Programas de protección social han sido insuficientes para combatir las desigualdades en México: CONEVAL

Evaluación de políticas de desarrollo social revela que las carencias sociales con mayores porcentajes en la población son: el acceso a la seguridad social, a la alimentación y a los servicios básicos en la vivienda.

Programas de protección social han sido insuficientes para combatir las desigualdades en México: CONEVAL

El porcentaje de personas con trabajo ha aumentado en los últimos años. Cuartoscuro

Durante los últimos años, los programas federales de protección social destinados a la población más vulnerable no han logrado solucionar los problemas para los cuales fueron destinados pues presentan deficiencias de cobertura, fragmentación y vacíos estructurales.

De acuerdo con la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los programas enfocados a la alimentación, educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda han sido insuficientes para reducir las desigualdades que imperan en el país.

El CONEVAL analizó tres dimensiones de dichos programas: acceso, disponibilidad y calidad a lo largo de diez años en los que también realizó investigaciones sobre cumplimiento de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados.

Como resultado se encontró que a pesar de la implementación de programas sociales que buscan beneficiar a la sociedad las cifras en temas como la pobreza son negativas.

Entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas como resultado de las altas carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación, de acuerdo con el estudio.

En 2016, las carencias sociales con mayores porcentajes en la población fueron el acceso a la seguridad social (55.8 %), a la alimentación (20.1 %) y a los servicios básicos en la vivienda (19.3 %), lo cual revela la importancia de atender el acceso efectivo e integral de los derechos sociales de los ciudadanos, que están estrechamente relacionado con las prestaciones que se reciben en los empleos formales.

Aunque se han registrado avances en los indicadores de carencias con relación a años anteriores, todavía existen retos para impulsar una política de desarrollo social con objetivos claros y concretos, la cual pueda “establecer pisos mínimos de acceso a bienes o servicios”, plantea el estudio.

Entre sus principales hallazgos la evaluación detectó que a pesar de que actualmente la protección social impulsada por el gobierno federal es más amplia que hace 20 años, ésta se encuentra fragmentada, es decir, no existe una igualdad de condiciones con relación a la distribución y la cobertura de los programas sociales. El desigual nivel de acceso y calidad da como resultado una baja efectividad, además de que “tanto la coordinación como la complementariedad entre entidades y dependencias para entregar los beneficios a la población vulnerable y en condición de pobreza son débiles”.

Son al menos seis temas los que resalta la evaluación con relación a la vulnerabilidad de las personas para gozar de sus derechos sociales.

Alimentación

El estudio señala que en 2016  la carencia de acceso a la alimentación estaba presente en 24.6 millones de personas en todo el país.

Los hogares con ingresos más bajos destinaron el 50.6 % de su gasto en alimentos y bebidas, mientras que las personas en el ingresos más altos invirtieron el 25.2 %.

“Si a los ingresos bajos se agrega el factor del alza en los precios de los alimentos, la situación empeora. Estas variaciones generan cambios drásticos en el consumo alimenticio de los hogares, sobre todo en alimentos de alta calidad nutricia”, argumenta el CONEVAL.

Explica que en México el derecho a la alimentación encuentra mayores dificultades en las dimensiones de accesibilidad y calidad, a pesar de que en materia de disponibilidad se cuenta con una oferta adecuada de alimentos. Esto se debe a una producción interna insuficiente y al grado de apertura comercial que ha propiciado completar la oferta doméstica mediante el comercio exterior.

Por ello las personas con ingresos más bajos son las que presentan mayores obstáculos para acceder a los alimentos adecuados debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprarlos.

Las personas indígenas son las más afectadas en términos de inseguridad alimentaria moderada o severa, lo cual deviene de las condiciones de exclusión social, política y económica que atraviesan estructuralmente.

A pesar de que se han implementado programas a nivel nacional para combatir este problema, el estudio argumenta que el consumo de alimentos “no significa que se tenga una buena alimentación, ya que a pesar de que en las zonas urbanas la dieta está más diversificada que en las zonas rurales, se consumen más alimentos no recomendables que producen efectos como el sobrepeso y la obesidad”.

El CONEVAL crear programas sociales que ayuden a “mejorar el acceso físico y económico a suficientes alimentos saludables y culturalmente aceptables para las personas en situación de pobreza tanto en zonas rurales como urbanas”.  

Educación

Para el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización alcanzó el 98.4 % para primaria y 86.2 % para secundaria, sin embargo el acceso efectivo a este derecho está determinado entre otros factores por la condición económica de las personas, resalta el estudio.

La gratuidad de la educación pública obligatoria no ha sido suficiente, por lo cual es necesario que los programas sociales sean vistos como una opción para garantizar que toda la población, particularmente la más pobre, pueda solventar los costos de la educación.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 identificaron a poco más de 1 millón de personas entre 3 y 17 años que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo (LBM) y no asisten a la educación básica.

En tanto, la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) de 2015 registró a casi 700 mil niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela por carencias económicas, de los cuales 490 mil son adolescentes.

La recomendación del CONEVAL para la crisis en materia de educación es contar con una oferta de servicios educativos disponibles para todos los niveles de educación obligatorios, la cual contemple instituciones suficientes, infraestructura de calidad y materiales adecuados, además de contar con planes, programas y prácticas apropiadas.

También será necesario que estos servicios sean accesibles de acuerdo con sus características particulares, sin importar el lugar de residencia, la condición económica, la pertenencia étnica y la condición de discapacidad.

Se requieren programas que sean de calidad y en los que se utilicen los medios y procesos idóneos para garantizar el máximo logro de aprendizaje, exponen.

Servicios de salud

En 2016, 24 millones de personas presentaban carencia en cuanto al acceso a los servicios de salud, esto se debe a que el paquete de beneficios otorgados en instituciones de salud es insuficiente en cuanto al contenido y extensión para quienes carecen de acceso a una institución de seguridad social.

Señalan que las condiciones actuales del sector “obstaculizan la cobertura universal y dificultan la utilización de los servicios por parte de la población, en particular de los más vulnerables”.

Para disminuir la cifra de personas sin acceso a los servicios de salud en el país, los gobiernos federal y estatal crearon programas no contributivos como el Seguro Popular, que hoy cuenta con alrededor de 55.6 millones de afiliados y una limitación de su cobertura a 1,621 enfermedades.

Pese a este esfuerzo, el sector salud no ha logrado revertir la heterogeneidad y disparidad en la calidad de atención entre el régimen contributivo.

Para solucionar la carencia con relación a los servicios de salud el CONEVAL plantea la creación de un sistema de protección social universal con acceso más igualitario entre los diversos grupos de población, que propicie la igualdad de oportunidades.

Dicho sistema deberá permitir la afiliación de los ciudadanos a servicios de salud de calidad y efectividad lo cual garantizaría “una atención equitativa y una adecuada promoción del cuidado de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento de patologías”.

Trabajo

El Informe de Evaluación 2018 señala que actualmente la población desocupada se mantiene en 3.3 % y resalta que a pesar del bajo índice de desocupación, para el sector que posee un trabajo “persisten situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones.

En 2016, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) ejerció mil 564 millones de pesos y logró la inserción laboral de 317,706 personas, situación que contribuyó a aminorar el nivel de desocupación; sin embargo esta disminución no significa que se tenga mayor acceso a este derecho, ya que de la población ocupada un porcentaje alto continúa en la informalidad laboral.

En 2017 se registró a un 57 % de personas con un empleo informal, siendo los jóvenes los que registran mayores dificultades para incorporarse a empleos formales. El año pasado, más de la mitad de los jóvenes ocupados se encontraban en empleos informales.

Esta situación propicia menores probabilidades de tener una pensión al fin de la vida laboral. El panorama es más grave en los grupos de trabajadores con mayores afectaciones como los jóvenes, las mujeres y los indígenas.

La recomendación obtenida tras la evaluación plantea que es indispensable reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias o programas específicos de formalización para los grupos más afectados. Sumado a esto se requiere “mejorar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de capacitación para reducir la inestabilidad laboral”.

Seguridad social

En 2016, 68.4 millones de personas tenían carencia por acceso a la seguridad social, la cual no solo contempla el acceso a los servicios de salud sino también a los programas o “el conjunto de políticas públicas que buscan incidir en los riesgos que afectan el nivel de vida de la población”.

Desde 2004 se implementaron programas federales como el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el programa “70 y Más”, mientras que a nivel estatal, en todo el país, se crearon iniciativas para cubrir riesgos asociados con salud, vejez, cuidado de niños (guarderías) y vivienda.

A pesar de esto el problema persistió pues el sistema de seguridad social tiene una baja cobertura en la población de menores ingresos y en contraparte ofrece mayores beneficios para quienes tienen mejores condiciones laborales y de salario.

El estudio concluye que la protección o seguridad social en la actualidad no beneficia a todos los mexicanos; ofrece acceso y calidad desigual de los programas sociales, y no cuenta con instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable.

La recomendación es este rubro es “contemplar la creación de un sistema de protección social universal que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos sociales a lo largo del ciclo de vida” de las personas.

Vivienda

En 2016 el 12 % del total de la población del país carecía de calidad y espacios para una vivienda, prevaleciendo así la desigualdad en diversas regiones del país, incluidas las ciudades.

Este problema está relacionado directamente con la falta de dinero, ya que de acuerdo con la evaluación la población en situación de pobreza “tiene mayores dificultades pues su condición no les permite acceder a créditos hipotecarios públicos o privados para adquirir una vivienda”.

Aunado a esto, aquellas personas que no son poseedoras de alguna vivienda tienen mayores dificultades de desarrollo social pues difícilmente acceden a servicios públicos básicos.

En términos de calidad constructiva y de diseño, detalla el CONEVAL, el hacinamiento prevalece en 8.4 % de las viviendas habitadas en el país y 5.6 % de las viviendas en México presentan carencia por calidad de materiales de techos, pisos, y muros.

En este sentido, el CONEVAL recomienda “reducir el rezago de vivienda que prevalece en el país con énfasis en la población de escasos recursos, comunidades indígenas, en el entorno rural y en las entidades federativas ubicadas en el sur del territorio nacional”.

De manera general y con base en los resultados de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el CONEVAL recomienda:

  • Continuar con estrategias coordinadas entre dependencias y órdenes de gobierno dedicadas a reducir la pobreza multidimensional.
  • Que las políticas públicas de desarrollo social se centren en el acceso efectivo a los derechos y permita cerrar las brechas económicas y sociales.
  • Implementar un esquema de protección social universal que propicie reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para toda la población.

Con esto se espera que se generen las condiciones idóneas para crear un ambiente de mayor igualdad de oportunidades entre todos los mexicanos.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2018/06/proteccion-social-insuficientes-para-desigualdad-en-mexico/

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Atlas 2018 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una nueva guía visual sobre los datos del desarrollo

POR WORLD BANK DATA TEAM

“El Banco Mundial es una de las principales instituciones que genera datos y lleva a cabo investigación en el ámbito del desarrollo. Pero no solo tenemos la responsabilidad de poner a disposición estos bienes públicos mundiales, sino que también debemos presentarlos de una manera más comprensible para una audiencia general.

Cuando el público y los responsables de políticas comparten una visión del mundo basada en pruebas, verdaderos avances en el desarrollo económico y social, como el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son posibles”. – Shanta Devarajan (i)

Nos complace divulgar el Atlas 2018 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (i) La nueva publicación, (i) que incluye más de 180 mapas y gráficos, muestra el nivel de progreso de las sociedades en la consecución de los 17 ODS.

El atlas contiene numerosas visualizaciones de datos comentadas, que se pueden reproducir a partir de los datos y el código fuente de la publicación. Usted puede ver el Atlas de los ODS en línea, (i) descargarlo en PDF(30Mb), y acceder a los datos (i) y el código fuente (i) de los mapas y gráficos incluidos en la publicación.

La producción del atlas es posible gracias a la labor de estadísticos y científicos de datos que trabajan en organismos nacionales e internacionales de todo el mundo, y se trata de un esfuerzo conjunto de los grupos de investigación, el equipo de datos y los profesionales de las diversas prácticas mundiales del Banco Mundial.

Tendencias y análisis de los 17 ODS

El atlas se basa en los Indicadores del Desarrollo Mundial, (i) una base de datos compuesta por más de 1400 indicadores de más de 220 economías, muchos de los cuales se remontan a más de 50 años. Por ejemplo, el capítulo del ODS 4 (i) incluye datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (i) relativos a la educación y los impactos de este sector en todo el mundo.

En el atlas, los datos se presentan por país, región y grupo de ingreso, y se suelen desagregar por género, ingreso y zona geográfica.

Las brechas de género en la finalización de la escuela primaria se han reducido, excepto en los países de ingreso bajo, siendo las tasas de las niñas 5 puntos porcentuales más elevadas que las de los niños.

En el atlas se analizan también nuevos datos de científicos e investigadores de lugares donde las normas para medir las metas de los ODS aún están en proceso de formulación. Por ejemplo, el capítulo del ODS 14(i) presenta datos de estudios encabezados por Global Fishing Watch, (i) y publicados este año en Science. (i) Dicho equipo monitoreó más de 70 000 buques pesqueros industriales entre 2012 y 2016, y procesó 22 000 millones de mensajes del Sistema de Identificación Automática para elaborar mapas y cuantificar la pesca en todo el mundo.

La pesca industrial se lleva a cabo en más de la mitad de las zonas oceánicas del mundo, es decir un área cuatro veces mayor que la superficie dedicada a cultivos agrícolas

Nuevos datos y métodos para medir el desarrollo

 Además de las tendencias, en el atlas se analizan cuestiones relacionadas con la medición de los resultados de desarrollo. Por ejemplo, las nuevas y más detalladas definiciones sobre el acceso a servicios de agua y saneamiento presentadas en el capítulo del ODS 6 (i) indican que si bien casi el 90 % de la población mundial tiene acceso “como mínimo a servicios de agua básicos”, solo el 71 % accede a servicios de agua que se “gestiona de manera segura” (el agua está fácilmente disponible y no presenta contaminación).

El agua potable es esencial para la vida, pero solo el 71 % de las personas tiene acceso a servicios de agua que se gestiona de manera segura.

En el capítulo del ODS 8, (i) se presentan nuevos datos de la base de datos Global Findex (i) que indican que el 69 % de los adultos en todo el mundo tiene una cuenta en una institución financiera o a través de un proveedor de servicios de dinero móvil. Pero alrededor de 1700 millones de personas no son aún titulares de una cuenta, y el acceso a cuentas financieras varía enormemente por región, y por edad, nivel de educación, género e ingreso.

La titularidad de cuentas es más baja entre los adultos jóvenes, los menos educados, las mujeres y los más pobres.

El capítulo del ODS 3 presenta datos dados a conocer recientemente sobre cobertura sanitaria universal. (i) Según estos datos, en 2010 en el mundo, más de 800 millones de personas gastaron más del 10 % de su presupuesto familiar en atención de salud.

La cobertura sanitaria universal significa que todas las personas tienen acceso a la atención de salud que necesitan sin padecer dificultades financieras.

Datos de libre acceso y código abierto

La mayor parte del atlas se produjo usando el lenguaje de programación para análisis estadístico “R” y el sistema para crear gráficos “ggplot graphics library”. El código empleado para producir los gráficos se encuentra disponible en github, (i) y usted puede ver el código fuente para los distintos gráficos, como el que presentamos a continuación.

Desde aproximadamente el año 2008, la mayoría de la población mundial vive en ciudades.

Trabajar de esta manera permite a los usuarios entender cómo se generó un gráfico en particular, qué cambios se hicieron en los datos y qué supuestos se utilizaron. También facilita el mantenimiento y la actualización de los gráficos, y da la posibilidad a otras partes interesadas de usar nuestros datos y código para adaptarlos a sus necesidades.

Gran parte de los datos proceden de la API de datos del Banco Mundial. (i) Tanto un resumen de la API de datos usada en la publicación como datos de otras fuentes se pueden encontrar en el Catálogo de datos del Banco. (i)

Fuente:https://blogs.worldbank.org/opendata/es/atlas-2018-objetivos-de-desarrollo-sostenible-nueva-guia-visual-datos-desarrollo?cid=ECR_FB_worldbank_ES_EXT

Trabajar en conjunto: el multilateralismo eficaz es la única vía para seguir avanzando

A tsunami survivor decorates the entrance of her house in a fishing village of Akkarapettai in Nagapattinam, about 325km (202 miles) from the southern Indian city of Chennai December 24, 2005. Government and multilateral agencies have pledged more than $7.3 billion in aid for nations hit by the December 26, 2004 earthquake and tsunami in the Indian Ocean, while global private donations have amounted to more than $5.7 billion.

Image: REUTERS/Parth Sanyal

Por: Angel Gurría

La cooperación internacional está sometida a grandes tensiones. Las voces que propugnan el proteccionismo y el nacionalismo cobran fuerza. Cada vez más, los gobiernos persiguen sus objetivos políticos a través de medidas unilaterales y ad hoc, en detrimento de la colaboración multilateral.

A pesar de esta realidad, la cooperación internacional eficaz continúa siendo la mejor vía para mejorar nuestras economías nuestra vida cotidiana. El intercambio automático de información financiera de acuerdo al estándar común impulsado por la OCDE ha permitido a los gobiernos de todo el mundo recaudar alrededor de 85.000 millones de euros en ingresos fiscales adicionales, fondos que pueden contribuir a financiar mejores políticas sociales. En virtud de la Convención para combatir el cohecho de la OCDE, el cohecho en transacciones comerciales es ahora una infracción penal en 43 países. Y gracias al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, 72 países pueden tomar decisiones mejor informadas sobre las políticas las políticas educativas que determinan el futuro de nuestros hijos.

Estos son sólo algunos ejemplos de los beneficios que las instituciones multilaterales aportan a las sociedades modernas. Pero el valor del multilateralismo en sí trasciende cualquier programa o política concretos.

El sistema internacional y sus instituciones fueron creados como un baluarte contra las guerras. Tras permitir la reconstrucción de Europa de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, el multilateralismo ofreció a los países de todo el planeta un objetivo común: mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos. Más allá de los éxitos económicos y el desarrollo de nuestras sociedades, debemos medir los resultados del multilateralismo en términos de guerras evitadas y vidas no perdidas.

Sin embargo, más y más personas están perdiendo la confianza en la capacidad de la cooperación internacional de resolver los problemas actuales. Aunque la intensificación de las interconexiones entre las economías de todo el mundo ha impulsado el crecimiento, sacado a millones de personas de la pobreza y elevado los niveles de vida, los beneficios no se han compartido lo suficiente.

Si el multilateralismo no está logrando todo lo que deseamos, la solución no es renunciar a él. Debemos, en cambio, lograr que produzca resultados aptos para el mundo de hoy.

Habida cuenta de la magnitud de los retos a los que nos enfrentamos, ningún país irá muy lejos por sí solo o de forma bilateral. Al igual que sucedió hace 70 años, únicamente en un entorno multilateral encontraremos soluciones a estos complejos desafíos. La cooperación multilateral ofrece foros para resolver las diferencias de manera pacífica; plataformas en las que pactar las reglas comunes de juego; mecanismos para gestionar mejor los flujos internacionales; canales de intercambio de ideas y experiencias que permiten a los países aprender unos de otros. La cooperación y la integración mundiales han sido decisivas en la impresionante expansión del bienestar y las oportunidades que se ha registrado en los últimos 70 años.

Image: Ejemplo de cooperación multiateral, clave para la agenda 2030./ CEPAL

 

Esta semana los ministros de los países de la OCDE se reunirán en París bajo el liderazgo del Presidente francés, Emmanuel Macron, con la convicción de que la cooperación internacional es más importante que nunca. Pero discutirán también cómo el multilateralismo puede abordar con mayor eficacia las frustraciones y expectativas de nuestros ciudadanos, y ayudarles a hacer realidad sus aspiraciones.

Sabemos lo que hay que hacer. Debemos impulsar una regulación inteligente de los mercados que anticipe los efectos disruptivos de las nuevas tecnologías digitales, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que ofrecen. Tenemos que actualizar -no abandonar– las normas del comercio y la inversión internacionales, para que sus beneficios se repartan más ampliamente. Hay que encontrar nuevas maneras de luchar contra la desigualdad y proteger a los más vulnerables. Y debemos proporcionar a nuestros hijos no sólo una educación de calidad, sino también con las competencias que necesitan para prosperar, dejándoles un planeta limpio en el que puedan vivir.

Los países pueden aprender mucho unos de otros sobre cómo conseguir un crecimiento más inclusivo que permita abordar problemas como el desempleo, la erosión salarial, el acceso a la vivienda o la calidad de la asistencia sanitaria. Pero sin cooperación en la lucha contra retos globales como la corrupción, los flujos financieros ilícitos, las amenazas de ciberseguridad, la competencia desleal, la contaminación o el cambio climático, las soluciones a tales problemas nacionales serán parciales y efímeras.

En su reciente discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el Presidente Macron abogó en favor de una “nueva generación de multilateralismo… eficaz, responsable y orientado a resultados. Un multilateralismo que respete, proteja y apoye nuestras culturas e identidades nacionales.” Para hacer realidad este nuevo multilateralismo, las discusiones de los próximos días en la OCDE se centrarán no sólo en defender el principio de cooperación internacional, sino también en debatir qué es lo que no ha funcionado y, por tanto, debería mejorarse.

Para encontrar soluciones es necesario que escuchemos a todas las personas, en especial a quienes han perdido la confianza en los gobiernos e instituciones. El multilateralismo ha de evolucionar con la finalidad expresa de servir a todos los que aspiran a una vida mejor.

En un mundo dividido, todos perdemos. Pero si aunamos nuestros conocimientos, experiencias y recursos, y renovamos el compromiso con un sistema multilateral responsable, eficaz e inclusivo, podemos construir un futuro más brillante y próspero para todas y todos.

Fuente:https://www.weforum.org/es/agenda/2018/05/trabajar-en-conjunto-el-multilateralismo-eficaz-es-la-unica-via-para-seguir-avanzando-936bf042-3e34-4098-92e8-0d5ad5c5dbf7

Hacia un México más justo y competitivo

Un México justo y competitivo se construye con políticas públicas que mejoren la calidad de vida para todos los ciudadanos. Sabemos que existe un largo camino por recorrer para construir una economía de mercado que funcione para todos. Sin embargo, es necesario defender los cimientos de un economía abierta y estable que a lo largo de las recientes décadas hemos logrado construir. Es también necesario abogar por una agenda de política económica, de acuerdo con principios básicos de eficiencia, transparencia, equilibrio fiscal y certeza jurídica para los detonadores de prosperidad. Sin inversión, no hay empleos  En este sentido, hemos identificado seis ejes para avanzar en esa ruta para cambiar a México.

1. Asegurar la continuidad de políticas económicas básicas como:

  • Autonomía del Banco de México y la política monetaria.
  • Libre flotación del tipo de cambio.
  • Política de no control de precios.

La adopción de políticas como los controles de precios o estrategias comerciales aislacionistas tendrá repercusiones que afectarán de manera importante la capacidad de compra de los salarios.

2. Invertir en la diversificación de la canasta de generación energética, aprovechando cada vez más las fuentes renovables y menos los subsidios a combustibles fósiles o la producción de refinados en procesos de producción ineficientes y que contribuyen al cambio climático.

3. Fomentar una política fiscal responsable. Toda propuesta de reducir impuestos o generar programas sociales masivos debe estar acompañada de un análisis detallado de la manera en que impactaría las finanzas públicas y la recaudación federal. Además, deben contener un estándar mínimo de transparencia y esfuerzos por reducir la posibilidad de actos de corrupción en los procesos de distribución de subsidios y transferencias.

4. Fomentar el empleo formal, la atracción de inversión y la generación de empresas como principal instrumento para reducir la pobreza. Los empleos formales que le brindan todos los derechos a los trabajadores son la base de ensanchar el ingreso de la clase media. El combate a la pobreza con éxito en el largo plazo no se puede sustentar solo en políticas sociales basadas en transferencias financieras.

5. Ofrecer certeza jurídica a las inversiones. Es necesario ofrecer un ambiente de certidumbre a empresas y trabajadores en proyectos de inversión. La voz de la autoridad no debe ser una fuente de riesgo político sobre el clima para hacer negocios.

6. Aprovechar nuestras ventajas comparativas en el comercio internacional e impulsar la apertura comercial de México para satisfacer las necesidades de la población. Contrario a lo que afirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los déficits comerciales no son necesariamente reflejo de una política económica fallida.

La apertura comercial, la creación de empleos formales, la certeza jurídica y la conectividad nacional e internacional son principios que han probado detonar la competitividad y el crecimiento de distintos países, y México no es la excepción. Es importante analizar y comprender el alcance de las propuestas de los candidatos en el contexto de las campañas electorales para elegir Presidente en 2018.

Fuente:https://imco.org.mx/temas/hacia-mexico-mas-justo-competitivo/

Libertad y ética: la era de la hiper comunicación

La ética de mínimos propone mínimos axiológicos y normativos (morales y jurídicos) compartidos en una sociedad pluralista, principios de convivencia que se logran a través del consenso social.

Foto: Reuters.

Por: Arlene Ramírez Uresti

Este es el proceso electoral más álgido de nuestra historia, los niveles de violencia que arroja el lenguaje político en redes sociales se suman a las descalificaciones, burlas y escarnio que ha prevalecido durante los últimos 6 años entorno a diversos actores políticos, ya sea a través de “memes”, chistes, “tuits” o cadenas de “whats”.

Pareciera que las redes sociales abren el espacio para que todos queramos ser periodistas o reporteros, olvidando por supuesto que el periodismo es, ante todo, una profesión de servicio.

La comunicación en la era digital debe encontrar su centro en el terreno de la ética civil, aquella que hace posible la convivencia y que mantiene al mínimo la posibilidad de conflicto.

No sólo preocupan las noticias falsas que son emitidas con intención y propósito específico, y que han aumentado en los últimos años gracias a la velocidad con la que se propaga la información a través del uso de redes sociales, preocupa también la polarización ideológica que deriva en encontronazos discursivos y afrentas que a todas luces asemejan incitaciones a la violencia.

El problema no son las redes sociales, ni las noticias ahí publicadas sino la falta de análisis y verificación de la información. El problema es la falta de ética en la emisión de un mensaje bajo el argumento que confiere el derecho a la libertad de expresión.

A la audiencia de la era de la posverdad y de la inmediatez le resulta más atractivo leer algo que no está verificado pero que es mayormente difundido, aquello que estruendosamente aparece en un “time line” y gana adeptos y ecos vertiginosamente. Las fake news obedecen a fines comerciales o políticos muy específicos, por lo que distorsionan la realidad aprovechando la delgada línea entre el heroísmo y el incitador.

Alrededor del mundo, ha aumentado sorprendentemente la influencia que tienen medios como Facebook y Twitter en procesos electorales (como en Estados Unidos de 2016 y como el de México, en el que con gran preocupación vemos cómo las redes se han convertido en plataformas políticas de coyuntura, inmediata y en ocasiones poco fundamentada) a pesar de que, a nivel global, los esfuerzos para contrarrestar los efectos de las noticias falsas no presentan un consenso. Es difícil hoy en día, regular aquello que se publica, difunde y propaga a través de la redes sociales, sin que esta regulación sea calificada como represión o violentación de los derechos humanos.

El contexto social, económico y político de hoy requiere abordar el fenómeno de la información en tiempos de crisis o violencia. Quienes abordan medios de información en cualquier plataforma, deben estar conscientes de que la responsabilidad de emitir un mensaje requiere conocimiento mínimo de la realidad social, que se debe favorecer la búsqueda de soluciones pacíficas y propositivas, que en todo momento debemos procurar no caer en la tentación que ofrece la violencia (y más cuando ésta se esconde atrás de un perfil falso), ni en el anonimato que proveen las redes sociales.

Aunque en este momento se ve poco probable que el problema de la desinformación desaparezca, es evidente que se requiere emitir normatividad para elevar la calidad de información que circula, no solo por el encono y los discursos de odio alentados desde la emisión de fake news; sino porque la difusión masiva de este tipo de noticias altera el libre ejercicio en la toma de decisiones de los ciudadanos y promueve una cultura de la desinformación que sólo merma y polariza el tejido social.

La lectura objetiva y analítica puede llevar a evitar en el futuro las noticias falsas en redes sociales, pero también puede ayudar a la eliminación de mensajes de odio, burla, difamación, discriminación, amenazas e incitación a la violencia en todas sus formas y dimensiones (y colores).

En México, a lo largo de los últimos 6 años, son más de cien mil averiguaciones previas por homicidio las que se han registrado y en los últimos 7 meses han sido asesinados 82 políticos. Los tiempos no están para bromas, memes, directas o indirectas.

El sobre ejercicio de una libertad malentendida conlleva momentos de crisis y conflicto social por falta de ética civil.

El hoy, requiere medios responsables, capaces de esparcir la estimación por la paz, la confianza en las instituciones, y la confianza en que la violencia no soluciona nada, por lo tanto, la violencia no puede ganar.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/libertad-y-etica-en-la-era-de-la-hiper-comunicacion/

Repensando las instituciones: Por un nuevo contrato social sin “letra pequeña”

“No importa que robe, pero que salpique”. Ese chascarrillo era habitual en América Latina y el Caribe hace tan solo una  generación. La corrupción se veía como algo estructural, inamovible, un sistema injusto que no iba a desaparecer y donde solo cabía la resignación y el humor negro. Ya no.

América Latina cada vez tiene menos estómago para la corrupción. Según Latinobarometro, un 80% de los latinoamericanos considera que la corrupción está en todas partes. El 75% reconoce tener poca o ninguna confianza en su gobierno, veinte puntos porcentuales más que una década atrás. Y la satisfacción con los servicios públicos se ha deteriorado a la misma velocidad. En los últimos diez años, el nivel de satisfacción de la población con la calidad de los servicios de salud cayó de 57% a 41%, muy por debajo de los niveles de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (alrededor del 70%), según el Latin American Public Opinion Project. Asimismo, la satisfacción con la calidad del sistema educativo cayó de 63% a 56% en el mismo periodo.

La paradoja latinoamericana es que, si bien en muchos países nunca ha habido mejores instituciones que hoy, la satisfacción ciudadana con los servicios públicos es más baja que nunca. El 52% de latinoamericanos cree que está justificado no pagar sus impuestos, según Latinobarometro. ¿Por qué? Los ciudadanos consideran que el Estado no sabe hacer un buen uso de los recursos y que, además, el gasto público esta distorsionado. Los últimos [y notorios] escándalos de corrupción han agudizado este descontento. La realidad es que nunca hemos estado tan bien, y nunca nos hemos visto peor.

Las instituciones: Un nuevo contrato social sin letra pequeña

Es necesario repensar las instituciones en América Latina y el Caribe para fortalecer su vínculo con la ciudadanía y su capacidad de responder a las demandas de una sociedad con nuevas expectativas. En su informe anual sobre la región Perspectivas Económicas de América Latina 2018, la OCDE junto con Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Unión Europea (UE) y contribuciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llama a repensar las instituciones para el desarrollo e identifica varias ventanas de oportunidad para reconectar a los gobiernos con los ciudadanos:

  • El impulso reformador de una clase media más exigente. En 2015, 1 de cada 3 ciudadanos de América Latina (34.5%) formaban parte de la llamada “clase media consolidada” (que vivía con 10-50 USD al día), comparado con 1 de cada 5 (21%) en 2001. Esa prosperidad económica ha venido acompañada de mayores aspiraciones, así como de un código de valores renovado que reclama con mayor firmeza el cumplimiento de los principios democráticos.
  • El potencial de las nuevas tecnologías y la transformación digital del Estado. La revolución digital que ha impulsado las aspiraciones de los ciudadanos por un mejor Estado y le ha dado tanta visibilidad a la corrupción también nos ofrece nuevas herramientas para combatirla. Por ejemplo, nuevas herramientas como la minería de datos, la inteligencia artificial, y la cadenas de bloques han abierto el abanico de herramientas disponibles para mejorar la calidad e integridad de las políticas públicas (como ha hecho México). Los laboratorios de innovación (como Chile y Uruguay) fomentan colaboración ciudadana con las instituciones públicas, y las estrategias de gobierno abierto promueven una cultura de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. El potencial transformador de la digitalización también se extiende al poder judicial para fomentar instituciones judiciales independientes y eficaces, y al ecosistema de integridad pública y prevención de la corrupción. Un ejemplo es la tramitación digital de los procedimientos judiciales, recientemente introducida en Chile.
  • Capacidad y voluntad para quedarnos sólo con aquello que funciona. Solo se puede avanzar hacia Estados más capaces e inteligentes generando un músculo tributario más acorde a los desafíos, y fortaleciendo las capacidades de rectoría estratégica del Estado desde centros de gobierno empoderados que fortalezcan la coordinación y la coherencia de las políticas públicas. Se requieren marcos regulatorios robustos para limitar prácticas perjudiciales y de captura en la interacción entre sector público y privado. También se necesita profesionalizar la función pública, fortalecer la capacidad fiscal, mejorar la gestión por resultados, y optimizar la inversión pública en infraestructura. Nos sobran los ejemplos de gobiernos con computadoras del siglo XXI con procesos del siglo XX: toda la innovación y tecnología del mundo no producirá resultados si la maquinaria de gobierno no está bien aceitada.

Soplan vientos de cambio

La maratón electoral que está atravesando la región, junto con una recuperación progresiva de las economías, abre una ventana de oportunidad que debemos aprovechar para “resetear” las instituciones en la era digital. Sin duda, hay apetito para el cambio. Por ejemplo, hace tan solo unos días la Cumbre de las Américas, donde se presentó Perspectivas Económicas de América Latina 2018, concluyó con la adopción del Compromiso de Lima, con 57 acciones para fortalecer la gobernabilidad democrática, profundizar el Estado de derecho, y luchar contra la corrupción. Ese mismo día, los dirigentes de las empresas más grandes de la región se comprometían en la Cumbre Empresarial de las Américas para fortalecer la transparencia en las alianzas público-privadas.

Cuando un grupo de empresarios se compromete a no hacer contribuciones ilegales a campañas políticas o a no pagar sobornos para ganar licitaciones, es porque algo está cambiando. El cambio en América Latina y le Caribe fue que hoy tenemos instituciones con más tecnología, más capacidad y mejores incentivos y más exigencias de los ciudadanos. Y mucho más importante que todo eso: hoy tenemos la certeza de que la corrupción salpica siempre… pero solo para manchar.

Fuente:https://blogs.iadb.org/gobernarte/2018/04/18/instituciones-en-america-latina-y-el-caribe/

Christine Lagarde: Arrojar luz sobre la corrupción y el lado oscuro de la gestión de gobierno

U.S. dollar banknotes lie on a table in this picture illustration taken in Warsaw August 8, 2011. Deep-rooted jitters about the U.S. debt rating cut sent world stocks tumbling towards 11-month lows on Monday, overshadowing relief that the European Central Bank was buying bonds of strugglers Italy and Spain. REUTERS/Kacper Pempel (POLAND  - Tags: BUSINESS) - GM1E7881N2B01

Image: REUTERS/Kacper Pempel

Por: Christine Lagarde

El Directorio Ejecutivo del FMI acaba de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI realiza con los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Quisiera explicar por qué esto es importante y cómo incide en nuestro trabajo.

Costos de la corrupción

Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía ya que socava la capacidad de un país de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

El estudio que acabamos de publicar presenta resultados empíricos que muestran que un alto grado de corrupción está asociado a niveles significativamente más bajos de crecimiento, inversión, inversión extranjera directa (IED) e ingreso tributario. Bajar del percentil 50 al percentil 25 en un índice de corrupción o gestión de gobierno implica una caída de la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita de medio punto porcentual o más, y un descenso en la relación inversión/PIB de 1½–2 puntos porcentuales. Los resultados muestran asimismo que la corrupción y la gestión de gobierno inadecuada traen consigo un mayor grado de desigualdad y un menor crecimiento inclusivo.

Estas conclusiones no son difíciles de entender. Sabemos que la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo. Sabemos que actúa como un impuesto a la inversión, o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos. También sabemos que la corrupción hace que los jóvenes no inviertan lo suficiente en educarse y especializarse porque salir adelante depende de a quién se conoce y no qué se sabe. Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, limita las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y disuelve la cohesión social. La corrupción es uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reforzar la labor del FMI

Todas estas razones están detrás de la decisión del FMI de redoblar la lucha contra la corrupción, y de hacerlo ahora. Cabe destacar que esta iniciativa contra la corrupción pasará a formar parte de nuestras actividades generales con las que buscamos promover la buena gestión de gobierno en ámbitos fundamentales, como la gestión de financiera pública, la supervisión del sector financiero y las medidas contra el lavado de dinero.

Este enfoque más amplio es indispensable. Las deficiencias en la gestión de gobierno son perjudiciales en sí mismas, pero además abren las puertas a una corrupción generalizada. Para ser verdaderamente eficaces, las estrategias contra la corrupción no deben reducirse simplemente al encarcelamiento de gente. Requieren reformas normativas e institucionales más amplias. Al fin y al cabo, la “cura” más perdurable para la corrupción es contar con instituciones sólidas, transparentes y que den cuenta de sus actos. En las célebres palabras de Louis Brandeis, “se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el policía más eficiente.”

 

Un beneficio adicional de este enfoque más amplio es que como la corrupción suele estar estrechamente ligada a fallas más generales en la gestión de gobierno y que, en muchos casos, es difícil de cuantificar, podemos usar las deficiencias en la gestión de gobierno para corroborar las evaluaciones de la corrupción.

He de señalar que este tema no es nuevo para nosotros. Desde 1997 contamos con una política de gestión de gobierno que ha dado buenos resultados: nuestro examen puso de manifiesto que los principios que la animan son los correctos. Esta política nos insta a abordar las cuestiones de gestión de gobierno y corrupción cuando tienen un impacto macroeconómico significativo. También nos exhorta a colaborar con nuestros socios institucionales (especialmente el Banco Mundial) en sus ámbitos de especialización y a no interferir en política o en casos específicos de aplicación de la ley.

No obstante, aunque estos principios son adecuados, nuestro examen constató que su aplicación es dispar. Ante acciones similares, no siempre medimos a los miembros con la misma vara. Nuestros análisis a menudo no fueron claros.

 

Esto va a cambiar. Hemos adoptado un marco para reforzar la labor del FMI en materia de gestión de gobierno y corrupción, para así facilitar una interacción más sistemática, imparcial, eficaz y franca con los países miembros.

Como primer paso, estamos elaborando una metodología clara y trasparente para evaluar la naturaleza y gravedad de las deficiencias de la gestión de gobierno. Evaluaremos una amplia serie de indicadores: calidad de las instituciones presupuestarias encargadas de la tributación y el gasto; solidez de la supervisión del sector financiero; integridad de los bancos centrales; transparencia e imparcialidad de la regulación del mercado; previsibilidad de los aspectos del Estado de derecho esenciales para la salud de la economía, en particular, el cumplimiento de los contratos; e idoneidad de los marcos jurídicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y desde luego, evaluaremos la gravedad de la corrupción directamente.

El siguiente paso será determinar el impacto económico de las fallas identificadas en las esferas de gestión de gobierno y corrupción y, en respuesta, formular recomendaciones de política específicas para cada país. Cabe destacar que examinaremos estos aspectos en una perspectiva de más largo plazo, dado que la gestión de gobierno deficiente y la corrupción perjudican a la economía no solo a través de distorsiones a corto plazo sino también del lento deterioro institucional. En nuestros programas de crédito, analizaremos si estos problemas menoscaban la capacidad de los países para poner en práctica sus reformas económicas.

La corrupción enfocada desde el lado de la oferta

Hay un elemento más que debemos tener en cuenta. Es obvio que, parafraseando a Milton Friedman, la corrupción es siempre y en todas partes un fenómeno que involucra a dos partes. La contracara de cada soborno aceptado es un soborno ofrecido. Además, suele pasar que los fondos obtenidos por actos de corrupción se ocultan fuera del país y, en muchos casos, en el sector financiero de las grandes capitales. Es muy posible que un país tenga las “manos limpias” en casa, pero las “manos sucias” en el exterior.

Por ende, para combatir la corrupción verdaderamente, también es necesario abordar la forma en que las personas o las entidades privadas facilitan las prácticas corruptas. En tal sentido, alentaremos a los países miembros a que sometan sus marcos jurídicos e institucionales de forma voluntaria a una evaluación por parte del FMI, para determinar si los actos de soborno en el extranjero están tipificados como delito y son enjuiciables, y si existen mecanismos para detener el lavado y ocultamiento de dinero sucio. Me complace que nueve países —todos los del G-7 más Austria y la República Checa— ya se hayan ofrecido voluntariamente para participar en esta evaluación. Esto representa un importante voto de confianza en el nuevo marco.

Ahora que tenemos el respaldo pleno de nuestros países miembros, debemos centrarnos en el tema de la aplicación. Observarán que de aquí en adelante la gestión de gobierno y la corrupción serán temas que se evaluarán y analizarán más a fondo en nuestras actividades de supervisión y nuestros programas de crédito. También reforzaremos nuestras actividades de fortalecimiento de capacidades en estos ámbitos, para ayudar a los países a afianzar sus marcos normativos y sus instituciones.

Nuestro objetivo es ser francos, estrictos, trasparentes e imparciales. Esto a su vez aumenta nuestra credibilidad y nos permite mejorar aún más el cumplimiento de nuestra tarea.

Recordando nuevamente a Brandeis, estoy convencida de que el refuerzo de nuestra labor significará para la gestión de gobierno y la corrupción lo que la inversión en energía solar significa para el medioambiente: aprovechar el inmenso potencial de la luz solar para encauzar a la economía mundial por una senda más sostenible. Si todo marcha según lo previsto, el lado oscuro en el que se oculta la corrupción debería ser cada vez más reducido.

Fuente:https://www.weforum.org/es/agenda/2018/04/christine-lagarde-arrojar-luz-sobre-la-corrupcion-y-el-lado-oscuro-de-la-gestion-de-gobierno