La educación superior vive en el anacronismo legal

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Es necesario que las universidades  colaboren en la creación de procesos e instrumentos que legislen este nivel educativo.

Es necesario que las universidades colaboren en la creación de procesos e instrumentos que legislen este nivel educativo.

 

La educación superior vive en la bruma legislativa. Padece anacronismos y rezagos en la normatividad que la rige. La Ley de la Coordinación de Educación Superior vigente data de 1978.
Decenas de normas que le afectan han sido puestas en vigor y han cambiado el entorno y sus propias realidades. Y la legislación es la misma.
Demandan con urgencia un marco legal actualizado que responda de manera directa a los desafíos que enfrenta. Sin medias tintas ni cambios a medias, mediocres, inocuos.

Se trata de que se le dote de herramientas suficientes en un escenario internacional que implica redoblar esfuerzos en materia de calidad, pertinencia, financiamiento, gestión, transparencia, cobertura, equidad y gobernabilidad.
Esas son las aristas que una Ley de Educación Superior debe cubrir y coordinar y hacia debe apuntar el debate y el consenso de un tema que ha retomado importancia en la agenda.
Y aunque no se trata de la primera vez que se coloca en la mesa, la intención es sacarlo adelante lo más pronto posible y consolidar una legislación que permita llenar los vacíos que hay en la educación superior del país.
A decir de especialistas y de los propios implicados en el tema, es momento idóneo para elaborar esa regulación que por muchos ha exigido el sector. La palabra, apuntan, la tienen y es responsabilidad de todos los actores.
Intentos fallidos

El asunto de modificar la legislación no es nuevo. En legislaciones anteriores se han presentado iniciativas, puntos de acuerdo y proyectos para modificar una legislación que a decir de los propios especialistas, requiere una actualización urgente.
Uno de las últimas iniciativas que se presentó en la Cámara de Diputados fue en 2004. La legisladora Consuelo Camarena Gómez, entonces secretaria de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara baja, se pronunció por modificar el marco legal de este nivel escolar.
De acuerdo con Camarena Gómez, uno de los principales objetivos, y que no garantiza la actual legislación, era el incremento de la cobertura con equidad, no para ampliar y diversificar la oferta educativa, sino para acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso.

“Obtener altas tasas de titulación o graduación; tener profesores competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, organizados en cuerpos académicos; que las universidades e instituciones brinden currículos actualizados y pertinentes”, sostiene.
Asimismo, explica, que las autoridades educativas, en coordinación con organismos no gubernamentales, establezcan procesos e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los aprendizajes.
Incluso, expresa, “disfrutar de sistemas eficientes de gestión y administración; y un servicio social articulado con los objetivos del programa educativo.

“A estos retos y ventanas de oportunidad son a las que nos enfrentamos como legisladores, cuando nos avocamos a realizar un ejercicio de modificación y reforma a las normas que regulan el susbsistema educativo de nivel superior”, apunta.
Y es que el problema, reconoce, es que varias de estas metas no corresponden al ámbito jurídico del legislador. Se requiere del concurso y compromiso de los tres niveles de gobierno, “de los académicos, trabajadores, directivos, estudiantes, egresados, las organizaciones profesionales, empresas y la sociedad en su conjunto”.
“Debemos perseguir una misma meta, es ahí donde los actores a nivel nacional deben brindar esa coordinación entre las entidades federativas, la responsabilidad por supuesto es compartida”.

Retoman camino
Ahora, como parte de la reestructura que se ha implementado en otros niveles educativos, la modificación del marco legal de la educación superior tomó forma y se pretende presentar pronto una propuesta consensada en la que participen varios actores.
Roberto Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que para regular todas estas tareas, falta, desde luego, una norma, que puede ser federal, o una ley especial con jurisdicción federal.

“Primero, porque no la tenemos, la mayoría de los países en el mundo tienen leyes de educación superior específicas, orgánicas, nacionales; en segundo lugar porque este déficit normativo ha sido cubierto por un conjunto muy básico con disposiciones ad hoc, pero es un conjunto abigarrado, disperso y en algunos aspectos contradictorios”, dice.
Explica que frente a este escenario, es urgente abrir los cauces hacia la formulación de una ley para la educación superior, o en su defecto, un título especial dentro de la Ley General de Educación dedicada a este nivel educativo de manera exclusiva.
En ese sentido, Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), advierte si bien temas como la evaluación de los profesores, la actualización de los planes de estudio, la formación de los docentes se han debatido antes, es fundamental actualizar la normatividad de la educación superior.
“Necesitamos cambiar de paradigmas, los que sirvieron al desarrollo de la educación superior, en su momento, ya no son vigentes, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior ya tiene más de 38 años de vida, creo que tenemos que buscar actualizar, modificar esa ley”, comenta.

Para el ex-secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es momento de retomar iniciativas, como el proyecto que se elaboró años atrás en este organismo, y que se denominó “Ley para la Coordinación, la Evaluación y Financiamiento de la Educación Superior”.
A decir de Fernández Fassnacht sabe que en temas como la evaluación, el financiamiento, la modalidad a distancia, el actual marco legal está rebasado y no han sido normados de manera adecuada.
“En esta ley se definen conceptos como modalidades, tipos de educación superior, autorización, reconocimiento y validez oficial, equivalencias, revalidaciones, doble titulación, titulación conjunta, titulación simultánea y progresiva.
“Se plantea la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, que tenga facultades, entre otras, de proponer modelos de financiamiento plurianual, para desarrollar el Sistema para la Evaluación, la Acreditación y Certificación de la Educación  Superior, y políticas para el otorgamiento de autorizaciones, reconocimientos de validez oficial de estudios, equivalencias y revalidaciones”, apunta.
Se trata de un proyecto que, recuerda, ya no alcanzó a debatirse al seno de la ANUIES durante su gestión, pero debe tomarse en cuenta dentro de este debate.
“En cuanto a las implicaciones de dejar las cosas como están, ya a estas alturas, empezamos a ver descoordinación y desorden, afecta principios como la laicidad, la gratuidad y, en última consecuencia, un posible deterioro de la educación superior”, advierte.

Alternativas necesarias
Para Salvador Malo Álvarez,  Director General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es momento propicio para hacer cambios fundamentales en este nivel educativo.
“Creo, incluso, que nos estamos retrasando de lo que pasa en el resto del mundo, ciertamente creo que no es porque pase en el mundo, sino se trata del contexto de la educación superior, la educación superior se está transformando de manera radical, el mismo reporte de la UNESCO de 2009, habla de que en los últimos años se está creando una revolución académica sin precedentes”, apunta.
Por eso, cuestiona Malo Álvarez, si se va a legislar en la materia, y si en verdad se va a hacer de fondo, se tienen que definir de manera clara las metas y los objetivos de manera coordinada.

“Porque estamos hablando de una legislación a un nivel constitucional, hay que tener mucho cuidado, cuando es clarísimo que la educación superior en México se ha venido retrasando con respecto a la educación superior internacional”, comenta.
Sin embargo, el funcionario reconoce que los cambios al marco legal que rige a la educación superior no van a resolver los problemas que enfrenta este nivel educativo.
“Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué queremos hacer al interior de nuestras instituciones y los cambios que queremos hacer al interior de los estados, al interior de los sistemas de educación superior.
“Porque si bien es cierto que nuestra educación superior ha crecido de manera extraordinaria, la realidad es que simplemente es más grande de lo que era hace tiempo, el grueso de la población sigue atendiendo a las licenciaturas.

“El 85 por ciento de la población en educación superior está en licenciatura, unos cuantos se han trasladado a las maestrías y al doctorado; 7 por ciento a maestrías y especialidades, uno por ciento al doctorado”, puntualiza.
Y es que si bien se trata de una mejora comparativamente a lo que se reportaba hace 30 años, no se ha dado un cambio cualitativo porque no se han modificado las formas de aprendizaje, los programas de enseñanza, el número de personas que estudian y los métodos para que en la transmisión del conocimiento juegue un papel menos central el profesorado.
“Creo que tenemos que tomar muy en cuenta qué es lo que nos corresponde a las instituciones hacer para transformar la educación superior; cualquier programas educativo que no aterrice en un cambio en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, es una buena idea, y lo mismo diría de las leyes.
“Si hacemos una buena ley, pero no aterriza esa ley en cambiar las prácticas de enseñanza-aprendizaje todos los días, no estaremos teniendo una transformación de la educación superior”, finaliza.


Delinear legislación
María de Ibarrola Nicolín, especialista del Departamento de Investigación Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dijo que existe un cuerpo legal disperso, fragmentado, poco pertinente e insuficiente.
Incluso, apunta, hay “efectos perversos” porque hay normativas, reglamentos, leyes, que conducen a efectos diferentes a los que se persiguen y ese es un punto que se debe revisar en este debate.
“Por ejemplo, considerar la cantidad de instituciones de educación superior que no cumplen con la idea de generación, creación y difusión del conocimiento, sino que simplemente lo transmiten de manera lineal, y hay una gran cantidad que están en ese sentido”, apunta.

En tanto, Marisol Silva Laya, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación la Universidad Iberoamericana (UIA), la actual legislación es obsoleta y desfasada, que no responde a un sistema que se ha construido después de casi 40 años.
“Creo que es necesaria una ley de educación superior, la ley, además de regular la educación superior, como es lógico y corresponde a un instrumento jurídico, tendría que garantizar el cumplimiento del derecho a la educación y a la posibilidad de garantizar el acceso de los jóvenes a este bien público”, expresa.
Y es que, considera, al pensar en una legislación de esta magnitud, también se debe considerar la función social que la educación superior cumple en el país.
“Tiene que ver con abrir posibilidades de desarrollo a la juventud, a la que está destinada, si nos embarcamos en un proyecto tan importante, de tal envergadura, tendría que ser una Ley General y no solamente como está planteado al hablar de una Ley de Coordinación; creo que la realidad del país requiere de una ley con un mayor alcance”, comenta.

Fuente:http://campusmilenio.mx/index.php/template/reportaje-y-ensayo/reportes/item/4167-la-educacion-superior-vive-en-el-anacronismo-legal

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