Diez propuestas para una nueva estrategia de política económica

Por: Francisco Suárez Dávila

 

México tuvo un periodo de gran crecimiento bajo un modelo desarrollista que debemos tener en cuenta al proyectar hacia dónde queremos encaminar nuestra economía. No se trata de nostalgia del pasado, tampoco requiere de mecanismos autoritarios, como lo pretenden sus críticos liberales, sino de adaptar lo que funcionó bien y lo que funciona eficazmente ahora en otros países: las mejores prácticas. Es un plan de ruta, integral, que debe ejecutarse a lo largo del tiempo en forma consistente. Son diez propuestas que funcionarán como sustento de la estrategia, que resumiré a continuación.

1. Privilegiar el crecimiento, no la estabilidad: ello requiere una gran motivación nacional, un consenso y un pacto social de Estado, empresa y sociedad, en torno a una visión estratégica comprometida con un crecimiento acelerado como prioridad nacional, y no la obsesión por la estabilidad.

El objetivo debe ser crecer de 4% (descontando el adverso entorno internacional) a 6%. Sí se puede lograr efectuando cambios de política y de enfoque, combinando el impulso al mercado doméstico y la competitividad exterior, logrando cierta desvinculación (delinking) lesiva con el ciclo económico de Estados Unidos. Ello generaría miles de empleos.

2. Para lograr lo anterior, un instrumento clave es el aumento significativo de la inversión pública; fuerte inversión en infraestructura (que hasta el fmi reconoció tiene gran efecto multiplicador y puede justificar un déficit); incluyendo fortalecer “la infraestructura de la infraestructura” (proyectos, técnicos, ejecutores) y el desarrollo urbano y municipal (que se está desmoronando). Esto debe impulsar y complementarse con la inversión privada y las alianzas público-privadas (APP). Ello debe ubicarse en el marco de una política de desarrollo regional para reducir desigualdades entre estados TLCAN y del sur-sureste. Las zonas económicas especiales ayudan sólo si el Estado juega un rol principal para eliminar obstáculos y crear masa crítica. El turismo es un sector fundamental que requiere todavía mejor infraestructura y conectividad. Banobras debe ser el banco (policy bank) que apoya estas políticas.

3. Una política industrial moderna en apoyo del mercado interno que debe promover no sólo cadenas productivas hacia afuera, sino hacia adentro, generando mayor contenido local, productos de mayor valor agregado, incorporando la innovación. Hay que reconocer que sin esta política, México continúa siendo una gran maquiladora o, en forma análoga a lo que ocurrió en el porfiriato, una economía de enclave, con elevados contenidos importados en todo el proceso productivo, más del 50% en la manufactura.

Debemos articular una mejor estructura industrial, más balanceada entre grandes y medianas empresas. Es necesario revisar nuevamente el tema del gran peso de la inversión extranjera en el control de las empresas. ¿Hemos perdido el control de sectores estratégicos? El sector energético: gas y energía eléctrica, energías renovables y medio ambiente deben ser motores del crecimiento industrial. Nafinsa debe ser el banco de estas políticas.

4. La política industrial debe sustentarse en un sistema educativo moderno que nos permita acceder a la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo tecnológico. Agrego un matiz: más allá de elevar la calidad de la educación básica, debe concentrarse un esfuerzo prioritario en la educación técnica, para capacitar a futuros trabajadores, y en las profesiones modernas, científicos, ingenieros, etcétera (así lo hizo la India ante la magnitud de la tarea y la limitación de recursos para apoyar la educación básica).

5. La nueva política comercial internacional debe servir como instrumento para contribuir eficazmente al crecimiento. La política industrial, la comercial y la regional deben ser un triángulo armónico. Un proceso de apertura comercial, para ser eficaz requiere políticas compensatorias hacia los perdedores. No se hicieron en México, en 1994; en Inglaterra frente al brexit y, en Estados Unidos, en los estados del norte del Medio Oeste (el rust belt). Se pagaron los costos. Nuestro TLCAN simplemente quedó “cojo”. En cambio, estas políticas se aplicaron exitosamente en la Unión Europea para reducir brechas y rezagos de ingreso, particularmente en Irlanda, Portugal y España.

Ilustración de María José Ramírez

En todo caso, los avances comerciales se pondrán a dura prueba en las ineludibles y difíciles negociaciones con el Gobierno de Trump. El tema más importante será definir una nueva relación comercial. Si es posible, sustentada en un TLCAN renegociado en forma acotada, para no abrir una caja de Pandora, y actualizado por acuerdos complementarios.

Es necesario acotar la agenda y los tiempos por el gran problema de las incertidumbres que conlleva. No se ha entendido que el TLCAN sigue vigente hasta que se derogue o concluya su renegociación. Por otra parte, si se deroga, no es el fin del mundo. Debemos adoptar (fuera del TLCAN) elementos de una política estratégica de comercio, con un comercio administrado, lo que significa proteccionismo selectivo. Esto, que todo el mundo practica, es anatema para quienes defienden la apertura comercial más extrema y cándida del mundo. Es muy discutible la receta de responder a mayor proteccionismo con mayor apertura.

Ciertamente habrá que diversificar las relaciones económicas y disminuir nuestra dependencia con Estados Unidos; pero esto toma tiempo. Requiere ampliar los recursos de Bancomext e integrarlo, como antes, con ProMéxico (de donde proviene el nuevo director). El financiamiento debe ir vinculado con la promoción. Por ello desapareció el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y se fusionó con Bancomext, que sustentaba los gastos, sin acudir al presupuesto.

Hay que fortalecer la cooperación económica, social y política con Centroamérica y el Caribe —área estratégica para nosotros—, a través del fortalecimiento de la Agencia Mexicana de Cooperación, que ha tenido muy escasos resultados.

6. Tiene que haber verdaderas reformas en la política monetaria y crediticia para ampliar su margen de acción y que nos permita ampliar los estrechos márgenes de maniobra fiscales. El Banco de México debe abandonar el “monoteísmo”; retomar el objetivo dual de la política monetaria para estimular crecimiento y empleo, como lo hizo en los momentos estelares de su historia con don Rodrigo Gómez, y como lo hacen ahora la Reserva Federal y bancos centrales de algunos países avanzados y emergentes. La Reserva Federal pudo así sacar a los Estados Unidos de la Gran Recesión.

Hacer que la banca del “subdesarrollo” vuelva a ser “la banca de desarrollo”. Convertirla en policy banks, que apoyen, como lo definen los chinos, las políticas de su sector, elaborando programas, evaluando y produciendo proyectos detonadores, la capacitación de personal —eran antes un semillero de evaluadores de proyectos, ahora una especie en extinción— y consolidando fideicomisos dispersos en secretarías de Estado, a veces fuentes de desviaciones. Nafinsa, que fue “la joya de la corona”, se dedica ahora primordialmente a dar garantías, factoraje o segundo piso con la banca privada.

Orientar a la banca comercial y a las Afores mediante políticas financieras generales, para inducir que parte del ahorro de los mexicanos se oriente, en complemento de la banca de desarrollo, a los objetivos nacionales; mucha mayor participación en el crédito industrial, agrícola, exportación, energía, medio ambiente, infraestructura; no privilegiar el crédito al consumo con márgenes leoninos, que significa apoyo a las utilidades de matrices (algunas en problemas). Cuidar con una supervisión eficaz a una gran proliferación de bancos chicos e instituciones financieras no bancarias de dudosa calidad y alto riesgo.

7. La fiscal es bien llamada “la madre de todas las reformas”. Esto implica acción en varios frentes: racionalización verdadera del gasto público, más inversión y un gasto social eficaz; reducir la proporción del gasto corriente administrativo. Sólo se logrará afectando y reduciendo estructuras del Estado: desapareciendo o consolidando secretarías, subsecretarías, organismos, fondos y fideicomisos, que afecta costosas estructuras superiores, pero respeta a los trabajadores de base; reducir el exceso de Comisiones Autónomas, capturadas en algunos casos por cuotas políticas y grupos de interés que atomizan facultades del Estado; y cancelar programas clientelares sin resultados.

El menú tributario debe incluir:

Una progresividad mayor en ISR a personas físicas, tanto para generar recursos como para redistribuir el ingreso, como se logró en Europa, bajando los coeficientes de desigualdad (Gini) de 0.5 a 0.3.

Reducir el ISR de personas morales al 20% (o menos) para inducir la inversión privada. Se necesita, además, para competir, la baja anunciada de Trump.

Probablemente aumentar el IVA parejo, con sólo una verdadera canasta básica de productos exentos o tasa 0, justificado para financiar la mayor inversión y la seguridad social, no la deuda. Requiere una motivación social.

Impuesto bajo (inferior al 1%) sobre transacciones financieras, mecanismos que en la práctica imponen los bancos para beneficio propio vía comisiones leoninas. Aquí es para un fin social. En países de América del Sur, generó 1% del PIB.

8. Revisar un Pacto Fiscal Federal disfuncional establecido en la Ley de “Descoordinación” Fiscal, que ha degenerado en un feudalismo fiscal. Ello representa el 60% del presupuesto federal. Su falta de control (rendición de cuentas) explica corrupción, despilfarro y menor crecimiento. Negociar que los estados sean corresponsables de la recaudación, no sólo del predial, y pactar y verificar que los recursos se canalicen a un mayor gasto de inversión eficaz.

9. Crear una política de seguridad social integral, particularmente con cobertura universal de salud y pensiones, avanzando hacia la convergencia de los sistemas del IMSS y del ISSSTE. Integrar y desaparecer el paliativo temporal que fue el Seguro Popular, ahora, con frecuencia, otra “caja chica” de algunos gobernadores. La propia generación de empleo derivada del crecimiento propicia el aumento de ingresos y un sistema de salud sustentable. Estas reformas son un buen objetivo para una reforma fiscal, no la recaudación. Fortalecer el papel de las Afores como grandes generadores de ahorro con aumento de cuotas (como lo ha hecho Perú). El sistema actual de pensiones no es sustentable, ¡es una bomba de tiempo!

10. La reducción de la pobreza y la desigualdad es esencial por razones de ética, pero también para eliminar uno de los mayores obstáculos para el crecimiento, y una de sus mayores reservas, o bien, uno de los grandes factores de riesgo social; por ello, el nuevo desarrollismo es redistributivo e incluyente.

Los avances en este campo deben ser primordialmente resultado de las políticas generales antes enumeradas (empleo, educación, seguridad social), más que un enfoque asistencial, poco eficaz, que genera despilfarro y corrupción, como en los más de mil programas de ataque a la pobreza, las decenas de programas de apoyo al campo, que a veces son regresivos y consumen muchos recursos y no generan resultados. Deben algunos suprimirse o consolidarse. Sí hay que enfatizar cuatro políticas:

a) Mantener algunos programas sociales focalizados que han probado su eficacia, como Prospera (desde 1997) y la nueva Cruzada Contra el Hambre.

b) Una política integral de apoyo al campo, principalmente en zonas de temporal y en las regiones más rezagadas. Reducir nuestras vulnerabilidades en ciertos productos alimenticios básicos, como el maíz.

c) De acuerdo con una tendencia mundial, examinar la posibilidad de introducir una política de salarios mínimos efectiva o sustituir muchos programas dispersos por una renta básica, pero con cuidado financiero y en forma gradual.

d) Un programa nacional de apoyo a jóvenes, particularmente a los millones que no tienen educación ni empleo. Roosevelt creó, para combatir la Gran Depresión, la National Youth Administration (Administración Nacional para la Juventud).

 

Ilustración de María José Ramírez

Conclusiones

 No ignoro los enormes obstáculos y resistencias para introducir estas propuestas en el momento actual. Es una visión que requiere formar nuevos consensos sociales y políticos, y ejecutarse a lo largo del tiempo. Pero el cambio de modelo de desarrollo, además de las razones apuntadas, cuenta con el acicate de las serias amenazas y retos provenientes del exterior, como lo fueron en su momento la Gran Recesión y la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, si lo sabemos aprovechar, la elección de Trump es a la vez reto y oportunidad de cambio. La tarea principal es fortalecer al Estado y a la sociedad mexicana; ejercer un mayor liderazgo con una visión y motivación compartidas. No es suficiente invocar el optimismo si no va acompañado de un programa de acciones concretas, amplio y creíble.

Esa fortaleza nacional debe sustentarse en un dinámico crecimiento, generador de empleos, no en la estabilidad de precios; en la reindustrialización basada en el mercado doméstico y las exportaciones competitivas, no en más tratados de libre comercio; en una mayor inversión en infraestructura, no en el despilfarro del gasto corriente; en una reforma de la seguridad social de alcances universales, financiada por una verdadera reforma fiscal, no en sistemas asistenciales y clientelares; en una banca de desarrollo y comercial que apoye a los sectores productivos, no una banca que privilegia el consumo y el apoyo a sus matrices; a una educación de calidad para trabajadores y profesionistas productivos que no tengan que salir a ser vejados en el exterior; a la autosuficiencia alimentaria y energética para superar vulnerabilidades evidentes; a corregir desigualdades regionales de miseria en el sur-sureste, además de al freno a la corrupción e implantación de un Estado de derecho. Ello es lo que nos dará la posibilidad de negociar desde posiciones de fuerza. La negociación externa debe basarse en la fortaleza interna. Debemos avanzar hacia un verdadero Acuerdo de Unidad Nacional, sustentado en una plataforma de políticas concretas con objetivos específicos.

Quiero concluir con una cita de Paul Krugman, que es aplicable a la situación actual de México:

En una recesión (o crisis), las reglas usuales de la política económica no se aplican: la virtud se convierte en vicio, la cautela es riesgosa y la prudencia es tontería […] Algunas personas dicen que nuestros problemas económicos son estructurales, para lo cual no hay remedios rápidos, pero yo creo que los únicos obstáculos importantes a la prosperidad mundial son las doctrinas obsoletas que atrofian las mentes de los hombres.

1 Segunda parte del artículo “Del ‘estancamiento estabilizador’ a un nuevo modelo económico desarrollador con inclusión social”, publicado en nuestro número anterior.

FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA ha fungido como embajador de México ante la OCDE en París, como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, diputado federal y embajador de México en Canadá, entre otros cargos. Como docente ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y la UNAM.

Fuente:http://www.estepais.com/articulo.php?id=959&t=diez-propuestas-para-una-nueva-estrategia-de-politica-economica

Actualización del Semáforo Anticorrupción (marzo)

  • Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco no han iniciado el proceso de construcción de su Sistema Local Anticorrupción
  • 16 estados aún no tienen una propuesta de ley para diseñar sus SLA, preocupa que algunos de ellos han tenido recientemente escándalos de corrupción
  • Solo Puebla, Nayarit y Chiapas tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus Sistemas Locales Anticorrupción

Los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) necesitan una base sólida y los estados tienen hasta el 18 de julio de este año para implementarlo. Por eso, la Coparmex, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana diseñamos la Ley Modelo para los SLA, la cual es una adaptación a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su objetivo es ser una guía simple para las entidades.

Comprometidos con la implementación del SNA, el 28 de febrero presentamos el Semáforo Anticorrupción, un monitoreo ciudadano de los Sistemas Locales. Los resultados del primer semáforo:

  • 10 estados con reforma constitucional satisfactoria
  • 2 estados con Ley del Sistema Local Anticorrupción
  • 3 estados con problemas graves en sus reformas constitucionales

¿CÓMO HAN AVANZADO LOS ESTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SLA?

El “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción” es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación. Documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales. El estudio se compone por:

  • Semáforo de la reforma constitucional
  • Semáforo de implementación de la Ley del SLA

El procedimiento para obtener la información legislativa de los estados fue la siguiente:

  1. Revisión de las gacetas parlamentarias que se encuentran en línea de los congresos de los 32 estados
  2. Se envió correo electrónico a tres funcionarios de cada congreso local
  3. Como último recurso, se les contactó por teléfono

SEMÁFORO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Determina el nivel de avance al evaluar si el estado tiene o no reforma constitucional o alguna iniciativa y si tiene una estructura constitucional adecuada por medio de 10 criterios que deben contemplar las reformas constitucionales, entre ellos el establecimiento del SLA, del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana y la incorporación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

  • 4 estados ni siquiera han iniciado el proceso de construcción de su SLA (Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco)
  • 3 estados (Morelos, Jalisco y Veracruz) mantienen la inconstitucionalidad de sus reformas
  • Estas siete entidades ponen en peligro la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en julio

Observaciones generales:

  • Existe preocupación en algunas constituciones estatales sobre el grado de autonomía e independencia de las Entidades Estatales de Fiscalización y las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia.
  • Observamos que los problemas más comunes están en los Comités Coordinadores y su integración. En varios estados se añaden órganos cuya incorporación carece de justificación.
  • Ningún estado fue más allá de la composición y funciones mínimas del SNA. No encontramos innovaciones interesantes que sean destacables.

SEMÁFORO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DEL SLA

Determina el nivel de avance al evaluar si el estado tiene o no una Ley del Sistema Local Anticorrupción o una iniciativa y si es apta la ley por medio de 30 criterios que la Ley del SLA debe contemplar, entre ellos destacan un adecuado Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana, Secretaría Ejecutiva y recomendaciones del Comité Coordinador.

16 estados aún no tienen una propuesta de Ley para diseñar sus SLA, preocupa que algunos de ellos han tenido recientemente escándalos de corrupción.

Observaciones generales:

  • Se presenta la iniciativa sin contar con la reforma constitucional que establezca los parámetros mínimos. El nombramiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC) lo realiza el Congreso del estado, y no incorpora el régimen de recomendaciones no vinculantes.
  • Yucatán. Crea Sistemas Municipales, el Congreso interviene en el nombramiento del CPC y otorga facultades incompletas a varios órganos.

Solo Puebla, Nayarit y Chiapas tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus Sistemas Locales Anticorrupción y pueden comenzar con:

  • La construcción administrativa de sus órganos
  • Los procesos de designación
  • El inicio de funciones sustantivas

Los congresos locales tienen como mandato implementar el Sistema Local Anticorrupción antes del 18 de julio de 2017, por lo que los estados pueden aprovechar la Ley Modelo para agilizar los procesos legislativos y evitar riesgos de inconstitucionalidad.

Consulta los avances por estado en: http://semaforoanticorrupcion.mx

Fuente:http://imco.org.mx/uncategorized/actualizacion-del-semaforo-anticorrupcion-marzo/

Análisis de la OCDE de la honestidad de México: Tomando una postura más firme ante la corrupción vía OCDE

El reporte de la OCDE “Análisis de la OCDE de la honestidad de México: Tomando una postura más firme ante la corrupción” se enfoca en ofrecer una visión panorámica de las iniciativas planeadas en torno a las reformas anticorrupción que busca implementar México, las cuales buscan atender los múltiples retos económicos y sociales que atraviesa hoy nuestro país.

¿Cuáles son los datos que destaca este documento?

  • Los mexicanos consideran a la corrupción como el segundo problema más importante del país, tan solo después de la inseguridad y el crimen y por delante del desempleo, la pobreza y el mal desempeño del gobierno.

  • 50% de las empresas que se entrevistaron identifican a la corrupción como el mayor obstáculo para hacer negocios. Esto representa 11% más que el promedio de los países de la OCDE.

  • La corrupción debilita el Estado de derecho, por lo tanto, la justicia se ve comprometida. Entre 2005 y 2010 el número de homicidios en el país se duplicó.

  • La corrupción también amenaza la agenda de reformas estructurales que se han puesto en marcha desde 2012.

  • La OCDE recomienda para la correcta y exitosa implementación del Sistema Nacional Anticorrupción una serie de medidas que legitimen las instituciones gubernamentales, fortalezcan la economía y creen mayor seguridad para los ciudadanos. Lo anterior se puede llevar a cabo al revisar las cuestiones clave del sistema público del país.

  • El estudio destaca la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción para el sistema de integridad mexicano. Los acuerdos institucionales del SNA pueden mejorar la coordinación entre actores y así reducir el riesgo de fracaso.

Fuente:http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/analisis-de-la-ocde-de-la-honestidad-de-mexico-tomando-una-postura-mas-firme-ante-la-corrupcion-via-ocde/

Índice de Democracia 2016 vía The Economist

La democracia está en declive. Así lo da a conocer el Índice de Democracia 2016 elaborado por The Economist, el cual mide el estado de la democracia en 165 países independientes y dos territorios al evaluar los procesos electorales y el pluralismo, el estado de las libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política.

Dependiendo del puntaje que obtienen los países en estas cinco categorías, The Economist las clasifica en distintos regímenes: democracia plena, democracia con fallas, régimen híbrido y régimen autoritario.

¿Cuáles son los datos más relevantes que se desprenden de este reporte?

  • 72 países mostraron un declive en sus valores democráticos en 2016.

Noruega es el país con la democracia más fuerte, seguido por Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Canadá e Irlanda empatados en sexto lugar, Suiza, Finlandia y Australia.

Menos de la mitad del mundo vive en una democracia. Menos de 49% de las personas viven en un país que no es democrático.

México se encuentra en el lugar 67. Obtiene el peor puntaje en la categoría de cultura política y su mejor puntaje en proceso electoral y pluralismo. Nuestro país está catalogado como una democracia con fallas.

De todo Latinoamérica, solo Uruguay es catalogado como una democracia plena.

Desde hace 10 años que se publica este índice, Asia es la región que más ha avanzado hacia la democracia, aunque sigue esforzándose por alcanzar a Latinoamérica y el Caribe.

Las peores recesiones se vieron en tres regiones: Europa del Este, Norteamérica y Europa del Este.

Estados Unidos pasó de obtener un promedio de 8.22 en 2006 a 7.98 en 2016, lo que lo sitúa como una democracia con fallas.

Consulta todo lo relacionado con el Índice de Democracia 2016 aquí.

Fuente:http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-democracia-2016-via-the-economist/

La discriminación en la era Trump: ¿Por qué el racismo daña a las economías?

Por:Ana Laura Martínez

 

En 1957 el famoso economista Gary Becker publicó su trabajo doctoral en torno a un tema poco común para dicho gremio: la discriminación racial. Antes de la publicación de La economía de la discriminación (Becker, 1972), la mayoría de los economistas simplemente no consideraba la discriminación racial como un tema económico.

Becker presentó una metodología novedosa en la que utilizó tres características del mercado para identificar los efectos del racismo: (1) un individuo maximizador de utilidades con preferencias definidas, (2) una transacción de mercado, y (3) el concepto de equilibrio. Con ello logró demostrar que la discriminación de ciertos grupos raciales puede existir aún en mercados que se encuentren en equilibrio y que puede tener un efecto negativo en el bienestar económico de las minorías e impactar la competitividad del mercado. Hoy, 60 años después de la publicación de dicho trabajo, las políticas de Donald Trump nos obligan a revisar la teoría de Becker —y algunos otros economistas1— para comprender el posible impacto de las ideas discriminatorias en las economías del mundo.

¿Qué es la discriminación para los economistas? Siguiendo a Arrow (1973), diremos que existe discriminación cuando las características personales de un individuo afectan el costo y/o su probabilidad de completar una transacción de mercado. Por ejemplo, cuando se le niega un trabajo a un individuo de origen latino o un crédito hipotecario a un afroamericano en cierta zona residencial, estamos viendo los efectos de la discriminación en los mercados.

La discriminación es un fenómeno complejo. Incluso cuando nos enfocamos sólo en sus efectos económicos, encontramos que existen diferentes niveles y tipos de discriminación que a su vez tienen distintos orígenes. La Tabla presenta una tipología de la discriminación con el objetivo de facilitar nuestra comprensión de sus efectos económicos.

De acuerdo con dicha tipología, las políticas públicas encaminadas a combatir la discriminación deben diseñarse en función del origen de la misma. Por ejemplo: la respuesta del Gobierno a discriminación basada en preferencias o prejuicios (comúnmente llamada racismo) debe ser muy distinta a la respuesta cuando la discriminación se debe a la falta de información o a la mala calidad de ésta en torno a las características de cierto grupo poblacional, como nos sugiere el concepto de discriminación estadística de Phelps (1972).

Dado que tanto las preferencias como los prejuicios y la falta de información pueden generar discriminación, resulta fácil comprender el porqué del resurgimiento de la misma en la era de la posverdad trumpiana. En los Estados Unidos de hoy, tanto los prejuicios como la falta de información han hecho de la discriminación una potencial amenaza al desempeño de la economía. De acuerdo con el modelo de Becker (1972), la discriminación suele generar grandes diferencias en los salarios de las mayorías vis a vis las minorías, afectando el bienestar y la riqueza de dichos grupos. Por otro lado, la discriminación puede causar segregación de mercados, es decir, la tendencia de los distintos grupos a realizar transacciones sólo entre ellos mismos. Ambos fenómenos pudiendo resultar dañinos para los mercados, al asignar mayor importancia a variables como quién es el productor o vendedor de un producto que a la eficiencia y competitividad del mismo.

La discriminación en México: El elefante en el cuarto

Finalmente resulta hipócrita hablar de nuestro vecino del norte sin mirar la paja —de la discriminación— en nuestro propio ojo. Al respecto, un estudio reciente escrito por Guillermo Trejo y Melina Altamirano (2016) encuentra que “controlando por clase, etnia y otros indicadores socioeconómicos, la raza y el tono de piel tienen un efecto sistemático en la riqueza material e incluso en el acceso a los bienes y servicios públicos de los mexicanos”. En específico, dichos autores encuentran que 54% de los mexicanos ha presenciado actos de discriminación basados en la apariencia, 58.3% basados en el lenguaje y 64.7% en el estatus económico (ver la Gráfica).

Más aún, la probabilidad de tener estudios universitarios es 68% mayor para individuos de piel blanca, mientras que los individuos con tez morena tienen 25.2% menor probabilidad de ser profesionistas (Viallareal, 2010). Finalmente, un experimento realizado por investigadores del CIDE y el Colmex (Arceo y Campos, 2014) encuentra que las personas con tez oscura y/o rasgos indígenas deben enviar su currículo (cuando éste incluye fotografía) 18% veces más que aquellos de tez clara para recibir el mismo número de llamadas.

Sin duda, “la discriminación en base a la raza y el color de piel es un gigante ‘elefante en el cuarto’ de la sociedad mexicana –el incómodo, ancestral animal que nadie quiere reconocer pero que condiciona todas las interacciones sociales” (Trejo y Altamirano, p. 12).

Desde mi punto de vista, la evasión al tema desde la esfera pública y privada tiene que ver con que gran parte de la discriminación en México es del tipo estructural (Dimsky, 2006) (ver la Tabla).

Es decir, existe una correlación tan fuerte entre estatus socioeconómico y color de piel que nos hemos acostumbrado históricamente a las disparidades y los bajísimos efectos en la movilidad social de la educación y los programas sociales encaminados a mejorar las oportunidades de vida de los ciudadanos desfavorecidos. Sin embargo, siguiendo la teoría de justicia de Rawls (1971), el éxito de una persona debe ser proporcional a su esfuerzo. Mientras que otra variable distinta, ya sea el color de piel, el lugar de nacimiento o la profesión de los padres, sea el principal determinante del éxito o fracaso de una persona, la justicia distributiva no existe y el Estado está fallando en una de sus misiones principales: generar condiciones de igualdad entre todos los habitantes del país.

En conclusión, debemos reconocer que tanto en México como en Estados Unidos y el resto del mundo, la discriminación racial limita las oportunidades de crecimiento económico. Obstaculiza el desarrollo de mercados competitivos y meritocráticos, base de la construcción de sociedades justas y de la realización de las libertades tanto individuales como colectivas (Trejo y Altamirano, 2016).

Las ideas de Trump son, en este sentido, un obstáculo al desempeño de los mercados al imponer costos a las empresas y dificultar la distribución de los bienes producto del comercio internacional. Si bien sus políticas pudieran resultar estimulantes para la economía en el corto plazo —por ejemplo, la reducción de impuestos o una regulación más laxa a Wall Street—, tenderán a beneficiar tan sólo a los grupos más ricos de la población, lo cual, aunado a una peor situación económica de las minorías, puede dañar el consumo en el mediano y largo plazo.

El racismo no sólo es moralmente deplorable, viola las libertades y las garantías individuales y atenta contra la cohesión social, sino que, además, daña el desempeño de los mercados en detrimento del crecimiento económico. Paradójicamente la razón detrás del “nuevo” viraje proteccionista y racista del gobierno de Donald Trump.2  

Bibliografía

Altamirano, Melina y Guillermo Trejo, “The Mexican Color Hierarchy: How Race and Skin Tone Still Define Life Chances 200 Years After Independence”, American Political Science Association, octubre de 2016.

Arceo-Gómez, Eva, y R. Campos-Vázquez, “Race and Marriage in the Labor Market: A Discrimination Correspondence Study in a Developing Country”, American Economic Review: Papers & Proceedings, vol. 104, núm. 5, 2014, pp. 376-380.

Arrow, Kenneth, “The Theory of Discrimination”, Universidad de Princeton-Woodrow Wilson School, 1971.

Becker, Gary, The Economics of Discrimination, 2a. ed., The University of Chicago Press, Chicago-Londres, 1971.

Dymski, Gary, “Discrimination in the Credit and Housing Markets: Findings and Challenges”, en Willliam M. Rodgers, Handbook on the Economics of Discrimination, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, Mass, 2006, pp. 215-251.

Marsden, Madeline, “Board Issues Fair Lending Policy Statement”, Financial Update, Banco de la Reserva Federal de Atlanta, núm. de enero, 1994, pp. 1-3.

Phelps, Edmund, “The Statistical Theory of Racism and Sexism”, The American Economic Review, vol. 62, núm. 4, septiembre de 1972, pp 659-661.

Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge-Londres, 1971.

Villarreal, Andrés, “Stratification by Skin Color in Mexico”, American Sociological Review, vol. 75, núm. 5, 2010, pp. 652-678.

1 Arrow, 1973; Phelps, 1972, y Dimsky, 2006.

2 Para más información sobre los estudios del IMCO entra a  o síguenos en nuestras redes sociales: <facebook.com/IMCOmx@IMCOmx>.

Fuente:http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/la-discriminacion-en-la-era-trump-por-que-el-racismo-dana-a-las-economias/

Del “estancamiento estabilizador” a un nuevo modelo económico desarrollador con inclusión social (primera de dos partes)

Por: Francisco Suárez Dávila

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I. El mundo ante una gran transformación

Vivimos momentos en verdad excepcionales. Como alguien dijo, “no es sólo una época de cambio, sino un verdadero cambio de época”. El mundo se encuentra en un momento de grandes transformaciones, una verdadera encrucijada de la historia, que encierra grandes retos, que provoca cambios de paradigmas. Lo anormal se vuelve lo normal. Trump y el brexit son realmente los síntomas más dramáticos que afloraron de estas profundas corrientes sociales.

En México hay preocupación y zozobra, pero no nos damos cuenta de que ante estos cambios nosotros también debemos cambiar. Es el verdadero antídoto. Los nuevos problemas no se enfrentan con las mismas visiones y políticas del pasado.

Entendemos mejor lo que pasa si apreciamos que se trata de grandes tendencias, de ciclos históricos. Hubo un gran ciclo liberal que va de la llamada “época dorada de finales del siglo XIX” (los años noventa de dicho siglo), que se colapsa con la Gran Depresión de 1929. Como reacción sobreviene, a partir de los años treinta, el Estado activo, transformador, keynesiano y socialmente orientado de Roosevelt. En México es Lázaro Cárdenas. Este periodo concluye en los setenta y ochenta con la crisis monetaria internacional de la caída del talón oro-dólar, la estanflación, la crisis de la deuda. Surge el periodo neoliberal, el Consenso de Washington, la caída del muro de Berlín y el mal llamado “fin de la historia”.

Este mundo comienza a desmoronarse con la Gran Recesión de 2008, de la cual todavía no salimos; una economía mundial frágil que nuevamente está en periodo de desaceleración. Lawrence Summers dice que estamos inmersos en una etapa de “estancamiento secular”. Otro economista, Mohamed A. El-Erian, comenta que “un largo periodo de bajo crecimiento no es sostenible”, ya que va provocando y acumulando severas presiones sociales y genera su propia destrucción. El comercio mundial anormalmente crece menos que la economía; los sistemas financieros han adquirido un peso desproporcionado; bancos muy frágiles en Europa son “demasiado grandes para quebrar o para ser apoyados”, y una “cuarta revolución industrial” produce severo desempleo y afecta a sectores tradicionales.

Ello significa, como lo ha señalado el premio Nobel Joseph Stiglitz o incluso economistas del FMI, que el neoliberalismo está en declive. Puede ser el fin de esta época. Se cuestionan los dogmas económicos que lo sustentan: el libre comercio, la austerocracia fiscal, la desregulación financiera.

Esta crisis económica con las graves tensiones políticas y sociales que provoca, el desprestigio de las clases dirigentes y sus gobiernos, el auge de movimientos populistas y antisistémicos de derecha e izquierda, los flujos migratorios desestabilizadores, racismo, zonas de conflicto, choques de civilizaciones, el triunfo del brexit y el de Trump, el surgimiento de hombres fuertes autoritarios, como Xi Jinping, Putin, Erdoğan; como en los años treinta, Hitler, Mussolini, Stalin. Pero ahora Occidente carece de un Roosevelt o de un Churchill. El presidente de la mayor potencia es parte del problema, no de la solución o el contrapeso. ¡Analogía aterradora!

Lo comento porque ése es el entorno mundial en el que nos movemos y, como la historia lo demuestra, el cual configura ideas y políticas.

II. Los fracasos del “estancamiento estabilizador”

En México ha habido sin duda algunos avances a lo largo del tiempo. Sólo los muertos quedan inmóviles. Empiezo por lo que hemos ponderado hasta la saciedad: los macro-fundamentales sólidos, que ya no son tanto, como lo acreditan las calificadoras; se mantiene la estabilidad de precios; hay un comercio de bienes importante con América del Norte, que se tradujo en sectores y regiones con prósperas cadenas productivas; reformas estructurales que sólo son verdaderas o eficaces en energía y telecomunicaciones; aumento en la recaudación fiscal para compensar la caída del petróleo. Navegamos en algunas ínsulas de autocomplacencia.

Estos claros, sin embargo, se ensombrecen con muchos oscuros: un crecimiento mediocre de 2% por décadas. Sí, mayor ahora que Brasil, Argentina, Venezuela, la Unión Europea —mal de muchos…—, pero debajo de casi toda Asia y de muchos países importantes. Todavía puede bajar al 1% o menos. Problemas fiscales: fuerte crecimiento de la deuda (33 a 50% del PIB), parte se fue a pago de intereses, eso es lo que significa un déficit primario; todo el IVA se va al pago de servicio de la deuda; hay grandes incrementos en gasto corriente y burocracia; la inversión, como porcentaje del PIB, más baja que en los cincuenta; tasas negativas de crecimiento; la inversión en infraestructura, proporcionalmente la más baja del continente. Depreciación del peso de alrededor  del 50%, la mayor del mundo; sin duda afectó Trump y la caída del precio del petróleo, pero también su producción se cayó en una tercera parte desde 2004. ¿Cómo llegamos a perder el control del peso, que asume absurdamente el papel de “moneda internacional”? Un severo problema de pensiones a nivel federal, estatal y de las universidades; un Pemex desmantelado y quebrado, pero todavía “vaquita lechera” del Gobierno.

Hemos perdido competitividad y las exportaciones han perdido dinamismo. Como lo han señalado Jaime Ros y Juan Carlos Moreno Brid, tenemos “un modelo de crecimiento sustentado en las exportaciones, que no genera crecimiento”, porque no hay “amarres” con la economía doméstica, hay poco contenido local, salvo algunos sectores. El TLCAN, por falta de políticas compensatorias, ha generado dos países: los estados TLCAN al norte de México, y el sur-sureste al borde del conflicto social. No hemos logrado cerrar la brecha de ingresos con Estados Unidos, como sí lo ha hecho la Unión Europea. Tenemos un país que se “desindustrializa”, una estructura industrial desconectada entre grandes empresas prósperas y “changarros” de baja productividad. La política de ciencia y tecnología es un fracaso por el monto que se invierte (0.4% del PIB) y la escasa generación de patentes.

La banca de desarrollo se convirtió en la del “subdesarrollo”, particularmente Nafinsa, “joya de la corona”, el gran Banco Industrial, que se dedica a operar en segundo piso y dar garantías concentradas en pocos clientes, muchos de ellos bancos. Banobras, ahora el mayor banco de desarrollo, y Bancomext (que sobrevivió el intento de desaparecerlo) tienen mejor comportamiento y se han fortalecido, pero todas sus cifras son lamentables en términos históricos y, más aún si se compara con los de otros países, por ejemplo, el China Development Bank, el Banco de Desarrollo de Brasil e India con sus tres bancos de desarrollo industrial, que prestan más que todo el Banco Mundial.

La banca comercial da poco crédito a la actividad productiva. Se orienta principalmente al crédito al consumo, las nuevas “tiendas de raya” del crédito a la nómina; en vivienda y en apoyar a sus matrices en dificultades, como en España o Estados Unidos.

En resultados sociales: seguimos siendo “medio país”, una mitad en pobreza, una quinta parte en pobreza extrema, sin grandes cambios. Uno de cada cinco jóvenes es “nini” (ni estudia ni trabaja), 23% más que el promedio de la OCDE. El llamado “tema olvidado”:2 los salarios reales no crecen desde los ochenta, aún menos que la productividad. Como porcentaje del PIB, los salarios representaban el 40% en ese momento; ahora sólo 28%. El capital, 72%. En los países industriales es al revés, los salarios son 65%. Somos de los países más desiguales, el 20% más rico detenta el 60%; el 20% más pobre, el 4%. Hay un proceso de destrucción institucional y pérdida de control territorial.

Hemos tenido un modelo económico, obsesionados por la estabilidad, el equilibrio de las finanzas públicas, la desregulación de la banca, el campeonato de tratados de libre comercio. Es decir, lo que he llamado el “estancamiento estabilizador”, una copia imperfecta del modelo neoliberal. Lo que tenemos es una obsesión también por las reformas estructurales; muchas no son reformas (la fiscal, mera miscelánea recaudatoria) ni son estructurales; algunas, incluso, son “destructurales”. A juzgar por los resultados expuestos de la política económica, que no viene de ahora –el nuevo secretario de Hacienda hace su mayor esfuerzo con una situación fiscal “heredada” con gran deterioro—, es difícil argumentar que nuestra estrategia es un éxito. En el mejor de los casos es mediocre, pero más bien se puede decir que es un modelo agotado o fracasado. Se requieren, en consecuencia, cambios de fondo, no cosméticos. Lo más grave es que estamos rezagados en las ideas y frente al debate mundial, y no nos damos cuenta. ¡Somos una sociedad pasmada! La terquedad aferrada al “pensamiento único” es evidente. ¿Acaso se requiere un gobierno populista o un movimiento social para cambiar?

III. Hacia un cambio de modelo

El mundo avanza hacia cambios de paradigmas, cambios en la estrategia económica, particularmente en los países emergentes exitosos: China, India, Vietnam (Asia en general), incluso Brasil, hasta su reciente fracaso. Frente al neoliberalismo han venido construyendo lo que se llama el modelo neodesarrollista, porque corrige las deficiencias del desarrollismo (como el esquema ya rebasado de sustitución de importaciones) que floreció hasta los años setenta. La esencia de ambos es que privilegian el crecimiento. Así, estos países crecen más del 5%, los impulsa un Estado estratega, también llamado “el Estado desarrollador”. Dos profesores de Berkeley, Bradford DeLong y Stephen Cohen, proponen un gran rediseño de la política económica de Estados Unidos:

El modelo de desarrollo del Este asiático se inventó en los Estados Unidos. Su elemento central es el concepto del Estado desarrollador. En palabras del columnista del Financial Times, Martin Wolf: “Fueron Estados Unidos y Hamilton quienes lo inventaron”. Hamilton fue su pionero y posteriormente fue implementado a finales del siglo XIX por la Alemania de Bismarck, trasplantado a Asia por Japón, adoptado por Corea y luego —con variaciones significativas y a gran escala— por China. Este modelo de desarrollo del Este asiático ha generado un crecimiento de una rapidez sin precedentes y un desarrollo transformador… Incluso, como subproducto, reformuló la economía americana.3

La corriente de pensamiento en favor de este nuevo modelo desarrollista es muy impresionante.

Es pertinente señalar que para México esto no es nuevo. El periodo más exitoso de nuestra historia económica va de 1934 a 1974, en que crecimos al 6% anual, con baja inflación. Se sustentó en un modelo desarrollista, que fue históricamente de los primeros y que otros países copiaron. Éste se caracterizó también en un Estado impulsor del crecimiento, un consenso nacional con el sector privado sobre este objetivo, fuerte inversión en infraestructura, un Banco Central heterodoxo con objetivo dual (crecimiento-estabilidad), una banca de desarrollo complementada con orientación del crédito de la banca hacia fines nacionales, déficit fiscal bajo, con deuda extranjera, orientada a la inversión. El modelo de sustitución de importaciones se agotó. Pero, sobre todo, fue descarrilado por excesos a partir de Echeverría; lo mismo le pasó a Brasil a partir del segundo periodo con Lula. El problema fueron las personas, como sucede, no el modelo.

En síntesis, hemos tenido dos periodos en nuestro desarrollo económico, cada uno de 40 años: uno exitoso, de 1933 a 1973: 6% de crecimiento; otro, fracasado, con cuatro crisis: 1976, 1982, 1994, 2008 y 2% de crecimiento.

En la siguiente entrega, delinearé los elementos de una nueva estrategia de desarrollo que el país requiere, reacción necesaria ante cambios en el entorno mundial, nuevas ideas y el fracaso de lo existente.4

NOTAS

1 Ensayo basado en un discurso pronunciado en el foro: La responsabilidad del porvenir. Reflexiones y propuestas sobre el futuro que viene, en el Colegio de México el 15 de noviembre de 2016.

2 Norma Samaniego, “La participación del trabajo en el ingreso nacional. El regreso a un tema olvidado”, en Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL, México, 2014.

3 Bradford DeLong y Stephen Cohen, Concrete Economics: The Hamilton Approach to Economic Growth and Policy, Harvard Business Review Press, Boston, 2010, p. 121 (traducción del autor).

4 Revisar la bibliografía en la versión en línea.

 Fuente:http://www.estepais.com/articulo.php?id=915&t=del-estancamiento-estabilizador-a-un-nuevo-modelo-economico-desarrollador-con-inclusion-social1primera-de-dos-partes

Índice de Información Presupuestal Municipal 2016 (IIPM)

El promedio general de cumplimiento de los 453 municipios evaluados es de apenas 35%

63 municipios tienen un desempeño sobresaliente entre 94% y 100%, 103 municipios cumplen entre 34% y 71% y 287 municipios obtuvieron una calificación entre 0% y 33%

El saldo de la deuda pública municipal al 30 de junio de 2016 es de $47,243.7 mdp, equivalente al presupuesto total de Colima, Morelos y Tlaxcala

En seis años el personal administrativo de los municipios creció 68% mientras que los policías aumentaron solo 26%

La recaudación del impuesto predial en México es de 0.13% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 1%

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL

El Índice de Información Presupuestal Municipal 2016 (IIPM), realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) desde 2009, mide la calidad de la información presupuestal de 453 municipios y delegaciones del país. Tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad, verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y fomentar una serie de buenas prácticas contables que ya han sido implementadas en el ámbito municipal.

Resultados generales IIPM 2016

resultados-generales

El IIPM 2016 contempla la evaluación de los 453 municipios bajo 80 criterios divididos en nueve secciones. El promedio general de cumplimiento de los 453 municipios es de apenas 35%, de los cuales:

  • 63 municipios tienen un desempeño sobresaliente entre 94% y 100%
  • 103 municipios tuvieron un nivel de cumplimiento entre 34% y 71%
  • 287 municipios (63% de los municipios evaluados) obtuvieron una calificación entre 0% y 33%

Con relación a la evaluación del año anterior, en la que se analizaron 413[1] municipios, observamos que 196 mejoraron, 91 se mantuvieron sin cambios y 126 empeoraron.

Los primeros lugares en el IIPM2016

61 municipios obtuvieron 100% de cumplimiento. Los 38 municipios que conforman el estado de Coahuila y los siguientes 23 municipios:

Mexicali, BC. Zinacantepec, Mex. Domingo Arenas, Pue.
Zapopan, Jal. Zitácuaro, Mich. Juan C. Bonilla, Pue.
Aculco, Mex. Acajete, Pue. Pahuatlán, Pue.
Chalco, Mex. Amozoc, Pue. Puebla, Pue.
Lerma, Mex. Atlixco, Pue. San Andrés Cholula, Pue.
Metepec, Mex. Chiautzingo, Pue. Zacatlán, Pue.
Ocoyoacac, Mex. Chignahuapan, Pue. Mérida, Yuc.
Tenango del Valle, Mex. Cuautlancingo, Pue.

Los municipios que más avanzaron (2015-2016):

  1. Mérida, Yuc: Mejoró 96 lugares (97 a 1)
  2. Zamora, Mich: Subió 92 posiciones (207 a 115)
  3. León, Gto: Avanzó 41 lugares (103 a 62)

Los municipios que más retrocedieron (2015-2016):

  1. Acapulco, Gro: Retrocedió 158 posiciones (54 a 212)
  2. Toluca, Mex: Bajó 155 lugares (1 a 156)
  3. Tlalnepantla de Baz, Mex: Cayó 79 posiciones (1 a 80)

RECORTE PRESUPUESTAL

Entre 2004 y 2014 el gasto de los gobiernos municipales creció 66.8% en términos reales. Mientras que en 2004 ejercieron $165 mmdp, diez años después gastaron $411 mmdp. El gasto promedio por municipio en 2014 fue de $199 mdp.

A pesar del crecimiento del gasto de los gobiernos municipales, de acuerdo al INEGI[2], los bienes y servicios que proveen siguen siendo deficientes. En 2014 el promedio de satisfacción ciudadana con los servicios públicos municipales es de 4.1 sobre 10.

En promedio, en 2014 casi 72% de los recursos municipales provino de los estados o la Federación. Las aportaciones y participaciones federales a municipios aprobadas para 2016 ascienden a $238,445.3 mdp, lo cual equivale al presupuesto total de 2,004 municipios.

Ante la caída de los precios y la producción de petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 una reducción de $15.9 mmdp en algunos de los fondos que se transfieren a los gobiernos municipales. Los municipios tienen tres alternativas para sobrellevar la reducción de sus ingresos:

  1. Endeudarse más. El saldo de la deuda pública municipal al 30 de junio de 2016 es de $47,243.7 mdp (el presupuesto total de tres estados: Colima, Morelos y Tlaxcala). Mientras que en 2006 solamente 583 municipios tenía deuda contratada y su saldo promedio era de $23.1 mdp, una década después 835 municipios tienen deuda y su saldo promedio es de $56.6 mdp (un crecimiento real de 2006 al 2016 de 100.2%). Con la nueva Ley de Disciplina Financiera el acceso a este mecanismo de financiamiento por parte de los municipios del país se verá limitado.
  1. Gastar mejor. Los municipios no han consolidado un Presupuesto Basado en Resultados (PbR) que mejore la eficiencia de su gasto. En 2016 el promedio de avance en la implementación del PbR para elevar la calidad del gasto público en 64 municipios representativos del país es de 42%. El grado de avance es reprobatorio en 57 de 64 municipios.[3]

Un ejemplo de ello es que en seis años (entre 2008 y 2014) el número de funcionarios municipales aumentó 59%: el personal administrativo creció 68%, mientras que los policías aumentaron solo 26%. [4]

  1. Mejorar la recaudación. En México solo 1.2% del total de los ingresos por impuestos es recaudado por los gobiernos municipales, mientras que el gobierno federal recauda 96.4%.

La recaudación del impuesto predial ha tenido un crecimiento promedio real anual de 6% entre 1989-2014. A pesar de este crecimiento, la recaudación del predial en México es de 0.13% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 1% y en América Latina es de 0.43%. Si en nuestro país la recaudación de predial fuera como el promedio de América Latina se generarían 2.3 veces más de lo que se recauda actualmente ($86.9 mmdp adicionales).

Las buenas y malas prácticas de información presupuestal detectadas en el IIPE

Buenas prácticas

  • La Auditoría Superior del Estado de Coahuila asesoró a los 38 municipios en el cumplimiento del IIPM, por lo que todos obtuvieron el primer lugar en 2015 y 2016.
  • En Bahía de Banderas, Nayarit, se desglosa el número de plazas y los pagos mensuales a jubilados y pensionados del municipio.
  • Los municipios de Zacatecas desglosan conforme a la normatividad vigente todos los conceptos de ingresos que obtienen.

Malas prácticas

  • Todas las delegaciones de la Ciudad de México desglosan su información presupuestal en seis líneas con un cumplimiento promedio de 6% en este índice.
  • En el municipio de Morelos, Zacatecas, el presupuesto de egresos se encuentra escrito a mano.
  • A pesar de ser una obligación por ley, solamente 34% de los municipios evaluados publicó su presupuesto de egresos en versión ciudadana.

IMCO PROPONE

  1. De acuerdo a las mejores prácticas sistematizadas por el IMCO, establecer en la legislación estatal la estructura e información mínima que los municipios deben incluir en sus presupuestos de egresos.
  2. Articular esfuerzos entre municipios y otros órdenes de gobierno para consolidar la transparencia presupuestal a nivel municipal.
  3. Fortalecer los capítulos de sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera.
  4. Reformar la Ley de Coordinación Fiscal para que los gobiernos estatales no sean intermediarios de las transferencias federales a los municipios.
  5. Mejorar los incentivos federales y estatales para la recaudación del impuesto predial.
  6. Implementar un servicio civil de carrera en áreas técnicas de la administración pública municipal como contralorías, tesorería y transparencia.
  7. Garantizar que se implemente correctamente la legislación secundaria en materia de disciplina financiera.

[1] En 2015 se evaluaron 413 municipios, mientras que en 2016 la cifra de municipios evaluados aumentó a 453, por ello, solo se hace el comparativo con los 413 evaluados en 2015.

[2] INEGI. Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2015.

[3] SHCP. Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED de los municipios 2016.

[4] INEGI. Encuesta nacional de gobierno 2009; INEGI. Censo nacional de gobiernos municipales y delegacionales 2015.

Fuente:http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-informacion-presupuestal-municipal-2016-iipm/