Más de la mitad de los empleos en México son informales: INEGI

30 millones de personas laboran en el sector informal: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Hand climbing vía Shutterstock

 

El empleo en México subió al cierre de 2015, pero más de la mitad de los puestos eran del sector informal, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De 53.8 millones de personas económicamente activas, 2.2 millones de personas estuvieron desempleadas en octubre-diciembre de 2015 y 51.6 millones de personas se encontraban ocupadas, cifra mayor en 1.7 millones de personas frente a la reportada el mismo periodo de 2014.

Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que en el cuarto trimestre de 2015 todas las modalidades de empleo informal sumaron 30 millones de personas, para un avance de 4 por ciento respecto a igual periodo de 2014 y representó 58.2 por ciento de la población ocupada.

De manera detallada, 14.3 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, cifra que significó un incremento de 4.6 por ciento anual y constituyó 27.8 por ciento de la población ocupada; 2.3 millones corresponden al servicio doméstico remunerado; 6.2 millones al ámbito agropecuario, y otros 7.2 millones al de las empresas, gobierno e instituciones.

El desempleo disminuyó en octubre-diciembre de 2015 a una tasa anual de 4.2 por ciento en comparación con el 4.4 por ciento reportado en el mismo trimestre de 2014.

Fuente: sinembargo.mx

Advertisements

La revolución digital necesita el apoyo de complementos analógicos para desplegar todo su potencial

Image

 

  • Las tecnologías digitales se han extendido en todo el mundo, pero 4000 millones de personas todavía no tienen acceso a Internet.
  • Eliminar la brecha digital debería ser una prioridad a nivel mundial para impulsar el crecimiento, crear empleos y mejorar la prestación de servicios, según un nuevo informe.
  • Es más probable que los países cosechen los “dividendos digitales” si ponen atención tanto en los factores tecnológicos como en los factores analógicos.

En el mundo, actualmente hay más personas con acceso a teléfonos móviles que a electricidad o suministro de agua. ¿Esto significa que la revolución digital de verdad ha comenzado?

La respuesta a esta pregunta es no, no todavía, de acuerdo al Informe sobre el desarrollo mundial 2016 dedicado al tema de Internet, preparado por el Banco Mundial y cuyo título es “Dividendos digitales”.

Las tecnologías digitales se han extendido rápidamente en las últimas dos décadas y se ha generado un gran entusiasmo acerca de las posibilidades que ofrece la era digital. Pero los beneficios esperados —mayor productividad, más oportunidades para los pobres y la clase media, mayor rendición de cuentas de los Gobiernos y las empresas— no han llegado a todos por igual y a todos los lugares, tal como se anticipó, señala el documento.

“Claramente, el potencial es enorme”, dice Deepak Mishra, economista del Banco Mundial y codirector del informe, una de las publicaciones emblemáticas del Banco Mundial.

“Compartimos el optimismo de Silicon Valley cuando se trata del potencial transformador de las tecnologías digitales. Pero no en el sentido de que los beneficios están garantizados y son automáticos”, señala Mishra. “Creemos que traducir las inversiones digitales en dividendos es mucho más difícil que lo manifestado antes por muchos expertos”.

“Dividendos digitales”, un estudio de las últimas investigaciones, datos y bibliografía sobre la economía digital, plantea que se necesitan realizar mayores esfuerzos para que más personas tengan acceso a Internet y crear un entorno que propicie los beneficios de las tecnologías digitales para todos.

Si bien el total de usuarios de Internet se ha triplicado en una década, a una cifra estimada de 3200 millones, casi el 60 % de la población mundial —aproximadamente 4000 millones de personas— aún no tiene conexión a Internet, según el informe.

Y a pesar de la rápida adopción de los teléfonos móviles, alrededor de 2000 millones de personas no usan uno de estos aparatos. Casi 500 millones viven fuera de zonas con señal de telefonía móvil.

Las personas que no tengan acceso a las tecnologías digitales ni a la educación y las habilidades para aprovechar estas tecnologías se verán cada vez más rezagadas a medida que el mundo avanza, advierte el informe.

“El acceso universal [a Internet] es una prioridad”, dice Uwe Deichmann, el otro codirector de “Dividendos digitales”.

Si bien las tecnologías digitales no son un atajo para alcanzar el desarrollo, pueden ser un elemento acelerador del desarrollo si se usan de una manera adecuada, agrega Deichmann.

“Vemos muchos resultados insatisfactorios e inversiones desperdiciadas. Es bastante sorprendente la cantidad de proyectos de gobierno electrónico que fracasan”, dice Deichmann.

“Si bien la tecnología puede ser muy útil de muchas maneras, no nos ayudará a sortear los fracasos en materia de desarrollo en las últimas dos décadas. Todavía tenemos que cubrir lo básico: la educación, el entorno empresarial, y la rendición de cuentas del Gobierno”.


Debemos asegurar que los beneficios de las nuevas tecnologías se distribuyan  ampliamente, en particular entre los pobres “
Jim Yong Kim

Presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim


Como parte de la investigación, el equipo del Informe sobre el desarrollo mundial 2016 realizó consultas en 29 países y se reunió con ejecutivos de empresas tecnológicas de todo el mundo. Asimismo, se contó con la guía de un Panel Asesor, compuesto por un presidente, un exprimer ministro, expertos tecnológicos, académicos y ejecutivos empresariales.

El informe aborda la función de Internet en la promoción del desarrollo, lo que incluye el crecimiento, el empleo y la prestación de servicios. También analiza los riesgos de la era digital: la creciente concentración en muchos sectores, el aumento de la desigualdad debido a la automatización y desaparición de algunos tipos de empleos, y la amenaza de que Internet se use para controlar la información en vez de compartirla.

Un mensaje clave es que ciertos complementos “analógicos”, o no digitales, como por ejemplo políticas y regulaciones, son necesarios para garantizar que el mercado digital sea competitivo y que Internet amplíe el acceso a la información, reduzca el costo de la misma, y promueva sociedades más inclusivas, eficientes e innovadoras.

Las tecnologías digitales amplifican el impacto de las buenas y malas políticas, de modo que la falta de reformas significa quedar rezagados respecto de los que introducen reformas, señala el informe.

“Si las regulaciones inhiben la competencia, aumentará la concentración de los mercados, y se producirán monopolios digitales, y divergencia en los resultados en los países”, dice Mishra.

De la misma manera, “si las personas tienen las habilidades apropiadas, las tecnologías digitales les ayudarán a ser más eficientes y productivas, pero si faltan dichas habilidades, terminará habiendo mercados de trabajo cada vez más polarizados y un aumento de la desigualdad”.

En los países en desarrollo y en varios países de ingreso mediano grandes, la tecnología ha llevado a la automatización de trabajos rutinarios, como ciertas tareas en las fábricas, y de algunos empleos administrativos. Mientras algunos trabajadores se benefician, “una gran proporción” de ellos se ven obligados a competir por empleos con baja remuneración que no pueden ser automatizados, señala Deichmann.

“Lo que estamos viendo es una reestructuración de los empleos más que una eliminación de los mismos, lo que los economistas han denominado un vaciamiento del mercado de trabajo. Se observa que el porcentaje de empleo en ocupaciones de capacitación media disminuye y que aumenta la proporción de empleo en las ocupaciones poco calificadas”, explica.

Mejorar la educación y repensar los métodos de enseñanza será crucial para preparar a las personas para los futuros mercados laborales, sostiene el informe.

El documento señala que es importante tener en cuenta que el desplazamiento del empleo provocado por el cambio tecnológico es parte del progreso económico, y que los temores por el “desempleo tecnológico” se remontan a la época de la Revolución Industrial.

Si bien el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es un segmento bastante pequeño de la economía mundial (alrededor del 7 % del PIB en Estados Unidos, país que alberga a 8 de las 14 compañías de tecnología más grandes del mundo en términos de ingresos, pero considerablemente menor en los países en desarrollo), ha producido algunos beneficios extraordinarios en el resto de la economía.

El acceso a las tecnologías digitales ha creado oportunidades que antes no estaban al alcance de los pobres. Alrededor de 8 millones de emprendedores en China usan el comercio electrónico para vender mercancías, de los cuales un tercio son mujeres. La identificación digital en India ha reducido la corrupción y ha aumentado el acceso a los servicios. Y en África se usan simples mensajes de texto a través de teléfonos móviles para recordar a los pacientes con VIH que tomen sus medicamentos.

“La mayor revolución digital que ocurre en el mundo está transformando los negocios y la administración pública, pero los beneficios no son automáticos y tampoco están garantizados”, dijo el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Debemos asegurar que los beneficios de las nuevas tecnologías se distribuyan ampliamente, en particular entre los pobres. La evidencia muestra que podemos hacer esto, mediante el fomento de la competencia entre las empresas y la inversión en las personas, empezando con las madres embarazadas para asegurar que todos los niños tengan las habilidades cognitivas que les permitan ser parte más tarde de la revolución digital”.

Fuente:http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/01/13/digital-revolution-needs-offline-help-to-realize-its-potential?cid=EXT_FBWBES_D_EXT

Índice Global de Impunidad de México 2016 vía UDLAP

Existe una impunidad generalizada en todos los estados del país, esto de acuerdo al Índice Global de Impunidad de México (IGI Mex), realizado por la Universidad de las Américas Puebla. México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2015, también realizado por la UDLAP.

Mapa 2

Tabla

A nivel nacional los niveles de impunidad se pueden agrupar en cuatro grupos:
1) grados de impunidad por debajo del promedio
2) grados de impunidad ligeramente por encima del promedio
3) altos niveles de impunidad
4) grados muy altos de impunidad
La mayoría de las entidades se agrupan en niveles altos y muy altos de impunidad. La media de impunidad se encuentra en 67.42 y sólo 10 entidades tienen un índice de impunidad por debajo del promedio nacional.

Mapa entidades por grado de impunidad

Tabla mapa entidades

 

¿Cuáles son algunos de los principales hallazgos de este estudio?

  • Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza el INEGI, la impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana.
  • En nuestro país sólo se denuncian siete de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra negra en México desde 2013 alcanza un porcentaje no menor a 92.8% desde 2013, de acuerdo con la ENVIPE.
  • Los mexicanos no denuncian por pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades.
  • Del total de delitos consumados, solamente en 4.4% de los casos se da una sentencia.
  • La impunidad se debe entender como un fenómeno multidimensional y multicausal.
  • La impunidad surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países.
  • Todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) deben involucrarse para atender el problema de la impunidad.
  • La impunidad es un problema de gobernanza que ya rebasó a todas las instancias de gobierno, por lo que se necesita la atención y participación de otros actores no gubernamentales.

El IGI Mex es un estudio de análisis cuantitativo de datos oficiales de diferentes instituciones de seguridad y justicia de nuestro país el cual consta de 19 variables. Este reporte se construyó a partir del modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI).

Consulta todo lo relacionado con el Índice Global de Impunidad de México 2016 aquí.

Fuente:http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-global-de-impunidad-de-mexico-2016-via-udlap/

¿Tus datos personales están seguros con el internet de las cosas?

La interconexión digital de las cosas cotidianas con el internet requiere de otro nivel de seguridad que siga estos objetos en movimiento, a través de la nube.

Por: Daniel Casados

Llegamos a la era tecnológica en que los refrigeradores pueden ordenar la leche directamente a la tienda de comestibles, nuestro auto puede hacernos saber que estamos a punto de pasar junto al restaurante tailandés del que nuestros amigos están hablando en Facebook, o nuestra bomba de insulina puede alimentar datos directamente al médico. Esto es lo que llamamos el internet de las cosas (IoT) y ya está aquí, pero hay un inconveniente: la seguridad.

Edward Snowden, violaciones masivas de tarjetas de crédito y los hackers chinos han hecho de la seguridad del internet una constante preocupación en todo el mundo, pero mientras el tema de la seguridad está presente en todos los medios de comunicación, no está presente en nuestros gadgets y en nuestra tecnología.

La tecnología está en todas partes en nuestras vidas. Tu reloj inteligente ahora contiene datos médicos importantes. ¿Qué ocurre con esos datos, ya que son transmitidos a través de tu teléfono? ¿Podemos confiar en que éstos sean almacenados en algún lugar seguro de la nube? ¿Qué pasa con la capacidad de abrir tu automóvil desde tu teléfono, o incluso encenderlo –un hacker podría secuestrar nuestro trayecto–? Hoy confiamos ciegamente en la seguridad de muchas de estas innovadoras tecnologías.

A menos que integremos la seguridad en estas tecnologías, estaremos expuestos a grandes riesgos, y la tecnología cuya promesa era la de cambiar nuestras vidas para bien podría resultar en algo dañino.

Si la seguridad se incorporara a la perfección en cada teléfono inteligente, auto, termostato, impresora Wireless, etc., que esté conectado a internet, no tendríamos que hablar o incluso pensar en el riesgo de estos nuevos dispositivos, porque la seguridad simplemente estaría allí. No tendríamos que preocuparnos de lo que podría suceder cuando tomamos una foto de un cheque con nuestro teléfono o descargamos una película en nuestra tablet o TV.

Si esta seguridad se implementara de manera correcta, las posibilidades de innovación tecnológica no tendrían límites. Ya existen algunas herramientas para ayudar a este problema, pero asegurar un refrigerador o una casa inteligente es muy diferente de asegurar un ordenador portátil.

Los mensajes de la nevera que se dirigen al supermercado o de tu coche a Facebook pueden pasar por un ejército de tecnologías de seguridad que se han construido en la nube –un punto intermedio entre el dispositivo y el servicio con el que se está comunicando–. La seguridad en la nube puede garantizarte, por ejemplo, que el archivo de música que está siendo descargado en tu coche no contiene virus, también podría verificar la identidad de tu teléfono cuando estás hablando con tu termostato.

Éste es un modelo completamente diferente de hacer la seguridad en internet. En los días de las computadoras portátiles y de escritorio, la mayoría de nosotros instalamos un software antivirus para vigilar y protegerla. En el internet de las cosas, un termostato, un reloj o una bomba de insulina no tienen la capacidad de procesamiento o la vida de la batería para manejar una vigilancia constante.

Hay otro problema también: las técnicas que utilizamos para la seguridad en una red corporativa no fueron diseñadas para los dispositivos que se mueven de un lugar a otro.

En el pasado hemos construido el equivalente a altas vallas alrededor de la red de una empresa y después analizamos el tráfico que entraba por la puerta. En el internet de las cosas, los elementos a menudo están en movimiento. Un coche, por ejemplo, podría estar en la red de un proveedor de telecomunicaciones en Alemania, pero ¿qué sucede cuando se cruza a Francia en un viaje por carretera? Necesitamos una cápsula de seguridad que viaje con nosotros a través de la nube. Las “cosas” que están en movimiento pueden ser más diversas de lo que piensas.

En otro caso de uso innovador, los rinocerontes en Sudáfrica están siendo implantados con chips que toman en cuenta su ubicación, telemetría y las condiciones de salud, y pueden indicar a un avión no tripulado (dron) para entrar y ayudar si están siendo acosados por cazadores furtivos. Todos estos casos de uso traen riesgo de manipulación –imagínate a los cazadores furtivos hackers interviniendo en el sistema para realizar el seguimiento del rinoceronte–, pero cuando existe la verdadera seguridad, estas tecnologías son transformadoras.

Recuerdas Times Square en la ciudad de Nueva York hace 40 años: era un paraíso de la prostitución, la delincuencia y las drogas. Si tenías en aquella época familia, jamás hubieras considerado el llevarlos a este sitio después del anochecer. Esto contrasta con la imagen de Times Square en la actualidad: un turístico y colorido espacio de tiendas, restaurantes y una visita obligada para cualquiera que visite la ciudad. Ahora las marcas de mayor prestigio del mundo pagan una fortuna para tener su nombre en los carteles alrededor de este sitio y de estar asociados con la sensación que se vive allí. ¿Qué cambió y transformó el Times Square de lo que era a lo que es hoy en día? Fundamentalmente se trata de la base principal de la seguridad: políticas más duras que incluían una mayor presencia de la policía y la tolerancia cero para el crimen. Con estas medidas de seguridad en el ambiente, los turistas en Times Square ahora se sienten libres y confiados de caminar, casi ajenos a las defensas que los protegen en el entorno.

Es esa sensación, esa seguridad la que necesita ser integrada en la estructura misma del internet de las cosas. La seguridad de TI debe ser integrada en nuestra tecnología de la misma forma en que se ha integrado en Times Square. Necesita ser más sencilla y discreta sin entrometerse en nuestra intimidad, nuestra capacidad de innovar, o nuestro modo de vida. Si podemos hacer que la seguridad en la tecnología se integre de la manera más natural en todos los objetos, incluso podríamos sentirnos lo suficientemente confiados para dejar de hablar de seguridad y comenzar a vivir de acuerdo con el potencial que el internet de las cosas tiene para ofrecernos.

Fuente:http://www.forbes.com.mx/tus-datos-personales-estan-seguros-con-el-internet-de-las-cosas/

Línea de bienestar: El presupuesto 2016 da un paso atrás

La causa principal de que permanezca y crezca la pobreza en nuestro país es el ingreso insuficiente. Desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hemos insistido en la necesidad de revisar las políticas económicas relacionadas con los salarios, los ingresos y la productividad. En particular, es importante poner bajo la lupa los programas públicos destinados a fomentar la inclusión económica, es decir, programas para el desarrollo productivo, la generación de ingresos y la empleabilidad.

Este énfasis es relevante porque, hasta ahora, la discusión pública sobre el “combate a la pobreza” se ha enfocado única o principalmente en los “programas sociales”, una visión parcial y sesgada porque deja de lado la dimensión del ingreso, que es el factor central de empobrecimiento.

En este texto mostramos cómo el Presupuesto 2016 no fue un presupuesto base cero ni aumentó significativamente los recursos destinados a la inclusión económica y la generación de ingresos. También revisamos cómo la Cámara de Diputados no incrementó los fondos y, de hecho, las decisiones de ampliación presupuestal se hicieron en sentido inverso.

Completamos el panorama con una mirada sobre la dispersión de programas estatales y su falta de transparencia y rendición de cuentas. El texto concluye con propuestas específicas para empezar a enfrentar esta problemática.

No hubo “base cero” en los programas productivos

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PPEF) incluyó 39 programas destinados a la inclusión económica. Estos programas son ejecutados por ocho dependencias federales y un organismo no sectorizado, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). En el PPEF, el presupuesto para estos programas ascendía a 122 mil millones de pesos.

Los cambios propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del presupuesto “base cero” fueron menores respecto a años anteriores, y consistieron en algunas fusiones de programas y la resectorización del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), que pasa de la Secretaría de Economía (SE) a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La reorganización propuesta por Hacienda tomó en cuenta solo algunas de las recomendaciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).1 La fusión solo redujo el número de programas relacionados con la inclusión económica de 47 a 39. Esta reducción de programas con subsidios regresivos fue tímida y no explícita: se podría recortar “parejo”.

Asimismo, la propuesta del Ejecutivo fue insuficiente. ¿Aprovechó la Cámara de Diputados sus atribuciones para mejorar la calidad del Presupuesto en 2016? La respuesta breve es “no”. Por el contrario, contribuyó al desastre.

Más presupuesto para programas cuya inefectividad está demostrada

El Presupuesto de Egresos de la Federación (pef 2016) aprobado por la Cámara de Diputados mantuvo los 39 programas y aprobó ampliaciones presupuestales netas por 7 mil millones de pesos para algunos de ellos. Así, esos 39 programas contarán con un presupuesto de 129 mil millones de pesos en 2016, 5.6% más que lo presupuestado originalmente por la SHCP.

La ganadora fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa): casi 8 mil millones de pesos de ampliación fueron para 8 de sus 12 programas, mientras que otros 225 millones fueron destinados al programa Aseguramiento Agropecuario de la SHCP. La tímida reducción a los subsidios regresivos e improductivos de la Sagarpa —iniciada por Hacienda— fue revertida parcialmente en la Cámara (ver la Gráfica 1).

Los programas que tuvieron una disminución en la Cámara con respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo son el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), de la SE, por cerca de 600 millones de pesos; el programa de Protección Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por 300 millones, y el Programa de Apoyo al Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con 300 millones de pesos menos (ver Gráfica 1).

Los programas que recibieron un aumento de presupuesto están mal evaluados, según el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales 2015 (Indep), desarrollado por Gestión Social y Cooperación (Gesoc, A. C.). Los diputados eligieron programas de las tres peores categorías del Indep para asignar más recursos públicos.

Dos de los programas a los que la Cámara de Diputados amplió recursos se encuentran dentro de la caja negra del gasto. Es decir, no tienen un buen diseño, no han cumplido sus metas y tienen una baja o nula cobertura: el Programa de Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector y el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.

Otros tres programas están catalogados como acciones de dispersión de la política social. Son programas con muy bajas coberturas y sin posibilidad de lograr un impacto en su población objetivo: el Programa de Fomento a la Agricultura, el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, y el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados.

Tres programas más tienen un nivel de desempeño bajo: el Programa de Productividad Rural, el Programa de Apoyo a Pequeños Productores y el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

De todos los programas con ampliaciones presupuestarias solo uno alcanza un nivel de desempeño mejorable, el Programa de Aseguramiento Agropecuario, es decir que no es del todo opaco, pero le hacen falta mejoras sustanciales.

Los diputados no se basan en las evaluaciones para tomar decisiones

Es evidente que los resultados de las evaluaciones no fueron tomados en cuenta a la hora de reasignar los recursos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados otorgó al Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados un incremento de 1.8 mil millones de pesos, por lo que en 2016 cuenta con 12 mil millones de pesos. La evaluación de diseño concluye que este programa no define a su población objetivo ni identifica los problemas que esta enfrenta, y no cuenta con una estrategia de cobertura. Además, hay duplicidades entre este y otros programas federales que también otorgan apoyos destinados a equipamiento para comercialización, coberturas, servicios de garantías e incentivos para el ingreso objetivo, productores y compradores.

El Programa de Productividad Rural recibió un incremento de 1.2 mil millones de pesos, por lo que contará con 10 mil 603 millones de pesos. Este nuevo programa es el resultado de la fusión de seis programas preexistentes que seguirán operando como “componentes”: Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, Desarrollo de Zonas Áridas (Prodeza), Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (pesa), Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar, Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores, y Fortalecimiento a Organizaciones Rurales.

Con estos cambios, se espera que mejore la coordinación interinstitucional para que no se dupliquen los apoyos. Sin embargo, también se corre el riesgo grave de mantener la inercia de los programas que ahora están bajo la modalidad de componente. Además, tiene coberturas muy limitadas y no siempre bien focalizadas en zonas de mayor pobreza y rezago social del campo.

El Programa de Apoyo a Pequeños Productores recibió en la Cámara de Diputados un incremento de 2.9 mil millones de pesos; en 2016 contará con un monto total de 6 mil 161 millones de pesos. Este es el programa de la Sagarpa con el mayor aumento. Al igual que el Programa de Productividad Rural, es el resultado de la fusión de programas previos con dos fondos de incentivos productivos: el Procafé y el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf). Además, se le añadieron otros programas, que ahora serán componentes suyos: Extensionismo e Incentivos Productivos, Arráigate (Formar y Jóvenes Emprendedores), Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (fappa), y el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete).

A finales de 2015, el Coneval entregó un reconocimiento a la Sagarpa por el diseño del Programa de Apoyo a Pequeños Productores en el sector rural, creado ese año mediante la fusión de programas previos. Pero más allá del diseño, habrá que ver si la operación de este programa es transparente, especialmente en la asignación de recursos, la selección de beneficiarios y, sobre todo, la creación de incentivos reales que mejoren las condiciones de pequeños productores, sobre todo los más pobres.

La dispersión y baja efectividad de los programas de inclusión económica es mayor a nivel local

La dispersión y atomización se replica y complica en las 32 entidades federativas, que tienen a su vez sus propios programas. Para agravar el problema, como la rendición de cuentas y la transparencia son tan heterogéneas, resulta casi imposible crear una clasificación estandarizada del desempeño de los programas estatales.

De acuerdo con el Coneval, se tienen registrados 3 mil 788 programas estatales. Entre 2008 y 2011 el número de estos programas se incrementó en 11%, y su presupuesto en 42%. El inventario del Coneval muestra que en cada entidad hay varios programas, decenas en algunos casos, destinados a atender la misma dimensión.2

De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hay 767 programas estatales relacionados con generación de ingreso, empleo y apoyo productivo. Esto equivale a 24 programas por entidad federativa en promedio3 y a la quinta parte del total de los programas (20.2 por ciento).

¿Es un problema tener un gran número de programas?

La respuesta intuitiva es “sí”: muchos programas y poco presupuesto para cada uno significa mala cobertura y altos costos administrativos y de operación, proporcionalmente. Esto se traduce en resultados pobres, debidos también a duplicidades, sesgos clientelares y captura por parte de grupos de interés. Además, el seguimiento y más aún la evaluación de resultados se dificultan.

Proponemos una correlación empírica que puede describir lo que está ocurriendo: los estados con el más alto porcen­taje de población en pobreza por ingresos también son los que tienen el mayor número de programas sociales estatales (ver la Gráfica 2).

Por ejemplo, Chiapas, donde 78.7% de la población tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar, es la entidad con mayor número de programas (más de 250). Le siguen en la misma correlación Veracruz, el Estado de México, Hidalgo y Guerrero.

A la gran dispersión de programas en las entidades se suma que la normatividad, la regulación, la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia. Muchos programas estatales carecen de indicadores básicos para medir sus resultados, de evaluaciones rigurosas y de ejercicios serios de detección de duplicidades.

Solo uno de cada tres programas estatales (33.7%) cuenta con algún documento que lo regule, ya sean reglas de operación, una ley, un lineamiento o una guía de operación. Solo 217 programas estatales cuentan con reglas de operación, esto es el 28.5 por ciento.

La falta de transparencia en el uso de los recursos es escandalosa y preocupante. Se cuenta con información presupuestal para únicamente 123 de 767 programas y acciones estatales de inclusión económica. Es decir, del 84% de estos programas no se conoce ni el presupuesto que ejercen. Ya ni hablar de documentar resultados, identificar territorialmente el gasto o desglosar la asignación de recursos para poblaciones indígenas o por sexo, o para calificar la focalización del gasto de acuerdo con la incidencia de pobreza. Esto es imposible en los programas estatales, salvo en muy contadas excepciones.

En conclusión: ¿por qué estamos estancados?

En primer lugar, el país carece de una estrategia nacional articulada de inclusión económica e incremento de la productividad, con prioridad para zonas de rezago social y personas de menores ingresos. Sobran los discursos sobre “apoyos a programas productivos” e incluso hay mucha ideología para justificar la vía productiva en contraste con una supuesta o real visión asistencial. Sin embargo, mejorar los ingresos de la población pobre es una tarea sumamente compleja, porque además está relacionada con activos productivos, mercados, regulación y oportunidades de negocio, lo que implicaría un enfoque muy distinto en este tipo de programas. Lo que es seguro es que gastar recursos en programas desarticulados y de inefectividad comprobada no va a resolver las dificultades ni a reducir la pobreza.

En segundo lugar, estamos ante un problema de gobernanza del desarrollo. De entrada, no está claro quién es responsable de esta tarea. La “concurrencia” entre federación, estados y municipios en realidad encubre la indefinición de responsabilidades. No hay manera de deslindar y exigir rendición de cuentas, y esto permite las ocurrencias y los incentivos clientelistas de cada político para crear sus propios programas y no dar continuidad a los anteriores.

Lo mismo sucede con el enfoque sectorial. Basta un ejemplo: ¿quién debe apoyar el desarrollo productivo de los pequeños productores pobres indígenas? Solo en lo federal estarían “duplicadas” la Sedesol, la Sagarpa y la cdi, y también podrían estar involucradas la se y la STPS.

El peor escenario se da cuando los programas son muchos, pequeños, desarticulados, de escasa cobertura y sinrendición de cuentas, porque eso crea el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, el clientelismo y el dispendio.

En tercer lugar, la poca evidencia disponible limita las posibilidades de evaluación y la toma de decisiones. La información sobre los resultados de los programas es muy pobre, incluso en las evaluaciones federales. La escala de los programas y la multiplicidad de criterios hace imposible evaluar o tener datos mínimos sólidos. Para complicar más el panorama, las escasas evaluaciones existentes se toman muy poco en cuenta. En el debate público se presta mucha atención a la “intención” y a los anuncios con buen marketing y buena narrativa, y poca o ninguna al sustento real de las “estrategias” y “programas” que cada político anuncia.

Propuestas para tener más y mejor información sobre los programas productivos y la generación de ingresos

Para enfrentar estos problemas podríamos empezar por saber en qué se invierten los recursos. Es decir, necesitamos los datos básicos, completos, abiertos y unificados de a quién, en dónde y para qué se asignan recursos de programas de inclusión económica y generación de ingresos.

Las siguientes son algunas propuestas concretas que hacemos al Gobierno federal y que podrían ser asumidas por la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social para abordar los retos que supone la mejora de la política económica y social en su agenda 2016-2017:4

Crear un sistema de información unificado para los 39 programas federales orientados a la inclusión económica y la productividad que permita identificar a quién, para qué y en dónde se otorgan recursos y en qué cantidades.

Tener, cuando menos cada semestre, un reporte sistemático de seguimiento de los resultados alcanzados por cada programa (o subsidio entregado) y por el conjunto de estos, incluyendo indicadores económicos como rentabilidad de la inversión, empleos creados, salarios generados y otros similares.

Elaborar un atlas de actividad económica e inversión de todos los programas locales, abierto y de fácil consulta.

Iniciar el debate para formular una estrategia económica y social incluyente y consensuada con la sociedad civil, basada en la identificación de los principales factores que inciden en la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades, las políticas para potenciarlos y la reestructuración de los programas existentes para optimizar el financiamiento.

Crear desde el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) u otra instancia similar un fondo concursable para las universidades y organizaciones de la sociedad civil, dirigido al cumplimiento y seguimiento de dicha agenda, y a vigilar la ejecución de la legislación y normatividad en materia de programas productivos y de generación de ingreso.

Para empezar a romper el caos entre los tres órdenes de Gobierno se podría solicitar a la Comisión Nacional de Desarrollo Social lo siguiente:

  Acordar un estándar mínimo de información e indicadores —que deben estar disponibles— sobre el conjunto de programas sociales y, en particular, los destinados a la inclusión económica, el desarrollo productivo, la generación de ingresos y la empleabilidad de quienes viven en pobreza;

Elaborar un metanálisis de los programas estatales orientados a la inclusión económica y la productividad que compile la información estratégica de cada programa que actualmente no sea pública, proponga estándares básicos para el diseño y la rendición de cuentas, y esté en manos de una entidad independiente en la que participe un grupo interdisciplinario de especialistas reconocidos;

Crear un sistema unificado de información que ofrezca datos a nivel subnacional y alimente el atlas generado por los programas federales.

1 Coneval, “Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”, 2015.

2 El inventario estatal más reciente corresponde a 2012.

3 Se incluyen también programas y acciones que tienen como objetivo igualar las oportunidades de participación laboral, como los destinados al cuidado de personas.

4 Con base en las atribuciones que le confiere el artículo 52 de la Ley General de Desarrollo Social.

______________

ACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA POBREZA es una iniciativa de la sociedad civil organizada para impulsar acciones efectivas contra la pobreza y la desigualdad.

Fuente:http://estepais.com/articulo.php?id=450&t=linea-de-bienestarel-presupuesto-2016-da-un-paso-atras-

Los MOOC están cambiando la formación profesional

MOOC_Logo

 

Los massive open online courses (MOOC) ofrecen un importante valor para las empresas para que sus empleados mejoren las habilidades y conocimientos generales, de la misma forma que los profesionales pueden aumentar sus conocimientos con una inversión mínima basada en el tiempo.
Las plataformas de MOOC suman millones de estudiantes, y los cursos que llaman la atención pueden tener entre medio millón y un millón de estudiantes, una idea que no podíamos imaginar a principios del Siglo XXI cuando empezaba la formación online.

Por medio de los MOOC es posible asistir a un curso de matemática cuántica de la Universidad de Columbia, o a un curso de cocina tropical de la universidad de Florida. Han resultado una forma magnífica para ganar conocimiento rápido, aunque no suele ser muy especializado o de mucha profundidad.

El principal atractivo de un MOOC es sin duda que se trata de cursos gratuitos, los estudiantes no pagan por participar y por el conocimiento y tareas que realizan, aun cuando en la mayoría hay profesores revisando el progreso del estudiante. El principal inconveniente es que la única recompensa es el conocimiento, ya que los MOOC no incluyen certificados, créditos universitarios, o certificación alguna que le permita al estudiante sumar un certificado en su currículo.

Desde mi punto de vista hay cinco características clave para entender los MOOC tanto como ventaja como limitante:

PRECIO. El beneficio más inmediato hoy, con el nivel de madurez que hay disponible es definitivamente el precio, cero ante cualquier otro tipo de inversión es definitivamente una característica diferenciadora. Los MOOC nacieron con el objetivo de que fueran cursos gratuitos, no obstante hoy las plataformas más populares permiten cobrar aunque suelen ser cantidades bajas, un décimo de lo que se pagaría en el curso oficial.

ACCESIBILIDAD. Con un modelo tradicional qué tendrías que hacer para asistir a un curso de “Emoción y Cognición de los Perros” dirigido por la Universidad de Duke, del profesor Brian Hare, o “El método de los elementos finitos para problemas de física” que imparte el profesor Krishna Garikipati en la Universidad de Michigan.

ACTUALIZACIÓN. En este formato es mucho más fácil actualizar contenidos, temarios, tecnologías y temáticas. Actualizar los cursos que se imparten en las aulas de las universidades es un reto de meses y algunas veces prácticamente imposible. No obstante debido a que estos cursos no están regulados, hacer modificaciones es posible incluso en las mismas fechas en las que se imparte.

MÉTRICAS. De la misma forma en que existen multitud de herramientas para medir el desarrollo online de la formación, en los MOOC existe una oportunidad fantástica no solo para medir interés, sino también para medir conocimiento previo a la aplicación de las materias o de los conocimientos.

FORMATO. El formato es muy flexible, y la palabra “flexible” se puede enfocar desde un punto de vista positivo o negativo. Los profesores deciden los formatos, la cantidad de contenido, la velocidad con la que se avanza, y cualquier detalle del curso. La parte positiva incluye el hecho de que es posible ensayar, probar nuevos métodos y modelos, sin embargo desde otra perspectiva la falta de homogeneidad y el uso de métodos probados pueden resultar poco eficaz o poco adaptable para muchos públicos.

Si no has probado actualizar conocimientos y participar en un curso con miles de estudiantes recomendaría echar un vistazo al catálogo, y probar, lo único que puede pasar es que aprendas algo nuevo y creativo.

Marlon Molina

Consulta la nota en: ComputerWorld.es

Fuente:http://www.educacionyculturaaz.com/noticias/los-mooc-estan-cambiando-la-formacion-profesional