COVID-19: Aquí es cuando la vida volverá a la normalidad, según los expertos

Las peluquerías podrían ser uno de los primeros servicios en reabrir después del cierre.
Las peluquerías podrían ser uno de los primeros servicios en reabrir después del cierre.
Imagen: REUTERS/Johanna Geron

Por: Iman Ghosh

  • COVID-19 ha cambiado la vida normal, poniendo fin a la mayoría de nuestras actividades cotidianas.
  • Los datos de más de 500 epidemiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas en los EE.UU. y Canadá muestran cuándo podríamos empezar a ver un retorno a la normalidad.

Desde las batallas en el frente de batalla hasta el distanciamiento social de los amigos y la familia, COVID-19 ha causado una enorme sacudida en nuestra vida cotidiana.

Después de cuestionar todo, desde abrazar a nuestros seres queridos hasta retrasar el viaje, hay una gran pregunta en la que todos están pensando: ¿volveremos alguna vez al status quo? La respuesta puede no ser muy clara.

El gráfico de hoy utiliza datos de las entrevistas del New York Times a 511 epidemiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas de los EE.UU. y Canadá, y visualiza sus opiniones sobre cuándo podrían esperar reanudar una serie de actividades típicas.

¿Cuándo volverá la vida a la normalidad?
¿Cuándo volverá la vida a la normalidad?
Imagen: Visual Capitalist

La vida en el futuro próximo, según los expertos

Específicamente, se preguntó a este grupo de epidemiólogos cuándo podrían volver a participar personalmente en 20 actividades diarias comunes.

Las respuestas, basadas en los últimos datos disponibles públicamente y respaldados científicamente, variaban en función de las hipótesis sobre los planes locales de respuesta a la pandemia. Los expertos también señalaron que sus respuestas cambiarían en función de los posibles tratamientos y las tasas de análisis en sus zonas locales.

Estas son las actividades que la mayoría de los profesionales ven que se inician tan pronto como este verano, o dentro de un año:

Las actividades que la mayoría de los profesionales ven iniciadas tan pronto como este verano, o dentro de un año.
Las actividades que la mayoría de los profesionales ven iniciadas tan pronto como este verano, o dentro de un año.
Imagen: Visual Capitalist

 

La necesidad de estar al aire libre es bastante clara, con el 56% de los encuestados esperando hacer un viaje por carretera antes de que termine el verano. Mientras tanto, el 31% sentía que podría ir de excursión o hacer un picnic con sus amigos este verano, citando la necesidad de “aire fresco, sol, socialización y una actividad saludable” para ayudar a mantener su salud física y mental durante este tiempo.

El transporte público y los viajes de cualquier tipo son un aspecto que se ha puesto en suspenso, ya sea en avión, tren o automóvil. Muchos de los epidemiólogos encuestados también lamentaron la tensión que la pandemia ha tenido en las relaciones, como lo demuestran las situaciones sociales que esperan que se reanuden más pronto que tarde.

La peor consecuencia de la epidemia es la pérdida de contacto humano.

—Eduardo Franco, Universidad McGill

Por otro lado, hay ciertas actividades que consideraban demasiado arriesgadas para realizarlas por el momento. Una gran parte está posponiendo la asistencia a celebraciones como bodas o conciertos por lo menos un año o más, por la responsabilidad social percibida.

Menos personas asisten a celebraciones como las bodas, por lo menos durante un año o más, por responsabilidad social percibida.
Menos personas asisten a celebraciones como las bodas, por lo menos durante un año o más, por responsabilidad social percibida.
Imagen: Visual Capitalist

 

Quizás el hallazgo más sorprendente es que el 6% de los epidemiólogos no esperan nunca abrazar o dar la mano como saludo post-pandémico. Además de esto, más de la mitad considera que las máscaras son necesarias por lo menos durante el próximo año.

El virus establece la línea de tiempo

Por supuesto, estas estimaciones no pretenden representar todas las situaciones. Los expertos también consideraron prácticamente si ciertas actividades eran evitables o no -como la propia ocupación-, lo que afecta a los niveles de riesgo individuales.

Las respuestas [sobre la reanudación de estas actividades] no tienen nada que ver con el tiempo de calendario.

—Kristi McClamroch, Universidad de Albany

Mientras que muchos lugares están saliendo del cierre y volviendo a abrir para apoyar la economía, algunos funcionarios siguen advirtiendo contra el levantamiento prematuro de las restricciones antes de que podamos controlar completamente el virus y su propagación.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2020/06/covid-19-aqui-es-cuando-la-vida-volvera-a-la-normalidad-segun-los-expertos/?fbclid=IwAR1oArkvadmAIeBjjbcYD6G4dd2_avk94IoT0yxzANAgxlJAT8OVxBtrd94

Estamos ‘acabados’ si no cambiamos después del coronavirus, advierte Jane Goodall

Jane Goodall ha dicho que necesitamos repensar la comida para evitar que las enfermedades zoonóticas se transfieran a los humanos.

Jane Goodall ha dicho que necesitamos repensar la comida para evitar que las enfermedades zoonóticas se transfieran a los humanos.
Imagen: REUTERS/Denis Balibouse

Por:

  • En la década de 1960, Jane Goodall cambió nuestra comprensión de los chimpancés.
  • Ahora, ella dice que necesitamos reformular nuestra forma de pensar sobre la comida – porque “nuestra falta de respeto por los animales de granja ha creado esta situación en la que la enfermedad puede extenderse para infectar a los seres humanos”.
  • Goodall aboga por una dieta basada en plantas y boicotea a las empresas que no adoptan técnicas de agricultura sostenible.

“Si no hacemos las cosas de manera diferente, estamos acabados”, advierte la principal naturalista, experta en chimpancés y defensora de la conservación, la Dra. Jane Goodall.

La Dra. Goodall cree que la cría intensiva de animales está relacionada con la pandemia de coronavirus, y nos pide a todos -desde los consumidores hasta los líderes y jefes de la industria- que “cambiemos nuestra forma de actuar” y pasemos de los productos de la cría industrial a dietas más basadas en plantas.

La Dra. Goodall es la última figura prominente en pedir un nuevo enfoque de la economía mundial. El Príncipe Carlos y muchos otros están apoyando el Gran Reinicio del Foro, que pone de relieve la oportunidad de la humanidad de construir un mundo más sostenible tras el paso de COVID-19.

 

Un mundo interconectado

Con una formación en primatología, Jane Goodall se dio a conocer en la década de 1960 a través de películas sobre su trabajo estudiando a los chimpancés en Tanzania. Es famosa por dar a los animales nombres humanos.

Su descubrimiento de que los chimpancés en Tanzania y en otros lugares estaban amenazados por la destrucción de su hábitat debido a la actividad humana informó su punto de vista sobre la interdependencia del mundo natural. Fundó el Instituto Jane Goodall en 1977, y ahora es una de las principales voces en favor de la conservación de la naturaleza.

El análisis de la Dra. Goodall sobre COVID-19 se mantiene fiel a sus creencias. Hablando en un evento online del grupo Compasión en la Agricultura Mundial, Goodall dijo que nuestro sistema global de producción de alimentos necesita una reforma urgente.

“Nuestra falta de respeto por los animales salvajes y nuestra falta de respeto por los animales de granja ha creado esta situación en la que la enfermedad puede extenderse para infectar a los seres humanos. Hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra relación con el mundo natural”.

El control temprano de las enfermedades zoonóticas es a la vez rentable y previene las enfermedades humanas, dice la ONU.
El control temprano de las enfermedades zoonóticas es a la vez rentable y previene las enfermedades humanas, dice la ONU.
Imagen: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente/Banco Mundial

Enfermedades zoonóticas

Para Goodall, hay un claro vínculo entre el maltrato de los animales y nuestra salud.

Muchos científicos creen que la COVID-19 pasó de los animales a los humanos, lo que se conoce como una infección “zoonótica”. La Organización Mundial de la Salud dice que “todas las pruebas disponibles de COVID-19 sugieren que el SARS-CoV-2 tiene una fuente zoonótica”.

Se cree que alrededor del 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en los seres humanos son zoonóticas. Se ha descubierto que animales traficados ilegalmente como los pangolines son portadores de virus que tienen propiedades similares a las de COVID-19.

En nuestras manos

La solución, según Goodall, está en nosotros: debemos “comer menos carne, o no comer carne, y recurrir a dietas basadas en plantas”, dice.

 

 

También cree que los cambios deben ser holísticos, como sacar a la gente de la pobreza, y repensar nuestras necesidades como consumidores, examinando si necesitamos todas las “cosas que acumulamos”.

Ciertamente, a las tasas actuales, nuestros patrones de consumo son menos que sostenibles. Según las Naciones Unidas, se necesitarían 1,6 Tierras para satisfacer las demandas que los humanos hacen a la naturaleza cada año.

Hay motivos para el optimismo, ya que técnicas como el microrriego y la agrosilvicultura se están expandiendo y ahora se practican en más de una cuarta parte de las granjas de todo el mundo.

Y a pesar de la crisis actual, el Dr. Goodall ve señales positivas: “Hemos avanzado mucho. Cada vez más gente está tomando conciencia, pero todavía no es suficiente”.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2020/06/estamos-acabados-si-no-cambiamos-despues-del-coronavirus-advierte-jane-goodall/

Visor Geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México Vía CONEVAL

En México, la incidencia de la COVID-19 es baja en los municipios con 80% o más de su población en pobreza, sin embargo, los habitantes de estos lugares son quienes podrían tener mayores dificultades para enfrentar la situación, ya que la tasa de letalidad es más alta en los municipios más pobres debido a las carencias en infraestructura o en el sector salud.

Esto lo revela el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a través de su Visor Geoespacial de la Pobreza y la COVID-19 en los municipios de México, una herramienta interactiva que “ofrece un panorama amplio sobre el avance de la pandemia sanitaria en el territorio nacional y permite visualizar su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza”.

Fuente: Visor Geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México, Coneval.

 

A través del uso de herramientas geoespaciales, el Coneval señala que se dio a la tarea de dar seguimiento a la distribución, evolución y dinámica de la pandemia en México por la COVID-19, con la perspectiva de análisis de la pobreza. Esto permitirá identificar territorios en los que se prioricen las intervenciones de política pública.

Estos son algunos de los hallazgos que encontró el Coneval, hasta el 31 de mayo, con base en su visor geoespacial:

Municipios en situación de pobreza

  • Los municipios donde aún no se han presentado casos son aquellos más alejados de zonas urbanas o que presentan menor accesibilidad a carretera pavimentada.
  • La incidencia de COVID-19 es baja en los municipios con 80% o más de la población en situación de pobreza. En ellos, 98 de cada 100 mil personas presentan la enfermedad, sin embargo, la tasa de letalidad es mayor en municipios con mayores porcentajes de pobreza.
  • La gran mayoría de los casos positivos de COVID-19 se localizan en municipios en los que entre el 20% y 40% de su población está en pobreza.
Fuente: Visor Geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México, Coneval.

 

Municipios indígenas

  • El Coneval señala que se han identificado casos de COVID-19 en cuatro de cada diez de los 623 municipios indígenas de México.
    • Municipio indígena con mayor número de contagios: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
    • Municipio indígena con mayor número de defunciones: San Felipe del Progreso, Estado de México.
  • Los municipios indígenas sin presencia de contagios son aquellos alejados de las grandes zonas metropolitanas y con poca accesibilidad a carretera pavimentada.
  • En los municipios indígenas no se ha registrado un número considerable de casos por COVID-19, sin embargo, la población podría presentar mayores dificultades para enfrentar esta situación, debido a las limitaciones o ausencia de la infraestructura o recursos humanos con las características requeridas para atender los casos de COVID-19 o las fallas en el sector salud.

Municipios de la esperanza

  • El 84% de los municipios de la esperanza tienen rangos de pobreza superiores al 60%.
  • Más del 90% de los municipios autorizados para reactivar sus actividades a partir del 18 de mayo tienen una población menor a los 15 mil habitantes.
  • En 57% de los municipios de la esperanza la mitad de la población tiene baja o muy baja accesibilidad a carretera pavimentada.
  • El 41% de los municipios seleccionados para reactivar actividades a partir del 18 de mayo son indígenas.

Zonas metropolitanas

  • Las grandes concentraciones de casos positivos de COVID-19 se localizan en los municipios que conforman los principales tejidos urbanos. En estas zonas es donde se han presentado la mayor cantidad de defunciones.
    • En el centro del país: la Zona Metropolitana del Valle de México.
    • En la frontera norte: la Zona Metropolitana de Tijuana, Mexicali y Juárez y la Zona Metropolitana de Culiacán.
Fuente: Visor Geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México, Coneval.

 

Aunque los municipios localizados en zonas urbanas cuentan con una infraestructura de salud mayor, para 2018, el 16.2% de la población en el país presentaba carencia por acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la cual presenta el mayor número de contagios, esta carencia registra 20.1% de población sin acceso. Debido a la pandemia, esta situación podría dificultar en gran medida su acceso a la atención médica en caso de necesitarlo, señala el Coneval.

Conoce a detalle el Visor Geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México del Coneval. 

Fuente:https://imco.org.mx/visor-geoespacial-de-la-pobreza-y-la-covid-19-en-los-municipios-de-mexico-via-coneval/?fbclid=IwAR2TlgoF_rUepmTL7HSFVqgpL-sTA219x5tj1yp-QeaII-IiUoLlmGfldYU

Qué es la “generación confinada” que sufrirá los efectos económicos del coronavirus por al menos una década

Uno de cada seis jóvenes en el mundo ha perdido su empleo.

Uno de cada seis jóvenes en el mundo ha perdido su empleo. Imagen: REUTERS/Yara Nardi – RC2ZMG9AJ23Q

 

Los jóvenes entre 15 y 24 años serán más golpeados que el resto de la población por la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Ya se habla de la “generación confinada”.

Y es que las dificultades que enfrentan actualmente en el mercado laboral y las que les esperan en el futuro pospandemia, según un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uno de cada seis jóvenes en el mundo ha perdido su empleo desde el comienzo de la epidemia y los que siguen ocupados vieron reducir sus horas de trabajo en un 23%, señala el organismo.

“Es una generación que quedará marcada por el virus”, le dice a BBC Mundo Susana Puerto, especialista en empleo juvenil de la OIT, al tiempo que agrega que los efectos de esta crisis se extenderán por al menos una década, como ocurrió con la crisis económica de 2008.

“Esta vez es mucho peor y por eso pensamos que los efectos serán duraderos”, explica Puerto.

La experta explica que la pandemia no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes ya tenían en el mercado laboral.

Y advierte que la situación podría ser mucho más dura de lo que muestran las cifras hasta ahora, ya que las estimaciones fueron hechas con un sondeo por internet y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no tienen acceso al servicio.

El triple efecto de la pandemia

Desde otras perspectiva, como una gran parte de los centros educacionales tuvieron que cerrar su puertas en los momentos más difíciles de la pandemia, existe el riesgo de que algunos jóvenes se retrasen o no regresen al sistema.

En ese sentido, señala la OIT, la pandemia tiene un triple impacto sobre los jóvenes: destruye sus empleos, su educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse al mundo laboral.

Antes de la pandemia la tasa de desempleo juvenil en el mundo era de 13,6% (comparada con un 4,9% de toda la población activa) y en Latinoamérica de 17,9% (comparada con un 8,1%), lo cual refleja la vulnerabilidad de este grupo.

Además, aquellos jóvenes con trabajo tenían ocupaciones mal remuneradas o pertenecían a la economía informal.

Así las cosas, el panorama no es muy alentador. La experta anticipa un aumento en el número de jóvenes que no estudia ni trabaja a nivel global, con un efecto más pronunciado en el caso de las mujeres jóvenes.

Miedo o desconfianza en el futuro

“La mitad de los jóvenes encuestados siente miedo o desconfianza en el futuro”, explica Puerto, agregando que eso puede llegar a ser peligroso.

“Los jóvenes pueden caer en estados de depresión o ansiedad y eso es devastador”, apunta.

Tres de cada cuatro jóvenes activos en el mercado laboral trabaja en el sector informal, lo que no le proporcionan acceso directo a la protección social ni a las ayudas de emergencia que está entregando el Estado en medio de la crisis.

Frente a esta situación, la OIT propone la aplicación de algunas políticas que se implementaron tras la Gran Recesión de 2008, que requieren un aumento del gasto público para apoyar la creación de empleo.

El organismo plantea que ante las actuales circunstancias, los gobiernos deben tomar medidas urgentes y a gran escala con el foco puesto en este sector más vulnerable de la población.

Eso requiere, señala la OIT, estimular la economía, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, además de proteger a los empleados en el lugar de trabajo.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2020/06/que-es-la-generacion-confinada-que-sufrira-los-efectos-economicos-del-coronavirus-por-al-menos-una-decada/?fbclid=IwAR2AGDTzr1Dqja56Ipz97ZCtAO8lVVWNT-3TdWj9IkwDV4R4kopHOelOzKA

Hacia una definición de ciudad, localidad y zona rural

Por: LEWIS DIJKSTRA/ELLEN HAMILTON/ SOMIK LALL/SAMEH WAHBA

Vista aérea que muestra la urbanización de la isla de Luzón (Filipinas). (Fotografía: CherylRamalho / Shutterstock)

Vista aérea que muestra la urbanización de la isla de Luzón (Filipinas). (Fotografía: CherylRamalho / Shutterstock)

Dado que las definiciones nacionales de zona urbana y de zona rural difieren significativamente de un país a otro, resulta difícil comparar estas zonas a escala internacional. Si no es posible comparar cómo evolucionan las zonas urbanas o rurales en los distintos países, tampoco lo será aprender de las políticas utilizadas en ellos. Eso significa, además, que no podremos comparar de manera significativa los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para las zonas urbanas y rurales de los distintos países.

Con objeto de facilitar la comparación internacional, una coalición de seis organizaciones internacionales elaboró una nueva definición mundial de ciudad, localidad (o pueblo) y zona de densidad intermedia, y zona rural.  El 5 de marzo, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó el «grado de urbanización» como método recomendado para las comparaciones internacionales.

Muchos países utilizan el tamaño mínimo de población para definir una zona como urbana, pero este número puede ser de 200 habitantes (Dinamarca), 2000 (Argentina), 5000 (India) o 50 000 (Japón), o incluso 100 000 (China). Algunos no utilizan una definición estadística, sino que delimitan las zonas urbanas por decisión administrativa. Otros países usan el empleo por sectores o la disponibilidad de infraestructuras y servicios para determinar si los asentamientos deben clasificarse como urbanos o rurales.

Por último, una vez que una zona se clasifica como urbana o rural, esa categoría rara vez cambia. Tal resistencia al cambio puede deberse, en parte, a la asignación de transferencias fiscales: tomemos como ejemplo la India, donde la reclasificación como zona urbana puede hacer que un lugar pierda transferencias gubernamentales; o Egipto, donde esa misma reclasificación como zona urbana generaría nuevas inversiones públicas para necesidades de prestación de servicios de nivel superior, como comisarías de policía y juzgados.

Una perspectiva amplia para medir el concepto de urbanización

Se decidió adoptar una perspectiva amplia para facilitar la comparabilidad entre países.  El «grado de urbanización» persigue hacer para la definición de las zonas urbanas lo que el umbral de pobreza de un dólar al día hizo para la medición de la pobreza en los años noventa del siglo pasado, al introducir un enfoque objetivo y basado en los datos para la pobreza y aplicarlo a escala mundial.

El «grado de urbanización» distingue tres tipos de asentamientos:

  1. ciudades, que tienen una población de al menos 50 000 habitantes en celdas de malla contiguas densamente pobladas (más de 1500 habitantes por kilómetro cuadrado);
  2. localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, con una población de al menos 5000 habitantes en celdas de malla contiguas cuya densidad es de un mínimo de 300 habitantes por kilómetro cuadrado; y
  3. zonas rurales, que están constituidas principalmente por celdas de malla con baja densidad de población.

Este nuevo enfoque ofrece varias ventajas:

  • Aporta sencillez y transparencia. Se basa en aplicar a la malla estadística de población una simple combinación de tamaño y densidad de población, en lugar de emplear multitud de criterios o cálculos largos y complejos. Cada vez más países tienen su propia malla de población. Se han calculado varias mallas de población mundiales, que están disponibles de forma gratuita, tales como la Global Human Settlement Layer Population Grid (GHS-POP, malla de población de la capa de información mundial sobre asentamientos humanos). El «grado de urbanización» para cada país del mundo, calculado mediante GHS-POP, puede consultarse aquí.
  • Tiene en cuenta el tamaño y la densidad de población. El tamaño de población es el parámetro utilizado por más de la mitad de las definiciones nacionales de zonas urbanas y rurales. Los umbrales utilizados en el «grado de urbanización» se inspiran en esas definiciones nacionales. No obstante, esta clasificación utiliza dos umbrales, en lugar de uno solo: para las ciudades, usa 50 000 habitantes, como Japón, y para las localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, usa 5000 habitantes. Ochenta y cinco de los cien países que utilizan el tamaño de población emplean el umbral de 5000 habitantes o menos. Los umbrales utilizados en el «grado de urbanización» también se verificaron para garantizar que generan una clasificación válida y robusta y una distribución equilibrada de la población entre las tres clases.
  • Contribuye al seguimiento de los avances en relación con los ODS. Los ODS incluyen multitud de indicadores que deben recopilarse con respecto a las ciudades, las zonas urbanas y las zonas rurales, como el acceso a electricidad, agua, internet y caminos transitables todo el año. No obstante, algunas definiciones de zonas urbanas incluyen el acceso a agua y electricidad, lo que impide hacer un seguimiento de estos servicios en zonas urbanas porque se convierte en un argumento circular: todas las zonas urbanas tienen agua porque, por definición, solo pueden ser urbanas si tienen acceso a agua. Por ejemplo, las definiciones utilizadas por Bangladés, Cuba y Panamá incluyen el acceso a agua potable. Dado que el «grado de urbanización» no incluye los servicios ni las infraestructuras, permite hacer el seguimiento de estos servicios sin ningún tipo de sesgo.
  • Refleja las economías de aglomeración. Dado que la definición se basa en la concentración espacial de la población, refleja la lógica de las economías de aglomeración. El coste de la prestación de servicios tiende a aumentar desde las ciudades, pasando por las localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, hasta las zonas rurales. Como consecuencia, el acceso a estos servicios tiende a ser mayor en las ciudades y menor en las zonas rurales. Por ejemplo, tanto el acceso a internet como la titularidad de una cuenta bancaria muestran un claro gradiente urbano en los cuatro grupos de países según su nivel de ingresos (figura 1 y figura 2).
Figuras 1 y 2
  • Permite una supervisión eficaz en términos de costes. El «grado de urbanización» puede utilizarse para volver a agregar los datos existentes. Por ejemplo, si una oficina estadística ha medido las tasas de empleo locales, puede calcular las tasas de empleo por «grado de urbanización». También pueden agregarse microdatos geocodificados, como se hizo para la encuesta Gallup mundial en ciento quince países y para la encuesta demográfica y de salud en cuarenta y un países en un informe reciente elaborado por Vernon Henderson y otros. Esto permitió mostrar que el acceso a agua potable gestionada de forma segura es mayor en las ciudades, a continuación en las localidades y zonas de densidad intermedia, y menor en las zonas rurales (figura 3) en casi todos los países analizados en esta última encuesta.
Figura 3: Acceso a agua potable gestionada de forma segura en países seleccionados, 2010-2016

Comparación del «grado de urbanización» con otros enfoques

Como ocurre con cualquier nuevo método que se proponga, se plantean dudas y surge la necesidad de compararlo con los métodos existentes. A continuación se responden las principales preguntas planteadas por las oficinas nacionales de estadística y el mundo académico.

  • ¿Es demasiado baja la población rural estimada?

    Al aplicar el «grado de urbanización» a la malla de población mundial GHS-POP se obtiene un porcentaje de población rural estimada en 2015 del 24 %, que es considerablemente inferior al 46 % obtenido mediante las definiciones nacionales (figura 4). El principal motivo de esta

    diferencia es que doce países grandes clasifican las localidades como zonas rurales. China y la India representan la mitad de esa diferencia en la población rural. La definición usada en China deja claro que las localidades y las ciudades pequeñas no se consideran urbanas, porque emplea un umbral de 100 000 habitantes para las zonas urbanas. La India utiliza un umbral de 5000 habitantes, pero lo combina con otros criterios, con lo cual la mayoría de las localidades se clasifican como zonas rurales. Otros diez países representan el 30 % de esta diferencia: Bangladés, Egipto, Etiopía, Indonesia, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Uganda y Vietnam. En resumen, doce países constituyen las tres cuartas partes de la diferencia entre los porcentajes de población rural.
    En algunos países no se disponía de datos sobre la población con alta resolución espacial. La aplicación de este método a una malla basada en datos más precisos puede dar lugar a porcentajes más elevados de población rural.

  • ¿Debe incluirse el empleo en la agricultura en la definición de zonas urbanas y rurales?

Treinta y siete países cuentan con una definición nacional de zona urbana que incluye un porcentaje máximo de empleo en la agricultura. Estos países se encuentran principalmente en África y Asia. Sin embargo, el porcentaje de empleo en la agricultura difiere sustancialmente entre los países y según el nivel de desarrollo. En los países de ingresos altos es del 3 %, frente al 63 % en los países de ingresos bajos (figura 5). La inclusión de este criterio en una definición mundial transformaría a países enteros en zonas rurales o urbanas, lo que constituiría un obstáculo para las comparaciones. Además, este porcentaje está disminuyendo rápidamente. En 2000, el 40 % del empleo mundial correspondía al sector de la agricultura. En 2018, ese porcentaje se había reducido hasta el 28 %. Como consecuencia, la inclusión de este criterio también reduciría la comparabilidad en el tiempo.

  • ¿Debería basarse la definición de zonas urbanas y rurales exclusivamente en las zonas edificadas?

Históricamente, los datos sobre los edificios tenían mayor resolución espacial que los datos sobre las personas. Por tanto, las definiciones utilizaban los edificios como indicador indirecto de la concentración espacial de la población. Por ejemplo, diversos países nórdicos definen un asentamiento como una zona donde los edificios están a menos de 200 metros de distancia. Varios investigadores también utilizan los edificios o las zonas edificadas: véase por ejemplo el concepto Urban Extent (extensión urbana) empleado por Shlomo Angel, Africapolis y el método de densidad de los edificios desarrollado por Marie-Pierre de Bellefon y otros en 2019. Sin embargo, gracias a la mejora de los datos de población, este enfoque indirecto ha dejado de ser necesario.

Además, la superficie edificada per cápita está estrechamente vinculada a los ingresos de un país y falsea la distribución de la población entre las ciudades y las zonas rurales. Para demostrarlo, definimos las ciudades como celdas de 250 por 250 metros que están edificadas al menos en un 50 % y las zonas rurales como celdas que están edificadas en menos del 25 %. Estos umbrales se emplean en varias definiciones de «zona edificada» utilizadas para zonas urbanas y rurales.

En comparación con el «grado de urbanización», las ciudades que se definen exclusivamente según el concepto de zona edificada concentran una proporción de la población superior en 17 puntos porcentuales en los países de ingresos altos e inferior en 9 puntos porcentuales en los países de ingresos bajos (figura 6). En el caso de las zonas rurales, el uso de «zona edificada» aumenta la proporción de la población rural en 24 puntos porcentuales en los países de ingresos bajos (figura 7) y la reduce en 2 puntos porcentuales en los países de ingresos altos. Por ese motivo, las definiciones de zonas urbanas y rurales basadas en el concepto de zona edificada son menos adecuadas para las comparaciones internacionales.

Nota: Las figuras 6 y 7 muestran el impacto de cambiar la definición de zona rural y de ciudad basada en el concepto de zona edificada por la basada en el «grado de urbanización», según el nivel de ingresos. La figura 6 muestra la diferencia nacional media entre el porcentaje de población en celdas de 250 por 250 metros edificadas en menos del 25 % y el porcentaje de población rural. La figura 7 muestra la diferencia nacional media entre el porcentaje de población en celdas de 250 por 250 metros edificadas al menos en un 50 % y el porcentaje de población en las ciudades. Los datos utilizados para «zona edificada» y «población» se han extraído de GHSL BUILT y POP.
  • ¿Debe basarse la definición de zonas urbanas y rurales en umbrales relativos, en lugar de absolutos?

Algunos investigadores defienden el uso de umbrales relativos para definir las zonas urbanas y rurales. Esto implicaría, por ejemplo, determinar las diez zonas más urbanizadas de un país. Sin embargo, una definición mundial debe garantizar un alto nivel de comparabilidad tanto en el espacio como en el tiempo. La comparación de las diez zonas más urbanizadas de un país con las diez más urbanizadas de otro no garantiza que esas zonas tengan el mismo nivel de urbanización. El nivel de urbanización en el mundo está aumentando, pero el uso de umbrales relativos tampoco puede reflejar esa circunstancia. De ello se deduce que los umbrales relativos no ofrecen buena comparabilidad espacial ni temporal.

El método del «grado de urbanización» clasifica de manera sencilla y transparente las ciudades, las localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, y las zonas rurales.  Al normalizar el enfoque de clasificación y aplicarlo a nivel mundial, contribuye a detectar y medir la eficacia de las políticas aplicadas en distintos países que mejoran la calidad de vida en esas zonas. También ayuda a hacer un seguimiento del acceso a los servicios, a las infraestructuras y a otros indicadores de los ODS de forma que se puedan elaborar comparaciones y agregaciones significativas. Este método se someterá a nuevos ensayos y se aplicará en muchos países de todo el mundo.

Fuente:https://blogs.worldbank.org/es/voces/hacia-una-definicion-de-ciudad-localidad-y-zona-rural?cid=ECR_FB_worldbank_ES_EXT&fbclid=IwAR0U-jo-EEaxAE6Ykr_xRUpkizYeYXUpxVxSJ7Nf11beqgQZeNalFCEmCSE

“Políticas públicas son asistencialistas y no protegen derechos humanos”: Académicos

Por: Roberto Pichardo Ramírez/ZHR-GBM

El desarrollo humano implica indisociablemente que los Estados garanticen el goce de derechos humanos para todas las personas.

En la tercera y última jornada del foro Repensar lo social para afrontar la pospandemia COVID-19, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), destacó que las universidades jesuitas se han abocado al estudio y análisis de los impactos de la crisis sanitaria en la sociedad.

La pandemia ha traído una serie de consecuencias políticas, educativas y económicas que han impactado en el ejercicio de los derechos humanos. Ante esto, los gobiernos han acudido a medidas restrictivas que vulneran estas garantías. “Estamos aprendiendo a adaptarnos al virus. Los derechos humanos deben estar al frente y al centro de este esfuerzo. Sólo se puede responder a este desafío de manera integral”, concluyó.

IMPACTO GLOBAL

Enfrentamos una crisis sin precedentes por varios ejes, desde el número de fallecidos hasta los niveles de desempleo. Este año habrá un retroceso dramático con respecto a periodos anteriores en materia de desarrollo humano. Así lo anticipó Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH México).

Se calcula que, en los países subdesarrollados, el 86% de los niños y niñas no han recibido educación durante la pandemia. La falta de acceso a internet y a tecnologías de la información, una de las problemáticas visibilizadas en tiempos recientes, acrecentará esta brecha. “Si no somos capaces de integrar la equidad de nuestras políticas muchas personas se quedarán atrás”, mencionó el experto.

Desde la perspectiva de derechos humanos, continuó Peña Palacios, proteger la vida de las personas es la prioridad. No obstante, la crisis económica correspondiente al confinamiento ha afectado especialmente a quienes no cuentan con recursos para protegerse. “Si el virus persigue a una comunidad, sigue siendo un tema que concierne a todos. Las prácticas discriminatorias nos pondrán en mayor riesgo”.

LATINOAMÉRICA Y LA REPRESIÓN

En el cono sur del continente americano existe una realidad alarmante relacionada con la restricción de derechos, lo cual se agudiza con la pandemia. “Ningún control de emergencia significa un cheque en blanco para los gobiernos. Hay principios fundamentales que los gobiernos deben respetar”, señaló Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

Compartió cuatro patrones restrictivos que este movimiento global ha identificado. El primero es el uso de la detención como primer recurso, no en última instancia. Países como República Dominicana registran detenciones masivas empleadas para que la gente cumpla con la cuarentena.

Segundo, el maltrato generalizado hacia las personas que no acaten las medidas sanitarias. Esto se ve principalmente, explicó Jiménez Sandoval, en las personas sin hogar. “El hecho de que estén en las calles no es una situación voluntaria, sino sistemáticamente determinada”.

“Quienes vivimos en Latinoamérica, el nuevo epicentro de la pandemia, esperamos que nuestros gobiernos nos protejan. Esto no va a existir mientras los gobiernos combatan la pandemia con prácticas represivas que vulneran los derechos humanos”: Carolina Jiménez.

El tercer patrón, el uso excesivo de la fuerza, se utiliza especialmente para disolver protestas. Reconoció que la pandemia tendrá como consecuencia un aumento en la pobreza alimentaria. “Para muchas personas que están perdiendo sus fuentes de ingreso, la protesta es la única manera de hacerse escuchar. Ante estos escenarios, las manifestaciones públicas se van a incrementar”.

Finalmente, denunció que algunos países han establecido centros de confinamiento en condiciones inhumanas en los que no existe el acceso a servicios de salud. Evocó el caso de El Salvador y las imágenes de reos semidesnudos sentados en fila que dieron la vuelta al mundo.

ASOCIACIONES DEFENSORAS

Un reto permanente de los derechos humanos es garantizar la aplicación de los mismos. “Como defensores de derechos humanos debemos documentar todas las omisiones y violaciones que se presenten”, comentó Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ, colaborador del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).

Recordó que el eje central de las garantías jurídicas son las personas. Retomó algunos casos que han sido atendidos desde el PRODH: Olga, Alfonso, Henry y Rosa. Se trata de personas que han sido privadas de su libertad arbitrariamente y a quienes el Centro ha asistido para salvaguardar su integridad física y emocional, así como resolver su situación legal.

No es fácil colocar los debates de derechos humanos en la esfera pública. “Nuestra metodología es ofrecer las historias, no de abstracciones y tendencias. Buscamos generar empatía y solidaridad, lo cual es todo un reto para los derechos humanos en el país”, recalcó Pérez Jiménez, SJ.

Sobre la represión en el contexto actual, señaló que los decretos deben someterse a un control de revisión constitucional. Michoacán, Jalisco y Colima, dijo, han establecido multas para las personas que no cumplan la cuarentena. En contraparte, reconoció que es gracias a las personas que luchan todos los días por sus derechos que se ha logrado impulsar leyes y mecanismos de seguridad pública.

GRUPOS VULNERABLES

Existen múltiples actores sociales que corren diferentes riesgos en el escenario pandémico. En lo que respecta a violencia doméstica, las niñas, niños y mujeres son más vulnerables cuando están encerrados en sus hogares con su agresor, situación que concierne al Estado.

Para la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla, las cifras hablan solas: en marzo se cometieron 20,236 delitos de violencia familiar y las llamadas de emergencia por parte de mujeres se incrementaron un 20%. En el mismo mes, Puebla registró aumentos del 23.4% en llamadas de auxilio y 11% en violencia sexual.

Arrambide González puso en relieve la vulnerabilidad de las personas migrantes. “De acuerdo con las autoridades mexicanas, a finales de mayo había 12,500 personas en la frontera norte y 9,000 en el sur esperando resoluciones legales”. A su vez, recordó que un total de 1,036 migrantes mexicanos han fallecido en Estados Unidos por COVID-19, de los cuales 136 eran poblanos.

Sobre las personas que pertenecen a las comunidades rurales e indígenas, puntualizó que la vulnerabilidad se agrava debido a la inaccesibilidad geográfica y económica a servicios de salud. “El contexto actual nos permite observar un patrón de ineficacia estatal”, concluyó.

La ciencia de la desigualdad

Por: Raymundo M. Campos Vázquez

 

Estamos en un debate muy importante y deseable: ¿La desigualdad nos debe de importar? ¿Se debe hacer algo? La respuesta a ambas preguntas es un sí rotundo. Desde diferentes ciencias, como economía, sociología, psicología, biología, antropología, ciencia política, entre otras, se tiene un consenso claro: la alta desigualdad es nociva para la sociedad.

Ante el debate actual que tenemos es importante resumir lo que nos dicen diferentes resultados científicos. En este ensayo argumento las consecuencias negativas de la desigualdad en la sociedad. Evitaré aburrir al lector con demasiadas referencias, pero dejo hipervínculos para aquellos interesados y para respaldar las afirmaciones hechas aquí.

Ilustración: Víctor Solís

 

La desigualdad tiene consecuencias económicas

La realidad es que tener desigualdad alta afecta los resultados económicos. Hace tiempo los economistas creían que los beneficios del crecimiento económico llegarían a toda la población, por tanto no era necesario enfocarse en desigualdad, sólo crecimiento. Bajo este pensamiento, las políticas que benefician a los más ricos son buenas para la economía en su conjunto porque generan más crecimiento, que a su vez disminuye pobreza. Este “trickle down economics” ha sido desechado en los últimos años.

En particular, la evidencia muestra que no puedes tener crecimiento económico sostenido con desigualdad alta. En el libro de Jonathan Ostry, Prakash Loungani y Andrew Berg titulado “Confronting Inequality” se explica este hallazgo. Lo que hacen los autores es relacionar crecimiento económico con desigualdad para una muestra grande de países después de 1950. Ellos encuentran que países con alta desigualdad mantuvieron por menor tiempo crecimiento sostenido que países con baja desigualdad. De hecho, en su análisis resulta claro que la desigualdad es más importante que cambios en inversión extranjera directa, políticas comerciales, o institucionales para promover el crecimiento sostenido.

También se tiene que una mayor desigualdad hace que el crecimiento económico sea menos efectivo para reducir pobreza. Una sociedad muy estratificada implica que se tienen diferencias en educación, salud, mercados de crédito, entre otros. Por tanto, un episodio de crecimiento implica que los pobres puedan beneficiarse menos de él.

La alta desigualdad disminuye oportunidades de movilidad social. Esto a su vez reduce el potencial de crecimiento económico. Si el dinero con el que se nace importa más que el talento, esto implica que todos en la sociedad somos perjudicados. Lleva a que no veamos suficiente competencia económica e innovación científica, tecnológica y artística: ¿cuántos científicos y artistas no hemos formado por falta de oportunidades? ¿Cuántos negocios no se han creado? ¿Cuánto valor se ha perdido?

Se podría decir que si bien el tema es importante, cuando el gobierno toma una política redistributiva se afecta todavía más el crecimiento económico, de tal forma que en términos netos se pierde. Esto no es correcto. Investigaciones recientes descritas en el libro “Confronting Inequality” muestran que no hay pérdida. Una mayor redistribución de hecho tiene efectos positivos en el crecimiento. Por tanto, el nivel de desigualdad en un país no es algo que se da naturalmente, se trata de una decisión activa de política.

La desigualdad tiene consecuencias sociales

Nuestra propia evolución nos ha entrenado para preocuparnos por la desigualdad. Incluso, en estudios con animales se ha observado que tienen aversión a la desigualdad (explicados en los libros de Robert Sapolsky y de Keith Payne). Estudios antropológicos y económicos de diferentes culturas muestran que las personas tienen aversión a la desigualdad, aunque esto depende de la integración con el mercado de esa sociedad. Al analizar cómo reacciona el cerebro con imágenes de resonancia magnética (fMRI) se encuentra evidencia neurobiológica de que los humanos tenemos preferencias sociales con aversión a la desigualdad. En sociedades cazadoras y recolectoras, el acumular poder o activos diferentes a los de la tribu podía significar la muerte inmediata.

¿Qué implicaciones tienen esos resultados? Si tenemos aversión a la desigualdad entonces estamos muy pendientes de comparaciones sociales. Lo cual ocasiona ansiedad y estrés. Parafraseando a Daniel Kahneman, el Premio Nobel de Economía por relacionar la psicología con la economía, nuestro sistema 1 (el sistema automático de cómo reacciona nuestro cerebro) está programado para rápidamente asignarnos un lugar en la escalera social.

En un estudio fascinante en 31 países hecho por los investigadores Richard Layte y Christopher Whelan se muestra que en contextos con alta desigualdad se afecta la ansiedad y el estrés para toda la población, independientemente de si uno es pobre o rico. Para medir ansiedad usan la respuesta a la pregunta de qué tan de acuerdo se está con la afirmación “Algunas personas me ignoran por mi trabajo o ingreso”. Se tienen dos resultados clave: 1) Los pobres tienen más ansiedad que los ricos en todos los países. 2) Personas en países con alta desigualdad tienen más ansiedad que personas en países con baja desigualdad, incluyendo a los más ricos de cada país. A los ricos también les afecta su bienestar porque también es estresante estarse preocupando por la seguridad propia y de sus familias. Un estudio reciente con marcadores biológicos para medir ansiedad en lugar de preguntas de percepción encuentra resultados similares. En pocas palabras, la alta desigualdad es mala para todos en una sociedad.

Por un lado, una mayor ansiedad y estrés afectan nuestra salud. Esto ocasiona inflamación crónica de marcadores biológicos que dejan marca de por vida. También ocasiona que nuestro ADN envejezca más rápido. Estos aspectos llevan a que nuestro cuerpo no funcione óptimamente y que enfermedades y ataques al corazón sean más probables. Esto afecta a toda la población con desigualdad alta, aunque relativamente más a los más pobres.

Por otro lado, una mayor ansiedad y estrés también afectan las decisiones que tomamos. Se ha encontrado una relación con toma de decisiones riesgosas y con problemas de autocontrol. Esto lleva a ocasionar serios problemas en sociedades con alta desigualdad: embarazo adolescente, consumo de drogas, narcisismo, suicidios, baja autoestima, disminución de aspiraciones, entre otros. Estos problemas no son sólo causados por el estado físico de pobreza, sino también por la ansiedad de sentirse pobre o estar comparándose frecuentemente.

Un contexto de alta desigualdad nos lleva a pensar en un “nosotros contra ellos”. Es decir, evita la cohesión social: nos lleva a desconfiar de los demás y confiar a su vez en personas más “similares” a nosotros. Esta similitud puede ser en términos de ingreso, pero también en términos de género, edad y tono de piel. Esto tiene implicaciones graves para una sociedad: no hay acuerdo en la provisión de bienes públicos ni en el tipo de políticas a seguir para reducir desigualdad, si acaso se llega a considerar.

Después de lo revisado, espero que sea claro que sociedades con alta desigualdad tienen retos importantes para promover la movilidad social. Las familias pobres en promedio se enfrentan a más ansiedad y estrés lo cual afecta las habilidades que los hijos pueden adquirir. Si adicionalmente el sistema social y político no contrarresta ese factor con más y mejor infraestructura para educación, salud, seguridad, esparcimiento, pues tenemos un círculo vicioso de perpetuación de la desigualdad y estancamiento social.

La desigualdad tiene consecuencias políticas

Si no hay cierta igualdad económica en la sociedad, la democracia es inestable, facilita conflictos sociales y afecta su funcionamiento. Se quisiera pensar que las preferencias de los políticos representan una muestra aleatoria de las preferencias de la población en general. Pero la realidad es que no necesariamente es así por múltiples razones: por el número de partidos y la ideología de cada uno, porque en promedio se requiere cierto capital humano y de ingreso para participar como candidato para una elección, porque puede haber grupos de poder influyendo en decisiones de políticos, o bien porque grupos de poder económico participan directamente en el proceso político, entre otros.

Las sociedades con alta desigualdad presentan un mayor riesgo que el poder político se coluda con el poder económico. Y a su vez el poder económico tiene más incentivos para influir en resultados políticos: en términos de campañas electorales, de iniciativas de ley, e incluso en términos del discurso empleado en los medios de comunicación. Como se discute en un libro de Martin Gilens, cuando las preferencias por políticas entre ricos y pobres son diferentes, generalmente se llegan a implementar las de los ricos.

Este problema lo tenían muy claro las democracias antiguas, donde no había una clase media consolidada. En el caso de la república romana, se crea el Tribunado de la Plebe como contrapeso a las decisiones de los patricios en el Senado. En el caso de Grecia, la democracia no dependía de elecciones (donde se asumía que los ricos podían ganar mayor representación) sino en un sistema de lotería. Este sistema se siguió usando en diferentes partes de Europa medieval. El sistema de elección con sufragio relativamente universal como lo conocemos ahora es bastante reciente e inicia en el siglo XVIII. Este sistema favorece más a los que tienen más poder económico y conexiones políticas, y a su vez permite la perpetuación en el poder. Como se menciona en el libroCrisis of the Middle-Class Constitution: “la lotería está libre del sesgo aristocrático”.

La desigualdad también tiene otro problema en democracia, la polarización política. Esto nos lleva a no buscar consensos. En psicología social se le conoce como “realismo ingenuo”: “si yo veo el mundo como es y tú estás en desacuerdo, entonces: tú puedes ser un incompetente, o irracional, o simplemente maligno. En cualquiera de los casos no puedo razonar contigo” (cita del libro de K. Payne). En este contexto se mezcla la falta de cohesión social, y la falta de acuerdos para la provisión de bienes públicos discutida arriba. En resumen, nos perjudicamos todos por la falta de consensos políticos en ambientes con alta desigualdad.

¿Qué tanto queremos cambiar la desigualdad en México?

Si la desigualdad es mala, entonces ¿cuál es la desigualdad óptima que deberían tener las sociedades? Sabemos que no es un nivel de igualdad perfecta, pero la ciencia no tiene un número exacto. Sin embargo, sí podemos saber lo que la gente desea que fuera la desigualdad en su propio país. Para el caso de México, para un proyecto financiado por la Unión Europea y la Agencia Francesa para el Desarrollo, Aurora Ramírez, Alice Krozer, Rodolfo de la Torre, Roberto Vélez y un servidor (participación conjunta de investigadores de El Colegio de México y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias) calculamos por medio de una encuesta nacional lo que la gente cree que existe de desigualdad y cuál es el nivel de desigualdad deseada. Preguntar desigualdad es complicado, así que seguimos estrategias de la bibliografía especializada y mostramos seis figuras de barras del porcentaje de ingreso nacional que se llevan cinco grupos en la sociedad divididos por ingreso. Con estos datos podemos calcular el coeficiente de Gini para medir desigualdad (este coeficiente, mientras más se acerque a 1, indica más desigualdad).

Los resultados son muy interesantes. La sociedad sí cree que tenemos una desigualdad alta, con un valor de 0.56. Este valor de desigualdad es uno de los más altos en el mundo. Más del 50 % de la sociedad cree que el 20 % más rico se lleva más de 80 % del ingreso nacional. En contraste, casi el 3 % cree que los ingresos están exactamente igual distribuidos.

Por otro lado, cuando se les pregunta a esas mismas personas cuál sería el nivel de desigualdad deseado se obtiene un nivel mucho menor: casi la mitad, con un valor de 0.31. Este nivel de desigualdad es el que tienen países como Alemania o Francia. Sólo el 25 % de las personas desea tener igualdad perfecta en ingreso. La mayoría de la población mexicana desea algo de desigualdad, pero definitivamente mucho menos que la desigualdad que tenemos actualmente.

 

Desigualdad percibida y deseada en México

¿Cómo podemos cambiar la desigualdad?

En el estudio previamente citado también analizamos cómo las personas creen que podemos obtener ese nivel de desigualdad en términos de impuestos. Creemos que pagamos 39 % en impuestos de nuestros ingresos, y desearíamos pagar solo 22 % de nuestros ingresos. En realidad estamos sobreestimando lo que pagamos de impuestos, puesto que lo que deseamos es aproximadamente el nivel de lo que se paga, de acuerdo con datos de SHCP. Sin embargo, en promedio las personas desean que los ricos paguen 41 % de sus ingresos en impuestos. Nuestros cálculos indican que esta tasa no es suficiente para llegar al nivel de igualdad deseada, tanto por el nivel de la tasa como por la insuficiencia de personas consideradas ricas. Existe alta incertidumbre para la población sobre quién es rico: preguntamos también eso a las personas y nos dijeron que en promedio cualquiera con un ingreso superior a 38 000 pesos es rico y que había 35 % de la población con ese ingreso. Lamentablemente, los registros no permiten calcular a ciencia cierta qué porcentaje de la población tiene ese ingreso, pero calculamos que no más del 3 %, aproximadamente.

Dada esta incertidumbre, en el reporte publicado por CEEY-COLMEX indicamos que un paso fundamental para poder cambiar la desigualdad en nuestro país es tener transparencia distributiva. Es decir, cuáles son los verdaderos ingresos de la población para poder estimar con mayor precisión los costos y beneficios de cualquier reforma fiscal.

Reflexiones finales

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama definió hace tiempo al problema de la desigualdad como “el reto más importante de nuestros tiempos”. Era cierto cuando lo dijo y sigue siéndolo. Nuestro país requiere un nuevo pacto social que ponga en el centro los temas de desigualdad y movilidad social. La nueva ciencia de desigualdad tiene descubrimientos que debemos atender. La desigualdad tiene externalidades negativas para toda la población: tiene consecuencias económicas, sociales y políticas que nos afectan a todos, incluyendo a los más aventajados en la sociedad.

Fuente:https://www.nexos.com.mx/?p=48161&fbclid=IwAR2_xlW-iS634mdoyBoIuSEAIZQxJT1aLoJmwExo3Dlamz5Ox5gu5f7cqYk

¿Podría el bloqueo del coronavirus ayudar a cerrar la brecha digital de América Latina?

América Latina está invirtiendo en formas de reducir su brecha digital en medio de COVID-19.

América Latina está invirtiendo en formas de reducir su brecha digital en medio de COVID-19. Imagen: Unsplash/Sergio Souza
  • En América Latina, alrededor de dos tercios de las personas tienen acceso a Internet.
  • Los expertos esperan que la pandemia de COVID-19 impulse a los gobiernos a abordar la brecha digital en los barrios pobres de las ciudades.
Mientras Colombia entra en su octava semana de bloqueo por coronavirus, el vendedor ambulante Luis Duarte se preocupa de que su hija adolescente no termine el año escolar ahora que sus clases se han trasladado a Internet.

“No tenemos una computadora en casa”, dijo Duarte, quien vende máscaras faciales caseras en las afueras de un supermercado en la capital, Bogotá, para ganarse la vida.

“La única conexión a Internet que tenemos es en mi smartphone, y eso es sólo cuando tengo datos en él. Mi hija está perdiendo meses de escuela”, dijo a la Fundación Thomson Reuters.

Es un problema compartido en toda América Latina y el Caribe, donde los cierres para detener el brote de coronavirus han dejado a más de 154 millones de niños – cerca del 95% de los inscritos – sin educación, muchos de los cuales no tienen forma de ir a la red para aprender, según UNICEF.

“Habrá para todos los niños pérdidas significativas de aprendizaje, pero para aquellos que son vulnerables – para aquellos que ya están en riesgo – puede que nunca vuelvan a la escuela”, dijo Margarete Sachs-Israel, asesora regional de educación de la agencia de la ONU para la infancia.

La “brecha digital” -la brecha entre quienes tienen acceso a las computadoras e Internet y quienes tienen acceso limitado o nulo- está bien documentada entre las zonas rurales y urbanas.

Pero las medidas de cuarentena en toda América Latina también han puesto de manifiesto una marcada brecha digital dentro de las grandes ciudades de la región, entre las personas de los barrios ricos y las que viven en barrios marginales.

El 71,8% de los hogares de América tiene acceso a Internet en su casa.
El 71,8% de los hogares de América tiene acceso a Internet en su casa.
Imagen: International Telecommunication Union

 

“Hay una parte de la población que no tiene acceso a Internet, en primer lugar, porque viven en asentamientos informales donde no hay una infraestructura (digital) adecuada”, dijo el arquitecto y consultor urbanístico Ignacio Alcalde, que tiene su sede en Madrid.

“Y, en segundo lugar, porque se trata de una población vulnerable que depende de la economía informal, que no permite que la gente pague por el acceso”, añadió Alcalde, experto asociado principal de ONU-Hábitat, la agencia para la vivienda y el desarrollo urbano.

Los expertos urbanos esperan que los cierres estimulen la acción de las autoridades para que consideren una conexión a Internet asequible como un derecho y un servicio básico, como los sistemas de agua y alcantarillado, que se espera que proporcionen las ciudades.

“La conectividad digital… es parte de nuestras vidas. No puede ser que en las zonas de la ciudad no haya una conexión digital adecuada”, dijo.

La brecha de desarrollo

En El Salvador, las fotos de un estudiante universitario subiéndose a un árbol para conseguir una conexión a Internet para poder seguir las clases en línea se hicieron virales en los medios sociales en abril, lo que hizo que el Presidente Nayib Bukele se dirigiera a Twitter para ofrecerle Internet gratis.

La novedosa pandemia de coronavirus también ha exacerbado la desigualdad digital entre los habitantes de las ciudades, que va más allá de la educación.

El hecho de no tener acceso a Internet dificulta el acceso de las familias pobres a la ayuda financiera que muchos gobiernos ofrecen para ayudar a las personas a sobrevivir a la cuarentena, ya que para solicitarla a menudo es necesario registrarse en línea, según los expertos urbanos.

Los cierres han demostrado lo vital que es para todos estar conectados, ya sea para comprar alimentos, consultar con los médicos, asistir a la escuela o mantenerse en contacto con los demás, dijo Shamika Sirimanne, jefa de tecnología del organismo de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD).

“Pensamos que llevaría tiempo convertir una brecha digital en una brecha de desarrollo. Pero COVID-19 nos ha demostrado lo rápido que esto se está convirtiendo en una realidad”, dijo en una entrevista telefónica desde Ginebra.

En América Latina, alrededor de dos tercios de las personas tienen acceso a Internet, según Sirimanne.

Pero esa cifra oculta un enorme desequilibrio entre los países y dentro de ellos, que va desde Nicaragua, donde el 25% de las personas tienen acceso a Internet, hasta el 80% en Chile, señaló.

La mayoría de los gobiernos de América Latina ya cuentan con planes de desarrollo para ampliar la infraestructura digital y lograr que más personas se conecten.

En los últimos decenios, la lucha contra la brecha digital se ha centrado en gran medida en llevar la Internet a las zonas rurales y las tabletas Wi-Fi a las escuelas, junto con la Internet gratuita en los espacios públicos.

Los expertos urbanos esperan ahora que la pandemia impulse a los gobiernos a abordar la brecha digital en los barrios pobres de las ciudades.

Dicen que un desafío clave que enfrentan los funcionarios de la ciudad para lograr que más personas se conecten a Internet es reducir el costo del acceso a la Internet para los pobres, especialmente en el Caribe.

“En muchos países se ve que cuanto más pobre eres, más cara es la Internet en proporción a tus ingresos mensuales”, dijo Sirimanne.

Un derecho básico?

La mitad del mundo sigue sin estar conectada y sólo dos de cada diez personas en los países menos adelantados están en línea, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la agencia de Internet y telecomunicaciones de las Naciones Unidas.

El Banco Mundial ha dicho que la actual pandemia ha demostrado que la conectividad es un “bien público“.

El brote también ha impulsado a las autoridades locales de algunos países a poner a más personas en línea.

A principios de este mes, el alcalde de Bogotá dio a conocer un nuevo plan de desarrollo de la ciudad que incluye la conexión a Internet de 100.000 hogares con niños para el año 2024.

En la ciudad brasileña de Recife, el alcalde se ha comprometido a comprar 2.500 teléfonos inteligentes para los niños para que puedan seguir estudiando durante la cuarentena.

Y Sachs-Israel en UNICEF dijo que en Perú, el gobierno está gastando 165 millones de dólares en 850.000 tabletas Wi-Fi para permitir que los niños continúen aprendiendo durante la cuarentena.

Muchos países de la región, entre ellos Brasil, Colombia y Argentina, han ampliado las plataformas de aprendizaje en línea y las bibliotecas digitales para los niños afectados por el cierre de escuelas.

Las empresas de telecomunicaciones también están desempeñando un papel en el aumento de la velocidad y la capacidad de Internet sin cobrar a los clientes.

En Perú, por ejemplo, el regulador de las telecomunicaciones tiene previsto promulgar un decreto que prohíba la suspensión de los servicios por falta de pago, según el Banco Mundial.

Sin embargo, en muchos países, el acceso a Internet sigue siendo considerado como una “infraestructura de lujo”, dijo Sirimanne.

“Para nosotros (la UNCTAD), la conectividad es igualmente una prioridad y ahora vemos por qué. Esperamos que los gobiernos despierten a esta realidad después de COVID-19”.

‘Una oportunidad para repensar’

Dado que el impacto de la pandemia hace que muchas ciudades se replanteen su infraestructura para promover más estilos de vida locales que podrían ayudar a limitar la propagación de cualquier brote futuro, esto brinda la oportunidad de hacer que la Internet sea accesible para todos, dijo Alcalde.

En las grandes ciudades de América Latina, plagadas de atascos y altos niveles de contaminación, es probable que la planificación urbana que promueve “una ciudad de vecindarios descentralizados” gane terreno a medida que continúe el distanciamiento social, señaló el arquitecto.

Esto podría incluir la construcción de bibliotecas comunitarias con computadoras y acceso a Internet en los barrios pobres, permitiendo a los residentes obtener fácilmente en línea de forma gratuita.

La segunda ciudad de Colombia, Medellín, ya ha adoptado este enfoque y en los últimos decenios ha gastado cientos de millones de dólares para llevar servicios de salud y educación a los barrios de tugurios, incluidas bibliotecas con acceso gratuito a la Internet.

“Imaginemos que las grandes ciudades se forman como una serie de núcleos, barrios que tienen todo… El coronavirus es una oportunidad para repensar”, dijo Alcalde.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2020/05/podria-el-bloqueo-del-coronavirus-ayudar-a-cerrar-la-brecha-digital-de-america-latina/

CEPAL propone avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos del coronavirus

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación del informe.
Foto: CEPAL

 

Organismo presentó nuevo informe sobre los desafíos sociales de la crisis por COVID-19. En un contexto de bajo crecimiento, se prevé un importante aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en América Latina y el Caribe.

Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Además, en el largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia, señaló en un nuevo informe dado a conocer hoy por su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas presentó este martes 12 de mayo el Informe Especial COVID-19 N⁰ 3, titulado El desafío social en tiempos del COVID-19, que entrega una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo. En una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde Santiago de Chile, Bárcena entregó también los detalles de la propuesta de la CEPAL sobre un ingreso básico de emergencia (IBE) que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país. Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.

“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló Alicia Bárcena.

La CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.

El informe realiza un balance de los efectos sociales que traería la pandemia del COVID-19.  Provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por la CEPAL en el Informe Especial COVID-19 N° 2 (ver comunicado de prensa del 21 de abril pasado), en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.

El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.

Según el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.

El estudio explica que a partir del 13 de marzo los gobiernos de la región comenzaron a anunciar medidas de protección social como reacción ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores y de los hogares. Estas han incluido transferencias monetarias, transferencias de especies (como alimentos, mascarillas y medicamentos), suspensión o exoneración en el pago de los suministros de servicios básicos (agua, luz, gas, teléfono, internet, etc.), medidas de protección social para trabajadores formales, y otros apoyos directos a personas y familias (como alivios tributarios y control de precios, entre otros).

A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares, es decir, alrededor del 58% de la población regional.

“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población —especialmente la más pobre y vulnerable— para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, recalcó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, la CEPAL señala que además de implementar medidas inmediatas para atender la emergencia, es necesario superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos. En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado, y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.

“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, remarcó Alicia Bárcena. “Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar”, agregó.

“Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida”, enfatizó. ”Un elemento central en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud. Superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud será una de las enseñanzas que dejará la pandemia”, declaró.

“Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal ”, dijo finalmente la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Fuente:https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-propone-avanzar-un-ingreso-basico-ayudar-la-poblacion-mas-vulnerable-superar?fbclid=IwAR3zVBrzoN_JgwjkFCcmrYzX19ujwilP5Jp5Ibj7phFotPzy2q1S4gxJV4w

Estado de derecho: México VS el mundo

Por: Arturo Piñeiro

FOTO: RULE OF LAW INDEX, WORLD JUSTICE PROJECT.

En México no hay un Estado de derecho: no se cuenta con las condiciones óptimas para el pleno desarrollo de la población, no hay igualdad de oportunidades, el acceso a la justicia es deficiente y persisten las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se puede conocer la situación actual del país en la materia?

El Índice de Estado de Derecho 2020 (IED),elaborado por el World Justice Project, es una evaluación sobre la adherencia al Estado de derecho en el mundo, desde una perspectiva ciudadana. Los puntajes se calculan con base en las encuestas realizadas a 130 mil hogares y a 4 mil expertos, en 128 países.

Este índice mide el desempeño de las instituciones de cada nación a través de los siguientes factores: contrapesos gubernamentales (límites impuestos a quienes gobiernan), ausencia de corrupción (uso del poder para obtener un beneficio indebido), gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana), el respeto a los derechos fundamentales (respeto a los derechos de las personas), la seguridad pública (garantizar la seguridad de la población), cumplimiento regulatorio (aplicación efectiva de las normas), la justicia civil (acceso a mecanismos de solución de controversias) y la justicia penal (efectividad y calidad del sistema penal).

Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de derecho y sirven para contar con información respecto a las fortalezas y debilidades institucionales de cada país para fomentar políticas públicas de solución.

¿Qué resultados obtuvo México a nivel global, regional y con países con igual clasificación con respecto a su ingreso?

Los resultados muestran que México presenta buenas evaluaciones en Gobierno Abierto, es decir que el Gobierno comparte información y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, tiene enormes retos relacionados con la aplicación de las leyes, el respeto a los derechos humanos de sus habitantes y los altos niveles de impunidad, inseguridad y corrupción.

En contraste, países como Uruguay (1), Costa Rica (2) y Chile (3) tienen los mejores resultados a nivel regional del ranking: son las naciones menos corruptas de Latinoamérica y el Caribe, además de estar dentro de los primeros 15 lugares en el rubro de orden y seguridad y formar parte del top 10 regional en materia de justicia civil y penal.

En el ranking global, Dinamarca destaca por tener los niveles de corrupción más bajos del mundo, como resultado de la implementación de normas que limitan el poder del Gobierno. Noruega y Finlandia resaltan por respetar los derechos fundamentales de sus habitantes y por tener un sistema eficiente de justicia penal.

Estos países nórdicos cuentan con una garantía de protección ante riesgos sociales, como el desempleo, condiciones más equitativas para competir, un nivel de ingreso mínimo ante cualquier adversidad, bajas tasas de criminalidad y bajos niveles de represión penal. Por ello, actualmente mantienen el denominado “Estado de Bienestar”, que busca una mayor atención a la redistribución y a la satisfacción de la población.

Sirva de muestra lo anterior para evitar que se continúe pensando que la represión penal funciona para desincentivar el delito y no las políticas de inclusión y desarrollo que garanticen un acceso integral a la justicia, prevención, salud, trabajo, educación, en donde las personas puedan vivir en un ambiente que les permita confiar en la autoridad y vivir en paz.

Publicado por Animal Político
22-04-2020

Fuente:https://imco.org.mx/estado-de-derecho-mexico-vs-el-mundo/?fbclid=IwAR2UwjIvtaLjNhuxtaUndRhN0z0TcZjrtgXfsMAMjxf-auHy7MNkRx0nGB4