Reforma de Trabajo de 2012 se autorizó el trabajo temporal y algunos sin sueldo”, expuso la economista Carmen Ponce.

El investigador de la UNAM Tomás Pérez Alvarado, consultor en temas de empleabilidad, capacitación y empresas, prevé retos normativos, logísticos y de inserción laboral para el programa del siguiente gobierno.

Las prácticas profesionales no se encuentra presente ni en la Ley General de Educación ni en la Ley Federal del Trabajo.

“Con la mayoría en ambas cámaras legislativas, no sería difícil revisar al menos dos artículos relacionados con la figura de aprendiz: el artículo 47 de la Ley General de Educación (que se refiere a los contenidos de la educación definidos en planes y programas de estudio), y el 153 de la Ley Federal del Trabajo (que se refiere a la capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo)”, propuso Pérez en un texto de la revista Nexos.

En entrevista, planteó que además de lo normativo, está la cuestión logística sobre cuáles serán los filtros para incorporarlos al programa y los planes para que tengan un real aprendizaje, así como el tipo de certificación que esté asociada a empleos.

“Lo último es darle seguimiento a la inserción de los muchachos para que el programa tenga una efectividad real; que consigan un empleo”, expuso.

De los 2.3 millones de potenciales beneficiarios, el 70 por ciento se vinculará al sector privado (empresas, talleres, instituciones financieras o de investigación), el 20 por ciento al sector público (función pública administrativa federal o local) y el 10 por ciento al sector social (organizaciones de la sociedad civil), tomando en cuenta sus intereses y lugar de residencia.

A principios de julio, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó el plan al sector empresarial, el cual se mostró dispuesto a cooperar. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), explicó que las compañías se comprometen a acondicionar los espacios para que un instructor pueda dar la formación a jóvenes aprendices.

“Haremos toda la organización en coordinación con el señor Alfonso Romo. Haremos los trabajos de transición y específicamente por programas y sectores, en este caso con la Secretaría de Trabajo y la de Economía”, declaró el líder empresarial. “Esto nos entusiasma mucho”.

No obstante, el investigador Tomás Pérez Alvarado recordó que en julio de 2013, el entonces Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, se comprometió a que para febrero de 2014 habría una legislación que institucionalizaría y ampliaría el modelo de formación dual con empresas, algunas de Alemania o Suiza.

Además, fijó metas para el año 2018: tener una matrícula de 10 mil estudiantes e involucrar a mil 500 empresas en dicha formación dual. Pero en el V Informe de Gobierno se señala que durante el ciclo escolar 2016-2017, en el modelo dual participaron 2 mil 511 estudiantes y 423 empresas.

Y López Obrador busca hacerlo con 2.3 millones de jóvenes.

Sobre el programa dual de la presente administración, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluó que no hay un marco nacional de cualificaciones ni una evaluación formal en términos del rendimiento de los graduados en el mercado laboral, y la sostenibilidad financiera sigue siendo un aspecto crucial.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/16-09-2018/3471243

¿Hacia dónde va México?

FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Por: Max Kaiser

Los procesos de transición entre un gobierno de un partido, y uno de un partido diferente, suelen ser momentos de incertidumbre. Un proyecto político inicia y otro acaba. Un grupo de personas salen del poder para dejar espacio a los que entran. Formas y sustancia de ejercer el poder serán modificadas.

Sin embargo, en las democracias funcionales la expectativa de la mayoría es que, en general, casi todas las cosas seguirán marchando igual. Esa expectativa está basada en la solidez de sus instituciones. La mayoría de estas, profesionales e independientes, continuarán trabajando de la misma manera. Los que perdieron augurarán un peor desempeño en algunos rubros, y los que entran prometen una mejora en servicios, políticas y el ejercicio del poder público. Pero en general, se espera que el país siga su rumbo. Eso es lo normal en las democracias.

En México hoy vivimos un momento de alta tensión e incertidumbre porque la mitad del país espera que todo se transformará para bien, y la otra mitad augura, con miedo, que todo se transformará en el sentido opuesto.

La expectativa de ambos grupos está basada en un discurso polarizante que ha generado una brecha entre ambos, y pocos espacios para la coincidencia. Las clasificaciones son de amigo o enemigo, aliado o traidor a la patria. Desde las campañas unos y otros escuchaban que el proyecto de enfrente llevaría al país al caos, a la violencia descontrolada y la corrupción.

Pero la incertidumbre, sobre todo de quienes no votaron por el próximo Gobierno, tiene otro origen. La percepción de este grupo es que el Estado mexicano y sus instituciones son muy débiles, y que pueden ser sustancialmente modificadas o capturadas, y que por esto el país puede tomar un rumbo totalmente diferente, y no en el sentido deseado.

Por eso quiero plantear 10 cosas que tenemos que observar para tener una idea del rumbo que puede tomar México, más allá de los discursos y los desplantes políticos. Se trata de 10 temas que tendrán decisiones, procesos y efectos verificables, y que nos pueden dar claridad sobre la dirección que tomará el país.

1. ¿Qué hace el nuevo Gobierno con las decenas (o cientos) de casos de corrupción que encuentre en las distintas oficinas que ahora serán su responsabilidad?

Elementos a observar: es posible predecir, por los antecedentes que hemos conocido, que existen muchos casos que aún no son públicos. Por eso será importante estar pendiente de el tipo de casos que surgen, el área o sector del Gobierno del que vienen, el tipo de involucrados, las autoridades que intervienen en su investigación, la prioridad que se les da, si se trata de redes o de chivos expiatorios, y sobre todo, si se llevan hasta sus últimas consecuencias.

2. ¿Cómo impulsa el nuevo Gobierno la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y la autonomía de sus instituciones?

Elementos a observar: el tema de la Fiscalía General es el centro de la discusión. Se trata de crear instituciones sólidas y eficaces, que basen su actuación en criterios técnicos, y tengan plena autonomía del poder político. Si una o varias de estas son capturadas por el gobierno, se vale sentir miedo.

3. ¿Cómo se relaciona el nuevo Gobierno con las empresas, personas y organizaciones empresariales que no lo apoyaron en la campaña?

Elementos a observar: varios empresarios y organizaciones fueron críticos al proyecto triunfador. Esto, en una democracia es normal y deseable. Como lo es la defensa por parte de quienes apoyan el proyecto político. Lo que debe observarse es que no se use al aparato del Estado para saldar cuentas, o tomar venganza. Investigaciones, auditorías, regulaciones excesivas, cancelaciones de contratos son algunas de las medidas que podrían darnos elementos de que esto está sucediendo.

4. ¿Cómo se relaciona el nuevo Gobierno con las empresas y los empresarios que si los apoyaron durante la campaña?

Elementos a observar: también conocimos empresarios y organizaciones que apoyaron el proyecto político de manera pública, lo que es su derecho. Lo que sería corrupción es que este apoyo se traduzca en contratos, privilegios, menor regulación o una aplicación más laxa de la ley.

5. ¿Cómo se decide a quién y cómo se compran bienes y servicios desde el Gobierno?

Elementos a observar: una de las peores prácticas que tiene México, ya documentada por un estudio que hizo IMCO (IRC 2018), es que con el cambio de Gobierno hay un cambio de proveedores del Estado. Será importante observar que la asignación de contratos se realice con criterios objetivos y legales, que promuevan la competencia y el desarrollo del país.

6. ¿Cómo se definen los grandes proyectos de infraestructura?

Elementos a observar: uno de los grandes dramas de México, a lo largo de su historia, son los proyectos de infraestructura. Mal planeados, caros, innecesarios, ineficaces y hasta incompletos. Si los grandes proyectos de infraestructura del próximo Gobierno siguen este patrón, en seis años estaremos hablando de los nuevos y escandalosos elefantes blancos.

7. ¿Cómo se relaciona el Gobierno con los medios de comunicación, comunicadores y opinadores que son críticos?

Elementos a observar: la crítica y la investigación periodística son uno de los pilares de una democracia sana. La obligación de un Gobierno democrático es aportar información, transparentar su actuación e investigar señalamientos de corrupción. También puede defenderse con información cuando se le ataca sin razón. Lo que no puede hacer un Gobierno democrático es usar el poder para presionar, chantajear o manipular la crítica incómoda, que surja de los medios de comunicación.

8. ¿Cómo se definen los diferentes cargos de Gobierno, y en especial, de las instancias fiscalizadoras e investigadoras?

Elementos a observar: en cualquier Gobierno electo democráticamente se prefiere a los afines, a los leales, a los cercanos. Esto es perfectamente normal, y no debe esperarse algo diferente. Sin embargo, muchos cargos requieren de una alta capacidad técnica, experiencia y nivel de responsabilidad. Es en estos casos donde puede hacerse evidente la falta de seriedad y de responsabilidad, con el futuro del proyecto.

9. ¿Cómo se lleva desde el Poder Ejecutivo la relación con los otros dos poderes?

Elementos a observar: en los Estados democráticos la independencia en las funciones entre poderes es fundamental para que cada uno pueda hacer su papel de control y vigilancia del otro. Será importante observar que la relación sea de respeto a las funciones y facultades, pero sobre todo, de respeto al ejercicio de estas en decisiones controversiales.

10. ¿Cómo se lleva la relación con estados y municipios, en especial aquellos que no son afines al proyecto?

Elementos a observar: en un sistema federal como el nuestro, es importante que cada orden de Gobierno pueda atender a la población en los bienes y servicios que está obligado a ofrecer a la población, sin la intervención de otros órdenes. Esta es la única manera de asignar responsabilidad a cada quién y pedir cuentas.

En tiempos de incertidumbre, es importante encontrar parámetros objetivos para saber si el miedo es fundado o no. Pero también es importante que cada quien asuma la responsabilidad que le toca, y todos reconstruyamos nuestro país.

Fuente:https://imco.org.mx/uncategorized/hacia-donde-va-mexico/