¿La privatización de la educación en México?

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El pasado 6 de abril del año en curso, mediante el Diario Oficial de la Federación, se informó que el Instituto Politécnico Nacional ahora estaría controlado por la Subsecretaría de Educación Superior. Dicho acontecimiento provocó la alerta en ocho Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) y en el Centro de Estudios Tecnológicos (CET) “Walter Cross Buchanan”, por lo que suspendieron sus actividades en protesta por la adscripción de esta casa de estudios a la oficina del Secretario de Educación Pública. Es importante recordar que de igual manera el pasado 17 de septiembre de 2015, los alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco, iniciaron un paro de actividades junto a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (Upiicsa) y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Tecamachalco. Esto en rechazo a la aprobación de la propuesta de reforma al reglamento interno, así como al nuevo plan de estudios, ya que según los integrantes del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, se analizaron los 240 artículos del reglamento para realizar modificaciones pertinentes, las cuales fueron evaluadas y votadas de conformidad con la normatividad que rige a esta casa de estudios. En otras palabras, hubo una aprobación para la modificación del reglamento interno del IPN. Esto, desde la perspectiva de varios estudiantes, docentes, académicos y especialistas, vulnera la autonomía del IPN al permitir que terceros (así formen parte del sistema educativo) interfieran en las decisiones y reglamentaciones internas.

Este tipo de acontecimientos han puesto en la mira a una de las universidades públicas más prestigiadas del país, pero también han abierto el debate respecto a la autonomía de las instituciones de educación superior y al tema presupuestal destinado a las mismas. Dicho esto, hablemos del recorte presupuestal:

Según el periódico Reforma, el plan presupuestal que presentó la Secretaría de Hacienda relacionado al sector educativo propone recortes a las universidades más importantes del país, tales como; la UNAM, el IPN y la UAM. De acuerdo al documento titulado “Techos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, el Instituto Politécnico Nacional sufriría la mayor afectación por el recorte. La propuesta de Hacienda consiste en recortar el presupuesto de la institución en un 11.2%, al pasar de 3,522 millones de pesos en el año de 2015, a 3,127.5 millones en el año de 2016. O sea, 384.8 millones menos.

En segundo lugar está la UNAM, con una reducción de su financiamiento de 350.4 millones de pesos al pasar de 7,291.5 millones a 6,941.2 millones. Una reducción de 4.8%.

En tercer lugar se encuentra la UAM, con un recorte de 112.5 millones de pesos, por lo tanto, pasará de 1,677.5 a 1,565 millones de pesos. Una disminución de 6.7%.

Por otra parte, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional sufriría un recorte de 168 millones de pesos, para quedar en 340.6 millones en el año de 2016.

Por último, el Colegio de México se quedaría con 116.2 millones de pesos en el año de 2016, a diferencia de 2015, en el cual contó con 194.6 millones de pesos.

Lo increíble del asunto es que a pesar de los recortes presupuestales a las principales casas de estudios públicas, se sigan otorgando apoyos financieros a las universidades privadas. Tal es el caso de los llamados “Créditos Académicos”. Pese a que los modelos de estos créditos han fallado en otros países de América Latina, como por ejemplo en Colombia y Chile, en México se siguen entregando y aun así alrededor del 1% de las universidades privadas tienen el 100% de sus programas académicos reconocidos por su eficiencia, en contraste con los resultados que emergen de las públicas. Dicha realidad no requiere de un análisis minucioso para saber las causas de esta desproporción en los resultados. En pocas palabras, las instituciones privadas reciben, sino más presupuesto, menos trabas en su financiamiento por parte del gobierno que las instituciones públicas, por lo tanto, mejor inversión de capital da como resultado mayores resultados en investigación.

Haciendo uso brevemente de la Historia, es importante recordar que el Artículo Tercero Constitucional establece que la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior serán obligatorias en todos los estados del país y en la Ciudad de México. Pero ¿Por qué la educación superior no se ha incluido en este decreto? Desde mi interpretación, uno de los principales motivos es la famosa “Cuota de ingreso”. Mientras dicho pago que se exige en las universidades públicas de las entidades federativas y la Ciudad de México no se elimine, continuará la indefinición del esquema estatal semiprivatizado de educación superior, que hasta el día de hoy se ha incrementado en el país. Obviamente, la creación de infraestructura en el nivel medio superior y superior es urgente para satisfacer la enorme demanda de aspirantes que ansían poder continuar con sus estudios. O sea que, para eliminar estas cuotas de ingreso, primero se tienen que construir instituciones nuevas.

Toda cuota que sea visualizada como legal ante los ojos del gobierno, será aceptada bajo la discrecionalidad con la que los gobiernos estatales realizan sus aportaciones, transfiriendo recursos federales a las universidades públicas, cuya insuficiencia, corrupción y desvío de recursos en sus sistemas internos incrementa el inminente riesgo de imponer cuotas estudiantiles mucho más elevadas para cubrir con los faltantes. Este hecho está propiciando que algunas de estas instituciones sean descaradamente elitistas al excluir a gran número de aspirantes que no cuentan con los medios para pagar dichas cuotas.

Lógicamente, hay que tomar en cuenta otras causantes de esta tácita privatización educativa, pero debido a cuestiones de espacio y tiempo no se tocaron en este breve análisis. Lo que intento exponer con la mayor claridad posible son estos dos aspectos fundamentales que forman parte de la problemática; la disminución de la autonomía universitaria y las cuotas de ingreso. Mientras no se respeten las políticas internas de cada universidad pública y mientras se siga condicionando el ingreso a las mismas con fines de lucro, no se podrá decir que la educación en México es cien por ciento pública.

Eros Ortega Ramos
Licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana

Consulta la nota en: SDPnoticias

Fuente:http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/la-privatizacion-de-la-educacion-en-mexico

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