Hacia una definición de ciudad, localidad y zona rural

Por: LEWIS DIJKSTRA/ELLEN HAMILTON/ SOMIK LALL/SAMEH WAHBA

Vista aérea que muestra la urbanización de la isla de Luzón (Filipinas). (Fotografía: CherylRamalho / Shutterstock)

Vista aérea que muestra la urbanización de la isla de Luzón (Filipinas). (Fotografía: CherylRamalho / Shutterstock)

Dado que las definiciones nacionales de zona urbana y de zona rural difieren significativamente de un país a otro, resulta difícil comparar estas zonas a escala internacional. Si no es posible comparar cómo evolucionan las zonas urbanas o rurales en los distintos países, tampoco lo será aprender de las políticas utilizadas en ellos. Eso significa, además, que no podremos comparar de manera significativa los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para las zonas urbanas y rurales de los distintos países.

Con objeto de facilitar la comparación internacional, una coalición de seis organizaciones internacionales elaboró una nueva definición mundial de ciudad, localidad (o pueblo) y zona de densidad intermedia, y zona rural.  El 5 de marzo, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó el «grado de urbanización» como método recomendado para las comparaciones internacionales.

Muchos países utilizan el tamaño mínimo de población para definir una zona como urbana, pero este número puede ser de 200 habitantes (Dinamarca), 2000 (Argentina), 5000 (India) o 50 000 (Japón), o incluso 100 000 (China). Algunos no utilizan una definición estadística, sino que delimitan las zonas urbanas por decisión administrativa. Otros países usan el empleo por sectores o la disponibilidad de infraestructuras y servicios para determinar si los asentamientos deben clasificarse como urbanos o rurales.

Por último, una vez que una zona se clasifica como urbana o rural, esa categoría rara vez cambia. Tal resistencia al cambio puede deberse, en parte, a la asignación de transferencias fiscales: tomemos como ejemplo la India, donde la reclasificación como zona urbana puede hacer que un lugar pierda transferencias gubernamentales; o Egipto, donde esa misma reclasificación como zona urbana generaría nuevas inversiones públicas para necesidades de prestación de servicios de nivel superior, como comisarías de policía y juzgados.

Una perspectiva amplia para medir el concepto de urbanización

Se decidió adoptar una perspectiva amplia para facilitar la comparabilidad entre países.  El «grado de urbanización» persigue hacer para la definición de las zonas urbanas lo que el umbral de pobreza de un dólar al día hizo para la medición de la pobreza en los años noventa del siglo pasado, al introducir un enfoque objetivo y basado en los datos para la pobreza y aplicarlo a escala mundial.

El «grado de urbanización» distingue tres tipos de asentamientos:

  1. ciudades, que tienen una población de al menos 50 000 habitantes en celdas de malla contiguas densamente pobladas (más de 1500 habitantes por kilómetro cuadrado);
  2. localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, con una población de al menos 5000 habitantes en celdas de malla contiguas cuya densidad es de un mínimo de 300 habitantes por kilómetro cuadrado; y
  3. zonas rurales, que están constituidas principalmente por celdas de malla con baja densidad de población.

Este nuevo enfoque ofrece varias ventajas:

  • Aporta sencillez y transparencia. Se basa en aplicar a la malla estadística de población una simple combinación de tamaño y densidad de población, en lugar de emplear multitud de criterios o cálculos largos y complejos. Cada vez más países tienen su propia malla de población. Se han calculado varias mallas de población mundiales, que están disponibles de forma gratuita, tales como la Global Human Settlement Layer Population Grid (GHS-POP, malla de población de la capa de información mundial sobre asentamientos humanos). El «grado de urbanización» para cada país del mundo, calculado mediante GHS-POP, puede consultarse aquí.
  • Tiene en cuenta el tamaño y la densidad de población. El tamaño de población es el parámetro utilizado por más de la mitad de las definiciones nacionales de zonas urbanas y rurales. Los umbrales utilizados en el «grado de urbanización» se inspiran en esas definiciones nacionales. No obstante, esta clasificación utiliza dos umbrales, en lugar de uno solo: para las ciudades, usa 50 000 habitantes, como Japón, y para las localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, usa 5000 habitantes. Ochenta y cinco de los cien países que utilizan el tamaño de población emplean el umbral de 5000 habitantes o menos. Los umbrales utilizados en el «grado de urbanización» también se verificaron para garantizar que generan una clasificación válida y robusta y una distribución equilibrada de la población entre las tres clases.
  • Contribuye al seguimiento de los avances en relación con los ODS. Los ODS incluyen multitud de indicadores que deben recopilarse con respecto a las ciudades, las zonas urbanas y las zonas rurales, como el acceso a electricidad, agua, internet y caminos transitables todo el año. No obstante, algunas definiciones de zonas urbanas incluyen el acceso a agua y electricidad, lo que impide hacer un seguimiento de estos servicios en zonas urbanas porque se convierte en un argumento circular: todas las zonas urbanas tienen agua porque, por definición, solo pueden ser urbanas si tienen acceso a agua. Por ejemplo, las definiciones utilizadas por Bangladés, Cuba y Panamá incluyen el acceso a agua potable. Dado que el «grado de urbanización» no incluye los servicios ni las infraestructuras, permite hacer el seguimiento de estos servicios sin ningún tipo de sesgo.
  • Refleja las economías de aglomeración. Dado que la definición se basa en la concentración espacial de la población, refleja la lógica de las economías de aglomeración. El coste de la prestación de servicios tiende a aumentar desde las ciudades, pasando por las localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, hasta las zonas rurales. Como consecuencia, el acceso a estos servicios tiende a ser mayor en las ciudades y menor en las zonas rurales. Por ejemplo, tanto el acceso a internet como la titularidad de una cuenta bancaria muestran un claro gradiente urbano en los cuatro grupos de países según su nivel de ingresos (figura 1 y figura 2).
Figuras 1 y 2
  • Permite una supervisión eficaz en términos de costes. El «grado de urbanización» puede utilizarse para volver a agregar los datos existentes. Por ejemplo, si una oficina estadística ha medido las tasas de empleo locales, puede calcular las tasas de empleo por «grado de urbanización». También pueden agregarse microdatos geocodificados, como se hizo para la encuesta Gallup mundial en ciento quince países y para la encuesta demográfica y de salud en cuarenta y un países en un informe reciente elaborado por Vernon Henderson y otros. Esto permitió mostrar que el acceso a agua potable gestionada de forma segura es mayor en las ciudades, a continuación en las localidades y zonas de densidad intermedia, y menor en las zonas rurales (figura 3) en casi todos los países analizados en esta última encuesta.
Figura 3: Acceso a agua potable gestionada de forma segura en países seleccionados, 2010-2016

Comparación del «grado de urbanización» con otros enfoques

Como ocurre con cualquier nuevo método que se proponga, se plantean dudas y surge la necesidad de compararlo con los métodos existentes. A continuación se responden las principales preguntas planteadas por las oficinas nacionales de estadística y el mundo académico.

  • ¿Es demasiado baja la población rural estimada?

    Al aplicar el «grado de urbanización» a la malla de población mundial GHS-POP se obtiene un porcentaje de población rural estimada en 2015 del 24 %, que es considerablemente inferior al 46 % obtenido mediante las definiciones nacionales (figura 4). El principal motivo de esta

    diferencia es que doce países grandes clasifican las localidades como zonas rurales. China y la India representan la mitad de esa diferencia en la población rural. La definición usada en China deja claro que las localidades y las ciudades pequeñas no se consideran urbanas, porque emplea un umbral de 100 000 habitantes para las zonas urbanas. La India utiliza un umbral de 5000 habitantes, pero lo combina con otros criterios, con lo cual la mayoría de las localidades se clasifican como zonas rurales. Otros diez países representan el 30 % de esta diferencia: Bangladés, Egipto, Etiopía, Indonesia, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Sudán, Uganda y Vietnam. En resumen, doce países constituyen las tres cuartas partes de la diferencia entre los porcentajes de población rural.
    En algunos países no se disponía de datos sobre la población con alta resolución espacial. La aplicación de este método a una malla basada en datos más precisos puede dar lugar a porcentajes más elevados de población rural.

  • ¿Debe incluirse el empleo en la agricultura en la definición de zonas urbanas y rurales?

Treinta y siete países cuentan con una definición nacional de zona urbana que incluye un porcentaje máximo de empleo en la agricultura. Estos países se encuentran principalmente en África y Asia. Sin embargo, el porcentaje de empleo en la agricultura difiere sustancialmente entre los países y según el nivel de desarrollo. En los países de ingresos altos es del 3 %, frente al 63 % en los países de ingresos bajos (figura 5). La inclusión de este criterio en una definición mundial transformaría a países enteros en zonas rurales o urbanas, lo que constituiría un obstáculo para las comparaciones. Además, este porcentaje está disminuyendo rápidamente. En 2000, el 40 % del empleo mundial correspondía al sector de la agricultura. En 2018, ese porcentaje se había reducido hasta el 28 %. Como consecuencia, la inclusión de este criterio también reduciría la comparabilidad en el tiempo.

  • ¿Debería basarse la definición de zonas urbanas y rurales exclusivamente en las zonas edificadas?

Históricamente, los datos sobre los edificios tenían mayor resolución espacial que los datos sobre las personas. Por tanto, las definiciones utilizaban los edificios como indicador indirecto de la concentración espacial de la población. Por ejemplo, diversos países nórdicos definen un asentamiento como una zona donde los edificios están a menos de 200 metros de distancia. Varios investigadores también utilizan los edificios o las zonas edificadas: véase por ejemplo el concepto Urban Extent (extensión urbana) empleado por Shlomo Angel, Africapolis y el método de densidad de los edificios desarrollado por Marie-Pierre de Bellefon y otros en 2019. Sin embargo, gracias a la mejora de los datos de población, este enfoque indirecto ha dejado de ser necesario.

Además, la superficie edificada per cápita está estrechamente vinculada a los ingresos de un país y falsea la distribución de la población entre las ciudades y las zonas rurales. Para demostrarlo, definimos las ciudades como celdas de 250 por 250 metros que están edificadas al menos en un 50 % y las zonas rurales como celdas que están edificadas en menos del 25 %. Estos umbrales se emplean en varias definiciones de «zona edificada» utilizadas para zonas urbanas y rurales.

En comparación con el «grado de urbanización», las ciudades que se definen exclusivamente según el concepto de zona edificada concentran una proporción de la población superior en 17 puntos porcentuales en los países de ingresos altos e inferior en 9 puntos porcentuales en los países de ingresos bajos (figura 6). En el caso de las zonas rurales, el uso de «zona edificada» aumenta la proporción de la población rural en 24 puntos porcentuales en los países de ingresos bajos (figura 7) y la reduce en 2 puntos porcentuales en los países de ingresos altos. Por ese motivo, las definiciones de zonas urbanas y rurales basadas en el concepto de zona edificada son menos adecuadas para las comparaciones internacionales.

Nota: Las figuras 6 y 7 muestran el impacto de cambiar la definición de zona rural y de ciudad basada en el concepto de zona edificada por la basada en el «grado de urbanización», según el nivel de ingresos. La figura 6 muestra la diferencia nacional media entre el porcentaje de población en celdas de 250 por 250 metros edificadas en menos del 25 % y el porcentaje de población rural. La figura 7 muestra la diferencia nacional media entre el porcentaje de población en celdas de 250 por 250 metros edificadas al menos en un 50 % y el porcentaje de población en las ciudades. Los datos utilizados para «zona edificada» y «población» se han extraído de GHSL BUILT y POP.
  • ¿Debe basarse la definición de zonas urbanas y rurales en umbrales relativos, en lugar de absolutos?

Algunos investigadores defienden el uso de umbrales relativos para definir las zonas urbanas y rurales. Esto implicaría, por ejemplo, determinar las diez zonas más urbanizadas de un país. Sin embargo, una definición mundial debe garantizar un alto nivel de comparabilidad tanto en el espacio como en el tiempo. La comparación de las diez zonas más urbanizadas de un país con las diez más urbanizadas de otro no garantiza que esas zonas tengan el mismo nivel de urbanización. El nivel de urbanización en el mundo está aumentando, pero el uso de umbrales relativos tampoco puede reflejar esa circunstancia. De ello se deduce que los umbrales relativos no ofrecen buena comparabilidad espacial ni temporal.

El método del «grado de urbanización» clasifica de manera sencilla y transparente las ciudades, las localidades (o pueblos) y zonas de densidad intermedia, y las zonas rurales.  Al normalizar el enfoque de clasificación y aplicarlo a nivel mundial, contribuye a detectar y medir la eficacia de las políticas aplicadas en distintos países que mejoran la calidad de vida en esas zonas. También ayuda a hacer un seguimiento del acceso a los servicios, a las infraestructuras y a otros indicadores de los ODS de forma que se puedan elaborar comparaciones y agregaciones significativas. Este método se someterá a nuevos ensayos y se aplicará en muchos países de todo el mundo.

Fuente:https://blogs.worldbank.org/es/voces/hacia-una-definicion-de-ciudad-localidad-y-zona-rural?cid=ECR_FB_worldbank_ES_EXT&fbclid=IwAR0U-jo-EEaxAE6Ykr_xRUpkizYeYXUpxVxSJ7Nf11beqgQZeNalFCEmCSE

Teletrabajar en tiempos de COVID-19: ¿están nuestros hogares preparados?

Diego Araujo Schulz, inversor, trabaja en su casa durante la propagación de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Sao Caetano do Sul, estado de Sao Paulo, Brasil, el 9 de mayo de 2020.

Diego Araujo Schulz, inversor, trabaja en su casa durante la propagación de la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Sao Caetano do Sul, estado de Sao Paulo, Brasil, el 9 de mayo de 2020. Imagen: REUTERS/Rahel Patrasso – RC2RRG97C95E

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Durante la crisis sanitaria de COVID-19, gran parte de la población española se ha visto en la necesidad de teletrabajar desde casa. El teletrabajo bien planteado incrementa la productividad y la satisfacción general. Sus efectos sobre la salud parecen ser generalmente más positivos que negativos.

Esta modalidad ya era tendencia en España, esporádicamente o como alternativa de conciliación. La situación de confinamiento ha irrumpido en esta conquista paulatina del teletrabajo, instaurándolo como norma general en la medida de lo posible. Pero… ¿están las viviendas preparadas? ¿Cómo están respondiendo los hogares españoles al hecho de trabajar desde casa?

Desde el Instituto de ciencias de la Construcción Eduardo Torroja lanzamos un estudio mixto participativo sobre confinamiento, vivienda y habitabilidad (en el que usted puede participar a través de este enlace). Hemos obtenido datos y resultados preliminares relacionados con el teletrabajo en nuestro país.

Un 67 % de los hogares declara tener como mínimo una persona teletrabajando o teleestudiando. ¿Dónde realizan estas actividades los españoles en casa? ¿Están las viviendas equipadas con todo lo necesario? ¿Cómo les está resultando la experiencia?

Espacios de teletrabajo

Un 57,6 % de los hogares destina un espacio fijo para trabajar, bien exclusivo (38,6 %), bien multiusos (19 %). Sin embargo, un 34,45 % ocupa un espacio circunstancialmente. Un 8 % no tiene sitio fijo.

El espacio de teletrabajo se considera, en general, adecuado. Los aspectos más satisfactorios de estos espacios son: la entrada de luz natural (79,4 %), el tamaño de la habitación (73,9 %) o su temperatura (69,6 %). Le siguen el mobiliario, el acabado de las superficies y las vistas (sobre un 50 %).

En general, los encuestados aprovechan la luz natural, aumentan la frecuencia de ventilación y consideran buena la calidad del aire interior.

Sin embargo, las viviendas suspenden en aislamiento al ruido. Su valor promedio se sitúa entre “poco aisladas” y “adecuadamente aisladas”. Muchos encuestados declaran percibir más ruido durante el confinamiento. Esto dificulta el desempeño del trabajo al impedir la concentración.

Aspectos adecuados del espacio de teletrabajo en casa.
Aspectos adecuados del espacio de teletrabajo en casa.
Imagen: Author provided

Confort térmico

El confinamiento ha transcurrido casi totalmente en primavera, con temperaturas moderadas. Esto ha contenido el consumo energético para asegurar confort térmico. Pero ¿y si se hubiera dado en pleno invierno? ¿y si se prolongan las medidas durante el caluroso verano?

La mayoría de los hogares encuestados cuentan con calefacción individual (73,6 %). De estas, un 41 % son eléctricas, bien con bombas de calor o de efecto Joule. Un 44 % de las viviendas no dispone de aire acondicionado (refrigeración). Otras utilizan las bombas de calor (24 %) o equipos de refrigeración (14 %).

Equipamiento digital e internet

Entre los equipos domésticos que más han incrementado su uso durante el confinamiento, destacan los ordenadores (89,6 %) y los dispositivos móviles (84,6 %). Según el estudio, los medios digitales de teletrabajo en casa se consideran suficientes o buenos.

En cuanto a la conexión, un 96 % de los hogares tiene contratado internet en la vivienda. De estos, un 10,5 % usa indistintamente la conexión doméstica o móvil. Un 3 % usa exclusivamente la conexión móvil.

Calidad de los medios digitales en casa.
Calidad de los medios digitales en casa.

Ergonomía y teletrabajo

Gran parte de los hogares españoles presenta, sin embargo, ambientes inadecuados para teletrabajar. Mesas y sillas típicas de comedor, improvisadas mesas auxiliares con alturas inadecuadas o el uso mayoritario de equipos portátiles son elementos bastante habituales.

Además, se dan otras circunstancias que tampoco parecen idóneas. Por ejemplo, la ubicación en espacios compartidos con miembros del hogar o la necesidad de aislarse de ellos. Aun teniendo despachos en casa, algunas personas usan espacios como el salón para conectarse directamente a internet o por vigilar a los niños.

Conciliación familiar

El teletrabajo favorece el equilibrio laboral y familiar. Pero durante el confinamiento muchos medios han expuesto la brecha de género existente en el teletrabajo y la conciliación familiar.

En el periodo actual, la dedicación temporal al teletrabajo percibida es superior al resto de tareas diarias, como tareas domésticas o el descanso. El tiempo empleado en cuidado de hijos o personas dependientes no ha sido especialmente destacado, pese a ser una realidad en muchos hogares.

Dedicación a las principales tareas durante el confinamiento en casa (del 1 al 5)
Dedicación a las principales tareas durante el confinamiento en casa (del 1 al 5)

El dilema de la deslocalización

El teletrabajo posibilitaría huir de la ciudad para buscar viviendas más confortables, exteriores, sin contaminación ni ruido y más baratas. Podría, incluso, cambiar la situación en la España vaciada.

Sin embargo, no está claro que el impacto medioambiental resultase positivo. Desaparecerían los desplazamientos laborales, pero podría generar mayor dependencia del coche para cubrir necesidades básicas o por un aumento del tiempo libre.

Si seguimos teletrabajando, hacen falta cambios

El teletrabajo ha supuesto un auténtico desafío para los hogares españoles durante el confinamiento. La situación actual refleja su implementación en circunstancias extremas. Ha servido de experimento, pero las conclusiones deben tomarse con cautela.

La aparente satisfacción con las condiciones de teletrabajo que declaran los encuestados no concuerda en muchos casos con las características reales de los hogares. Por ejemplo, no todos disponen de mobiliario adecuado, o de las mejores condiciones para alcanzar confort térmico. Por eso, cabe preguntarse si esta percepción es real o se debe a que vemos la situación como obligatoria y temporal, adaptándonos a las circunstancias sin demasiadas exigencias.

Si somos capaces de trabajar así, posiblemente podamos hacerlo también en circunstancias normales. Pero ¿asumiríamos este reto a largo plazo?

Aunque habría que profundizar en los pormenores de cada puesto y su grado de adaptación a distintos entornos, incluir el trabajo como una tarea más a desarrollar en las viviendas podría requerir las siguientes medidas:

  • Revisar el ámbito normativo, tanto para obra nueva como rehabilitación.
  • Asegurar espacios, equipamiento y suministros adecuados.
  • Negociar con la entidad empleadora quién asume determinados gastos.

A nivel agregado, políticas sociales sobre teletrabajo y mejoras en la organización y dotación urbanas y rurales facilitarían la deslocalización laboral en la vivienda. Esto impulsaría una mejor distribución poblacional en la ciudad y el territorio, favoreciendo las ciudades de los 15 minutos y la reconquista de la España vaciada.

Fuente:https://es.weforum.org/agenda/2020/06/teletrabajar-en-tiempos-de-covid-19-estan-nuestros-hogares-preparados/

“Políticas públicas son asistencialistas y no protegen derechos humanos”: Académicos

Por: Roberto Pichardo Ramírez/ZHR-GBM

El desarrollo humano implica indisociablemente que los Estados garanticen el goce de derechos humanos para todas las personas.

En la tercera y última jornada del foro Repensar lo social para afrontar la pospandemia COVID-19, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, SJ, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), destacó que las universidades jesuitas se han abocado al estudio y análisis de los impactos de la crisis sanitaria en la sociedad.

La pandemia ha traído una serie de consecuencias políticas, educativas y económicas que han impactado en el ejercicio de los derechos humanos. Ante esto, los gobiernos han acudido a medidas restrictivas que vulneran estas garantías. “Estamos aprendiendo a adaptarnos al virus. Los derechos humanos deben estar al frente y al centro de este esfuerzo. Sólo se puede responder a este desafío de manera integral”, concluyó.

IMPACTO GLOBAL

Enfrentamos una crisis sin precedentes por varios ejes, desde el número de fallecidos hasta los niveles de desempleo. Este año habrá un retroceso dramático con respecto a periodos anteriores en materia de desarrollo humano. Así lo anticipó Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH México).

Se calcula que, en los países subdesarrollados, el 86% de los niños y niñas no han recibido educación durante la pandemia. La falta de acceso a internet y a tecnologías de la información, una de las problemáticas visibilizadas en tiempos recientes, acrecentará esta brecha. “Si no somos capaces de integrar la equidad de nuestras políticas muchas personas se quedarán atrás”, mencionó el experto.

Desde la perspectiva de derechos humanos, continuó Peña Palacios, proteger la vida de las personas es la prioridad. No obstante, la crisis económica correspondiente al confinamiento ha afectado especialmente a quienes no cuentan con recursos para protegerse. “Si el virus persigue a una comunidad, sigue siendo un tema que concierne a todos. Las prácticas discriminatorias nos pondrán en mayor riesgo”.

LATINOAMÉRICA Y LA REPRESIÓN

En el cono sur del continente americano existe una realidad alarmante relacionada con la restricción de derechos, lo cual se agudiza con la pandemia. “Ningún control de emergencia significa un cheque en blanco para los gobiernos. Hay principios fundamentales que los gobiernos deben respetar”, señaló Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

Compartió cuatro patrones restrictivos que este movimiento global ha identificado. El primero es el uso de la detención como primer recurso, no en última instancia. Países como República Dominicana registran detenciones masivas empleadas para que la gente cumpla con la cuarentena.

Segundo, el maltrato generalizado hacia las personas que no acaten las medidas sanitarias. Esto se ve principalmente, explicó Jiménez Sandoval, en las personas sin hogar. “El hecho de que estén en las calles no es una situación voluntaria, sino sistemáticamente determinada”.

“Quienes vivimos en Latinoamérica, el nuevo epicentro de la pandemia, esperamos que nuestros gobiernos nos protejan. Esto no va a existir mientras los gobiernos combatan la pandemia con prácticas represivas que vulneran los derechos humanos”: Carolina Jiménez.

El tercer patrón, el uso excesivo de la fuerza, se utiliza especialmente para disolver protestas. Reconoció que la pandemia tendrá como consecuencia un aumento en la pobreza alimentaria. “Para muchas personas que están perdiendo sus fuentes de ingreso, la protesta es la única manera de hacerse escuchar. Ante estos escenarios, las manifestaciones públicas se van a incrementar”.

Finalmente, denunció que algunos países han establecido centros de confinamiento en condiciones inhumanas en los que no existe el acceso a servicios de salud. Evocó el caso de El Salvador y las imágenes de reos semidesnudos sentados en fila que dieron la vuelta al mundo.

ASOCIACIONES DEFENSORAS

Un reto permanente de los derechos humanos es garantizar la aplicación de los mismos. “Como defensores de derechos humanos debemos documentar todas las omisiones y violaciones que se presenten”, comentó Luis Orlando Pérez Jiménez, SJ, colaborador del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).

Recordó que el eje central de las garantías jurídicas son las personas. Retomó algunos casos que han sido atendidos desde el PRODH: Olga, Alfonso, Henry y Rosa. Se trata de personas que han sido privadas de su libertad arbitrariamente y a quienes el Centro ha asistido para salvaguardar su integridad física y emocional, así como resolver su situación legal.

No es fácil colocar los debates de derechos humanos en la esfera pública. “Nuestra metodología es ofrecer las historias, no de abstracciones y tendencias. Buscamos generar empatía y solidaridad, lo cual es todo un reto para los derechos humanos en el país”, recalcó Pérez Jiménez, SJ.

Sobre la represión en el contexto actual, señaló que los decretos deben someterse a un control de revisión constitucional. Michoacán, Jalisco y Colima, dijo, han establecido multas para las personas que no cumplan la cuarentena. En contraparte, reconoció que es gracias a las personas que luchan todos los días por sus derechos que se ha logrado impulsar leyes y mecanismos de seguridad pública.

GRUPOS VULNERABLES

Existen múltiples actores sociales que corren diferentes riesgos en el escenario pandémico. En lo que respecta a violencia doméstica, las niñas, niños y mujeres son más vulnerables cuando están encerrados en sus hogares con su agresor, situación que concierne al Estado.

Para la Mtra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla, las cifras hablan solas: en marzo se cometieron 20,236 delitos de violencia familiar y las llamadas de emergencia por parte de mujeres se incrementaron un 20%. En el mismo mes, Puebla registró aumentos del 23.4% en llamadas de auxilio y 11% en violencia sexual.

Arrambide González puso en relieve la vulnerabilidad de las personas migrantes. “De acuerdo con las autoridades mexicanas, a finales de mayo había 12,500 personas en la frontera norte y 9,000 en el sur esperando resoluciones legales”. A su vez, recordó que un total de 1,036 migrantes mexicanos han fallecido en Estados Unidos por COVID-19, de los cuales 136 eran poblanos.

Sobre las personas que pertenecen a las comunidades rurales e indígenas, puntualizó que la vulnerabilidad se agrava debido a la inaccesibilidad geográfica y económica a servicios de salud. “El contexto actual nos permite observar un patrón de ineficacia estatal”, concluyó.