Digitalización de los trámites reduciría la corrupción y los costos en América Latina y el Caribe

Filers with documents are seen at the national police archives, which houses more than 80 million pages of official police records, in Guatemala City October 21, 2011.Three historic cases are now being processed using material from the archive, which houses 80 million pages of official police paperwork stretching back to the 1800s, and hundreds of other prosecutions could follow.

Image: REUTERS/Jorge Dan Lopez

Los tramites digitales se demoran 74% menos que tramites presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en América Latina y el Caribe todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea. ¿El resultado? Las ciudadanas y ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y productividad.

Según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital, completar un solo trámite lleva en promedio 5,4 horas en la región, pero en algunos países tarda más de 11 horas. Prestar trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital, pero actualmente sólo tres países -Brasil, México y Uruguay- tienen más de la mitad de sus trámites disponibles en línea. En la Unión Europea es posible empezar el 81% de los trámites en línea. En América Latina, la cantidad de trámites digitales es mucho menor lo que contribuye a que solamente el 7% de las personas reporte haber hecho su último trámite en línea.

“Este estudio aporta una hoja de ruta para hacer reformas de simplificación y digitalización de trámites enfocadas en la experiencia ciudadana y haciendo uso estratégico de instrumentos digitales” dijo Ana María Rodríguez-Ortiz, Gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. “Estas reformas permitirán impulsar la competitividad, la confianza ciudadana en el Estado y la inclusión social a través de trámites ágiles”.

Solamente la mitad de los trámites se resuelven en una sola interacción con la entidad pública y el 25% de ellos requiere tres interacciones o más, lo que genera un gran costo al momento de acceder a servicios básicos como la educación, la salud, el pago de impuestos o la obtención de un certificado de nacimiento.

Image: BID

El estudio indica que los costos de los trámites son más altos para las personas de bajos ingresos, ya que tienen menos flexibilidad laboral y pierden ingresos cuando tienen que pasar horas en fila para ejecutar un trámite. El 30% de las personas de bajos ingresos reporta haber pagado alguna vez un soborno para ejecutar un trámite, frente al 25% de las personas de mayores ingresos. El abandono de un trámite afecta también más a las poblaciones vulnerables ya que resulta en un menor acceso a los programas y beneficios sociales del gobierno.

Los obstáculos a la digitalización de los servicios incluyen el hecho de que solo el 66% de las personas tiene suscripción a banda ancha móvil y el 11% a banda ancha fija. Solo el 40% tiene tarjeta de débito para hacer pagos en línea.

Los tramites digitales son en general difíciles de realizar incluso para las personas con altos niveles educativos: 40% de los encuestados reportó que no tuvo éxito en su último intento de hacer un trámite en línea. Además, los gobiernos hacen poco esfuerzo para conocer la experiencia ciudadana: solo 6 países de la región analizan de manera sistemática los casos no exitosos de ciudadanos que trataron de hacer un trámite en línea y no lo concluyeron.

¿Qué deben hacer los gobiernos para mejorar la situación?

  • Conocer la verdadera experiencia ciudadana con los trámites a través de encuestas, observación directa o fuentes administrativas y usar esta información para rediseñar los trámites con la experiencia ciudadana en mente.
  • Eliminar aquellos trámites que sean innecesarios, redundantes u obsoletos.
  • Destinar recursos para facilitar el acceso a trámites digitales y fomentar el desarrollo del gobierno digital a través de herramientas como plataformas de interoperabilidad, identidad y firma digital, entre otros.
  • Mejorar la calidad de la prestación presencial de trámites a través de personal cualificado y la creación de centros integrados de servicio al público.

Fuente:https://www.weforum.org/es/agenda/2018/06/digitalizacion-de-los-tramites-reduciria-la-corrupcion-y-los-costos-de-la-burocracia-en-america-latina-y-el-caribe

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Así será la universidad en el año 2040, según Georgia Tech

Por:

Hemos leído a especialistas, futuristas, periodistas, académicos y demás, describir la educación del futuro; imaginan un ecosistema educativo presencial y a distancia, con recursos compartidos entre universidades, con predominancia de la inteligencia artificial, entre otras predicciones. En esta ocasión, el Instituto de Tecnología de Georgia, EE.UU., comparte su plan de evolución rumbo al 2040; un modelo de innovación educativa que podría describir el rumbo de las universidades del futuro.

El reporte llamado “Deliberate Innovation, Lifetime Education”, intenta fundar las bases de la innovación del Instituto de Tecnología de Georgia mediante cinco iniciativas; acciones que se van a comenzar a realizar y proyectos a largo plazo que requieren práctica e investigación sostenida.

Iniciativa 1: Educación integral personal

  • Desarrollo de nuevos programas educativos que inculquen habilidades cognitivas (como la resolución de problemas o la creatividad), habilidades interpersonales (tales como comunicación y liderazgo) y habilidades intrapersonales (ejemplo, adaptabilidad y disciplina).
  • Generar aprendizaje vivencial en contextos relevantes.
  • Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y colaboración en entornos multiculturales.
  • Lograr que los egresados de universidad tengan una formación orientada a la investigación, similar a la de postgrado.

Iniciativa 2: Generación de nuevos productos y servicios

El reporte propone generar experiencias educativas flexibles y provocar el aprendizaje continuo, a través de:

  • Creación de microcredenciales, incluidas las insignias, certificaciones y microgrados.
  • Cursos compactos dentro de periodos llamados Minimesters, que se puedan sobreponer o intercalar a los semestres tradicionales.
  • Tecnología blockchain que permita a los estudiantes demostrar su aprendizaje y logros en credenciales ante posibles empleadores.

Iniciativa 3: Asesoramiento para la nueva era

Especialistas del Instituto de Tecnología de Georgia consideran que el asesoramiento y el entrenamiento se dará con apoyo de una sólida base de datos de aprendizaje y asistentes de inteligencia artificial que acompañen al alumno en un modelo de aprendizaje a lo largo de la vida.

También se propone la creación de Juntas Directivas Personales para crear redes profesionales dedicadas a los estudiantes.

Iniciativa 4: Inteligencia Artificial y Personalización

Introducir el uso de Inteligencia Artificial y personalización a través de:

  • Pruebas piloto de plataformas de aprendizaje adaptativo para brindarle a los estudiantes experiencias educativas personalizadas.
  • Desarrollo de tutores multifuncionales virtuales que actúen como coaches o mentores.
Asistente de Inteligencia Artificial

Iniciativa 5: Presencia mundial distribuida

El Instituto de Tecnología de Georgia propone la descentralización de la educación en un campus físico, para establecer espacios en línea y espacios híbridos; lugares físicos que funjan como portales reales y virtuales al servicio de los estudiantes.

Por otro lado, plantea el desarrollo de bibliotecas humanas, donde se pueda acceder a la experiencia de individuos, más que a libros. Es decir, los alumnos podrían interactuar con especialistas y expertos al indagar sobre un tema, además de tener acceso a libros tradicionales.

Estas iniciativas requieren un plan de cambio de cultura dentro de las universidades que favorezca e inculque la innovación. Además de toma decisión y compromiso. A pesar de que este plan es específico del Instituto de Tecnología de Georgia, es una buena guía para entender qué camino tomarán las universidades en los próximos años.

Fuente:https://observatorio.itesm.mx/edu-news/asi-sera-la-universidad-en-el-2040-georgia-tech?utm_source=Newsletter+del+Observatorio&utm_campaign=8c3edf609a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e1a145e3e-8c3edf609a-235969733

Los salarios mexicanos se quedan atrás

El sueldo medio en México está, según los especialistas, muy por debajo de lo que le correspondería al sexto país más rico de América Latina

Por:IGNACIO FARIZA

La joven Jazmín, en el techo de su casa de Ecatepec, frente las vías por las que pasa La Bestia.

La joven Jazmín, en el techo de su casa de Ecatepec, frente las vías por las que pasa La Bestia. TERESA DE MIGUEL

 

A sus 18 años Jazmín J. ya sufre en carne propia la dura realidad del mercado laboral mexicano. Desde hace dos meses compatibiliza las clases de último año Preparatoria (Bachillerato) con un trabajo a tiempo parcial en una conocida cadena de supermercados por el que recibe apenas 1.000 pesos (54 dólares) quincenales por cuatro horas de trabajo diarias. Lo bueno: tiene acceso al seguro social del IMSS y trabajar cerca de su casa, en Ecatepec, una de las zonas más deprimidas del Valle de México, le evita tener que invertir horas sus desplazamientos diarios. Lo malo: casi todo lo demás. Sus ingresos apenas le dan para echar una mano a sus padres, que a duras penas ingresan 12.000 pesos mensuales en total -él, como operador de grúa, ella en trabajos esporádicos de limpieza-, y su hermana de 11 años. Muchos meses, la familia tiene que aceptar la ayuda de la ONG Techo para cubrir lo más básico en su hogar, una construcción de cemento con techo de uralita a un lado de las vías por el que pasa La Bestia, el tren de mercancías que muchos migrantes utilizan en su ruta hacia Estados Unidos.

Un paseo cualquiera por una calle cualquiera de la delegación Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México. Es la hora del almuerzo y los locales de comida corrida están a reventar: consomés, tacos, sopes, tlacoyos y quesadillas dan color y sabor a las mesas. En la puerta de los restaurantes, un común denominador: carteles en los que se solicitan meseros o personal de cocina. El patrón se repite a la entrada de los supermercados y tiendas de ropa: hay ofertas de trabajo por doquier. “Cuando algún familiar o amigo busca empleo, lo encuentra”, apunta la joven Jazmín. “Pero el salario siempre es bajo y muchos prefieren irse a la informalidad, donde pueden ganar hasta tres veces más”. Bienvenidos al mercado laboral mexicano del siglo XXI.

Las buenas cifras de empleo del sexenio han llevado el triunfalismo al discurso oficial en plena campaña electoral: 3,6 millones de nuevos puestos de trabajo formales; el segundo mejor mes de mayo para el empleo de la última década y una de las tasas de paro más bajas de la OCDE. Pero, ajenos a la realidad macro, el día a día de la mayoría de trabajadores mexicanos dista mucho de ser de vino y rosas. El poder adquisitivo no despega, el empleo eventual sigue al alza y la pobreza laboral afecta ya a casi cuatro de cada 10 mexicanos: casi 49 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos procedentes del trabajo. Son 722.000 más que hace un año.

El problema de los salarios bajos se remonta a casi cuatro décadas atrás. Desde entonces, la remuneración de los trabajadores ha pasado de representar casi el 45% del ingreso total mexicano a poco más del 25%: el resto son rentas del capital, fundamentalmente utilidades empresariales y réditos de inversiones financieras. La pérdida de peso de los sueldos sobre el PIB refleja, en fin, un problema triple de depresión de las clases medias -en su mayoría asalariados-, informalidad y desigualdad en la segunda mayor economía de América Latina.

México no es, ni mucho menos, el único país en el que las rentas del trabajo han perdido paulatinamente peso desde mediados de los años ochenta, una tendencia común a casi todo Occidente que muchos economistas achacan a la globalización, las nuevas formas de trabajo autónomo, el impulso desregulador y el progresivo desmantelamiento de las políticas con las que los Estados trataban de conciliar los intereses del trabajo y del capital. El caso mexicano, sin embargo, “es especialmente grave”, subraya Julio Boltvinik, de El Colegio de México. “Al no crecer los salarios, mucha gente se ve empujada a crear pequeñas empresas -changarros, en la jerga local- y a la informalidad, lo que reduce a su vez la productividad”, una variable que se sitúa en el origen del bajo nivel salarial. La pescadilla que se muerde la cola.

“A partir de 1982 se impuso la retirada del Estado mexicano, con la idea de que no interfiriera en el mercado laboral, y a eso se sumó la liberalización económica casi total con la entrada al GATT [hoy Organización Mundial del Comercio] y, luego, al TLC [el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que une a EE UU, México y Canadá desde 1994]. Se desmantelaron muchos de los mecanismos de protección a sectores enteros, como la agricultura, y se desestimuló aún más la sindicalización”, relata Alicia Puyana, investigadora de Flacso. “Fue letal para los trabajadores, que todavía sufren las consecuencias”.

El desembarco, de golpe, en el mercado internacional, fue muy beneficioso para muchas industrias mexicanas, como la automotriz. Pero también se convirtió en un argumento de peso para contener artificialmente los sueldos y así competir con el resto del mundo. “Lo único que pudo ofrecer México fue mano de obra barata”, constata Miguel Reyes, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana. “¿Cómo hicieron? Asegurando que los sueldos no crecerían por encima de la inflación”. La estrategia de contención artificial se ha seguido tan a rajatabla, subraya Reyes, que el salario medio mexicano en muchos sectores ya está por debajo del que se paga en China y otros países del Asia emergente.

Los salarios reales en el México de hoy son, de acuerdo con los cálculos de Boltvinik, del Colmex, incluso inferiores que en los años setenta. Todo, a pesar del crecimiento -muy lento, pero constante en términos históricos- de la sacrosanta productividad. El Banco de México, erigido no solo en guardián de la política monetaria mexicana sino también de la contención salarial, reconoce en un reciente informe el desacoplamiento de la productividad y el coste laboral medio: mientras la primera ha crecido un 4% en el último lustro, el segundo ha caído un 7,5% en el mismo periodo. “La productividad laboral de la industria manufacturera”, completa Reyes, “ha crecido un 18% en 10 años y el salario medio real ha caído un 10%. Esto solo quiere decir una cosa: que al capital le ha tocado su parte, pero al trabajador no. Y solo hay una forma de cambiar esta situación: que las ganancias de PIB y productividad se repartan equitativamente entre patrones y trabajadores. Que los primeros no se lleven todo el pastel”, agrega el jefe del Observatorio de Salarios de la Ibero.

Muchos mexicanos parecen resignados ante esta disfunción del mercado de trabajo. Pero los extranjeros, por más tiempo que lleven en el país latinoamericano, no salen de su asombro por la falta de relación entre la riqueza nacional y salarios. “Se mire por donde se mire”, decía esta semana un alto cargo de un organismo internacional en México bajo condición de anonimato, “los sueldos mexicanos son muy bajos en relación al PIB”. Sustentaba su sorpresa con cifras duras: siendo el sexto país con mayor ingreso per cápita de América Latina, su salario medio viaja en el vagón de cola de la región. “No tiene ningún sentido”, agregaba. Pese a la mezcla de pasmo e indignación de este alto funcionario, el tema salarial apenas ha entrado en la campaña electoral para las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. “Es un problema muy serio; bestial: no solo por la situación de los trabajadores, sino también porque impide el desarrollo del mercado interno”, valora Carlos Tello, ex director general del Banco de México y ex secretario (ministro) de Programación y Presupuesto. “Pero todos los candidatos han sido muy tímidos”.

La vara medir utilizada para tomar el pulso a la contención salarial -o represión, como la catalogan los autores más críticos- siempre ha sido el salario mínimo, también entre los más bajos de Latinoamérica. El pavor a otra escalada inflacionaria en un país tristemente golpeado por varios choques de precios en la segunda mitad del siglo XX ha convertido en “la gran obsesión mexicana” la estabilidad de los salarios “como ancla de los precios”, agregan, al unísono, Reyes y Boltvinik. “Ni se comprende el problema ni hay voluntad para solucionarlo”. La informalidad tampoco ayuda: que más de la mitad de los trabajadores mexicanos estén empleados fuera de los cauces formales constituye, en palabras de Tello -tirando de la terminología marxista- un “enorme ejército de reserva” que mantiene estable el salario real.

SINDICATOS BLANCOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS LABORALES

En este cóctel de causas faltan dos factores, quizá los menos explorados académica y mediáticamente: la ausencia de una sindicalización real y el incumplimiento de la ley, sobre el papel bastante garantista con el trabajador. “Las fallas en el sistema educativo hace que los trabajadores sean menos productivos, no digo que no”, dice Joyce Sadka, profesora del ITAM que lleva más de una década estudiando el mercado laboral mexicano. “Pero el gran problema es que el entorno es muy hostil para la estabilidad en el trabajo, la adquisición de capital humano y, en general, para cualquier aumento salarial”. Esa hostilidad se plasma en una sindicalización sui generis en un país ya de por sí poco sindicalizado: apenas uno de cada 10 empleados tiene una organización que lo proteja. Un reciente estudio de Sadka concluye que las tres cuartas partes de los convenios colectivos son de protección patronal. Es decir, acuerdos “simulados” en los que realmente los sindicatos no surgen de la base real de trabajadores, sino que son creados en connivencia con los dueños de la compañía. Son los llamados sindicatos blancos o charros.

En el plano más micro, las cosas no son mucho mejores. “La normativa laboral debería aplicar a todos, formales e informales”, apunta la profesora del ITAM. Y no es así: tras 13 años de trabajo en este campo, Sadka concluye que solo la mitad de las sentencias laborales favorables al empleado se cumplen por una mezcla de informalidad, corrupción, debilidad de las instituciones. “Aunque la ley parece muy favorable al trabajador”, cierra la profesora del ITAM, “se ha configurado un equilibrio en el que los trabajadores y, muy especialmente, los que tienen con menos formación, menos contactos y peores abogados, son los grandes perjudicados. Eso explica que los salarios en los puestos de la parte baja hayan sido los que peor han evolucionado”. Las malas instituciones son un impuesto regresivo y México es el vivo ejemplo de ello.

Fuente:https://elpais.com/economia/2018/06/09/actualidad/1528568535_268646.html

Programas de protección social han sido insuficientes para combatir las desigualdades en México: CONEVAL

Evaluación de políticas de desarrollo social revela que las carencias sociales con mayores porcentajes en la población son: el acceso a la seguridad social, a la alimentación y a los servicios básicos en la vivienda.

Programas de protección social han sido insuficientes para combatir las desigualdades en México: CONEVAL

El porcentaje de personas con trabajo ha aumentado en los últimos años. Cuartoscuro

Durante los últimos años, los programas federales de protección social destinados a la población más vulnerable no han logrado solucionar los problemas para los cuales fueron destinados pues presentan deficiencias de cobertura, fragmentación y vacíos estructurales.

De acuerdo con la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los programas enfocados a la alimentación, educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda han sido insuficientes para reducir las desigualdades que imperan en el país.

El CONEVAL analizó tres dimensiones de dichos programas: acceso, disponibilidad y calidad a lo largo de diez años en los que también realizó investigaciones sobre cumplimiento de los derechos sociales y de las condiciones que enfrentan algunos grupos discriminados.

Como resultado se encontró que a pesar de la implementación de programas sociales que buscan beneficiar a la sociedad las cifras en temas como la pobreza son negativas.

Entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas como resultado de las altas carencias de acceso a la seguridad social y a la alimentación, de acuerdo con el estudio.

En 2016, las carencias sociales con mayores porcentajes en la población fueron el acceso a la seguridad social (55.8 %), a la alimentación (20.1 %) y a los servicios básicos en la vivienda (19.3 %), lo cual revela la importancia de atender el acceso efectivo e integral de los derechos sociales de los ciudadanos, que están estrechamente relacionado con las prestaciones que se reciben en los empleos formales.

Aunque se han registrado avances en los indicadores de carencias con relación a años anteriores, todavía existen retos para impulsar una política de desarrollo social con objetivos claros y concretos, la cual pueda “establecer pisos mínimos de acceso a bienes o servicios”, plantea el estudio.

Entre sus principales hallazgos la evaluación detectó que a pesar de que actualmente la protección social impulsada por el gobierno federal es más amplia que hace 20 años, ésta se encuentra fragmentada, es decir, no existe una igualdad de condiciones con relación a la distribución y la cobertura de los programas sociales. El desigual nivel de acceso y calidad da como resultado una baja efectividad, además de que “tanto la coordinación como la complementariedad entre entidades y dependencias para entregar los beneficios a la población vulnerable y en condición de pobreza son débiles”.

Son al menos seis temas los que resalta la evaluación con relación a la vulnerabilidad de las personas para gozar de sus derechos sociales.

Alimentación

El estudio señala que en 2016  la carencia de acceso a la alimentación estaba presente en 24.6 millones de personas en todo el país.

Los hogares con ingresos más bajos destinaron el 50.6 % de su gasto en alimentos y bebidas, mientras que las personas en el ingresos más altos invirtieron el 25.2 %.

“Si a los ingresos bajos se agrega el factor del alza en los precios de los alimentos, la situación empeora. Estas variaciones generan cambios drásticos en el consumo alimenticio de los hogares, sobre todo en alimentos de alta calidad nutricia”, argumenta el CONEVAL.

Explica que en México el derecho a la alimentación encuentra mayores dificultades en las dimensiones de accesibilidad y calidad, a pesar de que en materia de disponibilidad se cuenta con una oferta adecuada de alimentos. Esto se debe a una producción interna insuficiente y al grado de apertura comercial que ha propiciado completar la oferta doméstica mediante el comercio exterior.

Por ello las personas con ingresos más bajos son las que presentan mayores obstáculos para acceder a los alimentos adecuados debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes para comprarlos.

Las personas indígenas son las más afectadas en términos de inseguridad alimentaria moderada o severa, lo cual deviene de las condiciones de exclusión social, política y económica que atraviesan estructuralmente.

A pesar de que se han implementado programas a nivel nacional para combatir este problema, el estudio argumenta que el consumo de alimentos “no significa que se tenga una buena alimentación, ya que a pesar de que en las zonas urbanas la dieta está más diversificada que en las zonas rurales, se consumen más alimentos no recomendables que producen efectos como el sobrepeso y la obesidad”.

El CONEVAL crear programas sociales que ayuden a “mejorar el acceso físico y económico a suficientes alimentos saludables y culturalmente aceptables para las personas en situación de pobreza tanto en zonas rurales como urbanas”.  

Educación

Para el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización alcanzó el 98.4 % para primaria y 86.2 % para secundaria, sin embargo el acceso efectivo a este derecho está determinado entre otros factores por la condición económica de las personas, resalta el estudio.

La gratuidad de la educación pública obligatoria no ha sido suficiente, por lo cual es necesario que los programas sociales sean vistos como una opción para garantizar que toda la población, particularmente la más pobre, pueda solventar los costos de la educación.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 identificaron a poco más de 1 millón de personas entre 3 y 17 años que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo (LBM) y no asisten a la educación básica.

En tanto, la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) de 2015 registró a casi 700 mil niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela por carencias económicas, de los cuales 490 mil son adolescentes.

La recomendación del CONEVAL para la crisis en materia de educación es contar con una oferta de servicios educativos disponibles para todos los niveles de educación obligatorios, la cual contemple instituciones suficientes, infraestructura de calidad y materiales adecuados, además de contar con planes, programas y prácticas apropiadas.

También será necesario que estos servicios sean accesibles de acuerdo con sus características particulares, sin importar el lugar de residencia, la condición económica, la pertenencia étnica y la condición de discapacidad.

Se requieren programas que sean de calidad y en los que se utilicen los medios y procesos idóneos para garantizar el máximo logro de aprendizaje, exponen.

Servicios de salud

En 2016, 24 millones de personas presentaban carencia en cuanto al acceso a los servicios de salud, esto se debe a que el paquete de beneficios otorgados en instituciones de salud es insuficiente en cuanto al contenido y extensión para quienes carecen de acceso a una institución de seguridad social.

Señalan que las condiciones actuales del sector “obstaculizan la cobertura universal y dificultan la utilización de los servicios por parte de la población, en particular de los más vulnerables”.

Para disminuir la cifra de personas sin acceso a los servicios de salud en el país, los gobiernos federal y estatal crearon programas no contributivos como el Seguro Popular, que hoy cuenta con alrededor de 55.6 millones de afiliados y una limitación de su cobertura a 1,621 enfermedades.

Pese a este esfuerzo, el sector salud no ha logrado revertir la heterogeneidad y disparidad en la calidad de atención entre el régimen contributivo.

Para solucionar la carencia con relación a los servicios de salud el CONEVAL plantea la creación de un sistema de protección social universal con acceso más igualitario entre los diversos grupos de población, que propicie la igualdad de oportunidades.

Dicho sistema deberá permitir la afiliación de los ciudadanos a servicios de salud de calidad y efectividad lo cual garantizaría “una atención equitativa y una adecuada promoción del cuidado de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento de patologías”.

Trabajo

El Informe de Evaluación 2018 señala que actualmente la población desocupada se mantiene en 3.3 % y resalta que a pesar del bajo índice de desocupación, para el sector que posee un trabajo “persisten situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones.

En 2016, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) ejerció mil 564 millones de pesos y logró la inserción laboral de 317,706 personas, situación que contribuyó a aminorar el nivel de desocupación; sin embargo esta disminución no significa que se tenga mayor acceso a este derecho, ya que de la población ocupada un porcentaje alto continúa en la informalidad laboral.

En 2017 se registró a un 57 % de personas con un empleo informal, siendo los jóvenes los que registran mayores dificultades para incorporarse a empleos formales. El año pasado, más de la mitad de los jóvenes ocupados se encontraban en empleos informales.

Esta situación propicia menores probabilidades de tener una pensión al fin de la vida laboral. El panorama es más grave en los grupos de trabajadores con mayores afectaciones como los jóvenes, las mujeres y los indígenas.

La recomendación obtenida tras la evaluación plantea que es indispensable reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias o programas específicos de formalización para los grupos más afectados. Sumado a esto se requiere “mejorar el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de capacitación para reducir la inestabilidad laboral”.

Seguridad social

En 2016, 68.4 millones de personas tenían carencia por acceso a la seguridad social, la cual no solo contempla el acceso a los servicios de salud sino también a los programas o “el conjunto de políticas públicas que buscan incidir en los riesgos que afectan el nivel de vida de la población”.

Desde 2004 se implementaron programas federales como el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y el programa “70 y Más”, mientras que a nivel estatal, en todo el país, se crearon iniciativas para cubrir riesgos asociados con salud, vejez, cuidado de niños (guarderías) y vivienda.

A pesar de esto el problema persistió pues el sistema de seguridad social tiene una baja cobertura en la población de menores ingresos y en contraparte ofrece mayores beneficios para quienes tienen mejores condiciones laborales y de salario.

El estudio concluye que la protección o seguridad social en la actualidad no beneficia a todos los mexicanos; ofrece acceso y calidad desigual de los programas sociales, y no cuenta con instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable.

La recomendación es este rubro es “contemplar la creación de un sistema de protección social universal que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos sociales a lo largo del ciclo de vida” de las personas.

Vivienda

En 2016 el 12 % del total de la población del país carecía de calidad y espacios para una vivienda, prevaleciendo así la desigualdad en diversas regiones del país, incluidas las ciudades.

Este problema está relacionado directamente con la falta de dinero, ya que de acuerdo con la evaluación la población en situación de pobreza “tiene mayores dificultades pues su condición no les permite acceder a créditos hipotecarios públicos o privados para adquirir una vivienda”.

Aunado a esto, aquellas personas que no son poseedoras de alguna vivienda tienen mayores dificultades de desarrollo social pues difícilmente acceden a servicios públicos básicos.

En términos de calidad constructiva y de diseño, detalla el CONEVAL, el hacinamiento prevalece en 8.4 % de las viviendas habitadas en el país y 5.6 % de las viviendas en México presentan carencia por calidad de materiales de techos, pisos, y muros.

En este sentido, el CONEVAL recomienda “reducir el rezago de vivienda que prevalece en el país con énfasis en la población de escasos recursos, comunidades indígenas, en el entorno rural y en las entidades federativas ubicadas en el sur del territorio nacional”.

De manera general y con base en los resultados de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el CONEVAL recomienda:

  • Continuar con estrategias coordinadas entre dependencias y órdenes de gobierno dedicadas a reducir la pobreza multidimensional.
  • Que las políticas públicas de desarrollo social se centren en el acceso efectivo a los derechos y permita cerrar las brechas económicas y sociales.
  • Implementar un esquema de protección social universal que propicie reducir las brechas más urgentes y promueva una mayor igualdad a los accesos básicos para toda la población.

Con esto se espera que se generen las condiciones idóneas para crear un ambiente de mayor igualdad de oportunidades entre todos los mexicanos.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2018/06/proteccion-social-insuficientes-para-desigualdad-en-mexico/

Educar en tiempos de crisis: herramientas para innovar en la educación superior

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La educación ha formado parte de la historia de la humanidad, vinculándose a orientaciones filosóficas, culturales, sociales y políticas que han propiciado el proceso de inserción del ser humano en la sociedad a fin de contribuir con el progreso y el desarrollo. Cuando prevalece la crisis económica y política en un país como en el caso de Venezuela, esta situación merece ser considerada por el impacto negativo y las graves consecuencias sociales, además del deterioro constante que la educación sufre en todos sus niveles. Aún inmersos en esta realidad, es necesario impulsar la creatividad y la innovación como estrategias que permitan apoyar el esfuerzo de los estudiantes en su preparación profesional.

En este contexto la educación superior ha transitado durante la última década por complicaciones que lejos de mejorar muestran rasgos preocupantes. Desde cifras que generan alarma en cuanto al abandono escolar por parte de los jóvenes que emigran hacia otros países en búsqueda de oportunidades, hasta las reducidas opciones que tienen las instituciones de educación superior para solventar la crisis presupuestaria.

“Proporcionar educación en un escenario desfavorable como es la crisis, se ha convertido en un reto para quienes tienen el deber de educar y una experiencia que mide su entereza, profesionalismo y capacidad de adaptar las estrategias pedagógicas a las nuevas realidades.”

Según cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017, realizada por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar, durante el año 2017, el 60% de los estudiantes universitarios han abandonado sus estudios para irse a trabajar y tan solo la mitad de quienes egresan de la educación media logran ingresar a la universidad. De igual manera, de acuerdo al Dr. Nicolás Bianco, Vicerrector Académico de la Universidad Central de Venezuela, las universidades venezolanas están a punto de colapsar debido al abandono por parte de muchos docentes. A esta realidad se suma la ausencia de recursos para la investigación y el equipamiento de las infraestructuras y herramientas tecnológicas.

Ante este escenario adverso, la motivación y la creatividad forman parte de las estrategias que deben considerar quienes aún permanecen cumpliendo roles ya sea de educador o de estudiante. Las acciones de motivación están enfocadas a reducir el impacto de la crisis que se refleja en la no asistencia a clase y la desmotivación, buscando superar los obstáculos que representan la falta de transporte público y la necesidad de trabajar para cubrir los costos de la hiperinflación.

Estas acciones sugieren actividades flexibles y colaborativas donde la creatividad esté presente. Gran parte de estas actividades se realizan a través de las redes sociales y en comunidades de Google+, las cuales permiten que los estudiantes participen dada su facilidad para ingresar e interactuar en la plataforma, sin los inconvenientes propios de las debilidades del Internet en Venezuela.

El uso de estas herramientas tecnológicas como alternativa a los recursos tradicionales, se debe a que el servidor que utiliza la universidad falla debido a los constantes cortes de luz que se producen en esta región del país. La dinámica que seguimos en la comunidad de Google+ es que se establecen debates sobre temas previamente indicados por el profesor, reflexiones sobre lecturas y videos, así como asignaciones de las aportaciones que deberán realizar los estudiantes.

“Educar en crisis involucra realizar cambios pedagógicos, instrumentales y de pensamiento para afrontar las adversidades y promover la creatividad en el espacio universitario.”

Buscando cumplir con el programa, se aplica la modalidad de aula invertida junto a foros virtuales en los que estudiantes y el docente discuten sobre diversos temas. Además los alumnos realizan representaciones sobre un tema designado previamente en un documental o vídeo en el que manifiesten y planteen sus argumentos sin restricciones de tiempo, aplicaciones o medios utilizados. En algunos casos, para expresar sus ideas han utilizado grafitis, que son otro medio más para valorar su creatividad e imaginación. Estas estrategias permiten mantener la cohesión en el grupo y extraer muchas ideas y propuestas que tienen los alumnos muchas veces reprimidas y en las que desahogan gran parte de sus frustraciones.

La implementación de aula invertida permite utilizar de mejor manera el tiempo en el que asisten los estudiantes de forma presencial a la universidad, en actividades para reforzar y complementar su aprendizaje.

En cuanto al rendimiento y la participación de los alumnos, los resultados han sido satisfactorios. Muestra de ello es la culminación de un 75% del total de los estudiantes decididos a continuar sus estudios en el siguiente ciclo escolar.

Educar en crisis se ha convertido en un reto para quienes tienen el deber de educar y una experiencia que mide su entereza, profesionalismo y su capacidad de adaptar las estrategias pedagógicas a las nuevas realidades. Para los millones de jóvenes que anhelan superarse, la crisis se ha convertido en su principal reto. Implementar acciones fuera de los rígidos parámetros de la educación en Venezuela es una práctica que los ayudará a mejorar sus capacidades y habilidades, desarrollando sus competencias con sacrificio, pero con mucha creatividad.

La implementación del binomio motivación-creatividad es una acción que constantemente está en cambio y que comparto con el resto de los docentes y autoridades que buscan reducir el impacto de la crisis en las aulas de clase. Cualquier aporte será bienvenido, así como las interrogantes que se pudieran presentar.

Fuente:https://observatorio.itesm.mx/edu-bits-blog/educar-en-tiempos-de-crisis?utm_source=Newsletter+del+Observatorio&utm_campaign=274409c87a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e1a145e3e-274409c87a-235969733

¿Es la innovación un tema relevante para el desarrollo?Esto es lo que piensan los latinoamericanos

Por:NICOLÁS CAÑETE Y ANA INÉS BASCO

Hoy en día es imposible ignorar que el desarrollo tecnológico y la innovación constituyen dos fuerzas clave que impulsan el desarrollo social y el crecimiento de las economías. Más aún en el contexto de una revolución digital, en la que las nuevas tecnologías están cambiando la manera en que interactuamos cotidianamente, el modo de entrega de servicios públicos a los ciudadanos o la forma de hacer negocios.

Sin embargo, en la región, la mayoría de los indicadores muestran todavía un rezago en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Esto se debe a diversos factores, entre ellos a que una gran parte de las empresas aún no han puesto a la tecnología y la innovación como centro de su estrategia competitiva, y a que los gobiernos, aún enfrentan obstáculos para traducir buenas intenciones en marcos coherentes de política pública con una asignación sostenida de recursos o en una mayor sofisticación de sus estrategias para fomentar a la CTI.

La urgencia de reducir la pobreza y la inequidad o de mejorar la infraestructura, las cuales demandan inversiones importantes, pareciera situar a la CTI como un lujo para las economías avanzadas. Esto nos hace plantearnos frecuentemente la pregunta de que si la innovación es vista como un tema relevante para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Uno diría que somos muchos los convencidos de que sí, pero ¿qué piensan los latinoamericanos?

El estudio “La tecno-integración de América Latina”, publicado por el Instituto para la Integración Latinoamericana del Banco Interamericano de Desarrollo (INTAL-BID) y Latinobarómetro, analiza en uno de sus capítulos la percepción de los latinoamericanos en torno a diferentes dimensiones de la innovación, las nuevas tecnologías y el desarrollo. ¿Qué rol le damos a la innovación y el cambio tecnológico en nuestra agenda de desarrollo? ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles son las tecnologías más resistidas y cómo hemos integrado aquellas que en su momento fueron disruptivas? Veamos algunos resultados.

Innovación en la agenda para el desarrollo

innovación en la agenda para el desarrollo

Los resultados del estudio muestran que el 23% de los latinoamericanos considera que la innovación es un tema importante para el desarrollo de su país, aunque entre 11 opciones, la innovación fue la menos mencionada. Esto podría indicar que la innovación no ha logrado instalarse como un tema central en la agenda de los latinoamericanos. Sin embargo, en Brasil, la principal economía de la región, la innovación es reconocida por el 35% de los ciudadanos como un tema importante para su desarrollo. Le siguen Uruguay y Costa Rica, con un reconocimiento del 34%. En el extremo opuesto está Paraguay con 13%.

Los países que destinan un mayor porcentaje de su producto bruto interno (PBI) a “ciencia y tecnología” son los que más perciben la importancia de la innovación en la agenda para el desarrollo. En el mismo sentido, se observa una correlación positiva con los países que tienen mayor cantidad de investigadores por millón de habitante. Es decir, cuanto mayor son los recursos destinados a la promoción de la ciencia y la tecnología, más importancia gana la innovación en la percepción de los ciudadanos.

El reconocimiento sobre la importancia de la innovación como un aspecto clave para el desarrollo de los países es mayor (por encima de la media regional de 23%) entre los hombres, las personas menores de 35 años y quienes gozan de una posición económica buena o muy buena.

El futuro del desarrollo tecnológico

innovación en la agenda para el desarrollo

Al poner la vista sobre el futuro el informe indica que casi 7 de cada 10 latinoamericanos se mostraron optimistas sobre el lugar que ocuparán sus países en la carrera del desarrollo tecnológico. El 69% considera que su país será destacado por sus emprendimientos y desarrollos tecnológicos. Esta percepción no parece estar relacionada con los recursos que actualmente se invierten en ciencia y tecnología (ni a nivel individual, ni a nivel regional). Entre los más optimistas se encuentran Ecuador y República Dominicana con 77% de respuestas favorables. Entre los menos optimistas están Brasil y Uruguay con 58%.

Conectividad e Internet

Internet goza de un lugar privilegiado en las preferencias de los latinoamericanos. En América Latina, casi la mitad de la población es usuaria de internet (promedio regional 49%), el 88% considera que para moverse en el mundo actual es indispensable saber usar Internet y el 77% prioriza el acceso universal a esta conectividad, incluso sobre el desarrollo de infraestructura básica como carreteras.

internet

Los países con mayores usuarios de Internet (en % de la población total) y aquellos con mayor PIB per cápita son los que muestran mayor acuerdo respecto a la importancia de Internet y las nuevas tecnologías en el mundo actual. En Argentina se observa el máximo acuerdo respecto a esta idea (94%), seguida por Uruguay y Costa Rica (93% de apoyo). El mínimo apoyo se registró en Guatemala con el 81%. Los países que más PBI destinan a ciencia y tecnología y los que tienen más patentes por habitantes son también los más convencidos de que el acceso universal a Internet es impostergable.

 Al analizar la penetración de esta tecnología en las actividades cotidianas, se reporta que el Internet tiene aún mucho camino por recorrer en términos de transacciones y uso de servicios. Sólo el 14% de los latinoamericanos ha realizado compras por internet en el último mes. El país con máximas respuestas positivas es Uruguay (24%), seguido por Brasil y Chile con 22%. Los mínimos, se observan en Paraguay (7%) y Bolivia (8%). Los hombres realizan más compras que las mujeres (16% contra 12%), las personas jóvenes hasta los 35 años de edad (19% contra 12% para la población de 35 a 65 años).

Tecnologías disruptivas

Los resultados dan cuenta que las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la robótica enfrentan resistencia, y despiertan preocupaciones, en particular por su potencial efecto negativo en el empleo. Al consultar sobre el impacto en el mercado de trabajo, el 77% avaló la idea de que el empleo está amenazado por el avance tecnológico. En particular, el 71% considera que la inteligencia artificial y la robótica dejarán un saldo negativo en materia de creación de puestos de trabajo. Sólo el 24% considera que estas tecnologías permitirán crear más empleo del que destruirán, observándose una marcada confianza en Guatemala (44%) y una baja confianza en Uruguay (9%).

tecnologías disruptivas

Pensando en el futuro, las tecnologías disruptivas aplicadas al transporte, a la industria de alimentos, y a la salud, también muestran muy altos niveles de resistencia entre los latinoamericanos. Apenas el 23% estaría dispuesto a viajar en un vehículo conducido por un robot, con máximo de 43% en Chile y mínimo de 14% en Nicaragua. El 22% estaría dispuesto a ser intervenido quirúrgicamente a la distancia, con máximo de 29% en Bolivia y mínimo de 13% en Ecuador. El 10% estaría dispuesto a comer carnes producidas artificialmente, con máximo en de 16% en Chile y mínimo de 5% en Ecuador. Frente a fenómenos como la economía circular o la economía colaborativa, apenas 1 de cada 5 latinoamericanos se muestra dispuesto a realizar cambios en sus hábitos de consumo, alquilando más y comprando menos.

Por otra parte, en algunos nichos el avance de la tecnología no se vislumbra como una amenaza. El 85% de los latinoamericanos considera que en el futuro el cuidado de los adultos mayores y niños será igualmente necesario a pesar del desarrollo tecnológico. Argentina es el país que más acuerda con esta idea (93%), y Panamá el que menos acuerda (76%).

Sobre el trabajo del BID y Latinobarómetro

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Instituto para la Integración Latinoamericana (INTAL-BID), se asoció con la Corporación Latinobarómetro desde del 2016 para expandir los alcances del estudio Latinobarómetro (sobre sociedad, economía y democracia) y profundizar sobre temas de integración, comercio y el impacto de las nuevas tecnologías. Se utilizan datos provistos por la encuesta que realiza en forma anual Latinobarómetro a 20.200 ciudadanos de los 18 países de América Latina, y que constituye el principal banco de datos de opinión pública en español y el segundo más visitado del mundo. Los resultados presentados en este blog corresponden a un estudio que analiza los datos de los 18 países que participaron de la encuesta Latinobarómetro 2017. Se trata de 1000 entrevistas realizadas en cada uno de los países de Centroamérica y en República Dominicana, y de 1200 entrevistas realizadas en cada uno de los países de Sudamérica y en México.

Entre las conclusiones del estudio, en su capítulo sobre innovación y nuevas tecnologías, se señala como reflexión que “la innovación no ha logrado instalarse como un tema central en la agenda actual de desarrollo (se ubica en el décimo lugar entre 11 opciones). Sin embargo, 7 de cada 10 personas consideran que su país será reconocido en los próximos diez años por sus desarrollos tecnológicos. Esto denota que los latinoamericanos reconocemos la importancia de la innovación para el desarrollo, pero la asociamos con una cuestión estratégica del futuro más que del presente”.

¿Podría esto sugerir que la sociedad latinoamericana está dispuesta a realizar esfuerzos para destinar mayores recursos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Se percibe el avance científico-tecnológico como una oportunidad para el futuro?

Una mayor y mejor inversión de los países en ciencia, tecnología e innovación, contemplando apropiación social y comunicación efectiva de sus resultados, podría mejorar la percepción pública. Y al mismo tiempo, una mejor percepción pública puede contribuir promover una cultura de innovación y a generar un consenso para una sostenida y efectiva inversión en esta área. Sigamos construyendo la hoja de ruta del futuro en América Latina y el Caribe, una en la que la innovación pase a una etapa de mayor sofisticación e impacto sobre el desarrollo para mejorar vidas de las personas en la región.

Fuente:https://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2018/06/12/innovacion-en-la-agenda-para-el-desarrollo/

Cómo está cambiando la idea de la jubilación a escala mundial

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Por:  Renee McGowan

Los trabajadores solían jubilarse a la edad de 65 años y luego seguían viviendo de las pensiones, de sus ahorros y del apoyo de la familia. Pero ahora que las personas son más saludables y viven más, jubilarse a mediados de los 60 años ya no resulta tan atractivo. Muchas personas deciden trabajar hasta avanzados los sesenta y los setenta años, no solo porque quieren, sino más probablemente por una necesidad económica.

El reciente estudio de Mercer, Salud, Riqueza y Trabajo Inteligente: Las Nuevos Imperativos para la Seguridad Financiera, analizó las fuerzas que afectan la seguridad económica y las opiniones sobre la jubilación. El estudio, que abarcó 12 países, encuestó a 7000 adultos de seis grupos etarios y a 600 altos ejecutivos empresariales y funcionarios de gobierno. Más de dos tercios (68 %) de los encuestados en el estudio, expresaron que esperan seguir trabajando más allá de la edad tradicional de jubilación.

Hoy en día, la manera de trabajar y de “jubilarse” ha cambiado radicalmente. Los empleadores y los trabajadores necesitan adaptarse. Esto es especialmente cierto en mercados en crecimiento como los de Asia y América Latina, que se están expandiendo rápidamente y en los cuales la creciente clase media es optimista con respecto al futuro. Sin embargo, necesitan las herramientas para garantizar que puedan mantener este estándar de vida de mayor calidad, recién descubierta, de los últimos años.

Urbanización

Mientras esta población que envejece hace frente a las economías urbanizadas, también se generará un impacto en varias generaciones de trabajadores y en las estructuras familiares. Por ejemplo, en China, donde las generaciones más jóvenes tradicionalmente mantienen a las generaciones mayores, y donde se calcula que el 60 % de la población de este país vivirá en ciudades para el 2030, la urbanización dará forma a los tejidos físicos y culturales de este pujante país. Las familias chinas se enfrentan ahora a precios de vivienda, transporte y alimentos muy elevados, sin mencionar una movilidad laboral cada vez más limitada.

América Latina es también una de las regiones del mundo más urbanizadas (en comparación, la Unión Europea tiene una tasa de urbanización del 74 %; la región de Asia Oriental y el Pacífico de un 50 %). Para el año 2050, el Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UN-Habitat) pronostica que el 90 % de la población de América Latina vivirá en ciudades. América Latina, al igual que China, ha tenido una cultura que tradicionalmente se ha basado mucho en la familia, por lo tanto, la urbanización podría tensionar también las estructuras familiares y la movilidad laboral1.

 

La hora de jubilar la jubilación

Hoy en día, en promedio a nivel mundial, las personas esperan pasar 15-20 años jubiladas. Sin una buena planificación, es posible que muchos vivan más de lo que le permitan sus ahorros o que tengan que reducir la calidad de vida esperada. Estas realidades se agudizarán más en muchas de las economías en crecimiento, donde los beneficios de la jubilación financiados por el empleador suelen ser insuficientes y los sistemas de pensiones del gobierno ven amenazada su sostenibilidad. La proporción de trabajadores activos con respecto a la cantidad de jubilados se reducirá drásticamente en los próximos 20 años, que disminuirá, a nivel mundial, de 1:8, en la actualidad, a 1:4 en 20502.