Índice de Información Presupuestal Estatal 2017

  • En 10 años, el promedio de cumplimiento de las 32 entidades federativas en el IIPE pasó de 53% a 83%
  • El IMCO propone institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos

En 2017, los 32 gobiernos estatales ejercerán al menos 1 billón 879 mil 320 millones 188 mil 912 pesos, por lo que resulta relevante evaluar la disponibilidad y calidad de la información de sus presupuestos de egresos, ya que estos documentos:

  • Permiten dimensionar las prioridades de los gobiernos estatales.
  • Son fundamentales para una mejor rendición de cuentas.
  • Permiten conocer cómo se utiliza el dinero público, quién lo gasta y con qué objetivos.

 

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE)

Hace una década, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) buscó información sobre las finanzas públicas estatales para realizar distintos análisis, sin embargo, o no existía información o la que había se encontraba dispersa, heterogénea e incompleta.

Por ello, en 2008 se inició el IIPE, un estudio que mide de forma anual la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental, fomenta una serie de buenas prácticas contables y tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos estatales.

Resultados generales del IIPE 2017

Este índice evalúa a las 32 entidades federativas del país a partir de 116 criterios divididos en 10 secciones, de los cuales 64 (55%) están basados en la legislación y los 52 (45%) restantes surgen a partir de buenas prácticas.

Después de 10 años del IIPE, estos son los resultados de la edición 2017:

Comparado con la edición anterior, 22 estados mejoraron, 3 se mantuvieron igual y en 7 hubieron retrocesos.

Estados que más avanzaron (2016-2017)

  1. Querétaro: 21 lugares (del 28 al 7)
  2. Quintana Roo: 16 lugares (del 32 al 16)
  3. Sonora: 13 lugares (del 24 al 11)

Estados que más retrocedieron (2016-2017)

  1. Baja California Sur: 10 lugares (del 16 al 26)
  2. Veracruz: 8 lugares (del 22 al 30)
  3. Guerrero: 8 lugares (del 20 al 28)

A mayor presupuesto menor transparencia presupuestal

Existe una ligera relación negativa entre el tamaño presupuestal y las calificaciones en el IIPE 2017. Mientras que Colima, Tlaxcala, Campeche y Aguascalientes, cuatro de las cinco entidades con menor presupuesto, obtuvieron una calificación mayor a 89%; la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Veracruz, cuatro de las cinco entidades con mayor presupuesto, tuvieron menos de 74%.

10 años de avances en transparencia presupuestal

Este año el cumplimiento promedio en el índice fue de 83%; esto representa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto de la calificación promedio observada el año pasado que fue de 76%, con lo cual continúa la tendencia al alza en el nivel de cumplimiento en este índice observada desde 2014.

Cumplimiento Promedio

2008 2017
Calificación promedio de entidades: 53% Calificación promedio de entidades: 83%
Ninguna entidad tuvo calificación superior a 76% 16 estados tienen una calificación superior a 85%
24 estados obtuvieron una calificación aprobatoria 2 estados tienen una calificación reprobatoria

 

IMCO PROPONE

Institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.

En reconocimiento al esfuerzo realizado por la mayoría de los gobiernos estatales en materia de transparencia presupuestaria a lo largo de la última década, consideramos que existen las condiciones necesarias para institucionalizar los criterios y las mejores prácticas contables que evaluamos en este índice, a través de su incorporación en las leyes de presupuestos estatales.

 

Caso de éxito

Jalisco incluyó en su Ley de Presupuesto un título sobre Transparencia y Difusión de la Información Presupuestal, de esta manera, el presupuesto de egresos del estado deberá dar cumplimiento a todos los criterios del IIPE, alguno de los cuales son:

  • Mayor nivel de desagregación del gasto por dependencia o entidad.
  • Información presupuestal conforme a las normas, formatos y contenido que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable.
  • Información relativa al gasto en educación.
  • Gasto destinado a la atención de la niñez y adolescencia, a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la equidad de género.

Las buenas y malas prácticas de información presupuestal en el IIPE 

Buenas prácticas

20 estados tienen anexos que permiten dimensionar el gasto público destinado a niñas, niños y adolescentes con base en criterios de UNICEF.

Querétaro: transparenta los recursos que distribuye a cada partido político.

Chiapas: desglosa los fideicomisos públicos del estado y los recursos destinados a cada uno.

Baja California Sur: publica las transferencias correspondientes a cada uno de los municipios del estado.

Malas prácticas

Permanece la práctica de publicar documentos sin datos abiertos en algunos estados.

Tabasco: presenta su presupuesto de forma ilegible.

Michoacán: publica el presupuesto de egresos con el mismo formato de hace 10 años, a pesar de que éste pasó de 33.8 mmdp en 2008 a 61.8 mmdp en 2017.

 

Para más información sobre este análisis y para descargar el índice y fichas de resultados por estado consulta: www.imco.org.mx/finanzaspublicas/

El portal de Finanzas Públicas del IMCO cuenta con fichas presupuestales por entidad, comparador de resultados, biblioteca legislativa, resultados históricos, anexo metodológico, lineamientos para la elaboración de un presupuesto ciudadano, presupuesto modelo y fichas de criterios.

Fuente:http://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-estatal-2017/

 

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Índice Global de Competitividad 2017 vía WEF

México continúa con el mismo nivel de competitividad que el año pasado, según lo revelado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en el Índice Global de Competitividad 2017 (IGC). Este reporte ubica a nuestro país en la posición 51 de 137, al igual que en 2016.

En esta edición, el IGC comparó 137 países a partir de indicadores macroeconómicos oficiales y un complemento subjetivo que proviene de la Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOS, WEF), que captura la percepción de empresarios y ejecutivos en temas como corrupción, innovación, o percepciones del mercado laboral, entre otros.

¿Cuáles son los resultados más relevantes del índice?

  • Por primera vez en casi 10 años, hay signos de recuperación económica a nivel mundial.
  • Suiza ocupa el primer lugar en competitividad a nivel mundial, según el IGC. Seguido por Estados Unidos (único país de América dentro de los primeros 10 lugares) y Singapur.
  • A nivel regional, Europa es el líder mundial en el índice, con seis países (Suiza, Holanda, Alemania, Suecia, Reino Unido y Finlandia) entre los 10 más altos.
  • Tres países asiáticos también se ubican en el top 10 del reporte.

¿Cuáles son los resultados para México?

  • México se ubica por segundo año consecutivo en la posición 51 de 137 países analizados. Nuestro país tampoco tuvo cambios en la calificación del índice (4.44 puntos).
  • En la región de Latinoamérica, México es el cuarto mejor calificado, por debajo de Chile (33), Costa Rica (47) y Panamá (50).
  • Nuestro país continúa mejorando, pero más lento que el resto de economías, según el WEF.
  • De los 12 subíndices que mide el IGC, México mejoró su calificación en solo 2 de ellos, pero empeoró o se mantuvo igual en los 10 restantes.

  • En la última medición, México descendió 7 lugares en el indicador de instituciones. La posición 123 en esta categoría nos coloca solo por encima de países como Líbano y Nigeria.
  • Existe un deterioro en la percepción de los empresarios en las áreas de ética y responsabilidad, al ubicarnos en la posición 117 de tal indicador.
  • Somos el lugar 131 en costos para los empresarios derivados de la inseguridad, el 127 en confianza en la clase política y el 118 en la eficiencia del gobierno para solucionar controversias laborales o de derechos de propiedad.
  • Por tercer año consecutivo, la corrupción es considerada el principal obstáculo para hacer negocios en el país, con el 20.2% de encuestados que la señalan como su principal preocupación.

Recomendaciones para México

  • Para el WEF es fundamental que México encuentre políticas para acelerar el impacto de las reformas realizadas, sin lo cual la mejora en el desempeño de sus indicadores podría quedar estancado en los próximos años.

Fuente:http://imco.org.mx/temas/indice-global-competitividad-2017-via-wef/

La Democracia no causa mayor crecimiento económico

 

¿Causa la democracia mayor prosperidad y crecimiento económico? Esta pregunta se remonta al debate de Platón y Aristóteles respecto a qué forma de gobierno rinde mayores ganancias políticas y económicas a la sociedad. Sin embargo, después de más de dos milenios, no parece haber un consenso claro sobre si la democracia por sí misma genera mayor crecimiento económico en comparación con formas autocráticas de gobierno.

Para responder esta importante pregunta, debemos observar los datos. Por un lado, investigaciones que dependen de comparaciones entre países (corte transversal) han cuestionado la existencia de una relación significativa entre democracia y crecimiento económico (Sirowy e Inkeles, 1990Przeworski y Limongi, 1993Helliwell, 1994Barro, 1996Tavares y Wacziarg, 2001). En contraposición, estudios más recientes que explotan tanto series de tiempo como la variabilidad entre países (datos de panel) tienden a respaldar la postura de que la democracia tiene un efecto relevante en la prosperidad de las naciones (Rodrik y Wacziarg, 2005Papaioannuo y Siourounis, 2008Persson y Tabellini, 2009Acemoglu, Naidu, Restrepo, y Robinson, 2014).

La Figura 1 explora la evidencia empírica para 38 transiciones democráticas ocurridas durante la denominada “Tercera Ola de Democratización”, incluyendo la caída del comunismo a inicios de la década de 1990 [1]. El promedio de la tasa de crecimiento anual per cápita aumenta en aproximadamente medio punto porcentual después de la democratización. Representado por las líneas rojas, el crecimiento es estadísticamente mayor tras la transición (-0.01% frente al -0.44% previo). Pese a ser aparentemente pequeño, el efecto acumulado de esta diferencia implica una reducción en un tercio del tiempo necesario para que los países emergentes converjan a los niveles de ingreso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta evidencia parece indicar que, tomada a simple vista, la democracia tiene un impacto considerable sobre el crecimiento económico.

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Sin embargo, a pesar de esta evidencia, diversos estudios de ciencias políticas indican que en realidad son los períodos de crisis económica los responsables de causar o facilitar muchas transiciones democráticas (O’Donnell, 1973Linz, 1978Cavarozzi, 1992Remmer, 1993Gasiorowski, 1995Haggard y Kaufmann, 1995). Bajo este argumento, la tasa de crecimiento más baja (y negativa!) que se observa en la Figura 1 antes de la democratización puede indicar que el mal desempeño económico fue el que impulsó el fin de los regímenes autocráticos. Por ejemplo, muchos investigadores identifican al shock petrolero de la década del 70, la expansión asociada de la deuda, y las subsecuentes crisis de deuda como el origen de la ola de democratización de la década del 80 acontecida en América Latina y el Caribe.

En otras palabras, la asociación positiva entre democracia y crecimiento económico mostrada en la Figura 1 podría reflejar que la democracia causa mayor prosperidad (la postura defendida por estudios económicos recientes), que el mal desempeño económico causa las transiciones democráticas (en línea con la extensa investigación en ciencias políticas) o, en cierta medida, ambos. Aunque establecer los pesos relativos de estas causas no es una tarea fácil, comprender el verdadero impacto de la democracia sobre el crecimiento económico continúa siendo una pregunta de gran importancia.

Asumimos este reto en nuestro reciente estudio “La Democracia No Genera Crecimiento: La Importancia de los Argumentos de Endógeneidad” (disponible en inglés). Para resolver este rompecabezas, proponemos una estrategia novedosa basada en una nueva encuesta global realizada a 165 expertos en democratización. De manera concisa, el estudio usa las respuestas de los expertos a una serie de preguntas destinadas a identificar las fuerzas que dieron origen a la transición democrática de cada país. En base a este enfoque, las transiciones democráticas fueron clasificadas entre aquellas originadas por inestabilidad económica—que llamamos endógenas—y aquellas ocasionadas por factores no relacionados al crecimiento económico—que llamamos exógenas—entre los que encontramos, la muerte del líder autocrático y desarrollos políticos/institucionales, entre otros [2].

La Figura 2 recrea la Figura 1, dividiendo las democratizaciones de los países entre exógenas (panel A) y endógenas (panel B).

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La evidencia de la Figura 2 muestra que la democracia no causa mayor crecimiento económico. El panel A refleja que las democratizaciones originadas por factores distintos al crecimiento económico no afectan la prosperidad. Representadas por líneas rojas, las tasas de crecimiento antes y después de la transición democrática son estadísticamente iguales.

Como corolario, el panel B indica que los efectos de la democracia en el desempeño económico son explicados por las “democratizaciones endógenas”. En otras palabras, el típico impacto positivo de la democracia sobre el bienestar económico (caracterizado en la Figura 1) se origina por la inclusión errónea de transiciones democráticas endógenas en las muestras empleadas para estimar el impacto del sistema político en el desempeño económico (lo cual, a su vez, da la impresión falsa de que la democracia causa mayor crecimiento).

En resumen, mostramos que un análisis más detallado de las relaciones de causalidad señala, de manera contraria a hallazgos recientes, que desafortunadamente la democracia no parece ser un elemento clave para promover el crecimiento económico.

Por supuesto, esta verdad también aplica a la inversa. Si bien la democracia no parece ser un factor crucial para generar crecimiento económico, sería erróneo concluir que un régimen autocrático o dictatorial tendría un mejor resultado. En otras palabras, la forma de gobierno tiene poco impacto sobre el crecimiento económico.

[1] La lista de los 38 procesos de democratización incluye a Argentina, Benín, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Chile, Croacia, República Checa, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Ghana, Grecia, Granada, Guyana, Honduras, Hungría, Corea del Sur, Letonia, Lituania, Mali, México, Mongolia, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, y Uruguay.

[2] Para mayores detalles sobre la metodología, ver artículo en esta página web.

Autores invitados: Julia Ruiz Pozuelo (Institución Brookings) y Amy Slipowitz (Universidad de Columbia)

Fuente:https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2016/09/08/la-democracia-no-causa-mayor-crecimiento-economico/

El Inegi dibuja un México de clase media, pero un estudio de la Ibero dice que, en realidad, es de pobres

Por Daniela Barragán

El informe “México: País de pobres y no de clases medias” destaca que desde 1992 a 2014 prevalece en México el mismo número de ricos, el mismo número de pobres y la misma cantidad de personas pertenecientes a una clase media, que es cada vez es más vulnerable.

El documento elaborado por dos centros de estudios de la Universidad Iberoamericana resalta que la clase media representa el 27 por ciento de la población total mexicana, mientras que el 63 por ciento, a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, y sólo un 10 por ciento conforma la población rica.

La situación contrasta con la de otros países en los que la clase media está entre el 60 y 80 por ciento de la población total. “Las clases medias han sido históricamente un catalizador de grandes transformaciones estructurales. Gracias a su relativa independencia económica y política han promovido cambios del tamaño de la revolución francesa o los procesos independentistas latinoamericanos”, señala.

México no es un país de clase media sino de pobres, sostiene un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) y el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana,

El estudio “México: País de pobres y no de clases medias” contradice a la última Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENIGH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): los niveles de vida adecuados para no ser pobre sólo están garantizados para el 25 por ciento de la población mexicana y la población en pobreza supera 2.3 veces a la población considerada como clase media, dice.

Actualmente existe un debate sobre la definición correcta de lo que es la clase media. Si bien se entiende como la población no pobre, en el país esta clase se encuentra en una fuerte condición de vulnerabilidad y, por lo tanto, con el riesgo de caer en situación de pobreza o de carencias múltiples, señala el estudio.

La definición del Banco Mundial (BM) de la clase media es la que tiene ingresos de entre 10 y 50 dólares. También se ha definido a partir de la probabilidad que se tiene de caer en la pobreza. El Inegi reconoció que hay una ausencia de una definición consensuada sobre lo que significa la clase media y sobre todo que facilite su medición con base en la información estadística disponible.

Para 2014, destaca el informe, la población de clase media representó el 27 por ciento de la población total mexicana, mientras que el 63 por ciento representó a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Sólo un 10 por ciento está conformado por población rica.

La situación contrasta con la de otros países en los que la clase media está entre el 60 y 80 por ciento de la población total. “Ante este panorama cabe preguntarse ¿Es México un país de clase media o de pobres?”, cuestiona el informe.

Para el estudio se contempló como clase media a la población que tiene ingresos superiores a la Línea de Bienestar –que es equivalente al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. De acuerdo con el Coneval, esto sería, en zonas rurales, de mil 035 pesos y en zonas urbanas de mil 445 pesos–, con menos de dos carencias y que no pertenece a los sectores ricos o no pobres.

Se obtuvieron cinco clasificaciones a nivel nacional: pobres, vulnerables por ingresos, vulnerables por carencias, clases medias y ricos.

Según la ENIGH 2016, los ingresos de las personas más pobres aumentaron y los de los más ricos disminuyeron al hacer su división por decil, que es la clasificación de la población utilizada por el Inegi y que divide en 10 los sectores poblaciones de los menos a los más ricos.

En el último año, con base en esa encuesta,  el decil I, que es la proporción de la población más pobre, tuvo un ingreso de mil 571 pesos; el decil II, de 3 mil 129 pesos; el III, de 4 mil 367 pesos. Lo que significa que crecieron 22.7 por ciento. 12.1 por ciento y 7.6 por ciento, respectivamente, en comparación con el periodo 2014.

Pero en contraparte, los ingresos de los deciles VIII, IX y X, se redujeron 1.8 por ciento. 4.6 por ciento, 7.1 por ciento y 3.2 por ciento, respectivamente, en el mismo periodo; pasaron de 16 mil 063 pesos a 13 mil 234; de 21 mil 786 pesos a 17 mil 948 pesos y de 49 mil 544 pesos a 44 mil 403 pesos.

“Existen tres metodologías de captura de información conviviendo en los módulos de condiciones socioeconómicas de la ENIGH, lo que imposibilita realizar un seguimiento sistemático y consistente de las clases medias para años posteriores a 2014. De un plumazo, el Inegi redujo la desigualdad y convirtió a México en un país de clases medias inexistentes”, apunta el informe.
El estudio destaca además que actualmente, el 53.2 por ciento de la población en México está por debajo de la Línea de Bienestar y el 20.6 por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo. Aún más, el total de beneficiarios de programas sociales pasó de 5 millones en 1997 a 25 millones en 2014, pero el índice de pobreza por ingresos se mantuvo prácticamente sin cambios, resalta.

Apunta que con un salario mínimo que está por dejado de la línea de pobreza (80.04 pesos diarios) y el precio de una canasta básica alimentaria y no alimentaria (de 353 pesos por día), lo que se tiene es una canasta básica incompleta para una persona y sin posibilidades de sostener a una familia de en promedio cuatro integrantes.

De carencia acceso a la seguridad social, en el decil I la carecen el 90.9 por ciento; en el II el 83.1 por ciento y en el III, 75.5 por ciento. En el decil X, la carece sólo el 27.6 por ciento.

El índice de desigualdad tampoco ayuda a la sustentar la realidad del Inegi, ya que, señala, el 32.1 por ciento de la riqueza la posee el 1 por ciento de multimillonarios, el 331 por ciento, el 9 por ciento considerados ricos, pero no tan ricos como el 1 por ciento. Finalmente, el 34 por ciento de la riqueza está en el 90 por ciento que son “todos los demás”.

La constante en los últimos 25 años es una población en la que más del 50 por ciento de la población es pobre. Así, el concepto clase media en México, se traduce en una clase que es permanentemente frágil y vulnerable, sobre todo a las crisis económicas y a la pérdida del empleo, alerta.

REALIDAD Y CLASE MEDIA

Los investigadores señalan que la clase media es el 26.6 por ciento de la población y ese porcentaje no se ha movido de 1992 a 2014: la población pobre pasó de 56.3 por ciento a 45.8 por ciento; la población vulnerable por carencias y que no es clase media, pasó del 6.6 por ciento al 10.7 por ciento; la población vulnerable por ingresos pasó de 5.8 por ciento al 6.8 por ciento, y los ricos de 1992 a 2014 lograron mantenerse como el 10 por ciento de la población total.

Tomando en cuenta la experiencia europea, agrega, la desigualdad se debe en gran medida a los modelos de distribución social, una economía de mercado con mecanismos de redistribución, el acceso a servicios y derechos sociales, y un estado de bienestar con componentes de una calidad y nivel de vida adecuado.

Para los investigadores de la Ibero, la clase media es un elemento de consolidación de la democracia, ya que un individuo con sus necesidades básicas cubiertas es más proclive a cumplir un rol estabilizador dentro de una sociedad y consolida los procesos democráticos.

“Las clases medias han sido históricamente un catalizador de grandes transformaciones estructurales. Gracias a su relativa independencia económica y política han promovido cambios del tamaño de la revolución francesa o los procesos independentistas latinoamericanos”, señala.

Según el Banco Mundial, a México le tomó 50 años incrementar sus clases medias en un 17 por ciento.

La carencia que más prevalece en México es la del acceso a la seguridad social; el 58.5 por ciento de la población no la tiene y en consecuencia es la población que no tiene acceso a servicios de salud, seguro para el retiro, programas de vivienda ni seguro por invalidez y enfermedad.

“Las alternativas para garantizar un estatus y condiciones de vida adecuados e identificados con las clases medias, pasa por modificaciones sustanciales en el mercado de trabajo, donde la seguridad social juega un papel trascendental. En otro sentido, se requiere de mecanismos e instituciones que eviten el control monopólico y oligopólico de los recursos económicos por parte de los grandes grupos económicos. La estrategia de fortalecimiento de clases medias, requiere, además, el establecimiento pleno de un sistema impositivo progresivo, sin tratamientos y regímenes sociales especiales, así como de un gasto público garante de derechos. El sistema de política pública garante de derechos debe paulatinamente sustituir las funciones del asistencialismo y programas sociales que sólo contienen y administran de la pobreza, para construir un sistema de política pública redistributivo y de combate efectivo y eficiente contra la pobreza”, dice una de las conclusiones del estudio.

La política pública en México sólo administra la pobreza, pero no ofrece un combate efectivo y eficiente contra esa condición en la que se encuentran la mayoría de los mexicanos. Foto: Cuartoscuro

Es de tal magnitud el tamaño de la población pobre y vulnerable en México, que en 2014, el 63 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza multidimensional o con cierto grado de vulnerabilidad (por ingreso o por carencias), agrega el documento:

“La persistencia de pobreza y vulnerabilidad, que da cuenta de que aproximadamente el 80 por ciento de la población total sigue siendo pobre y vulnerable en 2014 comparado al punto de partida del análisis que es 1992, son indicativos de la alta vulnerabilidad, por un lado, de caer en situación de pobreza, y, por otro lado, de la fragilidad que representa que las clases medias sean una porción minoritaria de la población”

Finalmente, el estudio advierte que el salario mínimo para 2017, con todo y el incremento salarial de casi el 9 por ciento aún se encuentra por debajo de la Línea de pobreza individual oficial (Línea de Bienestar) de 89.45 pesos.

“El salario mínimo se encuentra todavía lejos de ser garante de niveles de vida adecuados y dignos. Lejos también de dejar de ser garantía de lo único que hoy garantiza: la pobreza.  Las causas de no crecimiento de las denominadas clases medias, son parte de la no resolución de los riesgos sociales asociados al modelo de inserción de México en el contexto internacional, de su modelo productivo y de distribución, así como a las dinámicas sociales propias que permitan, de manera efectiva y eficaz, una mejor redistribución social. México no cuenta, por un lado, con políticas centrales y transversales de fortalecimiento y garantía de ese estatus y condiciones de vida adecuada y digna para grandes capas de la población, ni con políticas públicas efectivas de redistribución social”, explica.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/05-09-2017/3300923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.

Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.

En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.

Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “solo” se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.

Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.

Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.

La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.

Solo una es legal.

La Sedesol, sin embargo, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.

ESGER: El sospechoso mayor

Si bien en este proceso participaron 20 empresas, hay una que destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., que solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.

ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según el acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay recepcionista ni señal de que sea la sede de una empresa con contratos millonarios.

Los accionistas son Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en las tres visitas realizadas a la empresa. Tampoco atendieron las llamadas telefónicas que se hicieron a lo largo de dos semanas.

También se les buscó en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en realidad fue empleado en 2013. Ahí declararon que no han vuelto a saber de él desde entonces. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa, donde los vecinos dijeron que no lo conocían.

De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero “olvidó” declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.

El mecanismo que involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era “sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y “eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.

Las universidades se quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.

Las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.

Las 11 empresas están entre las que tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y dos más ya fueron desmanteladas.

No todo el dinero se quedó en estas empresas. Cinco se quedaron con una comisión y, a su vez, “contrataron” a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que esta última empresa no dio ningún servicio y solo se quedó con el dinero.

En otro caso, una empresa más, llamada Evyena, también le dio el dinero a ESGER, pero antes se lo envió a otra empresa intermediaria, que también se quedó con una comisión: Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, que a su vez se lo entregó a ESGER.

Es decir, el dinero dio tres y cuatro vueltas hasta que quedó en manos de ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V.

Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban “con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos”.

La Sedesol añadió que “los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley”.

Es decir, según la dependencia, la carta del rector de la universidad afirmando por escrito que la institución educativa contaba con la capacidad para cumplir con los contratos es suficiente para deslindarse de las irregularidades que derivaron de los convenios firmados: la violación a la Ley de Adquisiciones con la subcontratación de empresas que realizaron el 92% de los servicios, el hecho de que no hayan dado los servicios para las que fueron contratadas y que, además, resultaran fantasma e ilegales.

Una investigación del Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría de la Función Pública federal, dio por concluidas las averiguaciones sobre los contratos de la dependencia con la Universidad del Estado de México, pese a que no existen pruebas de que se hayan dado los servicios y de que la ASF continúa con la investigación porque el convenio derivó en presuntas irregularidades.

En ningún caso las firmas de los convenios involucran a funcionarios de primer nivel. La “contratación” de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios. Por ejemplo, los convenios de Sedesol para servicios al programa de Adultos mayores, fueron firmados por el director general de Atención a grupos prioritarios. En 2013 el puesto era ocupado por Ramiro E. Ornelas Hall y en 2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés.

Pero en palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zedabúa.

Un concierto de 75 millones

Otro ejemplo: en abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.

La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el Hambre.

S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER, aunque la Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.

Un caso similar ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, que fueron contratadas por las universidades para un servicio de “redes nutricionales”, es decir, reparto de despensas.

Estas dos firmas comparten oficina en un edificio con número 162 de la calle de Liverpool, localizado entre un restaurante coreano y una tienda de helados en la Zona Rosa.

Entre las dos, en un año firmaron contratos por 101 millones de pesos.

De esos contratos transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni la razón de la transferencia.

Cuando se solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como “prueba”.

En la dirección de estas dos empresas, Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, es imposible hablar con una persona. Los accionistas, encargados de despacho o representantes legales nunca están ahí, como se confirmó tras varias visitas al domicilio. Los teléfonos están fuera de servicio. Las actas constitutivas de éstas firmas no existen en la Secretaría de Economía.

Hasta Nuevo León

Más casos: cuatro empresas regiomontanas —Evyena, Comercializadora Integral de Servicios Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed— participaron en licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por un total de 276 millones de pesos.

Una quinta empresa regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste.

La sede de estas cinco firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo León, en el número 305.

En una visita de campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no hay más empleados y los dueños únicamente se comunican por teléfono.

En esa dirección están tres empresas más —Constructora Yapo, Comercializadora Rivercruz y Constructora Bofil—, las cuales tienen investigaciones abiertas en Sinaloa, y en Monterrey, Nuevo León, por incumplimiento de contrato.

La oficina que ocupan las ocho empresas no es suficiente para colocar ni siquiera un escritorio pequeño. En horario de oficina la puerta está cerrada y solo se ven cajas con registros contables que se identifican con letreros de papel.

Las cuatro empresas regiomontanas que recibieron recursos de Sedesol, vía la Universidad Autónoma de Morelos, no solo comparten oficina. También tienen la constante de que le entregaron dinero a ESGER: 81% de los 276 millones de pesos que recibieron en contratos.

Todas esas transferencias fueron detectadas por la ASF durante los peritajes que se realizaron durante las auditorías forenses. Se revisaron las cuentas y las transferencias de las empresas involucradas en las presuntas irregularidades.

De la última visita que el equipo de investigación de Animal Político y MCCI realizó a las oficinas de ESGER, solo se consiguió una negativa rotunda a dar cualquier tipo de información tanto de la empresa como de los accionistas.

Sin registros y sin investigación

Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.

Para un servicio de evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 una licitación para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera es una empresa fantasma y la segunda, que resultó ganadora, es investigada desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones ilegales.

El 9 de octubre de 2014, la misma universidad entregó 158 millones de pesos a Consolidación de Servicios. Un día después, ésta transfirió el 87% del dinero a otra empresa, Comercializadora Integral de Productos Villaregia, que también es investigada por el SAT desde septiembre 2016. Ésta última compañía, a su vez, le entregó 138 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., sin siquiera firmar un contrato.

Se hacían las transferencias, pero se incumplía con los servicios. Por ejemplo, la Sedesol pagó 22 millones de pesos por “un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del gobierno federal” que, según el convenio, debía tener un padrón de beneficiarios unificado.

Lo que se entregó fue un sistema que incluyó solo el padrón del Programa de apoyo comunitario y no el de los 70 programas sociales restantes del gobierno federal. Sin embargo, la Sedesol argumentó que el sistema funcionó al momento de la entrega.

A pesar de que ESGER obtuvo transferencias millonarias y que fue señalada dos años consecutivos por la ASF, no ha sido investigada por el SAT ni por ninguna otra autoridad del país.

Aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, según dice el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. “Ellos no firman, pero son los responsables”.

En este esquema, el oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.

Ante el Órgano Interno de control la Sedesol defendió en todos los expedientes el papel del oficial mayor. Jurídicamente argumentaron que las universidades presentaron los entregables suficientes para justificar el pago.

Así como lo hizo Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil 576 millones de pesos.

Fuente:https://contralacorrupcion.mx/web/estafamaestra/sedesol-donde-quedo-dinero-pobres.html

TLC: ¿qué debe hacer el gobierno mexicano?

Por: Arturo Damm Arnal

La primera ronda de renegociaciones del TLC tendrá lugar del 16 al 20 de agosto. Renegociar un tratado de libre comercio (ojo: ¡de libre comercio!) tiene sentido si se avanza en la apertura comercial, en lo particular, y en la liberalización económica, en lo general. En Norteamérica tanto la una como la otra dejan qué desear, por lo que la renegociación del TLC debería ser la oportunidad para avanzar en ambas.

La intención de Trump es renegociar el TLC para corregir el déficit comercial que los Estados Unidos tiene con México, y que él considera, ¡erróneamente! la prueba de que con el TLC México ha ganado y Estados Unidos perdido.

Con el TLC México ha ganado y Estados Unidos perdido. Esta es la idea con la que el equipo estadounidense se sentará a la mesa de la renegociación, en la cual, de un lado, estarán los representantes del gobierno mexicano y, del otro, los de la administración trumpista, todo lo cual da la impresión, ¡falsa!, de que, de lo que se trata, es de un altercado entre México y los Estados Unidos, cada uno con sus intereses, la mayoría de ellos encontrados. Realmente, en la renegociación del TLC, ¿tenemos a México por un lado y a los Estados Unidos por el otro, cada uno con sus intereses, irremediablemente encontrados? No.

En materia del comercio entre México y los Estados Unidos existen cuatro grupos de agentes económicos: 1) los productores y exportadores mexicanos,[1] 2) los consumidores mexicanos,[2] 3) los productores y exportadores estadounidenses[3] y 4) los consumidores estadounidenses.[4] Estos cuatro grupos se reagrupan en dos conjuntos con intereses coincidentes: 1) productores y exportadores mexicanos, y consumidores estadounidenses, los primeros con el interés de exportar productos mexicanos hacia los Estados Unidos, los segundos con el interés de importar productos mexicanos desde México; 2) productores y exportadores estadounidenses, y consumidores mexicanos, los primeros con el interés de exportar productos estadounidenses hacia México, los segundos con el interés de importar productos estadounidenses desde los Estados Unidos.[5]

En materia del comercio entre mexicanos y estadounidenses no tenemos, por un lado, a México y sus intereses y, por el otro, a los Estados Unidos y sus intereses, irremediablemente encontrados. Tenemos, por un lado, a productores y exportadores mexicanos, y consumidores estadounidenses, con el mismo interés a favor de la exportación de productos mexicanos hacia los Estados Unidos y, por el otro, a productores y exportadores estadounidenses, y consumidores mexicanos, con el mismo interés a favor de la importación de productos estadounidenses hacia México.

¿Cuál debe ser, en el marco de la renegociación del TLC, la tarea del gobierno mexicano con relación a los dos grupos de agentes económicos mexicanos involucrados: productores y exportadores, por un lado, consumidores, por el otro? Defender sus intereses: 1) el de los productores y exportadores mexicanos de poder ofrecer sus mercancías en los mercados estadounidenses, para lo cual, al final de cuentas, el gobierno estadounidense debe permitir la entrada de los productos mexicanos a los Estados Unidos, 2) el de los consumidores mexicanos de poder comprar, en los mercados mexicanos, productos estadounidenses, para lo cual, por principio de cuentas, el gobierno mexicano debe permitir la importación de dichos productos desde los Estados Unidos. ¿En cuál de las dos tareas el gobierno mexicano resulta más eficaz? En la segunda (mantener abiertos, por lo menos tan abiertos como ya lo están,[6] los mercados mexicanos a la importación de productos estadounidenses), que depende totalmente de él, no siendo el caso de la primera (mantener abiertos, por lo menos tan abiertos como ya lo están,[7] los mercados estadounidenses a la exportación de mercancías mexicanas), que depende, al final de cuentas, del gobierno estadounidense.

Si el principal objetivo del gobierno trumpista es corregir el déficit comercial de los Estados Unidos con México entonces deberá: 1) o prohibir la importación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses, 2) o incentivar la exportación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos,[8] 3) o prohibir la importación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses e incentivar la exportación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos. Cualquiera de las tres opciones supone un retroceso hacia el proteccionismo y en contra del libre comercio, y la pregunta es: ante cualquiera de ellas, ¿cuál deberá ser la reacción del gobierno mexicano? Posible respuesta: ojo por ojo, diente por diente, es decir: 1) o prohibir la importación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos, 2) o incentivar la exportación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses,[9] 3) o prohibir la importación de productos estadounidenses hacia los mercados mexicanos e incentivar la exportación de productos mexicanos hacia los mercados estadounidenses.

Independientemente de lo que haga el gobierno estadounidense en el marco de las renegociaciones del TLC, el gobierno mexicano no debe dar un paso atrás en materia de apertura comercial, debiendo mantener, por lo menos, el grado de apertura que ya se ha conseguido, y ello por dos razones: 1) las importaciones aumentan la cantidad, calidad y variedad de los bienes ofrecidos a los consumidores mexicanos, pudiendo ocasionar reducciones de precios,[10] y 2) las importaciones, dada la competencia que traen consigo, obligan, a quienes producen en México, mexicanos o extranjeros, a volverse más productivos (capaces de hacer más con menos), para poder volverse más competitivos (capaces de, en términos de precio, calidad y servicio, hacerlo mejor que sus competidores), en beneficio de los consumidores. Todo esto, ¿tiene algo de malo?

Es más, aprovechando la renegociación del TLC, el gobierno mexicano debería anunciar la total y definitiva apertura comercial y liberalización económica en México, algo que, obviamente, no hará.[11] Para ello le falta altura de miras.

 

[1] Muchos de los cuales operan en México con capital estadounidense.

[2] Muchos de los cuales son productores y exportadores que operan en México con capital estadounidense, y antes de producir y exportar importan (maquinaria, equipo, materia prima, partes, etc.), desde los Estados Unidos.

[3] Muchos de los cuales, antes de ser productores y exportadores, son importadores de productos mexicanos.

[4] Los cuales, antes de ser consumidores, tuvieron que ser productores, muchos de los cuales fueron, además, exportadores.

[5] Omito, por falta de espacio, mencionar a los productores y exportadores mexicanos que, teniendo el interés de poder exportar hacia los Estados Unidos, también tienen el interés de no competir, en los mercados mexicanos, con las importaciones estadounidenses, asumiendo la típica posición mercantilista a favor de sus exportaciones y en contra de las importaciones.

[6] Lo cual quiere decir que la apertura comercial no es total ni definitiva.

[7] Idem.

[8] Lo cual puede toparse con barreas infranqueables impuestas por el gobierno mexicano.

[9] Lo cual puede enfrentarse a barreas insalvables levantadas por el gobierno estadounidense.

[10] O, en el actual contexto de repunte en la inflación, ayudar a que éste sea menor.

[11] Para entender la conveniencia de llevar a cabo una apertura (en nuestro caso una mayor apertura) comercial unilateral, véase el capítulo 12 del excelente libro de Rigoberto Stewart, La magia y el misterio del comercio.

Fuente:http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-vamos/2017/08/15/tlc-gobierno-mexicano/