Cambio ambiental global y desarrollo social

Escrito por José Sarukhán

Agradezco a México Social la invitación a participar en este número dedicado a las implicaciones que tienen los dos componentes centrales del cambio ambiental global en el desarrollo social y económico: el primer componente es la pérdida de los ecosistemas que, además de contener la diversidad biológica existente, nos proveen de los servicios ambientales de los que la vida en general y nuestro bienestar en especial dependen; el segundo se refiere a las consecuencias que el tipo de desarrollo económico que los países afluentes han adoptado –casi totalmente dependiente del uso de combustibles fósiles- tiene sobre el cambio climático

 

Sin embargo, ésta es una temática amplísima. He escogido centrarme en el tema de la biodiversidad de la que dependemos de manera total y, dentro de ella, a un par de temas que me parecen de especial interés:

1).La importancia del impulso a las empresas sociales comunitarias que viven en y de los ecosistemas naturales del país y su significado ecológico, social y económico para México; y 2) la participación de la sociedad como un mecanismo central para influir en la conducción de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno del país para conservar y manejar sustentablemente la diversidad biológica, que es patri­monio de todos los mexicanos: los del presente y los del futuro. Termino re­firiéndome a la relevancia que puede tener para México la realización de la decimotercera Conferencia de las Par­tes (COP13) del Convenio de la Diver­sidad Biológica hacia fines de 2016.

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Empresas sociales comunitarias

Una forma especialmente apropiada de conservar o manejar sustentable­mente nuestro capital natural, y si­multáneamente ayudar a resolver la marginación social y económica del 20% más pobre de nuestra sociedad, es a través del estímulo al establecimiento y funcionamiento de empresas comunitarias o sociales. Hay una gama de ellas en el país que han sido reseñadas parcialmente en el libro Patrimonio Natural de México, cien casos de éxito (Carabias, Sarukhán, de la Maza y Galindo, Conabio, 2010http://bit.ly/1ryA2Fu). Me referiré por falta de espacio a un solo tipo de ellas: las empresas comunitarias forestales.

En su reciente libro A vuelo de pájaro: las condiciones de las comunidades con bosques templados en México (Conabio, 2014 http://bit.ly/1OgZOmO), Leticia Merino y Ana Eugenia Martínez presentan una completa visión estadística de las operaciones de empresas forestales sustentables. Algunas observaciones notables de la obra son las siguientes: casi la mitad de las empresas tienen áreas comunitarias de conservación y más de la mitad demuestran conservar mejor la cobertura forestal y la fauna de su superficie que las Áreas Naturales Protegidas vecinas, muchas de ellas cuentan con programas aprobados de manejo forestal, la integración vertical de la producción forestal se ha incrementado importantemente, etcétera.

¿Cómo explicar una política gubernamental acerca del desarrollo rural de las comunidades dueñas de ecosistemas boscosos tan precaria y limitante? ¿Es el cansancio de años de “costumbre” gubernamental de no darle valor a la organización social comunitaria y a los muchos productos del capital natural? ¿O seguimos aplicando una política de Estado que sigue considerando a México como un país eminentemente agrícola (cosa que no es) e ignora la actividad forestal en sus muy variadas formas; una política desinteresada en que esas comunidades tengan un claro y real camino al desarrollo como empresarios que aprovechen su capital natural (su único capital) y a un profundo cambio mental que los empodere como dueños y diseñadores de su futuro, sacándolos de su condición de marginación económica y social?

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Las relaciones de la sociedad con la biodiversidad

Los problemas ambientales globales que sufrimos en este planeta o en nuestro país son producto del comportamiento de cada uno de nosotros y de los estilos de vida por los que hemos decidido optar. Cambiar de comportamiento supone, antes que nada, conocimiento y entendimiento claro acerca de las consecuencias de los mismos, lo cual no se puede adquirir sin una amplia oferta de información honesta, creíble, accesible y pertinente. Los medios (prensa, radio, televisión) juegan en México –con pocas y honrosas excepciones- un papel muy tangencial en ofrecer tal información al público, a pesar de que está cada vez más presente en cantidades crecientes en los medios digitales. La mayor parte de los patrocinadores de esos medios no tienen interés en propagar información que casi siempre va en contra de sus intereses en una economía de consumo sin límites.

Son las instancias académicas o federales públicas, fundamentalmente del área ambiental, las que aportan la mayor parte de tal información creíble, accesible y honesta al público en nuestro país. El caso que mejor conozco, el de Conabio, recibe aproximadamente 50,000 visitantes diarios y ha preparado multitud de materiales para todos los públicos, incluyendo el infantil, y su página para niños es parte de los contenidos de las tabletas y computadoras repartidas por la SEP en 5º y 6º de primaria (http://www.enciclovida.mx/,http://www.paismaravillas.mx/).

Pero desde hace años se ha abordado una nueva estrategia que va más allá de transmitir información científica accesible al público que consiste en convertir a este público en parte del proceso de generación de información acerca de la biodiversidad de México a través de la ciencia ciudadana (http://www.naturalista.mx/, http://ebird.org/content/averaves/). Esto, además de representar una fuente de información de una amplitud geográfica que sería imposible de lograr de otra manera, representa una forma especialmente efectiva de educar y atraer a la sociedad a conocer y valorar la naturaleza que la rodea, convirtiéndola en aliada insuperable para la conservación y la protección de la diversidad biológica de México. Sólo con una sociedad honesta y eficazmente informada podremos acelerar los cambios para que este país ofrezca a sus habitantes un ambiente más digno para vivir, un futuro más seguro con más opciones de respuesta ante un clima cambiante y poco predecible y una sociedad con mayor equidad y justicia.

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La COP13 en México

En otro orden de ideas, por razones circunstanciales pude ser testigo de la conversación de la cual surgió el compromiso que nuestro país ha adquirido para ser anfitrión de la Conferencia de las Partes número 13 del Convenio de Diversidad Biológica. Ocurrió en una reunión de ministros del medio ambiente de Latinoamérica en Los Cabos; al final de las sesiones en la noche estaban platicando el Secretario Juan José Guerra y el Secretario del Convenio de Diversidad Biológica, el Doctor Braulio Ferreira de Souza Dias, en un pequeño grupo de personas. Yo charlaba en otro lugar con algunos amigos cuando recibí un mensaje del Secretario, que me invitaba a unirme a su conversación. Apenas me uní al grupo al que me invitaban, el Secretario Guerra me soltó la pregunta ¿qué le parece que México organice la siguiente COP de biodiversidad? Después de lo cual Braulio Ferreira de Souza Dias comentó de inmediato que esa propuesta significaba un reconocimiento de la comunidad internacional al liderazgo mundial que el Estado mexicano ha alcanzado en el campo de la biodiversidad.

Mi respuesta fue un tanto mezclada: por un lado –dije– representa un enorme trabajo, un costo considerable en las circunstancias económicas de México y una seria responsabilidad internacional que nuestro país asumiría; por el otro, puede ser un foro muy importante para impulsar internamente, en la agenda pública del país, el tema del capital natural. Creo que México tendría mucho que presumir –y de mucho valor– ahora que se quiere mejorar la “marca país” con los esfuerzos ejemplares que sus gobiernos, su academia y su sociedad han hecho en los últimos cuatro o cinco lustros en lo referente a crear estructuras institucionales legales y operativas y crear capital humano capacitado para conocer, conservar y manejar de forma racional la porción de su capital natural que llamamos biodiversidad, especialmente en los seis años iniciales de la existencia de una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando se sentaron las bases de la política ambiental actual.

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Poder mostrar los resultados de todo ese tiempo en organismos como la Conabio, la CONANP, la CONAFOR, en herramientas de manejo como los planes de ordenamiento territorial, las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, etcétera, es algo que muy pocos países pueden ufanarse de mostrar. Pero ello requiere no sólo que quienes laboran actualmente, o los muchos que lo han hecho en estos cuatro o cinco lustros, muestren y expliquen esos logros. Es necesario que el mismo Presidente de la República, cuando se dirija a la comunidad internacional en el foro de la COP, explique y presuma estos logros del país. Estos son los mejores ejemplos que dignifican la imagen de México, pero también es la forma de reconocer internamente el esfuerzo que nuestro país ha hecho a este respecto, para mantener y continuar con mayor empuje este trabajo esencial para el país, en el futuro inmediato y a largo plazo.

Fuente:http://www.mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/1075-cambio-ambiental-global-y-desarrollo-social

¿Los estudiantes mexicanos pierden el tiempo en la escuela?

Los estudiantes mexicanos van a la escuela a “perder el tiempo”, pues aunque acuden más días a clase en un ciclo escolar frente a naciones desarrolladas, en horas efectivas se está reprobado.

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Consulta la nota en: TICsYformación.com

Fuente:http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/los-estudiantes-mexicanos-pierden-el-tiempo-en-la-escuela-infografia

Más vale que trabajadores mexicanos ahorren, en el 2030 se acabaron pensiones: OCDE

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió, que de no concretarse la reformas hechas al sistema de pensiones en México, éstas pueden conducir a una fuerte presión fiscal a mediados de la década de 2030.

La organización realizó un estudio para evaluar el sistema mexicano de pensiones y su necesidad de funcionalidad a largo plazo, ya que el incremento en el número de jubilados para el año 2030, representa un riesgo para los instrumentos financieros del Estado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), para ese año, existirán cerca de 22.2 millones de adultos mayores.

Mientras que, según las cifras de la OCDE, en 2030 habrá cinco trabajadores por cada jubilado.

El organismo multilateral señaló que para garantizar un nivel de ingreso de más de la mitad del último salario, un trabajador necesita hacer una contribución obligatoria de entre 13 a 18 por ciento, en lugar del 6 por ciento actual.

Otros puntos que la organización señaló que se pueden mejorar para tener una mejor pensión son el proceso transitorio del sistema antiguo al nuevo, el sistema de protección social a la vejez y la fragmentación del sistema.

En México, la contribución obligatoria de los trabajadores del sector privado es la más baja de todos los integrantes de la OCDE, por ejemplo, Corea tiene 8 por ciento, mientras que Hungría 35 por ciento.

Hasta mediados de la década de los 90, México contaba con un sistema de pensiones tradicional de reparto (PAYG) de beneficio definido (BD) que era administrado por el Gobierno. Sin embargo, este plan ha sufrido diversos cambios desde entonces, y en la actualidad, el país es uno de los pocos países de la OCDE que ha reformado sus sistema de pensiones obligatorio para transitar al sistema de contribución definida (CD) –que se acumulan en una cuenta personal.

“Estas reformas se orientaron a mitigar las obligaciones pensionarias públicas crecientes del sistema de BD, dadas las altas promesas de pensiones y las bajas tasas de contribuciones”, por parte de los trabajadores, pues, “los empleados en México no aportan mucho de la tasa de distribución total”.
La cuota social aportada por el Estado es mayor que la que aporta el trabajador, lo cual no será sostenible a largo plazo, según el estudio. Señala que aumentar la contribución del trabajador ayudaría a amortiguar la cuota gubernamental. Sin embargo, esto reduciría sus ingresos netos, que en algunos casos ya son bajos.

Ante esta situación la OCDE propone que estos incrementos estén ligados al aumento salarial. Es decir, la contribución aumentaría solamente si el salario del trabajador aumentara, por lo que no afectaría su ingreso disponible.

El principal problema que enfrenta el sistema de pensiones mexicano proviene, no del sistema de cuentas individuales de contribución definida en sí mismo, sino del proceso transitorio establecido para pasar del sistema antiguo de reparto y beneficio definido al nuevo sistema, considera el organismo.

Este proceso de transición, permite a los empleados, llamados de “generación transición”- empleados cuya situación de retiro vive el paso entre el sistema viejo y el nuevo- elegir entre retirarse con los beneficios de la formula de BD o los beneficios de la fórmula (CD). Y debido a que los beneficios pensionarios que ofrece el sistema CD son reducidos en comparación con el BD, cada vez menos trabajadores desea elegir dicha opción de retiro.

Por lo anterior, la OCDE, anticipa una caída en los beneficios pensionarios “una vez concluido el periodo de transición del antiguo sistema de BD al nuevo sistema CD, puede generar desaliento y oposición al nuevo sistema de pensiones CD en la población”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en 2014, del total de trabajadores del sector público afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 99.7 por ciento optó por el sistema de retiro de BD, únicamente el .03 por ciento optó por el sistema CD. Lo cual incrementa la obligación pensionaria pública.

Además, recientemente los índices de mortalidad han disminuido, lo que implica que los empleados mexicanos tienen mayor esperanza de vida y se espera que ésta siga creciendo. De ser así, alerta la OCDE, podría convertirse en un problema, pues los “fondos de pensiones ocupacionales de BD” no están sujetos a ningún requerimiento de mortalidad mínimo.

Ante este problema, la OCDE ofrece una serie de recomendaciones que buscan hacer más eficiente el sistema mexicano de pensiones “con el objetivo de mejorar los ingresos de jubilación que las personas reciben del sistema de pensión”.

Con base en ello, la organización afirma que: “Para suavizar el fuerte cambio en los ingresos de jubilación y las tasas de reemplazo que se producirán al final del periodo de transición, es necesario combinar un incremento en las tasas de contribución con un sistema de prorrateo para los trabajadores de ‘generación transición’ de los sectores público y privado”.

Con ésta propuesta, se mantendrían los derechos de pensiones conforme de la antigua formula BD, pero de ahora en adelante los trabajadores sólo obtendrían beneficios pensionarios de acuerdo con las reglas de CD. Lo que representa una mejoría a éste nuevo el sistema y su aceptación por parte de los trabajadores mexicanos, debido a que en comparación con el sistema CD existente, parecería menos injusto. En consecuencia, tendría un impacto en las finanzas públicas, reduciendo la obligación pensionaria pública.

Para establecer un verdadero sistema nacional de pensiones, es necesario “hacer que el nivel de pensión mínima según la ley de 1973 converja con la pensión contributaria mínima (Pensión Mínima Garantizada, PMG, en el sistema de CD) y desligarla del salario mínimo”.

El análisis plantea también el fomento de la competencia entre las afores, mediante la mejora de los procesos de registro, asignación y traspaso, dado que los incentivos incorporados actuales en estos rubros no son suficientes para fomentarla.

Destaca también la importancia de alinear mejor las pensiones del sector público y el privado, ya que esto mejoraría la confianza del público en el sistema de pensiones, además de poner énfasis en campañas de comunicación que fomenten el ahorro para el retiro y la educación financiera.

Publicado en: Sinembargo

Fuente:http://www.expoknews.com/170152-2/

La Pedagogía Ignaciana, una apuesta al(buen) ser y (con)vivir

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La propuesta pedagógica de cualquier Institución académica constituye el basamento de su calidad; sin ésta la educación anula el proceso reflexivo que le anima y entonces la formación que brinda puede privilegiar el conocimiento por sí mismo, pero no logra su encomienda.
Para la Compañía de Jesús, la educación se teje a través de certezas/contradicciones, vacíos/verdades, sueños/realidades, desafíos que distinguen sus procesos formativos y que tienen como finalidad generar tensiones que pongan en juego las capacidades para indagar, dudar, contrastar, argumentar, decidir. No se trata pues de entender qué hace la pedagogía Ignaciana sino cómo vivirla en plenitud.

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El profesor debe (re)conocer debe desarrollar la capacidad de generar lo que los jesuitas reconocen como “sano eclecticismo”; esa capacidad para identificar de manera individual su intencionalidad educativa, su concepción de ser humano y del mundo para con ello gestionar una didáctica y metodología propias que se fundamente en la espiritualidad, pero también en la ciencia.

La pedagogía Ignaciana genera horizontes de sentido a través de áreas específicas de cada disciplina, arte y/o ciencia; desarrolla una particular perspectiva al conocimiento fundamentada en su didáctica, tomando en cuenta los actores educativos y la dimensión social de toda actividad académica.

Así pues, el desafío pedagógico consiste en enseñar a aprender y a tomar iniciativas, lo que implica que el profesor esté en constante proceso de investigación y actualización a través de programas de formación personal e innovación permanente de planes de estudios, métodos de enseñanza/aprendizaje; formas de convivencia, comunicación y relación humana; diseñar cursos integrales que posibiliten la integralidad de conocimientos, habilidades y actitudes. En resumen, mejorar sus competencias docentes, pero también las condiciones profesionales y financieras apropiadas.

El currículo académico que diseña cada profesor organiza e integra oportunidades, experiencias y actividades que posibilitan la formación integral del estudiante a través de cuatro intencionalidades: formación humana (compromiso social, con el colectivo y con el otro), formación basada en valores del cristianismo (amor, contemplación, gratuidad, paz, honestidad), formación profesional con aporte social y formación orientada a la excelencia y a la justicia (compromiso ciudadano); mismas que se ven dinamizadas a través de la interacción de tres componentes clave: su carácter experiencial (generación de aprendizaje real, significativo y situado), reflexivo (trasciende el hacer, el conocimiento) y transformador (de los sujetos y la realidad).

Concebir la educación como un todo permite la comprensión integral de los procesos evaluativos: persona, capacidades y decisiones sobre lo que es, conoce, investiga, reflexiona y hace. También se desarrolla la capacidad de ponerse al servicio de y para los demás, con una actitud personalizante que cree en el otro, identifica lo construido y asume lo pendiente.

imagesDesde esta perspectiva la clave de la educación no está en el aprendizaje del conocimiento sino en enseñar a aprender a aprender, aprender a tomar decisiones con lo que se aprende (a ser, conocer, hacer y convivir), y, – en el ejercicio de lo aprendido -, a responsabilizarse de las consecuencias y resultados derivados de la toma de decisiones.

De este modo el desafío docente va más allá de saber sobre una materia o disciplina; se trata de aprender a dinamizar las capacidades intelectuales, emocionales, valorales, volitivas de los estudiantes para que éstos sean capaces de integrarlas en la toma de sus decisiones y (re)conocer(se) en su entorno, entre sus semejantes y con ello ser capaces de asumir en plenitud su compromiso ciudadano y social.

Ser un profesor jesuita implica comprometerse a diseñar una planeación más allá de la ciencia, la técnica y el conocimiento; se trata de generar actividades que posibiliten la comprensión, aplicación y/o reflexión sobre lo aprendido en clase y su impacto en el entorno (local, regional, nacional o global); también es importante promover el intercambio de ideas para enriquecer la perspectiva sobre el tema y la diversidad del mismo; pero sobre todo, es menester sembrar la inquietud de la vinculación social, la causa con los desfavorecidos y el compromiso de contribuir con un mundo más justo, más solidario y más humano; darle sentido a la existencia al ser y compartir; como dijera el Padre Arrupe SJ; “No quiero vivir pensando que al morir el mundo siga como si yo no hubiera existido”.

Rocío Barragán
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Consulta la nota en: e-Consulta

Fuente:http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/la-pedagogia-ignaciana-una-apuesta-al-buen-ser-y-convivir

La construcción de instituciones en sociedades desiguales

Por:Ana Laura Martínez

RSEIntegral

El capitalismo y la democracia son realmente una mezcla poco probable. Tal vez por eso se necesitan entre sí, para poner racionalidad en la equidad y humanidad en la eficiencia.
Arthur Okun

¿Es la igualdad una condición necesaria para el funcionamiento de la democracia? ¿Es la democracia una condición para la igualdad? El gran estudioso de los inicios de la democracia estadounidense, Alexis de Tocqueville, nos recuerda una y otra vez en su aclamado libro La democracia en América, que la gran diferencia entre el Estados Unidos democrático y la Europa autocrática de los siglos XVIII y XIX radicaba en la igualdad de sus habitantes: “Así pues, a medida que estudiaba la sociedad norteamericana, veía cada vez más en la igualdad de condiciones el hecho generador del que cada hecho particular parecía derivarse, y lo volvía a hallar constantemente ante mí como un punto de atracción hacía donde todas mis observaciones convergían” (1963, p. 31).

Si, como observó Tocqueville en aquella naciente democracia estadounidense, la igualdad es un condicionante de la democracia, valdría la pena preguntarse1 ¿cuál será el impacto de la reciente ola de desigualdad en el funcionamiento de las democracias modernas? ¿Puede una joven democracia —como la mexicana— florecer bajo niveles extremos de desigualdad?

Desigualdad y sistema político

Desde su publicación en inglés en 2014, mucho se ha comentado y criticado el libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI. Si bien parte de la controversia se deriva de su título —que se relaciona con el famoso libro de Karl Marx—, en realidad el revuelo proviene del desafío del autor a dos ideas ortodoxas: (1) la desigualdad es un problema que se soluciona con crecimiento económico y (2) los sistemas de creencias, las percepciones de los ciudadanos y las políticas públicas determinan el nivel de desigualdad prevaleciente en cada sociedad. Es decir, la desigualdad no se ve más como un fenómeno meramente económico, sino como el resultado de las interacciones de política en un marco de instituciones y de creencias. El autor llega a una conclusión central: “[…] el estudio de la dinámica de la desigualdad y el cambio institucional están íntimamente ligados. El desarrollo de instituciones estables y la construcción de gobiernos legítimos está estrechamente relacionado con la forma en la que diferentes sociedades son capaces de lidiar con el problema de la desigualdad social de manera pacífica y ordenada” (Piketty, 2014, p. 20).

Una de las principales contradicciones de los sistemas políticos y económicos modernos gira en torno a la pretensión de universalidad de los regímenes democráticos en contraste con sistemas económicos y de acceso —incluso a los bienes públicos— basados en las reglas del mercado que suelen parecerse al evangelio de Mateo: “Al que tiene se le dará”. Cuando son necesarios el dinero o las influencias para tener una audiencia con un senador, o cuando un político gana elecciones gracias a la compra de votos o por el apoyo de ciertos grupos de interés, la democracia está exhibiendo sus límites, sus deficiencias como regulador del capital y su apoyo a la concentración de la riqueza.

La desigualdad es creada y administrada a partir de los procesos tanto políticos como económicos que ocurren en un contexto institucional específico; la economía no puede separarse de la política y los valores sociales. Una sociedad que ha decidido ser democrática y reconocer los derechos de los individuos como iguales no debiera tener como patrón al dinero, por lo que algo está mal cuando las dinámicas del capital se imponen como un obstáculo al modelo meritocrático en el que están basadas las democracias modernas.

De acuerdo con Piketty, “[…] el Capital no existe en un contexto inmutable: refleja el estado de desarrollo y las relaciones sociales que prevalecen en cada sociedad […]. El límite entre lo que los individuos pueden y no pueden poseer ha evolucionado considerablemente a través del tiempo y alrededor del mundo” (2014, p. 47). Parece que a últimas fechas, la sociedad ha virado demasiado hacia los valores de mercado y en favor del capital y sus dueños.

Pero, ¿cuál es el problema de esto? ¿Debe preocuparnos que aquellos que más tienen, tengan mayor injerencia en los procesos políticos? ¿Qué papel juega la desigualdad en esta inherente contradicción entre un sistema político democrático universalista y un sistema económico capitalista?

Para resolver dichas preguntas resulta útil revisar la historia moderna del concepto de la desigualdad desde la perspectiva de la ciencia económica. Si bien dicho recuento histórico sobrepasa los objetivos —y la dimensión— del presente artículo, basta decir que por muchos años para los economistas no existía una relación directa entre desigualdad y crecimiento económico, y mucho menos entre sistema político y desigualdad. Para ellos la desigualdad era más bien una consecuencia natural del desarrollo, nunca un problema a solucionar.

Sin embargo, en los últimos años dicha visión clásica se ha visto atacada por varios autores dentro y fuera de la ciencia económica (Stiglitz, Millanovic, Gilens, Atkinson, Acemoglu y Robinson, entre muchos otros); destacan los trabajos de Piketty (2014) y sus coautores, que gracias a una nueva metodología logran construir una importante base de datos capaz de refutar la teoría prevaleciente y, con ello, sentar los cimientos de un nuevo paradigma sobre el que hoy se construye —a pasos agigantados— una nueva visión del equilibrio y el desequilibrio de las economías capitalistas modernas y el regreso a los principios de la economía política, subrayando la naturaleza dual economía-política de todas las sociedades.

De las características de la desigualdad moderna

Uno de los puntos metodológicos medulares del trabajo de Piketty consiste en el reconocimiento de las diferencias estructurales de la desigualdad de ingreso visàvis la desigualdad de la riqueza. El economista francés no está tan interesado en publicitar los exorbitantes niveles que ha alcanzado la desigualdad en países como Estados Unidos como lo está en entender su dinámica y estructura para con ello comprender su efecto en la dinámica política. Es por esto que se enfoca no en el nivel de desigualdad per se, sino más bien en su estructura, es decir, en los orígenes de las disparidades del ingreso y la riqueza entre los grupos sociales y los varios sistemas económicos, sociales y políticos que han sido invocados para justificar o condenar esas disparidades (Piketty, 2014, p. 18).

Bajo esta visión, la desigualdad no es un fenómeno atemporal o lineal, sino que presenta distintas caras en distintos lugares y momentos dependiendo de los factores institucionales y políticos en juego. Por ejemplo, existen distintos mecanismos detrás de la generación de desigualdad de ingreso y de riqueza. En particular, los mecanismos detrás de la desigualdad del ingreso incluyen la demanda diferenciada por distintos grados de preparación (skills), el estado del sistema educativo y las varias reglas e instituciones que afectan la operación de los mercados laborales y la determinación de los salarios (Piketty, 2014, p. 243). Por otro lado, la reproducción de la riqueza tiene que ver con las características de los sistemas impositivos y la captura del sistema político. Si bien presentan orígenes distintos, es importante destacar la importancia de los sistemas políticos en la creación de ambos tipos de desigualdad. “[…] si la desigualdad extrema es o no sostenible depende no solo de la efectividad del aparato represivo, sino también, y quizá de forma más relevante, de la efectividad del aparato [político] de justificación de esta” (Piketty, 2014, p. 264).

Es este aparato de justificación política el que anida en los sistemas de creencias o valores sociales de tal forma que en la actualidad, nos dice el autor, existen dos formas distintas por las que una sociedad puede llegar a tener una desigualdad extrema: una sociedad “hiperpatrimonialista” (sociedad de rentistas) en donde la riqueza heredada es muy importante, o una sociedad “hipermeritocrática”, muy desigual pero donde la jerarquía del ingreso está dominada por altos ingresos de “superestrellas” y no por la riqueza heredada.

En suma, la estructura de la desigualdad es producto de las instituciones, que a su vez se producen y reproducen bajo contextos políticos fundados sobre los sistemas de creencias específicos de un país en cierta época. Conclusión: ¿es más difícil gobernar un país más dividido?

Tan importante como los avances metodológicos de Piketty y sus coautores ha sido el retorno de la economía política gracias a economistas como Acemoglu y Robinson, quienes han presentado importantes teorías sobre la inexorable relación entre la economía y la política.

Si bien el capitalismo es el mejor modelo económico conocido por el hombre para lograr la eficiencia productiva, responde a su vez a la lógica amoral del mercado asignando recursos a quien más tiene, y por tanto generando concentración tanto del ingreso como de la riqueza. El problema es que la lógica amoral del mercado tiende a permear al resto de los ámbitos de la vida en sociedad dañando con ello los principios del modelo democrático y mermando su capacidad de controlar a los mercados, generando así un círculo vicioso en el que la concentración económica genera concentración del poder político, distorsionando las decisiones tanto políticas como económicas, con lo que tiende a haber un alejamiento de los valores públicos y, sobre todo, del bien común (Bozeman, 2007).

En este contexto es posible argumentar que la desigualdad económica, que se caracteriza por sociedades polarizadas donde la riqueza se encuentra concentrada en unas cuantas manos mientras una gran mayoría de la población permanece pobre, afecta la calidad de las instituciones de un país (Acemoglu y Robinson, 2005). Una muestra de ello es la batalla campal de las fuerzas políticas y ciudadanas en nuestro país en torno al naciente Sistema Nacional Anticorrupción (sna), que está trabado en torno a la declaración patrimonial de los políticos, renuentes a reconocer ante el pueblo su patrimonio y aceptar, con ello, que pertenecen a una élite muy distante del mexicano promedio y, por tanto, con necesidades de bienes públicos ampliamente distintas a las del grueso de los mexicanos.

Quién gana y quién pierde como resultado del funcionamiento de los mercados es un componente clave para el funcionamiento del sistema político, un indicador de la cohesión social y, cada día más, un excelente predictor de quién posee el poder político en los países.

Ante esta realidad la verdadera vocación del Estado debe ser la de aislar al sistema democrático de las dinámicas amorales de la ideología de mercado. Solo así puede asegurar la protección de la estabilidad política y social y, con ello, asegurar el progreso económico de largo plazo, único garante de una mejor calidad de vida para todos los habitantes de un país.

A pesar del riesgo de captura del sistema político, la democracia sigue siendo el único modelo político capaz de controlar al capitalismo y asegurar que el interés público se sobreponga al privado. Sin embargo, si el sistema político no lucha contra la desigualdad económica, acabará por emular sus valores en detrimento de la calidad de las instituciones y con ello de la calidad de vida de todos.2 

Acemoglu, D., y J. A. Robinson, Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, Nueva York, 2005.

Bozeman, Barry, Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism, Georgetown University Press, Washington, D.C., 2007.

Gilens, Martin, Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America, Princeton University Press, Nueva Jersey, 2012.

Okun, Arthur, Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1975.

Piketty, Thomas, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Boston, 2014.

Sandel, Michael, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets, Penguin Books, Londres, 2013.

Tocqueville, Alexis de, La democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México, 1963.

You, Jong-Sung, Democracy, Inequality and Corruption: Korea, Taiwan and the Philippines Compared, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

1 Ver Martin Gilens (2012) y Jong-Sung You (2015).

2 Para más información sobre los estudios del IMCO, entra a nuestra página o síguenos en nuestras redes sociales.

Fuente:http://estepais.com/articulo.php?id=577&t=la-construccion-de-instituciones-en-sociedades-desiguales