Hacia una política integral del envejecimiento

Por: María Angélica Luna y Parra1

 

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en el año 2030 en México habrá 14 millones de personas de más de 60 años, lo que equivaldrá al 10% de la población, es decir, más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años, y para 2050, la cifra se elevará hasta llegar a un 30% de la población. Esto es una clara expresión de la transición demográfica: por un lado, el decremento de los índices de mortalidad incrementa la esperanza de vida y, por otro, el cada vez más bajo índice de natalidad propicia la reducción de la proporción de jóvenes en el total de la población.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 1930 la esperanza de vida en nuestro país era de 34 años; en 1960 —tan solo 30 años después— se había elevado considerablemente, a 60 años, y para el 2000 aumentó a 75 años. Este incremento fue posible gracias a las mejoras científicas, tecnológicas y médicas; sin embargo, el avance está incompleto si no garantizamos la calidad de vida de las personas adultas mayores y si no se genera una nueva relación intergeneracional acompañada de una diferenciación en la conformación de grupos por décadas al interior del total de adultos mayores.

La esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre, pero esta diferencia no significa más años saludables; basta con reflexionar que a mayor edad existe mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas, las cuales afectan la funcionalidad física, mental y social de esta población. Además, las enfermedades crónicas durante la vejez conllevan un conjunto de efectos psicológicos y sociales que pueden traducirse en discapacidad, dependencia y depresión del adulto mayor, lo que repercute en todos los ámbitos: comunitario, familiar y personal. Todo esto pone a las mujeres, respecto a los hombres, en mayor desventaja social y de salud.

También existen diferencias de género en cuanto a la discapacidad del adulto mayor. Los principales tipos de discapacidad corresponden al área motriz, seguidos de la visual y la auditiva. Los problemas motrices y visuales afectan mayormente a las mujeres, situación que implica mayores cuidados especiales, mayor uso de servicios de salud y un mayor costo en la atención especializada para el sexo femenino.

Las políticas laborales han estado dirigidas a personas jóvenes; así, se subutiliza y desplaza la fuerza de trabajo de las personas adultas mayores, lo que provoca que este grupo no cuente con un ingreso permanente o no logre concluir el periodo mínimo de trabajo necesario para obtener una pensión. Esta situación los vuelve económicamente dependientes o acentúa su dependencia de terceros —como familiares, amigos e instituciones públicas— aún siendo capaces de participar en el mercado laboral.

Así, el retiro involuntario de la actividad laboral remunerada, y con ello la pérdida de ingresos por trabajo, en la mayoría de las ocasiones se convierte en un grave problema. Y es que, si bien la forma de retiro que se considera ideal es la jubilación, a través de una pensión adecuada y suficiente, como parte de un derecho adquirido, legislado y pactado, en México el derecho social al que menos acceso tiene la población es la seguridad social, y con ello el derecho a recibir una pensión. Esto, derivado de la nueva visión gerencial de la administración pública en la que no se otorga responsabilidad intergeneracional a los jóvenes respecto a los adultos mayores.

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, el 36% de las personas adultas mayores entrevistadas2 señalaron que su principal problema es la situación laboral; también mencionaron como problemas las situaciones que viven en cuanto a salud y discapacidad (15.1%); discriminación, intolerancia y maltrato (9.9%); falta de apoyo y oportunidades del Gobierno (7.3%); lo económico (6.9%); falta de cuidados familiares, soledad y abandono (5.3%); inseguridad (2.6%), y problemas de transporte, para salir a la calle y/o espacios inadecuados (1.4%), entre otros.

Además, 56.8% de las personas mayores consideró que sus ingresos son insuficientes, mientras que el 3.7% no recibe ningún ingreso. Adicionalmente, manifestaron que los entornos no resultan favorables para sus condiciones y pueden llegar a dificultar su movilidad, sobre todo en casos de discapacidad. Esto obliga a pensar en la idea de ciudad amigable, un espacio que protege a sus habitantes de las amenazas y agresiones externas, concebido justamente como se hizo en la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales celebrada en Estambul:

El lugar fundamental de interacción y de intercambio social, ya que es y debe ser el asentamiento básico en donde confluyan las posibilidades de crecimiento y de desarrollo sostenibles de bienestar y de cohesión social y, sobre todo, de capacidad de adaptación, de innovación técnica, social, cultural y política. Es ahí, en las ciudades, donde debe inventarse y reinventarse el futuro de sus habitantes y generarse una visión renovada del progreso de la humanidad y del devenir de nuestras civilizaciones.

Si bien aún nos falta mucho por avanzar en el ejercicio de los derechos y en el diseño de políticas públicas orientadas a atender el envejecimiento de nuestra sociedad, una de las medidas prioritarias que se han tomado es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, aprobada a nivel federal en abril de 2002, y en el Distrito Federal dos años antes, por la Asamblea Legislativa del D.F. de la que formé parte.

Esta ley ha contribuido a la construcción de un marco jurídico general que favorece las condiciones óptimas y mejora la calidad de vida de las personas mayores, con la puesta en práctica de políticas y programas que permiten un proceso de envejecimiento digno.

Sin embargo, este marco normativo ha carecido de los mecanismos adecuados para su implementación y de una filosofía de derechos que tome relevancia más allá de los presupuestos asignados.

La ley señala que el adulto mayor debe gozar de derechos especiales que permitan mejorar su calidad de vida y favorecer su inclusión social; estos derechos incluyen aspectos relacionados con la vivienda; la alimentación; el vestido; el acceso al agua y los servicios de salud; las oportunidades laborales y los entornos seguros, adaptables a sus preferencias y sus capacidades en continuo cambio; el disfrute de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad; los espacios libres de barreras arquitectónicas para el fácil acceso y desplazamiento; los servicios de salud preventivos y de tratamiento; el trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza, discapacidad y otras condiciones, y, finalmente, una vida segura, libre de explotación y maltrato físico y mental.

Debemos destacar también que la Ley promueve la participación activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las políticas públicas que afectan su bienestar. En este sentido, el pasado 12 de febrero de 2016, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley con el objetivo de ampliar y contemplar conceptos en materia de garantías y eliminar los tratos discriminatorios. La reforma contempla la prevención de cualquier acción que tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades, así como una modificación al Artículo 8, en donde señala que ninguna persona adulta mayor podrá ser marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por su origen étnico o nacional, edad, discapacidades, condiciones de salud, religión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o por cualquier otro motivo que atente contra su dignidad humana.

Es importante que los adultos mayores conozcan y hagan efectivos sus derechos. Para ello, se requieren acciones conjuntas e integrales de los sectores público y privado y de la sociedad civil, a efecto de evitar el olvido en que viven algunas personas al llegar a esta etapa. Es necesario trabajar conjuntamente para promover el mejoramiento de su calidad de vida; establecer accesos preferentes a los servicios médicos; recibir orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal.

Corresponde a los organismos autónomos de derechos humanos, fundamentalmente, la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de las personas adultas mayores; a las y los impartidores de justicia, su protección; a los tres niveles de Gobierno, implementar políticas públicas que permitan el libre y real ejercicio de estos derechos, y a la ciudadanía en su conjunto, respetarlos en su totalidad.

Es necesario difundir estos derechos y los principios que deben regir las acciones para hacerlos valer, tales como la autonomía y autorrealización, la participación, la equidad, la corresponsabilidad y la atención preferente. Los organismos públicos de derechos humanos deben velar por que el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas dirigidas a las personas adultas mayores partan de una visión integral de los derechos de estas, para fomentar su independencia e integración intergeneracional en condiciones de igualdad, a través de la formación de una sociedad incluyente y respetuosa de su dignidad humana, con una norma de inclusión.

Nuevas políticas públicas

Los jóvenes deben concientizarse, reconocer la valía de la vejez, coadyuvar en el reposicionamiento de los adultos mayores en la sociedad e integrarlos en la dinámica familiar y social de una forma más equitativa y más justa, de manera que cuando hablemos de una “cultura del envejecimiento”, estemos hablando de toda una construcción social de principios, valores, visiones, situaciones, oportunidades, comunicaciones y normas que propicien una vida benéfica, activa y saludable, fundamentada en la corresponsabilidad Gobierno-sociedad.

Una política pública destacable en el marco de la corresponsabilidad es el programa operado por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México “Médico en tu casa”, cuyo objetivo primordial es brindar atención médica a la población vulnerable, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos terminales, así como disminuir el índice de mortalidad materno-infantil. A casi un año de implementarse este programa, los médicos han visitado un millón 600 mil viviendas y han atendido a 120 mil personas adultas mayores, 133 mil personas en situación de vulnerabilidad y 19 mil 400 mujeres embarazadas, a quienes además han ofrecido otros servicios y programas sociales operados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Recientemente, y debido al impacto de este programa, se ha sumado, tanto en las labores domiciliarias como telefónicas, el Instituto Politécnico Nacional, con la participación de 106 pasantes en servicio social y 3 mil 500 alumnos y pasantes de todas las profesiones relacionadas con el tema. Reconocer buenas prácticas e instrumentarlas en todo el territorio nacional debe ser un ejercicio sencillo, forzoso y recurrente en nuestra sociedad.

Mujeres cuidadoras primarias

Debemos estar conscientes de que el incremento de la población adulta mayor no solo impacta en el Sistema de Salud, sino que impone desafíos a la organización familiar, así como cargas adicionales de trabajo para los cuidados, especialmente para las mujeres, quienes realizan mayoritariamente este trabajo. Por ello, la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, durante el ejercicio fiscal 2014, otorgó al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), a través del Programa de Coinversión Social (pcs), un monto de 10 millones de pesos para el apoyo a mujeres cuidadoras primarias en los hogares. Este programa opera mediante convocatorias abiertas dirigidas a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y centros de investigación para la ejecución de proyectos de desarrollo social.

El pcs trabaja bajo un esquema de coinversión, sumando los recursos gubernamentales con los de los actores sociales para realizar estos proyectos. En este marco, para la elaboración de la convocatoria de Apoyo a las Mujeres Cuidadoras Primarias en los Hogares se realizó un trabajo coordinado con la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de las Mujeres, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y académicas, a través de grupos de reflexión en los que se identificaron las principales áreas de oportunidad en el tema del cuidado, así como las experiencias que había al respecto.

En estos grupos se señaló que existen dos tipos de cuidados, principalmente: (1) los que se brindan de manera formal a través de las instituciones creadas para este fin y de personas que se contratan para realizar este trabajo, y (2) aquellos que se proporcionan de manera informal, generalmente por parte de familiares y personas cercanas (amigos). Cabe destacar que son las mujeres quienes generalmente proporcionan este tipo de cuidados, y un alto porcentaje de ellas también son adultas mayores, quienes cuidan en ocasiones a más de una persona dependiente que puede ser adulta mayor, con discapacidad, con enfermedad terminal o crónico degenerativa, y/o menor de edad.

Respecto al primer grupo, es necesario señalar las problemáticas que se presentan por el incremento de las necesidades de las personas que cuidan desde las instituciones, así como por las condiciones del personal voluntario y por honorarios que carece de seguridad social, además de la poca atención a la salud física, mental y emocional, lo que repercute también en la calidad de vida de la persona dependiente, en este caso adulta mayor. En relación con las cuidadoras no remuneradas en los hogares, se identificaron las siguientes características:

  • Carecen de entrenamiento, capacitación, apoyo, contención y redes sólidas;
  • Sienten angustia de morir antes que la persona a quien cuidan;
  • De no hacerse responsables de las personas que necesitan cuidado, presentan sentimientos de culpa;
  • En ocasiones, viven episodios de violencia y/o ejercen violencia hacia la persona que cuidan;
  • Sienten soledad, depresión y ansiedad;
  • Suelen descuidar su salud y bienestar personal, y
  • Carecen del apoyo de otras personas.

A raíz de estos hallazgos, se elaboró la convocatoria de Apoyo a las Mujeres Cuidadoras Primarias en los Hogares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2014, año en que se impulsaron 35 proyectos con un monto de 10.5 millones de pesos. La convocatoria tuvo como principal objetivo promover una cultura de corresponsabilidad social en el trabajo de cuidados a través del diseño y ejecución de mecanismos, modelos de atención o acciones con perspectiva de género en apoyo a las mujeres cuidadoras primarias de personas con discapacidad, enfermos y personas adultas mayores en los hogares, que permitiera sentar las bases para el diseño de políticas públicas nacionales en la materia y fomentar la corresponsabilidad Gobierno-familia-sociedad.

En el ejercicio fiscal 2015, se otorgó al pcs un monto de 15 millones de pesos para el apoyo a mujeres cuidadoras primarias, y se impulsaron 65 proyectos que trabajan el tema de cuidados, con 15 millones 966 mil 427 pesos, beneficiando a un total de 9 mil 814 mujeres y 7 mil 21 hombres.

En 2015, se presentaron los resultados de los grupos de trabajo de la Red de Cuidados ante la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Asimismo, la diputada Eugenia Flores, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la lxi Legislatura del estado de Zacatecas, presentó un Punto de Acuerdo con el propósito de concertar las bases para la creación y puesta en funcionamiento de un programa estatal intersecretarial que apoye de manera integral a las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad en las áreas de salud, atención psicoemocional, soporte económico, capacitación para el autoempleo y esparcimiento recreativo.

En las diversas convocatorias emitidas por el Indesol durante 2014 y 2015, se apoyó a 172 proyectos con incidencia en las 32 entidades federativas del país, mayoritariamente en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla y Sonora (ver la Gráfica).

Actualmente, en seguimiento a los logros alcanzados, se trabaja de manera articulada mediante una Red de Cuidados integrada por organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y academia, la cual tiene los siguientes retos para 2016: elaborar una publicación sobre las experiencias, logros y alcances en el tema de los cuidados; mantener el tema visible en las comunidades; destinar recursos para fortalecer los proyectos de continuidad, ya que no hay dinero etiquetado en 2016; trabajar en un Punto de Acuerdo con el Congreso de Morelos; continuar visibilizando el trabajo no remunerado que realizan las mujeres cuidadoras; reconocer el cuidado como un derecho de las personas e impulsar una ley que lo reconozca, y fortalecer alianzas con instancias públicas y privadas para fomentar el trabajo integral en el tema del cuidado.

Gobierno y ciudadanía tenemos que caminar de la mano para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. Una cultura del envejecimiento y la inclusión social darán lugar a profundos cambios en nuestra manera de ser y de pensar; tendremos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida, a nuevas normas sociales emergentes relacionadas con la edad, a cambios en las relaciones laborales, familiares y sociales, y a la infraestructura que nos rodea.

Promover una cultura del envejecimiento permite construir una sociedad sana, activa, incluyente y digna. Debemos lograr un equilibrio en las oportunidades y reconocer los aportes de la vejez. “Lo que como joven aprendes hoy, debe ser valorado mañana”. 

1 Con la colaboración de Ma. Antonia González del Castillo y Elizabeth García Rivera.

2 En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

3 Fuentes empleadas para la elaboración de este trabajo: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, julio de 2002; Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, junio de 2015; principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 de los Estados Unidos Mexicanos; M. G. Moreno y M. H. Badii, Desafíos de las políticas públicas para enfrentar el proceso del envejecimiento de la población mexicana, 2009; Gloria M. Rubio y Francisco Garfias, Análisis comparativo sobre los programas para adultos mayores en México, Naciones Unidas/CEPAL, Serie Políticas Sociales núm. 161, Santiago de Chile, mayo de 2010; Enadis 2010; Instituto Nacional de Desarrollo Social, informes anuales 2014 y 2015, y www.conapo.gob.mx, www.inegi.gob.mx ywww.diputados.gob.mx.

Fuente:http://estepais.com/articulo.php?id=497&t=hacia-una-politica-integral-del-envejecimiento

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