Diez propuestas para una nueva estrategia de política económica

Por: Francisco Suárez Dávila

 

México tuvo un periodo de gran crecimiento bajo un modelo desarrollista que debemos tener en cuenta al proyectar hacia dónde queremos encaminar nuestra economía. No se trata de nostalgia del pasado, tampoco requiere de mecanismos autoritarios, como lo pretenden sus críticos liberales, sino de adaptar lo que funcionó bien y lo que funciona eficazmente ahora en otros países: las mejores prácticas. Es un plan de ruta, integral, que debe ejecutarse a lo largo del tiempo en forma consistente. Son diez propuestas que funcionarán como sustento de la estrategia, que resumiré a continuación.

1. Privilegiar el crecimiento, no la estabilidad: ello requiere una gran motivación nacional, un consenso y un pacto social de Estado, empresa y sociedad, en torno a una visión estratégica comprometida con un crecimiento acelerado como prioridad nacional, y no la obsesión por la estabilidad.

El objetivo debe ser crecer de 4% (descontando el adverso entorno internacional) a 6%. Sí se puede lograr efectuando cambios de política y de enfoque, combinando el impulso al mercado doméstico y la competitividad exterior, logrando cierta desvinculación (delinking) lesiva con el ciclo económico de Estados Unidos. Ello generaría miles de empleos.

2. Para lograr lo anterior, un instrumento clave es el aumento significativo de la inversión pública; fuerte inversión en infraestructura (que hasta el fmi reconoció tiene gran efecto multiplicador y puede justificar un déficit); incluyendo fortalecer “la infraestructura de la infraestructura” (proyectos, técnicos, ejecutores) y el desarrollo urbano y municipal (que se está desmoronando). Esto debe impulsar y complementarse con la inversión privada y las alianzas público-privadas (APP). Ello debe ubicarse en el marco de una política de desarrollo regional para reducir desigualdades entre estados TLCAN y del sur-sureste. Las zonas económicas especiales ayudan sólo si el Estado juega un rol principal para eliminar obstáculos y crear masa crítica. El turismo es un sector fundamental que requiere todavía mejor infraestructura y conectividad. Banobras debe ser el banco (policy bank) que apoya estas políticas.

3. Una política industrial moderna en apoyo del mercado interno que debe promover no sólo cadenas productivas hacia afuera, sino hacia adentro, generando mayor contenido local, productos de mayor valor agregado, incorporando la innovación. Hay que reconocer que sin esta política, México continúa siendo una gran maquiladora o, en forma análoga a lo que ocurrió en el porfiriato, una economía de enclave, con elevados contenidos importados en todo el proceso productivo, más del 50% en la manufactura.

Debemos articular una mejor estructura industrial, más balanceada entre grandes y medianas empresas. Es necesario revisar nuevamente el tema del gran peso de la inversión extranjera en el control de las empresas. ¿Hemos perdido el control de sectores estratégicos? El sector energético: gas y energía eléctrica, energías renovables y medio ambiente deben ser motores del crecimiento industrial. Nafinsa debe ser el banco de estas políticas.

4. La política industrial debe sustentarse en un sistema educativo moderno que nos permita acceder a la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo tecnológico. Agrego un matiz: más allá de elevar la calidad de la educación básica, debe concentrarse un esfuerzo prioritario en la educación técnica, para capacitar a futuros trabajadores, y en las profesiones modernas, científicos, ingenieros, etcétera (así lo hizo la India ante la magnitud de la tarea y la limitación de recursos para apoyar la educación básica).

5. La nueva política comercial internacional debe servir como instrumento para contribuir eficazmente al crecimiento. La política industrial, la comercial y la regional deben ser un triángulo armónico. Un proceso de apertura comercial, para ser eficaz requiere políticas compensatorias hacia los perdedores. No se hicieron en México, en 1994; en Inglaterra frente al brexit y, en Estados Unidos, en los estados del norte del Medio Oeste (el rust belt). Se pagaron los costos. Nuestro TLCAN simplemente quedó “cojo”. En cambio, estas políticas se aplicaron exitosamente en la Unión Europea para reducir brechas y rezagos de ingreso, particularmente en Irlanda, Portugal y España.

Ilustración de María José Ramírez

En todo caso, los avances comerciales se pondrán a dura prueba en las ineludibles y difíciles negociaciones con el Gobierno de Trump. El tema más importante será definir una nueva relación comercial. Si es posible, sustentada en un TLCAN renegociado en forma acotada, para no abrir una caja de Pandora, y actualizado por acuerdos complementarios.

Es necesario acotar la agenda y los tiempos por el gran problema de las incertidumbres que conlleva. No se ha entendido que el TLCAN sigue vigente hasta que se derogue o concluya su renegociación. Por otra parte, si se deroga, no es el fin del mundo. Debemos adoptar (fuera del TLCAN) elementos de una política estratégica de comercio, con un comercio administrado, lo que significa proteccionismo selectivo. Esto, que todo el mundo practica, es anatema para quienes defienden la apertura comercial más extrema y cándida del mundo. Es muy discutible la receta de responder a mayor proteccionismo con mayor apertura.

Ciertamente habrá que diversificar las relaciones económicas y disminuir nuestra dependencia con Estados Unidos; pero esto toma tiempo. Requiere ampliar los recursos de Bancomext e integrarlo, como antes, con ProMéxico (de donde proviene el nuevo director). El financiamiento debe ir vinculado con la promoción. Por ello desapareció el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) y se fusionó con Bancomext, que sustentaba los gastos, sin acudir al presupuesto.

Hay que fortalecer la cooperación económica, social y política con Centroamérica y el Caribe —área estratégica para nosotros—, a través del fortalecimiento de la Agencia Mexicana de Cooperación, que ha tenido muy escasos resultados.

6. Tiene que haber verdaderas reformas en la política monetaria y crediticia para ampliar su margen de acción y que nos permita ampliar los estrechos márgenes de maniobra fiscales. El Banco de México debe abandonar el “monoteísmo”; retomar el objetivo dual de la política monetaria para estimular crecimiento y empleo, como lo hizo en los momentos estelares de su historia con don Rodrigo Gómez, y como lo hacen ahora la Reserva Federal y bancos centrales de algunos países avanzados y emergentes. La Reserva Federal pudo así sacar a los Estados Unidos de la Gran Recesión.

Hacer que la banca del “subdesarrollo” vuelva a ser “la banca de desarrollo”. Convertirla en policy banks, que apoyen, como lo definen los chinos, las políticas de su sector, elaborando programas, evaluando y produciendo proyectos detonadores, la capacitación de personal —eran antes un semillero de evaluadores de proyectos, ahora una especie en extinción— y consolidando fideicomisos dispersos en secretarías de Estado, a veces fuentes de desviaciones. Nafinsa, que fue “la joya de la corona”, se dedica ahora primordialmente a dar garantías, factoraje o segundo piso con la banca privada.

Orientar a la banca comercial y a las Afores mediante políticas financieras generales, para inducir que parte del ahorro de los mexicanos se oriente, en complemento de la banca de desarrollo, a los objetivos nacionales; mucha mayor participación en el crédito industrial, agrícola, exportación, energía, medio ambiente, infraestructura; no privilegiar el crédito al consumo con márgenes leoninos, que significa apoyo a las utilidades de matrices (algunas en problemas). Cuidar con una supervisión eficaz a una gran proliferación de bancos chicos e instituciones financieras no bancarias de dudosa calidad y alto riesgo.

7. La fiscal es bien llamada “la madre de todas las reformas”. Esto implica acción en varios frentes: racionalización verdadera del gasto público, más inversión y un gasto social eficaz; reducir la proporción del gasto corriente administrativo. Sólo se logrará afectando y reduciendo estructuras del Estado: desapareciendo o consolidando secretarías, subsecretarías, organismos, fondos y fideicomisos, que afecta costosas estructuras superiores, pero respeta a los trabajadores de base; reducir el exceso de Comisiones Autónomas, capturadas en algunos casos por cuotas políticas y grupos de interés que atomizan facultades del Estado; y cancelar programas clientelares sin resultados.

El menú tributario debe incluir:

Una progresividad mayor en ISR a personas físicas, tanto para generar recursos como para redistribuir el ingreso, como se logró en Europa, bajando los coeficientes de desigualdad (Gini) de 0.5 a 0.3.

Reducir el ISR de personas morales al 20% (o menos) para inducir la inversión privada. Se necesita, además, para competir, la baja anunciada de Trump.

Probablemente aumentar el IVA parejo, con sólo una verdadera canasta básica de productos exentos o tasa 0, justificado para financiar la mayor inversión y la seguridad social, no la deuda. Requiere una motivación social.

Impuesto bajo (inferior al 1%) sobre transacciones financieras, mecanismos que en la práctica imponen los bancos para beneficio propio vía comisiones leoninas. Aquí es para un fin social. En países de América del Sur, generó 1% del PIB.

8. Revisar un Pacto Fiscal Federal disfuncional establecido en la Ley de “Descoordinación” Fiscal, que ha degenerado en un feudalismo fiscal. Ello representa el 60% del presupuesto federal. Su falta de control (rendición de cuentas) explica corrupción, despilfarro y menor crecimiento. Negociar que los estados sean corresponsables de la recaudación, no sólo del predial, y pactar y verificar que los recursos se canalicen a un mayor gasto de inversión eficaz.

9. Crear una política de seguridad social integral, particularmente con cobertura universal de salud y pensiones, avanzando hacia la convergencia de los sistemas del IMSS y del ISSSTE. Integrar y desaparecer el paliativo temporal que fue el Seguro Popular, ahora, con frecuencia, otra “caja chica” de algunos gobernadores. La propia generación de empleo derivada del crecimiento propicia el aumento de ingresos y un sistema de salud sustentable. Estas reformas son un buen objetivo para una reforma fiscal, no la recaudación. Fortalecer el papel de las Afores como grandes generadores de ahorro con aumento de cuotas (como lo ha hecho Perú). El sistema actual de pensiones no es sustentable, ¡es una bomba de tiempo!

10. La reducción de la pobreza y la desigualdad es esencial por razones de ética, pero también para eliminar uno de los mayores obstáculos para el crecimiento, y una de sus mayores reservas, o bien, uno de los grandes factores de riesgo social; por ello, el nuevo desarrollismo es redistributivo e incluyente.

Los avances en este campo deben ser primordialmente resultado de las políticas generales antes enumeradas (empleo, educación, seguridad social), más que un enfoque asistencial, poco eficaz, que genera despilfarro y corrupción, como en los más de mil programas de ataque a la pobreza, las decenas de programas de apoyo al campo, que a veces son regresivos y consumen muchos recursos y no generan resultados. Deben algunos suprimirse o consolidarse. Sí hay que enfatizar cuatro políticas:

a) Mantener algunos programas sociales focalizados que han probado su eficacia, como Prospera (desde 1997) y la nueva Cruzada Contra el Hambre.

b) Una política integral de apoyo al campo, principalmente en zonas de temporal y en las regiones más rezagadas. Reducir nuestras vulnerabilidades en ciertos productos alimenticios básicos, como el maíz.

c) De acuerdo con una tendencia mundial, examinar la posibilidad de introducir una política de salarios mínimos efectiva o sustituir muchos programas dispersos por una renta básica, pero con cuidado financiero y en forma gradual.

d) Un programa nacional de apoyo a jóvenes, particularmente a los millones que no tienen educación ni empleo. Roosevelt creó, para combatir la Gran Depresión, la National Youth Administration (Administración Nacional para la Juventud).

 

Ilustración de María José Ramírez

Conclusiones

 No ignoro los enormes obstáculos y resistencias para introducir estas propuestas en el momento actual. Es una visión que requiere formar nuevos consensos sociales y políticos, y ejecutarse a lo largo del tiempo. Pero el cambio de modelo de desarrollo, además de las razones apuntadas, cuenta con el acicate de las serias amenazas y retos provenientes del exterior, como lo fueron en su momento la Gran Recesión y la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, si lo sabemos aprovechar, la elección de Trump es a la vez reto y oportunidad de cambio. La tarea principal es fortalecer al Estado y a la sociedad mexicana; ejercer un mayor liderazgo con una visión y motivación compartidas. No es suficiente invocar el optimismo si no va acompañado de un programa de acciones concretas, amplio y creíble.

Esa fortaleza nacional debe sustentarse en un dinámico crecimiento, generador de empleos, no en la estabilidad de precios; en la reindustrialización basada en el mercado doméstico y las exportaciones competitivas, no en más tratados de libre comercio; en una mayor inversión en infraestructura, no en el despilfarro del gasto corriente; en una reforma de la seguridad social de alcances universales, financiada por una verdadera reforma fiscal, no en sistemas asistenciales y clientelares; en una banca de desarrollo y comercial que apoye a los sectores productivos, no una banca que privilegia el consumo y el apoyo a sus matrices; a una educación de calidad para trabajadores y profesionistas productivos que no tengan que salir a ser vejados en el exterior; a la autosuficiencia alimentaria y energética para superar vulnerabilidades evidentes; a corregir desigualdades regionales de miseria en el sur-sureste, además de al freno a la corrupción e implantación de un Estado de derecho. Ello es lo que nos dará la posibilidad de negociar desde posiciones de fuerza. La negociación externa debe basarse en la fortaleza interna. Debemos avanzar hacia un verdadero Acuerdo de Unidad Nacional, sustentado en una plataforma de políticas concretas con objetivos específicos.

Quiero concluir con una cita de Paul Krugman, que es aplicable a la situación actual de México:

En una recesión (o crisis), las reglas usuales de la política económica no se aplican: la virtud se convierte en vicio, la cautela es riesgosa y la prudencia es tontería […] Algunas personas dicen que nuestros problemas económicos son estructurales, para lo cual no hay remedios rápidos, pero yo creo que los únicos obstáculos importantes a la prosperidad mundial son las doctrinas obsoletas que atrofian las mentes de los hombres.

1 Segunda parte del artículo “Del ‘estancamiento estabilizador’ a un nuevo modelo económico desarrollador con inclusión social”, publicado en nuestro número anterior.

FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA ha fungido como embajador de México ante la OCDE en París, como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, diputado federal y embajador de México en Canadá, entre otros cargos. Como docente ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y la UNAM.

Fuente:http://www.estepais.com/articulo.php?id=959&t=diez-propuestas-para-una-nueva-estrategia-de-politica-economica

¿Quién es dueño de tu información en la era digital?

Por: Óscar Ruiz

Human resources and CRM

Actualmente una gran cantidad de actividades humanas está ligada al uso de redes digitales. Esta tendencia es cada vez más fuerte y todo apunta a que en poco tiempo habrá pocas que no las involucren. Cada cosa que hacemos en las redes deja un rastro. El residuo digital adquiere cada día más valor y su análisis genera desde oportunidades de negocio hasta información pública de muy alto valor.

Apenas estamos explorando los beneficios potenciales de recopilar este rastro digital. Algunas de las empresas o entidades que recopilan estos datos muestran dificultad para explotarlos adecuadamente y otras han construido negocios multimillonarios a partir de su uso. Con el surgimiento de nuevas tecnologías y técnicas de análisis enfocadas a grandes volúmenes de datos, esto está cambiando rápidamente, por lo que la expectativa es que el valor monetario de los datos almacenados se incremente sustancialmente en los próximos años.1

Un ejemplo del creciente uso de las redes digitales son las llamadas economías compartidas. La innovación y fortaleza de estos modelos de negocio radican en que permiten interacción inmediata entre los propietarios de activos y sus potenciales usuarios, todo a través de redes digitales. Como estos bienes están subutilizados la mayor parte del tiempo, crean una oferta inmediata en mercados cuyos precios son muy altos precisamente porque no es fácil conectar al dueño del activo con un usuario potencial. Uber, competidor de los taxis, y Airbnb, competidor de los hoteles, son los principales exponentes de este nuevo modelo de negocios.

Estos negocios no requieren ser dueños de los activos. Casi toda su operación recae en la administración y funcionamiento óptimo de sus plataformas, las cuales dependen en gran medida del análisis de los datos transaccionales. En almacenar, depurar y analizar la información de las transacciones está todo el valor del negocio.

La gran cantidad de datos almacenados, aunada al creciente valor de los mismos, puede hacer que el valor de mercado de estas empresas llegue a estar por encima del de empresas tradicionales. Un ejemplo de esto es Facebook. La empresa de Mark Zuckerberg es propietaria de la información generada por los usuarios de su plataforma y por ello está valuada en 200 mil millones de dólares. United Airlines, propietaria de aeronaves, licencias de acceso a aeropuertos y rutas transoceánicas, vale alrededor de 34 mil millones de dólares.2

El almacenamiento y la explotación de estos datos genera ventajas competitivas. Su creciente valor genera fuertes incentivos para la adopción de procesos cerrados y opacos de almacenamiento, protección y uso de la información, donde los administradores de las plataformas en línea tienen derecho exclusivo de explotación de los datos y un absoluto control sobre el acceso a ellos. Mientras tanto, los consumidores de servicios en línea tienen poco o nulo conocimiento sobre quién y cómo están siendo usados sus datos personales y transaccionales.

Ante esta situación, el riesgo del surgimiento de “monopolios en línea” o “monopolios de la información” es un problema latente. Esto implicaría, entre otras cosas, costos cada vez más altos por dejar de usar determinada plataforma o servicio o reemplazarlo por otro. Por ejemplo, estudios muestran que el desempeño de un motor de búsqueda aumenta en un 31% por el simple hecho de tener acceso a una mayor cantidad de datos históricos.3

El caso Google en la Unión Europea

Un ejemplo muy bien documentado de monopolios en línea es el de Google en el mercado de los motores de búsqueda. El debate alrededor de Google ha alcanzado especial relevancia en la Unión Europea (UE), donde autoridades antimonopolio ya han tomado cartas en el asunto denunciando posibles prácticas monopólicas del gigante de internet. Si bien muchas de las prácticas están ligadas a los anuncios y servicios de publicidad,4 la protección de datos personales, la privacidad y la propiedad de la información no están fuera de la discusión e incluso han cobrado una especial relevancia.

La UE recientemente reveló nuevas regulaciones sobre la protección de datos personales cuyo principal objetivo es regresar el control de éstos a los usuarios que los generan. Como lo mencionan en documentos oficiales, una de las principales motivaciones de esta nueva regulación es “que los ciudadanos y empresas europeas puedan beneficiarse por igual de la economía digital”.5

Esta nueva regulación asegura que cada ciudadano recibirá información clara del uso de su información personal, además, cualquier permiso otorgado para el uso de esta información deberá estar ligado a una acción clara y afirmativa, lo cual no sucede bajo el modelo estadounidense de protección de datos personales.

Se fortalece además la privacidad a través del “derecho a ser olvidado”, lo que implica que en el momento en el que una persona no desee que su información sea utilizada y no haya una razón legítima para que ésta sea almacenada, debe borrarse. Lo anterior, a su vez, da pie a la “portabilidad de la información”: si una persona desea que su información personal sea utilizada por cualquier otra empresa, proveedor o institución a cambio de un beneficio claro y explícito, como mejoras en algún servicio, o incluso si desea que sus datos sean utilizados para planeación y creación de políticas públicas en su beneficio, tiene la libertad de conceder permiso de uso bajo reglas claras. Es decir, la ley en la UE da al ciudadano un total control sobre sus datos personales. El individuo decide libremente quién hace uso de esta información y con qué propósito.

Esto tiene implicaciones en el tema de políticas antimonopolio. En el mercado de motores de búsqueda, el desempeño de los algoritmos depende enormemente de la información histórica de uso a la medida para cada usuario.6 El derecho a ser olvidado y la portabilidad de la información impactarían directamente la posición preponderante de Google en ese mercado. Ello las convierte en herramientas regulatorias importantes para combatir comportamientos monopólicos porque facilita la entrada a nuevos competidores y al desarrollo de mejores algoritmos.

Disponibles al mejor postor

Además del riesgo derivado de comportamientos monopólicos, está el de la venta de información personal. El registro de transacciones ligadas a servicios en línea, e incluso a servicios tradicionales cuya información es almacenada, deriva en un alto volumen de información personal que bajo las leyes sobre datos personales vigentes en los Estados Unidos está disponible para ser adquirida por casi cualquier interesado.

En la más reciente elección presidencial de Estados Unidos (eu), la empresa Cambridge Analytica (CA) fue la encargada de la campaña publicitaria en línea de Donald Trump, hoy presidente de ese país. Durante la Cumbre Concordia 2016, el CEO de CA reveló haber tenido acceso a información sobre los hábitos de consumo de cerca de 220 millones de ciudadanos estadounidenses.7 De acuerdo con su presentación, esta información incluía datos sobre compra de automóviles, suscripciones a revistas e incluso afiliaciones a iglesias. En su sitio, la empresa revela tener acceso a cerca de 5 mil registros o puntos de información por persona con el objetivo de llevar a cabo análisis de comportamiento y diseño de mensajes publicitarios personalizados.

Actualmente, este tipo de empresas tienen acceso a grandes volúmenes de datos de diversas fuentes. Hay un mercado abundante para cualquier empresa que almacene la información transaccional de sus clientes. Los datos se han vuelto una fuente de ingresos para todo un ecosistema de negocio bajo un sistema que deja al ciudadano común en completa vulnerabilidad.

¿Qué pasa en México?

En México existe la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.8 En ella se establecen los límites y alcances de todo tratamiento de datos personales, el cual está sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en ésta. Además, el reglamento de dicha ley describe, entre otras cosas, las medidas de seguridad y criterios de transferencia de información. Sin embargo, toda esa legislación enfatiza los mecanismos de tratamiento para que el titular realice acciones una vez que su información ya está en posesión de otra persona, no así la claridad en los lineamientos o criterios para obtener su consentimiento en el uso de su información. Esto último deriva en opacidad que impide que el titular de los datos entienda plenamente lo que está autorizando cuando acepta los términos y condiciones de algún servicio y, peor aún, cuando su información es transferida a un tercero.

Aun cuando los negocios están obligados a proteger los datos de los clientes, a no venderlos y a hacer buen uso de ellos, en realidad la autoridad no tiene control ni conocimiento del uso que se le está dando a la información personal. Al igual que en eu, los datos personales son activos disponibles al mejor postor. En México incluso hay un mercado negro en donde se vende data que no debería estar en el público. En nuestro país se ha sabido de casos notorios de venta de padrones completos de clientes de tarjetas de crédito9 e incluso el de las credenciales para votar. ¿A qué persona con un número celular vigente no le han llamado a su teléfono móvil para ofrecer algún servicio sin saber de dónde obtuvieron su información de contacto?

La discusión alrededor del acceso a datos y la propiedad de éstos en México se centra en la apertura del Gobierno hacia la ciudadanía (Gobierno abierto). Esto sin duda es de suma importancia; sin embargo, entidades privadas que a través de la oferta de servicios almacenan y tienen acceso a la mayor cantidad de datos de alta calidad están fuera del debate, precisamente por no ser parte del Gobierno.

Uber y Airbnb están siendo objeto de discusiones alrededor de la regulación del servicio con el fin de evitar posibles efectos nocivos a la economía de dichos modelos de negocio; no obstante, el tema de la propiedad y el uso de los datos generados por los usuarios está completamente ausente de la discusión.

Incluso las empresas encargadas de la administración de bienes públicos bajo esquemas de concesión, como las de telecomunicaciones, operadores de transporte público o parquímetros, donde los usuarios generan datos transaccionales, almacenan información de gran valor, pero mantienen un derecho exclusivo sobre ésta. En muchos casos, el acceso a estos datos permitiría tanto a la autoridad como a la ciudadanía utilizarlos para el beneficio colectivo; sin embargo, la decisión de cómo usarlos queda en manos del prestador de servicios o del concesionario, cuyos incentivos suelen ser diferentes a los de la población en general.

Propiedad y privacidad

Ante esta situación, como bien apuntan expertos en el tema,10 el mayor reto de la creciente capacidad para recolectar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos es repensar los conceptos de propiedad de la información y la protección de la privacidad. Lo que se debe evitar es tanto la propiedad exclusiva de la información por parte de las empresas que la almacenan impidiendo su uso para el bien común, como esquemas donde el Gobierno tenga completo control de los datos generados y donde el resto de la población no tenga la posibilidad de generar un sistema de balances que cuestione las conclusiones del Gobierno.

Para evitar el surgimiento de monopolios de la información y fomentar el uso de ésta para el bien común a través del diseño de políticas públicas orientadas a datos, es clave adoptar un nuevo paradigma regulatorio donde la entidad que almacena la información no sea el dueño exclusivo de ésta, pero que sí tenga los incentivos necesarios para seguir almacenándola y para explotarla de acuerdo con sus legítimos intereses competitivos.

Al mismo tiempo, el consumidor debe tener el derecho de saber qué uso se le está dando a su información. Tanto compañías en línea como las más tradicionales deben ser transparentes en cuanto al uso que hacen de los datos personales. El consumidor también debe tener el poder de quitar y dar acceso a su información de acuerdo con sus intereses.

Tener mecanismos que permitan al Gobierno y a otros sectores de la sociedad acceder a diversas fuentes de datos bajo reglas claras y aprovechar en su totalidad las facilidades que la tecnología otorga para su almacenamiento y análisis significa aprovechar su potencial de transformación de la sociedad, de sus organizaciones e instituciones.

Ante un inevitable retraso en la regulación con respecto a los procesos de innovación de tecnologías,11 la alternativa es pensar en el uso de las mismas redes digitales para ponerlas al servicio de las autoridades reguladoras. Esto permitiría cerrar la brecha entre las instituciones y los procesos de innovación en los que se gestan modelos como los de activos compartidos. Actualmente ya hay intentos destacados por implementar tecnologías en red como Blockchain y Bitcoin12 como herramientas para la regulación de la propiedad de los datos y, al mismo tiempo, aumentar la protección de información sensible que frecuentemente se encuentra expuesta a ataques.

La implementación de regulaciones alrededor de este tipo de tecnologías, cuyos alcances e implicaciones aún no
son del todo claros, sin duda implica procesos largos y difíciles de discusión y de adecuación institucional. Sin embargo, la
velocidad con la que avanzan y se desarrollan las tecnologías de la información obliga a que se le dé la relevancia requerida a estos temas y a que se incluyan al menos en las discusiones alrededor de las opciones de regulación de modelos de negocio que actualmente almacenan información valiosa para el bien público.  EstePaís

* Para más información sobre los estudios del IMCO entra a <imco.org.mx> o síguenos en nuestras redes sociales: <facebook.com/IMCOmx / @IMCOmx>.

NOTAS

1. http://www.forbes.com/sites/howardbaldwin/2015/03/23/drilling-into-the-value-of-data/#398ca80e2872

2. http://www.forbes.com/sites/howardbaldwin/2015/03/23/drilling-into-the-value-of-data/#4dcb981f2872

3. https://hbr.org/2015/03/data-monopolists-like-google-are-threatening-the-economy

4. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_en.htm

5. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/factsheets_2016/factsheet_dp_reform_citizens_rights_2016_en.pdf

6. https://hbr.org/2015/03/data-monopolists-like-google-are-threatening-the-economy

7. https://cambridgeanalytica.org/about

8. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5150631&fecha=05/07/2010

9. http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/674405.html

10. A. Pentland, Reality Mining of Mobile Communications: Toward a New Deal on Data, The Global Information Technology Report 2008-2009: Mobility in a Networked World, Chapter 1.6, World Economic Forum, 2009.

11. http://startupmanagement.org/2016/01/07/rethinking-regulation-to-lag-innovation/

12. http://enigma.media.mit.edu/

ÓSCAR RUIZ es científico de datos del IMCO

Fuente:http://www.estepais.com/articulo.php?id=965&t=quien-es-dueno-de-tu-informacion-en-la-era-digital

Inflación, en su nivel más alto desde la crisis de 2009

El dato aumenta las posibilidades de nuevas alzas de la tasa de interés referencial por parte del Banco de México.

inflación

La inflación en México se ubicó en 5.62% en la primera quincena de abril, por arriba del 5.42% de marzo, y colocándose como la cifra más elevada desde la crisis del 2009.

De acuerdo con los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la primera quincena de abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un retroceso quincenal de 0.15%. Mientras tanto, en el mismo periodo del año pasado, reportó una caída de 0.34% quincenal y de 2.60% anual.

El dato anual de inflación es superior al 5.58% estimado por analistas consultados por Reuters y que el 5.42% de la quincena anterior; además de que es el más elevado desde el 5.73% reportado para la segunda quincena de junio de 2009.

La cifra aumenta las posibilidades de nuevas alzas de la tasa de interés referencial por parte del Banco de México. La inflación rebasó desde enero el objetivo del banco central (3% +/- un punto porcentual), que en lo que va de 2017 ha elevado en 75 puntos base la tasa de interés interbancaria que actualmente se ubica en 6.50%.

La inflación subyacente tuvo un aumento quincenal de 0.26% y a tasa anual de 4.76%; por su parte, la no subyacente retrocedió 1.38%, alcanzando un dato anual de 8.32%.

Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.33% quincenal y los de los servicios 0.20%. Al interior de la inflación no subyacente, los productos agropecuarios mostraron un alza de 0.53%, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.49%, como resultado de los ajustes a la baja en las tarifas eléctricas, dentro del esquema de temporada cálida en 15 ciudades del país.

Los genéricos cuyas variaciones de precios al alza incidieron sobre la inflación general son el chayote, cuyo precio aumentó 17.71% en una quincena; seguido del aguacate, con un alza de 5.83%; el jitomate, de 4.08; y los servicios turísticos en paquete, con 3.62%.

Por el contrario, los que tuvieron variaciones a la baja fueron la electricidad, con 13.36%; el tomate verde, 8.75%; el gas doméstico natural, 5.67%; la cebolla, 4.03%; y el gas doméstico LP, 3.07%.

El índice de precios de la canasta básica registró un descenso de 0.98% quincenal, así como una tasa anual de 7.62%; comparado con el mismo periodo del año anterior, los datos correspondientes fueron de menos 0.83 y 0.74 % anual.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/inflacion-nivel-mas-alto-desde-2009/

Actualización del Semáforo Anticorrupción (marzo)

  • Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco no han iniciado el proceso de construcción de su Sistema Local Anticorrupción
  • 16 estados aún no tienen una propuesta de ley para diseñar sus SLA, preocupa que algunos de ellos han tenido recientemente escándalos de corrupción
  • Solo Puebla, Nayarit y Chiapas tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus Sistemas Locales Anticorrupción

Los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) necesitan una base sólida y los estados tienen hasta el 18 de julio de este año para implementarlo. Por eso, la Coparmex, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana diseñamos la Ley Modelo para los SLA, la cual es una adaptación a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su objetivo es ser una guía simple para las entidades.

Comprometidos con la implementación del SNA, el 28 de febrero presentamos el Semáforo Anticorrupción, un monitoreo ciudadano de los Sistemas Locales. Los resultados del primer semáforo:

  • 10 estados con reforma constitucional satisfactoria
  • 2 estados con Ley del Sistema Local Anticorrupción
  • 3 estados con problemas graves en sus reformas constitucionales

¿CÓMO HAN AVANZADO LOS ESTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SLA?

El “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción” es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación. Documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales. El estudio se compone por:

  • Semáforo de la reforma constitucional
  • Semáforo de implementación de la Ley del SLA

El procedimiento para obtener la información legislativa de los estados fue la siguiente:

  1. Revisión de las gacetas parlamentarias que se encuentran en línea de los congresos de los 32 estados
  2. Se envió correo electrónico a tres funcionarios de cada congreso local
  3. Como último recurso, se les contactó por teléfono

SEMÁFORO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Determina el nivel de avance al evaluar si el estado tiene o no reforma constitucional o alguna iniciativa y si tiene una estructura constitucional adecuada por medio de 10 criterios que deben contemplar las reformas constitucionales, entre ellos el establecimiento del SLA, del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana y la incorporación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

  • 4 estados ni siquiera han iniciado el proceso de construcción de su SLA (Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tabasco)
  • 3 estados (Morelos, Jalisco y Veracruz) mantienen la inconstitucionalidad de sus reformas
  • Estas siete entidades ponen en peligro la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción en julio

Observaciones generales:

  • Existe preocupación en algunas constituciones estatales sobre el grado de autonomía e independencia de las Entidades Estatales de Fiscalización y las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia.
  • Observamos que los problemas más comunes están en los Comités Coordinadores y su integración. En varios estados se añaden órganos cuya incorporación carece de justificación.
  • Ningún estado fue más allá de la composición y funciones mínimas del SNA. No encontramos innovaciones interesantes que sean destacables.

SEMÁFORO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DEL SLA

Determina el nivel de avance al evaluar si el estado tiene o no una Ley del Sistema Local Anticorrupción o una iniciativa y si es apta la ley por medio de 30 criterios que la Ley del SLA debe contemplar, entre ellos destacan un adecuado Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana, Secretaría Ejecutiva y recomendaciones del Comité Coordinador.

16 estados aún no tienen una propuesta de Ley para diseñar sus SLA, preocupa que algunos de ellos han tenido recientemente escándalos de corrupción.

Observaciones generales:

  • Se presenta la iniciativa sin contar con la reforma constitucional que establezca los parámetros mínimos. El nombramiento del Comité de Participación Ciudadana (CPC) lo realiza el Congreso del estado, y no incorpora el régimen de recomendaciones no vinculantes.
  • Yucatán. Crea Sistemas Municipales, el Congreso interviene en el nombramiento del CPC y otorga facultades incompletas a varios órganos.

Solo Puebla, Nayarit y Chiapas tienen la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus Sistemas Locales Anticorrupción y pueden comenzar con:

  • La construcción administrativa de sus órganos
  • Los procesos de designación
  • El inicio de funciones sustantivas

Los congresos locales tienen como mandato implementar el Sistema Local Anticorrupción antes del 18 de julio de 2017, por lo que los estados pueden aprovechar la Ley Modelo para agilizar los procesos legislativos y evitar riesgos de inconstitucionalidad.

Consulta los avances por estado en: http://semaforoanticorrupcion.mx

Fuente:http://imco.org.mx/uncategorized/actualizacion-del-semaforo-anticorrupcion-marzo/

Resultados PISA 2015 vía OCDE

La mayoría de los adolescentes que se sienten parte de una comunidad escolar y que tienen buenas relaciones tanto con sus padres, maestros y compañeros de escuela reportan sentirse felices con sus vidas y tienden a desempeñarse mejor académicamente.

 

Así lo da a conocer los Resultados PISA 2015, estudio publicado por la OCDE, el cual se basa en las respuestas de 540 mil estudiantes en 72 países y economías y que se enfoca en evaluar el bienestar de los jóvenes.

El reporte destaca la parte negativa de la educación: 59% de los alumnos aseguraron sentir ansiedad relacionada con la escuela (exámenes, entrega de trabajos, calificaciones, etcétera). Esta ansiedad, enfatiza la OCDE, no tiene que ver con el número de horas que los estudiantes pasan en la escuela ni la frecuencia con la que realizan exámenes, sino con el apoyo que los jóvenes sienten por parte de sus maestros y de la escuela en general.

 

¿Cuáles son los datos más relevantes de esta encuesta PISA a nivel global?

  • 59% de los alumnos de la OCDE en promedio afirmaron que se preocupan constantemente por tomar un examen que saben que será difícil.
  • 66% dijo sentirse estresado por bajas calificaciones.
  • 55% dijo sentirse muy ansioso por un examen, aunque estén bien preparados para la prueba.
  • Las mujeres reportaron más ansiedad en todos los países que los hombres con relación a las tareas, trabajos escolares y exámenes.
  • Los docentes juegan un papel vital al crear condiciones de bienestar para los jóvenes.
  • Los padres también son parte importante del bienestar de los alumnos. Los estudiantes cuyos padres hablan con ellos, realizan la comida principal con ellos y discuten sobre cómo les va en la escuela reportan entre 22 y 39% mayores niveles de satisfacción de vida.
  • El bullying es otro tema clave dentro y fuera de los centros educativos: en promedio en los países de la OCDE, 4% de los jóvenes reportaron que reciben golpes o empujones varias veces al mes.
  • En promedio a lo largo de las naciones pertenecientes a la OCDE, la mayoría de los estudiantes de 15 años reportaron un promedio de satisfacción de vida de 7.3 en una escala de 0 a 10.
  • Las mujeres fueron más propensas que los hombres a contestar que buscan obtener calificaciones perfectas.
  • En promedio, 44% de los alumnos esperan ingresar y terminar la licenciatura.
  • Uno de cada cinco estudiantes dijo recibir trato injusto por parte de los profesores (disciplina severa o ser ridiculizados frente a otros).
  • Los hombres son más propensos a ser víctimas de agresiones físicas y las mujeres a ser objetos de chismes y rumores.
  • Cerca de 6.6% de los jóvenes no practican ninguna actividad física fuera de la escuela.
  • Aproximadamente 23% de los alumnos trabajan para recibir algún pago y 73% trabajan en casa antes o después de la escuela.
  • En promedio, los jóvenes de los países de la OCDE pasan más de dos horas en línea en un día de escuela después de clases y más de tres horas en fin de semana.

¿Cómo se encuentra México en los resultados PISA 2015?

  • La satisfacción de vida de los jóvenes de 15 años que estudian es de 8.3, “el nivel más alto entre los países de la OCDE y el segundo entre todos los países participantes en PISA”.
  • “Los estudiantes en México expresaron niveles de ansiedad relacionados con el trabajo escolar por encima de la media OCDE. El 50% se ponen muy tensos cuando estudian (media OCDE: 37%), y el 79% está preocupado por sacar malas notas en clase (media OCDE: 66%). La ansiedad relacionada con el trabajo escolar es uno de los principales indicadores de baja satisfacción con la vida entre los estudiantes y, en México, la ansiedad es más frecuente en las escuelas donde los estudiantes estudian menos de 50 horas semanales (dentro y fuera de la escuela)”.

  • 21% de los estudiantes mexicanos se siente solo en la escuela, 25% se siente marginados, 20% sufren acoso escolar por lo menos una vez al mes y 13% dijo que se burlaban de él.

  • En cuanto a la motivación escolar, 83% declararon querer ser los mejores y 96% “están motivados para para sacar las notas más altas en todas o en casi todas las asignaturas”.

  • 95% realiza actividades físicas fuera de la escuela.
  • Los jóvenes mexicanos son usuarios extremos de Internet, pues se conectan a la red más de seis horas entre semana.

Consulta todo sobre este estudio aquí.

Fuente:http://imco.org.mx/banner_es/resultados-pisa-2015-via-ocde/

 

Leyes para el futuro del trabajo: ¿estamos preparados?

Por:VERÓNICA ALAIMO

La forma de trabajar está cambiando, el futuro del trabajo ya está llegando y, por eso, ahora más que nunca nos preguntamos si los robots van a reemplazarnos o si las nuevas fórmulas que nos brinda la economía compartida terminarán imponiéndose. El mercado laboral del futuro (y todos los desafíos que trae consigo) está ya a la vuelta de la esquina. Pero, ¿estamos preparados? ¿Sabes si las leyes de tu país han considerado esta revolución que ya ha comenzado?

Algunas tendencias que asociamos a los trabajos del futuro están permeando poco a poco en los países de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el teletrabajo o la economía compartida (esta, sobre todo, en el sector del transporte con empresas como Uber o Cabify) están planteando ya algunos desafíos. ¿Tienen garantizados sus derechos quienes se desempeñan bajo estas nuevas fórmulas? Un análisis de la legislación vigente en 12 países de la región nos revela que todavía queda mucho por hacer.

Teletrabajo versus trabajo a domicilio

Si bien en la mayoría de los países el trabajo a domicilio está regulado (con excepción de República Dominicana), existen importantes diferencias entre el contexto laboral actual, en el que el teletrabajo ya es una tendencia consolidada, y el que había cuando en la región se legisló sobre esta materia. El trabajo a domicilio, propio de la revolución industrial, se creó para la realización de tareas de manufactura o similar, en el domicilio del trabajador o en un lugar elegido por este, por cuenta ajena, para un patrón, intermediario o tallerista. El teletrabajo, en cambio, es una modalidad de la era digital que surge con el avance tecnológico con tareas que se realizan en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento del empleador. En ambos casos, el trabajo se realiza en el domicilio del trabajador o en otro lugar elegido por este. La distinción radica en el uso de tecnologías de la información y comunicación por parte de los teletrabajadores. Pretender aplicar regulaciones laborales propias de la revolución industrial en plena era digital no parece razonable.

Pretender aplicar regulaciones laborales propias de la revolución industrial en plena era digital no parece razonable.

Solo en Brasil, Colombia y Perú existen leyes específicas que regulan el teletrabajo; en Argentina y Ecuador cuentan con normas regulatorias del Ministerio de Trabajo, mientras que en Bolivia y México el teletrabajo forma parte de lo que se considera trabajo a domicilio. Varios países tienen proyectos de leyes en estudio, en algunos casos con propuestas que datan del año 2010 pero que no se han aprobado aún. En el caso de México, el proyecto de ley busca separar el trabajo a domicilio del teletrabajo, mientras que en Bolivia el proyecto limita el teletrabajo a grupos específicos de trabajadores (como personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas con problemas de salud) y propone que el trabajo a distancia sea posible solo por un lapso de tres meses. Finalmente, otros países como Uruguay están todavía elaborando su regulación.

Ya sea con regulaciones o con proyectos de ley, en la región se entiende que el teletrabajador es un trabajador en relación de dependencia (asalariado) con los mismos derechos de una persona que trabaja en la empresa. Es decir, aplican las mismas escalas salariales, tienen los mismos derechos de protección ante el despido y los mismos beneficios de seguridad social. Una excepción se da en Chile, donde el Código del Trabajo excluye el teletrabajo de la limitación de la jornada de trabajo, lo cual implica que no hay régimen horario y, por lo tanto, no se generan horas extras.

Ya sea con regulaciones o con proyectos de ley, en la región se entiende que el teletrabajador es un trabajador en relación de dependencia (asalariado) con los mismos derechos de una persona que trabaja en la empresa.

Uber y los nuevos trabajadores por cuenta propia

La empresa Uber, que en Estados Unidos (al menos en las grandes ciudades) ya se ha vuelto parte de la vida cotidiana, sigue generando polémica. También, por supuesto, en la región: competencia desleal, incumplimiento de las normas de transporte público, críticas a la situación laboral de los conductores… ¿Están fundamentadas estas opiniones negativas?

Uber, la compañía que posiblemente mejor ejemplifica eso que denominamos la economía colaborativa, está presente en algunas ciudades de América Latina. En Argentina, Chile, Colombia y Perú, luego de numerosas marchas, Uber funciona aunque sin respaldo legal. También opera en países como Bolivia (en la ciudad de Santa Cruz), Ecuador (en Quito y Guayaquil) y en Guatemala, pero sin una regulación específica. Por el contrario, su actividad sí está regulada en lugares como San Pablo, en Brasil, la Ciudad de México o el estado mexicano de Jalisco, o Montevideo, en Uruguay.

Con o sin regulaciones específicas, la realidad es que los trabajadores de la economía compartida, a diferencia de los teletrabajadores, son considerados trabajadores por cuenta propia. Por este motivo, al igual que la mayoría de los trabajadores independientes de la región, no tienen protección frente al despido, ni derecho a beneficios de la seguridad social (al menos no en forma obligatoria). Las leyes, como vemos, avanzan a un ritmo más lento que la realidad. Si no se toman medidas, estaremos ante un grupo de trabajadores cada vez más numeroso en una situación de precariedad.

Foto portada – Copyright: dianavarela / 123RF Stock Photo

Fuente:https://blogs.iadb.org/trabajo/2017/04/18/leyes-para-el-futuro-del-trabajo-estamos-preparados/?utm_source=newsletter&utm_medium=rssfeed&utm_content=title&utm_source=Factor+Trabajo%3A+Bolet%C3%ADn+de+Mercados+Laborales+y+Seguridad+Social+del+BID&utm_campaign=41d39f449b-Mailchimp+RSS&utm_medium=email&utm_term=0_c30748bc43-41d39f449b-189478437

Análisis de la OCDE de la honestidad de México: Tomando una postura más firme ante la corrupción vía OCDE

El reporte de la OCDE “Análisis de la OCDE de la honestidad de México: Tomando una postura más firme ante la corrupción” se enfoca en ofrecer una visión panorámica de las iniciativas planeadas en torno a las reformas anticorrupción que busca implementar México, las cuales buscan atender los múltiples retos económicos y sociales que atraviesa hoy nuestro país.

¿Cuáles son los datos que destaca este documento?

  • Los mexicanos consideran a la corrupción como el segundo problema más importante del país, tan solo después de la inseguridad y el crimen y por delante del desempleo, la pobreza y el mal desempeño del gobierno.

  • 50% de las empresas que se entrevistaron identifican a la corrupción como el mayor obstáculo para hacer negocios. Esto representa 11% más que el promedio de los países de la OCDE.

  • La corrupción debilita el Estado de derecho, por lo tanto, la justicia se ve comprometida. Entre 2005 y 2010 el número de homicidios en el país se duplicó.

  • La corrupción también amenaza la agenda de reformas estructurales que se han puesto en marcha desde 2012.

  • La OCDE recomienda para la correcta y exitosa implementación del Sistema Nacional Anticorrupción una serie de medidas que legitimen las instituciones gubernamentales, fortalezcan la economía y creen mayor seguridad para los ciudadanos. Lo anterior se puede llevar a cabo al revisar las cuestiones clave del sistema público del país.

  • El estudio destaca la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción para el sistema de integridad mexicano. Los acuerdos institucionales del SNA pueden mejorar la coordinación entre actores y así reducir el riesgo de fracaso.

Fuente:http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/analisis-de-la-ocde-de-la-honestidad-de-mexico-tomando-una-postura-mas-firme-ante-la-corrupcion-via-ocde/