De átomos a bits: ¿cómo navegar la transformación digital en América Latina?

POR CLAUDIA SUAZNÁBAR Y PAULINE HENRIQUEZ

“La transformación de átomos a bits es irremediable e imparable”.
Nicholas Negroponte, cofundador del MIT Media Lab, en su libro ´Being Digital´.

La economía digital ha cambiado la manera en la que interactuamos como sociedad, la forma como el gobierno se relaciona con sus ciudadanos y cómo las empresas hacen negocios. Hoy podemos monitorear nuestra salud a través de dispositivos móviles, hacemos compras en línea y pagamos con criptomonedas, trabajamos como freelance para empleadores que nunca vimos, damos órdenes a un aparato desde nuestro sofá y hasta votamos a través de Internet. Prácticamente cada semana escuchamos de una startup disruptiva que está por traerse abajo algún sector tradicional desde el comercio minorista hasta el financiero, pasando por el logístico o el de energía.

Los ciudadanos estamos siendo más rápidos en adaptarnos a esta nueva ola digital que los gobiernos o las empresas de América Latina y el Caribe (ALC). ¿Por qué las empresas de la región no están aprovechando las nuevas oportunidades digitales? ¿Qué tiene que pasar para que nuestras empresas entren a la economía de bits y dejen atrás los átomos?

El huevo o la gallina

Un primer tema tiene que ver con las condiciones básicas de conectividad de la región. A pesar de notables avances en términos del número de usuarios de Internet en ALC, datos recientes de la ITU muestran aún importantes brechas de despliegue de banda ancha con respecto a otras regiones: mientras en ALC la banda ancha móvil llega a un 50% de la población y la banda ancha fija a 10%, en los países de la OECD alcanza al 72% y 28% respectivamente. Además de las limitaciones de infraestructura, los latinoamericanos tenemos que pagar 3 veces más de lo que pagan los ciudadanos de países OECD por servicios de una calidad notablemente inferior. Según el informe de la CEPAL “Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016”, ningún país de la región cuenta con una velocidad promedio superior a 7.3 Mbps, y solo Chile y Uruguay (con banda ancha fija) y Paraguay y Perú (con banda ancha móvil) cuentan con velocidades pico superior a 38 Mbps, que es la velocidad mínima necesaria para aplicaciones de manufactura avanzada o tecnologías de salud y educación.

transformación digital

Fuente: Elaboración propia en base a “Future Internet Bandwidth Trends: An Investigation on Current and Future Disruptive Technologies” y “Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2016”. LAC = América Latina y el Caribe.

 

Otros desafíos para la transformación digital del sector productivo tienen que ver con la velocidad del cambio tecnológico y la escasez de capacidades tecnológicas y gerenciales de las empresas en ALC. Los empresarios no conocen las bondades o aplicaciones de las nuevas tecnologías disponibles, dudan de su compatibilidad con sus sistemas actuales, desconocen quiénes son los mejores proveedores en el mercado y ven más riesgos que ventajas en el proceso de adopción. Asimismo, la brecha de talento digital en la región es cada vez más grande. CISCO estima que para 2019 habrá una brecha de medio millón de profesionales tecnológicos en ALC y que para 2025 esta brecha habrá ascendido a 1.25 millones solo para programadores de software.

Llegado a este punto nos encontramos en un círculo vicioso. Las empresas no están utilizando las nuevas tecnologías por problemas de información, talento y porque carecen de conectividad y velocidad suficientes. Pero las operadoras de telecomunicaciones, por su lado, no van a invertir en ampliar la conectividad si no ven que hay perspectivas de tráfico en el futuro. Para lograr salir de este bucle y superar estos desafíos, el Estado, como parte de sus estrategias digitales, debe implementar acciones coordinadas con el sector privado para lograr masificar la adopción y uso de las nuevas tecnologías. Algunos países ya han empezado a caminar con éxito por este camino.

Un caso de éxito: digitalización en la construcción

El sector de la construcción, que cuenta con el dudoso honor de haber sido señalado por McKinsey como el sector con el peor desempeño en términos de productividad de las últimas décadas, está siendo revolucionado con la aplicación del Building Intelligence Modelling (BIM) en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y ahora Chile. La aplicación en Reino Unido ya logró entre un 12 y 20% de reducción de costos en los proyectos de construcción financiados con recursos públicos y esperan conseguir metas aún más ambiciosas para 2025, con un 50% en reducción de tiempos y un 33% de costos. En Chile están iniciando el proceso con metas de reducción de costos del 20%.

En Reino Unido y ahora en Chile, el Estado, en coordinación con el sector privado, implementó un paquete de medidas para impulsar su adopción. Entre otras cosas, se estableció el requerimiento de utilización de BIM para todas las licitaciones de obras públicas y se trabajó en la fijación de estándares de construcción, calidad e interoperabilidad del sistema. Se llevó a cabo una fuerte campaña de diseminación de conocimiento sobre la plataforma y los beneficios de su aplicación y se apostó por la formación de ingenieros arquitectos y constructores en BIM para facilitar el proceso de adopción tecnológica.

Impulsando políticas para la transformación digital 

Las importantes reducciones de costos y ganancias de productividad derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías, así como el surgimiento de nuevos productos y servicios con notable impacto social, están haciendo que los gobiernos de la región estén desplegando cada vez más esfuerzos por promover la transformación digital del sector productivo. Ejemplos de esto son los programas estratégicos de la CORFO en Chile donde se están impulsando la transformación digital del sector salud, la minería o la construcción, o programas como el Vive Digital de Colombia, el cual, entre otros temas, está impulsando el desarrollo de adopción de TIC en varios sectores y en el segmento de MiPymes.

Frente a una creciente demanda de los sectores público y privado, desde el BID estamos trabajando de la mano con varios países para sentar las condiciones que permitan una transición efectiva hacia la nueva economía digital, aprovechando las oportunidades que nos brinda. Si queremos que nuestras empresas entren a la economía de bits dejando atrás los átomos, nos toca impulsar nuevas políticas públicas integrales que hagan énfasis en la colaboración público-privada, la regulación, la transición a nuevos modelos de negocio y a procesos de innovación abierta digital, la extensión digital de las pymes y el cierre de las brechas de talento. Cuanto antes empecemos, mejor.

Fuente:https://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2017/12/11/trasnformacion-digital-en-america-latina/

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Un estudio revela que el nivel socioeconómico alto de las escuelas no es una garantía de calidad

Por: 

Algunos padres de familia pueden pensar que las escuelas costosas son mejores que las instituciones públicas o de bajo costo. Algunos pueden creer que la calidad de la escuela está garantizada en las zonas más adineradas. Además, suponemos que la mayoría de los padres pasan por alto estadísticas como la tasa de mejora en el rendimiento de los estudiantes a lo largo de varios años, al escoger la escuela de sus hijos. Sin embargo, ¿por qué es importante analizar esta métrica tan poco común?

Un extenso estudio emprendido por la Universidad de Stanford, EE. UU., mostró que el nivel socioeconómico no está relacionado con la calidad educativa. Sorprendentemente, la eficiencia de la escuela está vinculada a la velocidad a la que los estudiantes mejoran sus resultados en pruebas estandarizadas durante un período de varios años.

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El sociólogo de Stanford, Sean F. Reardon, investigó 45 millones de puntajes de exámenes de estudiantes de casi todos los distritos estadounidenses. Su estudio descubrió que la forma más apropiada de medir el éxito de una escuela era examinar la tasa de mejora de los estudiantes a lo largo del tiempo, a través de la aplicación de exámenes estandarizados, y no sólo con la evaluación de exámenes aislados. Al mismo tiempo, notó que no existe una relación significativa entre la eficiencia de la escuela y si la zona escolar es rica o pobre, o si la institución es privada o pública.

Los hallazgos de Reardon sugieren que los puntajes promedio en las pruebas están débilmente correlacionados con las tasas de crecimiento educativo. Por otro lado, las conclusiones indican que es necesario reducir la desigualdad educativa, las comunidades de bajo nivel socioeconómico obtienen también altas tasas de crecimiento y en ocasiones obtienen puntajes superiores a las de nivel socioeconómico alto.

Al respecto, el desafío mundial educativo es evitar la segregación y mejorar los sistemas escolares, sin importar el nivel socioeconómico a las que estén dirigidas.

Fuente:https://observatorio.itesm.mx/edu-news/nivel-socioeconmico-alto-de-las-escuelas-no-garantiza-calidad?utm_source=Newsletter+del+Observatorio&utm_campaign=8a2d9c5d0e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_24&utm_medium=email&utm_term=0_6e1a145e3e-8a2d9c5d0e-235969733

‘Ninis’ cuestan a México 194,000 millones de pesos anuales

Por:Arturo Solís

Los jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan, también conocidos como ‘ninis’, cuestan al país 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, de acuerdo el reporte Observaciones sobre las políticas de estrategia de habilidades: México 2018 elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta proporción del PIB equivale a 194,090 millones de pesos (mdp), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del tercer trimestre de 2017. Para darle una dimensión al monto, la cifra representa más de cuatro veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La juventud que no activa sus habilidades dentro del mercado laboral es muy costosa para el país”, detalló el organismo que dirige José Ángel Gurría en el documento.

La OCDE presentó el cálculo como el ingreso laboral bruto que los ‘Ninis’ podrían aportar si estuvieran empleados, incluyendo el costo laboral bruto y seguridad social. La estimación deja fuera los costos por un pobre sistema de salud, altos niveles de crimen y aumento del costo de subsidios al desempleo.

Muchos ‘ninis’

México es uno de los países con más Ninis en la organización que aglutina a 35 países, solo detrás de España, Grecia Italia y Turquía.

Aquí la nota completa: México, entre los países con más ‘Ninis de la OCDE

Aunque el gobierno realiza esfuerzos para enfrentar la problemática de los ‘Ninis’, la institución dice que hay mucho que hacer para dar apoyo a la juventud que necesita integrarse al mundo laboral. Una medida que mejoraría las oportunidades para los jóvenes, sería contratar profesores con mayor  experiencia industrial o mejor capacitación docente, de esta manera la mano de obra disponible estaría mejor calificada para ocupar empleos con mayor nivel de sofisticación.

Esta propuesta cobra relevancia porque la mayoría de los profesores mexicanos no tienen acceso a cursos de inducción o programas de mentoría (72 y 60% respectivamente) en sus instituciones, mientras que el promedio de profesores con este problema en el resto de los países de la OCDE es de 32 y 26% respectivamente.

“Mejorar las competencias, habilidades y destrezas de México es uno de los principales desafíos del país. A pesar de los esfuerzos y avances recientes, el nivel de habilidades de los mexicanos sigue siendo preocupantemente bajo”, agrega la dependencia.

¿Por qué? La proporción de estudiantes de bajo rendimiento en matemáticas es del 56.6%, en lectura del 41.7% y en ciencias del 47.8%, según los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE.

Para revertir esta situación, la institución emite algunas recomendaciones en áreas prioritarias para una política de habilidades en México:

  1. Reforzar la colaboración entre secretarías y otras dependencias públicas en la política de formación de habilidades.
  2. Fortalecer la vinculación entre todos los participantes en el proceso para mejorar el nivel de habilidades de la población.
  3. Fomentar una estrecha colaboración entre las autoridades sub-nacionales y el resto de los actores del sistema para mejorar el desarrollo de habilidades en todas las regiones.
  4. Identificar las habilidades necesarias para ingresar y completar con éxito los niveles superiores de educación.
  5. Recopilar información de calidad acerca de la oferta y la demanda de habilidades en el país.
  6. Reforzar la diseminación de información acerca de la demanda y oferta de habilidades en el país.
  7. Apoyar la transición del ámbito académico y de formación al mercado laboral.
  8. Apoyar la participación en y mejorar los resultados de los distintos programas de activación de empleos para ingresar o reingresar al sector formal de la economía.
  9. Identificar las habilidades para mejorar la productividad e impulsar la innovación.
  10. Proporcionar formación permanente y de alta calidad a los trabajadores.
  11. Identificar las habilidades necesarias para aumentar la empleabilidad y promover el aprendizaje a lo largo de la vida de la población trabajadora.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/ninis-cuestan-a-mexico-194000-millones-de-pesos-anuales/

Así serán los gobiernos del futuro

Por:Edwin Moreno

¿Te imaginas declarar tus impuestos en tres minutos en línea, poder votar en las elecciones desde tu celular desde cualquier lugar donde te encuentres o tener un único registro médico que se actualiza cuando vas a cualquier doctor en tu país?

Tal vez esto suene muy futurista para varios países del mundo, pero hay un pequeño país en Europa del Este que ya ha logrado esto y varias innovaciones en temas de gobierno digital muy importantes y podría ser el referente de gobiernos en el Siglo XXI, ya que es considerado el país más avanzado del mundo en gobierno digital (e-government).

Hablamos de Estonia, un país de 1.3 millones de habitantes que ha sido cuna de empresas como Skype y Transferwise; Además de que ha decidido competir de una manera creativa en la atracción de talento internacional con su programa de e-Residency, el cual permite que cualquier persona del mundo se convierta en residente digital de Estonia y así pueda hacer uso de la mayoría de los servicios a los que tienen acceso los ciudadanos de Estonia y de la Unión Europea, todo de forma digital y sin tener que visitar Estonia o Europa en ningún momento.

Hablando con Daniela Santibañez Godoy, una joven mexicana que es directora de internacionalización de la iniciativa e-Residency del gobierno de Estonia, nos comenta:

“Estonia es considerada como la sociedad digital más avanzada del mundo, un logro que alcanzó debido a los esfuerzos del gobierno. El 99% de los servicios públicos se encuentra disponible en línea, lo que hace que muchas actividades, desde declarar tus impuestos, firmar documentos y contratos, hasta votar en las elecciones se puedan hacer desde tu celular.

Este ethos de apertura al uso de la tecnología ha tenido efectos extraordinarios sobre la sociedad. Esto es porque “un gobierno digital” necesita de los servicios del sector privado, lo que ocasiona a su vez que las empresas en Estonia tengan que desarrollar nuevos productos en TI, y estos a su vez necesitan de gente capaz de hacerlo.

El programa de e-Residency, que proviene del sector público, opera de forma ágil como el de una startup, siendo la primera iniciativa de su tipo en el mundo. De hecho, el grado de desarrollo digital en Estonia es tal que actualmente se encuentran respaldando todo su gobierno en la nube, utilizando como servidores a sus embajadas internacionales. De esta forma, si llegara a haber un desastre natural o de cualquier tipo, el gobierno seguiría funcionando en línea. Es decir, no se necesita de un territorio para que Estonia como nación continúe existiendo”, comenta Daniela.

¿Qué puede aprender México de gobiernos como el estonio?

“La tecnología base con la que funciona Estonia ha estado disponible desde hace más de 15 años y en ese sentido no es innovador lo que ha logrado el país. Más bien ha sido una implementación excepcional de políticas públicas y un entusiasmo de trabajar con el sector privado lo que ha hecho todo esto posible.

Tomemos como ejemplo blockchain. A pesar de que es sobre lo que todo mundo está hablando hoy en día, desde 2008 el gobierno Estonia comenzó a realizar pruebas para utilizar esta tecnología. El resultado es que desde 2012 se utiliza para brindar mayor seguridad a la información personal de las personas, por ejemplo, en los registros médicos.

Además, los sistemas del gobierno se encuentran interconectados, lo que quiere decir que el gobierno únicamente va a pedir cualquier información sobre sus ciudadanos una vez en la vida. El hecho de que cada agencia gubernamental así como el sector privado se encuentren conectados hace que la información fluya de manera eficiente, con lo que cada año se ahorran más de 800 años de tiempo de trabajo tanto para los ciudadanos como para el estado.

El hecho de que la sociedad se encuentre tan digitalizada significa que existe mayor transparencia pues cada transacción queda registrada. Por ejemplo, el registro comercial de Estonia es público, por lo que cualquier persona puede revisar información como quién es el dueño de la empresa o quiénes son los accionistas.

Pero para garantizar el éxito de un gobierno digital se necesitan límites bien delineados en el uso de la información de los ciudadanos por parte del gobierno.Estonia tiene regulaciones en este aspecto y cada persona es la dueña de su propia información. Por ejemplo, uno puede saber si algún doctor o, por decir, la policía o algún otro oficial ha estado revisando tu información sin tu consentimiento. Si no existe una razón que justifique su comportamiento, entonces es muy sencillo reportarlo para que se tomen medidas en el asunto. Todas estas acciones crean un sistema virtuoso donde el ciudadano confía en el gobierno y este a su vez es capaz de proporcionarle mejores servicios.

Evidentemente este es un punto en el que México se encuentra muy rezagado. Como lo vimos con el caso del software Pegasus, México no cuenta con las instituciones que generen los contrapesos necesarios para que abusos tan graves como este sucedan. Ese es el primer punto que tenemos que solucionar. El gran problema es que nos estamos quedando atrás y la urgencia de desarrollar un sistema digital eficaz es imperativa.

Quizás es sencillo ignorar la experiencia de un país de 1.3 millones de habitantes como Estonia, pero, otro ejemplo es India, donde su sistema de identificación biométrica cubre al 99% de los 1,300 millones de habitantes del país, más de diez veces la población de México. Lo fascinante del sistema de India es que, al igual que es estonio, se está utilizando para integrar diversos servicios, incluidos pagos digitales o acceso a crédito. Perú también se encuentra trabajando en algo similar. En un evento de la ONU conocí a los encargados del sistema peruano y es sorprendente ver el grado al que lo han desarrollado y sus planes para integrar otros servicios a su esquema”, comenta Daniela.

La transparencia puede ser la solución a la crisis de corrupción y de falta de Estado de Derecho que se vive en México y para esto el uso de tecnología es fundamental. Si queremos tener en México un gobierno de país desarrollado es muy importante que haya la voluntad inmediata de las autoridades y la presión de los ciudadanos para crear un verdadero gobierno digital con una gran implementación a nivel federal, estatal y municipal, para tener un verdadero gobierno del Siglo XXI.

Fuente:https://www.forbes.com.mx/asi-son-los-gobiernos-del-futuro/

Modelo Óptimo de la Función Policial vía Segob

El Modelo Óptimo de la Función Policial realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), busca dar a conocer el estado de las policías preventivas de cada entidad federativa y realizar recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad de su población.

Este documento, que será actualizado trimestralmente, fue elaborado a partir de la información proporcionada por las propias entidades federativas respecto a 10 indicadores.

A continuación presentamos algunos de los resultados más relevantes del documento por indicador:

1. Estado de fuerza mínimo

Se refiere al número de elementos operativos en activo —excluyendo a personal administrativo, a policías municipales y a elementos adscritos a Instituciones de Procuración de Justicia o del Sistema Penitenciario— con los que cuenta la policía preventiva estatal, en relación con su población, explica el documento.

Estándar mínimo: 1.8 policías por cada 1,000 habitantes.
Estatus nacional al 31 de octubre: 0.8 policías por cada 1,000 habitantes considerando la depuración de elementos con resultado no aprobatorio en control de confianza.

 

De acuerdo con el diagnóstico, las entidades federativas requieren formar a 115,943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, es decir, un total de 235,944 elementos.

2. Evaluación de permanencia y programa de depuración policial

El indicador se refiere a la proporción del estado de fuerza que cuenta con resultado aprobado y vigente en las evaluaciones en materia de control de confianza.

Estándar: 100% del estado de fuerza con control de confianza aprobado y vigente.
Estatus nacional al 31 de octubre: 78.8% del estado de fuerza cuenta con evaluación de control de confianza aprobada y vigente.

 

3. Certificado Único Policial

De acuerdo con el SESNSP, el Certificado Único Policial (CUP) permite certificar que el personal que integra las instituciones de seguridad pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones. Para obtener el CUP, los policías deben contar con un resultado aprobatorio y vigente en 4 evaluaciones

Estándar: 50% en 2018 y 100% en 2019.
Estatus nacional al 31 de octubre: A partir de enero de 2018 los Centros de Evaluación de Control de Confianza de las entidades federativas iniciarán la emisión de los CUP.

 

4. Actualización en el Sistema de Justicia Penal

El documento indica que el total de los elementos operativos deben tomar una capacitación práctica de 30 horas mínimas al año acerca del Sistema de Justicia Penal, con tres talleres obligatorios sobre la materia.

Estándar: 100% del estado de fuerza capacitado en uno de los tres talleres.
Estatus nacional al 31 de octubre: 30 entidades han formado replicadores en alguno de los tres talleres para capacitar al resto de su estado de fuerza en 2017 y 2018.

5. Academias o Institutos de formación policial

De acuerdo con la La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una Academia o Instituto es el espacio responsable de la formación inicial y continua de los elementos en activo de las instituciones de seguridad pública.

Estándar: Al menos 1 Academia por entidad federativa que cumpla con los 12 rubros mínimos.
Estatus nacional al 31 de octubre: Existen 39 Academias o Institutos de las cuales solo 6 cumplen con los 12 rubros mínimos (Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora).

 

Las Academias podrían egresar 24,374 policías anuales considerando el programa de formación inicial del perfil de policía preventivo (6 meses) con base en su capacidad de pernocta para cadetes. Para egresar a los 115,943 nuevos elementos que se requieren para completar el estado de fuerza idóneo, según el SESNSP, serían necesarios 4.7 años con las capacidades actuales.

6. Mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del Desarrollo Policial

Este indicador se refiere a las mejoras salariales y prestaciones laborales mínimas que se le deben de otorgar a los elementos policiales preventivos.

Estándar: Salario igual o mayor a 9,933 pesos y seis prestaciones básicas para el 100% de los elementos.
Estatus nacional al 31 de octubre: 19 entidades cuentan con salarios por arriba del promedio nacional de referencia, 13 están por debajo del mismo y ninguna otorga las seis prestaciones básicas al 100% de sus elementos.

 

7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC)

Estas comisiones, que en el estándar deben estar presentes en cada entidad federativa del país, tiene por objeto conocer y resolver las controversias que se susciten con relación a los procedimientos de la Carrera Policial, además de garantizar igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y promoción de los elementos con base en el mérito y la experiencia, así como fomentar su profesionalización mediante la formación, capacitación y actualización.

Estas comisiones deben contar con cinco instrumentos normativos y celebrar al menos un Concurso Anual de Ascenso por antigüedad y méritos.

Estándar: Que cada entidad federativa cuente con una Comisión del SPC con los cinco instrumentos normativos y realice un Concurso Anual de Ascenso que abarque al menos al 5% de su estado de fuerza.
Estatus nacional al 31 de octubre: 24 entidades federativas cuentan con Comisión del SPC y solo 14 celebran concurso de ascenso.

8. Comisión de Honor y Justicia

De igual manera, el estándar para este indicador señala que debería existir una Comisión de Honor y Justicia con los tres elementos básicos (Instrumento normativo, Programa de Reconocimiento al Mérito Policial, Celebración de al menos una ceremonia anual de reconocimiento al mérito policial) en cada entidad, sin embargo, al 31 de octubre del 2017, 29 entidades contaban con una comisión.

Los estados de la República que no contaban con esta Comisión en la fecha mencionada son Baja California, Nayarit y San Luis Potosí.

9. Unidades de Operaciones Especiales, Policía Cibernética y Policía Procesal

De acuerdo con el SESNSP, las tres Unidades deberán contar con un número de integrantes suficiente considerando su población y extensión territorial —todos con resultado aprobatorio y vigente en control de confianza— así como con programas de especialización, el equipamiento y la infraestructura necesarios.

Estándar: Una Unidad Especial en 2017 y las tres Unidades Especiales en 2018
Estatus nacional al 31 de octubre: 24 entidades federativas cuentan con Unidad de Policía Procesal, 26 con Unidad de Policía Cibernética y 22 con Unidad de Operaciones Especiales.

 

10. Protocolos mínimos de actuación policial

Las entidades federativas deben acreditar la existencia de los seis protocolos mínimos y la capacitación de sus elementos en los mismos:

1. Protocolos para la función de prevención o reacción
2. Protocolo de actuación policial en materia de violencia de género
3. Protocolo para el uso legítimo de la fuerza
4. Protocolo Nacional de Primer Respondiente
5. Protocolo Nacional de Cadena de Custodia
6. Protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables

Estándar: El 20% del estado de fuerza capacitado en los seis protocolos en 2017, el 50% en 2018 y el 100% en 2019.
Estatus nacional al 31 de octubre: 6 entidades federativas operan conforme a los seis protocolos mínimos (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán).

Consulta el Modelo Óptimo de la Función Policial completo en versión PDF aquí.

Fuente:http://ht.ly/zinl30hHFhW

El desmantelamiento del Estado por la administración de Trump

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Por: Fernando Sepúlveda Amor

La situación por la que atraviesa el gobierno de los Estados Unidos a nivel interno es motivo de enorme preocupación a nivel nacional y en el ámbito internacional. La errática conducción de las políticas por parte del presidente Trump y el desmantelamiento de los logros alcanzados por las administraciones anteriores dejan un vacío de dirección y de gobierno que amenaza seriamente la estabilidad y el rumbo de la Unión Americana.

A 11 meses de la administración de Trump, no se han materializado las promesas de campaña, y la inefectividad del gobierno en manos de los republicanos, que controlan ambas cámaras en el Congreso y la presidencia, está teniendo un impacto importante en la posición y el liderazgo de E.U. a nivel mundial, así como en el deterioro de la cohesión política y social al interior del país. Los lemas de campaña de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez” y de “Estados Unidos primero” han debilitado las alianzas tradicionales de dicho país con las democracias occidentales en Europa y otros países en el resto del mundo, creando un vacío de poder que ha permitido el reforzamiento de adversarios tales como China y Rusia, y las provocaciones de un Estado paria como Corea del Norte.

A nivel gubernamental, el inicio de la administración de Trump se vio marcado por el caos y la disfuncionalidad. La renuncia del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn; el despido del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey; la salida del jefe de Gabinete la Casa Blanca, Reince Priebus; la renuncia de Sean Spicer, secretario de Prensa; el despido de Anthony Scaramucci, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, después de un breve periodo de diez días; la salida obligada de Stephen Bannon, estratega jefe de la Casa Blanca; y la renuncia del secretario de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Thomas Price, durante los primeros nueve meses de la administración, (todos estos casos) son un indicio del desorden imperante en el gobierno de Trump.

A nivel legislativo, el Congreso no ha podido avanzar en la agenda propuesta por los republicanos y por Trump durante la campaña, lo que aunado al fracaso de la recisión de la reforma de salud impulsada por Obama, comúnmente llamada Obamacare, una de las promesas centrales a lo largo de siete años para el Partido Republicano, muestran la incapacidad de sus legisladores para alcanzar resultados, pues no es lo mismo oponerse sistemáticamente, que construir algo. La próxima discusión para la aprobación del presupuesto amenaza el cierre de las operaciones del gobierno ante la imposibilidad de los republicanos de llegar a un acuerdo con el ala demócrata en cuestiones relativas a la extensión de la autorización para la permanencia de los hijos de inmigrantes indocumentados traídos de pequeños a Estados Unidos (conocidos como dreamers), el seguro de salud de los menores y mujeres embarazadas CHIP (Children’s Health Insurance Program), y la limitación de los gastos de defensa, entre los más importantes.

En este mismo tenor, los legisladores republicanos están concentrados en sacar adelante una controversial y radical reforma al sistema fiscal de Estados Unidos antes de finalizar el año, la cual pretende reducir drásticamente los programas sociales del gobierno, particularmente en el área de salud, para cubrir una disminución de los impuestos corporativos de las grandes empresas y de los sectores de más altos ingresos bajo la muy desgastada teoría económica de que las reducciones en el ingreso fiscal se pagan con el incremento de la actividad económica, y consecuentemente, el aumento de la inversión de capital y del empleo, detonando la distribución en cascada de los beneficios hacia la población de menores ingresos, conocida como trickle-down economics. Esta iniciativa ha tenido severas críticas de organizaciones privadas y de especialistas fiscales que destacan que la propuesta republicana incrementará la deuda pública considerablemente (1.4 trillones de dólares en diez años), disminuirá importantemente la carga fiscal de los sectores de la población más rica, y aumentará los impuestos al 60% de la población de menores ingresos para 2027.

En resumen, la propuesta republicana reduce los impuestos de las grandes corporaciones y de los sectores con mayores ingresos a costa de eliminar una serie de deducciones fiscales a las clases media y baja existentes en la actualidad, y la protección alcanzada en materia de salud a través de los subsidios para la adquisición de un seguro médico establecida por la Obamacare para millones de personas. Esto es, los pobres subsidian la disminución de impuestos de los ricos, dado que la reducción de impuestos a la población en general vencerá en 2025, y por el contrario, la reducción corporativa será permanente. Esta política de los republicanos necesariamente atenta en contra del contrato social que sostiene la equidad entre todos los ciudadanos establecida en la Constitución y en la Carta de Derechos, al favorecer a una minoría de altos ingresos en perjuicio de la mayoría de la población, acción que subvierte la esencia misma del Estado.

Lo anterior no es más que un indicio del daño que la presidencia de Trump está causando en la conducción de los asuntos de su país. Más aún, otro sector que se ha visto severamente afectado corresponde directamente a la administración de la presidencia, en la que la designación de los funcionarios al frente de las distintos órganos y agencias de gobierno ha respondido más a su línea ideológica que a sus credenciales en los temas que los ocupan, revirtiendo en su ejercicio los avances alcanzados en administraciones anteriores.

De esta manera, por ejemplo, se observa una embestida frontal en contra del sustento científico del cambio climático, el despido o marginación de funcionarios encargados de las regulaciones ecológicas y de las investigadores de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la eliminación de regulaciones para la protección del ambiente, y la desaparición del acceso público a estudios y a información relativa al cuidado del mismo, como parte de una torpe maniobra para eliminar los costos de su protección en aras de una supuesta competitividad mundial. El nombramiento de Scott Pruitt como administrador de la EPA, un exabogado general de Oklahoma que en el pasado demandó más de una docena de veces a la organización que ahora encabeza, es un claro indicio de la línea política de la administración de Trump, colocando a la zorra a cargo del gallinero.

Jeff Sessions, quien en su larga trayectoria como fiscal general en el estado de Alabama y luego como senador por esa entidad, ha mostrado una línea antiinmigrante y contraria a los derechos civiles. En la actualidad, como fiscal general, ha promovido en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la instalación de jueces y de fiscales federales con base en líneas ideológicas de derecha, con efectos de largo plazo en las decisiones judiciales; ha amenazado con acciones legales y presupuestales en contra de los estados y ciudades santuario de inmigrantes indocumentados; ha defendido en las cortes la controvertida prohibición de la entrada de personas procedentes de seis países musulmanes y, más grave aún, se ha visto involucrado en la investigación sobre la interferencia de Rusia en la elección presidencial del 2016, y la posible colusión de los integrantes de la campaña con operativos rusos para elegir a Trump como presidente.

Pero quizás el daño más notable es el desmantelamiento del Departamento de Estado y la reversión de las políticas internacionales sostenidas por Estados Unidos tradicionalmente, al amparo de una supuesta revisión de las posiciones y una reorganización a cargo del que se ha calificado como “el peor secretario de Estado en la historia de la Unión Americana”, Rex Tillerson (un exejecutivo de Exxon sin ninguna experiencia diplomática), lo que se considera una magna ofensiva en contra de la institución, la cual opera, a 11 meses del inicio de la administración, con únicamente diez de los 44 cargos de nivel superior en dicho Departamento y enfrenta la salida del 60% de los diplomáticos de carrera, en un momento crítico para el país por las peligrosas tensiones en el Medio Oriente, el ascenso de China en el panorama mundial, y la amenaza nuclear de Corea del Norte, que requieren una visión clara y una política cuidadosa que permita mantener el liderazgo mundial de Estados Unidos.

Por el contrario, el abandono de las alianzas tradicionales de la Unión Americana en Europa y Asia, así como el sabotaje de la actuación diplomática del secretario Tillerson por las descalificaciones del presidente, que declara que “está perdiendo el tiempo intentando una negociación con Corea del Norte’’; o por la diplomacia secreta que conduce al margen del Departamento de Estado el yerno de Trump, Jared Kushner, en el conflicto israelí-palestino y con Arabia Saudita; al igual que el reconocimiento de Jerusalén como la capital del Estado de Israel o el rechazo del acuerdo con Irán en materia nuclear, pone en peligro la estabilidad regional y hacen propicio el estallamiento de conflictos armados. Se rumora el próximo despido de Tillerson dada su inefectividad, y también por la mala relación existente con el presidente, al que en una conversación privada calificó como “un imbécil”.

La calificación del desempeño de Trump alcanzó en noviembre su punto más bajo, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, en la que el 63% de la población desaprueba su actuación en los primeros 11 meses de gobierno, lo que en unión con su pobre desempeño, los eventuales resultados incriminatorios de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en la elección y la colusión del equipo de campaña de Trump, e indirectamente, las acusaciones sobre hostigamiento sexual de Trump, en medio de una ola de rechazo social, pudiera conducir a su renuncia prematura o a su permanencia en la presidencia por un solo periodo.

Trump intenta proyectar entre sus seguidores la perversa imagen de hacer deshaciendo, incapaz de construir algo debido a sus limitaciones. Sin embargo, el daño está hecho, y Estados Unidos tardará un tiempo en restaurar el edificio del Estado que las acciones de Trump han deteriorado.

Fuente:http://www.estepais.com/articulo.php?id=1320&t=columnas-voces-de-la-migracion

 

Envejecidos y sin pensión

De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina, 2017, elaborado por la Cepal, pese a que la población latinoamericana está envejeciendo rápidamente, no en todos los países de la región se tiene garantizado el derecho a la seguridad social, lo que implica un reto mayúsculo en materia de acceso a los sistemas de pensiones, mismo que actualmente se caracteriza por ser segmentado y limitado, y cuya ausencia agudiza la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad de las personas

Una población que envejece

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en América Latina y el Caribe por primera vez el número de personas mayores de 60 años es mayor que el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, y este ritmo se mantendrá hasta el año 2080.

Por un lado, los datos revelan que en la región entre 2015 y 2040 habrá un crecimiento anual de 3.4% en el número de personas de 60 años o más (es decir, casi de 87 millones de habitantes), mientras que el incremento de las personas de 20 a 59 años será de 0.5% anual (63 millones). Por el otro lado, la población menor de 20 años tendrá una reducción de 26 millones de personas en 2040, lo que implica que disminuirá 5% cada año.

En este contexto, los retos para los Estados en materia de pensiones se incrementan al contar con más personas de 60 años o más, ya que deben implementar políticas públicas que estén enfocadas en la prevención de los efectos de un rápido envejecimiento. Los gobiernos deben estar preparados para atender las demandas de la población que envejece y necesita que sus derechos sean garantizados.

Población America Latina Caribe.png

Los más y los menos

El informe incorpora un índice[1] que muestra la evolución del envejecimiento en la región, de acuerdo con el cual el grupo de países en los que este proceso se encuentra más avanzado en la actualidad, con un índice superior a 90, es el integrado por los siguientes países: Martinica, que también incluye a Guadalupe, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Cuba, Curacao, Puerto Rico, Barbados, Aruba y Uruguay y Cuba. Este último será el país más envejecido de la región a partir del año 2040.

El segundo grupo (con un índice de entre 50 y 90) lo integran: Chile, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, las Bahamas, Costa Rica, Argentina, Jamaica y Brasil.

El tercer grupo (índice de 35 y 50) presenta un envejecimiento más moderado: Colombia, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, El Salvador, Panamá, Granada, Suriname, Perú, México, Ecuador y Venezuela.

El último grupo (índice inferior a 35), donde el envejecimiento será el menor, lo conforman: República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Belice y Guatemala.

indice envejecimiento

Las mujeres viven más

De acuerdo con los datos de la Cepal, en los últimos 65 años el promedio de vida de los habitantes de América Latina y el Caribe aumentó 24.4 años. Cabe mencionar que este incremento va a acompañado de los avances de la medicina y los servicios sanitarios.

Según el informe, la población de la región pasó de tener una esperanza de vida al nacer de 51.3 años entre 1950 y 1955, a  una 75.7 años en el periodo de 2015 a 2020. Este incremento, sostiene el informe, se explica en parte por la reducción en la mortalidad de la niñez y el aumento de la longevidad.

En 1950, únicamente 0.4% de la población de América Latina y el Caribe se encontraba en el rango de personas con edad muy avanzada, mientras que para 2017 esta cifra se ha cuadruplicado, al alcanzar el 1.8%. Los datos de la Cepal revelan que para el año 2075 al menos una de cada 10 personas tendrán más de 80 años.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Cepal, la región se caracteriza por una feminización de la población adulta mayor. Entre 1950 y 1955 la sobremortalidad masculina aumentó entre tres y cuatro años, pero en la actualidad esta ha incrementado a más de siete años, por lo que existe una mayor presencia de mujeres en los grupos de edades avanzadas, como lo muestra la siguiente gráfica:

Esperanza de vida y crecimiento de la población femenina en América Latina y el Caribe 1950-2090

Pobalcoion M.pngPoblacion F.png

  Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sobre la base de Naciones Unidas, “World Population Prospects: The 2017 Revision”, 2017 (en línea) https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

 

Lo que este panorama refleja es que la mayoría de los países de la región enfrentaran grandes desafíos sociales y económicos, ya que la población en edad avanzada demandará sus pensiones y servicios de salud de calidad.

Los gobiernos, como parte de su responsabilidad, deben también proporcionar servicios públicos, como residencias, a las personas de edad avanzada en donde se les cuide y se les dé una atención de calidad. Sin lugar a dudas, esto representará un desafío para las finanzas gubernamentales.

Pensiones para la igualdad

De acuerdo con el informe, no existen soluciones “estrictamente demográficas” que puedan retrasar el envejecimiento, ya que en el caso de las políticas pronatalistas, éstas: 1) no coinciden con el enfoque de derechos humanos y 2) sus efectos no pueden ser sostenibles en el mediano y largo plazo.

Frente a lo anterior, se sugiere que la solución debe estar enfocada en “la planificación de largo plazo y el desarrollo de políticas públicas que interpreten los procesos demográficos”, por lo que los nuevos gobiernos no deben presentar cambios en estas políticas, sino que todos los países deben adoptar una perspectiva de largo plazo.

Conforme crezca la proporción de personas mayores, aumentará también la presión sobre los recursos de los sistemas de reparto, lo cual podría representar un desafío para la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de la región. De esta manera, la CEPAL sugiere a los Estados que consoliden sus sistemas de pensiones de cobertura universal, en donde la garantía de la igualdad no debe considerarse una “quimera”, sino un objetivo posible y progresivo en su alcance.

[1] El índice de envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de personas mayores y la cantidad de niños, niñas y jóvenes. Se calcula como el cociente entre las personas de 60 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100

Fuente:http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/investigaciones/investigacionesespeciales/item/1633-envejecidos-y-sin-pension