A tres años del sexenio la educación superior sin cambios, pero con temas pendientes

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Por: Angélica Buendía

Es innegable que la aprobación y puesta en marcha de las transformaciones para mejorar la educación básica y la media superior han acaparado la atención del debate público actual y en ella se han centrado los reflectores. Por el contrario, la educación superior se ha visto impregnada de las inercias, algunas sumamente cuestionadas, pero de prácticamente nulos cambios. La continuidad, como ocurre ya desde hace 25 años, ha caracterizado la estrategia de mejora del gobierno de Enrique Peña Nieto para este nivel educativo.
La evaluación como el instrumento por excelencia para el mejoramiento de la calidad de la educación superior se ha constituido como el eje transversal de las políticas públicas impulsadas desde finales de los años ochenta. Hoy asistimos a un complejo diseño institucional para operar los procesos de evaluación, acreditación y certificación de instituciones, actores y procesos que involucra a autoridades educativas, organismos no gubernamentales, funcionarios de las instituciones de educación superior, profesores, estudiantes y egresados Sin embargo, no es posible hablar de un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
A lo largo de las tres últimas décadas, el gobierno ha encabezado esfuerzos por revertir la baja calidad de la educación superior universitaria y tecnológica que provocó su expansión no regulada. Este problema se ha asociado, entre otros factores, a la excesiva burocratización de las instituciones, a su condición como centros sobrepolitizados que desatienden el nivel académico de sus programas, a la escasa relación que mantienen con la economía y la sociedad y a la existencia de instituciones privadas de educación superior que, debido a un marco regulatorio deficiente, operan sin las condiciones mínimas para ofrecer una educación de calidad. Si bien, algunas políticas y programas impulsados desde el Gobierno han buscado resarcir algunos de estos problemas los esfuerzos han resultado insuficientes. Por ejemplo, recientemente se ha puesto mayor énfasis en la  actualización de los planes y programas de estudio y los métodos de enseñanza-aprendizaje; además, se ha apostado a la movilidad estudiantil y a los programas de tutoría y asesoría para facilitar y mejorar el tránsito de los estudiantes por la universidad. La habilitación y actualización del personal académico también ha sido objeto de programas de gobierno e institucionales a fin de propiciar su actualización y desarrollo, pues se les ha considerado en la políticas educativas como fuente principal de mejora de la calidad. En el nivel del posgrado y el sector de la investigación se han impulsado igualmente políticas y programas que buscan mejorar la vinculación entre la investigación y las necesidades de desarrollo de la planta productiva nacional, así como promover el desarrollo de programas de posgrado en las áreas tecnológicas y su desconcentración geográfica. Por último, se ha buscado mejorar la infraestructura y asignar recursos para su mantenimiento y apoyo, así como incrementar la inversión en bibliotecas, hemerotecas y sistemas de información y documentación.
Con pleno reconocimiento de los logros que para las instituciones de educación superior y para el sistema mismo han traído los actuales esquemas y modelos de evaluación, certificación y acreditación –para el mejoramiento de la calidad de instituciones, actores y procesos de la educación– es urgente enfrentar las distorsiones que han provocado debido a su excesivo formalismo, su apego desmedido a indicadores de orden cuantitativo y a la atención de los productos en lugar de los procesos. Es cierto que debemos medir lo que es importante y contribuye a la buena calidad de la educación superior, pero es momento de hacer un alto para definir qué es lo importante en la educación superior.
Este modelo ha propiciado la simulación y la competencia desleal, por lo que resulta indispensable transitar hacia uno que revalore los procesos a partir de consideraciones de orden cualitativo que ponderen las condiciones específicas de cada caso en términos de rezagos acumulados, condiciones materiales y potencialidades. Vinculado con lo anterior se encuentra lo que podríamos denominar el fracaso de la diferenciación institucional. Si bien se identifican diversos tipos de instituciones de educación superior, en realidad lo que existe es una organización nominal de ellas,  tanto en el sector público, como en el privado; pero sin claridad en términos de sus objetivos y funciones y su relación con la estructura política, económica y social del país. Por un lado, el prestigio y la reputación de algunas instituciones se imponen sobre el resto, lo que contribuye a la reproducción de las brechas interinstitucionales, a pesar de las políticas impulsadas para resarcirlas, produciendo así el llamado efecto Mateo (es decir, donde los que más tienen, más reciben).
Por el otro, la persistencia del problema de la cobertura supera con creces la posibilidad de contar con un sistema de educación diferenciado y diversificado, pues lo verdaderamente importante es asignar lugares a los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior, independientemente de la institución y su calidad. Las recientes declaraciones del nuevo subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara, en el sentido de que la masificación de la educación universitaria necesariamente conduce a la pérdida de calidad, es errónea y así lo demuestran los sistemas de educación superior de otros países, bajo un esquema de clara diferenciación institucional, cuya cobertura supera con mucho la nuestra. También ocurre lo señalado por Patricio Solís en este mismo espacio: la reproducción de la desigualdad social y económica. De ello dan cuenta los distintos movimientos de estudiantes rechazados que ocurren cada año no sólo en el Distrito Federal, sino en las diversas entidades del país.
Además de lo anterior, el panorama actual no es lo más alentador que se quisiera, pues hoy se han encendido alertas entre las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología; sobre posibles recortes presupuestales que afecten el desarrollo de proyectos académicos necesarios para el desarrollo nacional. No sobra decir que problemas recurrentes como el desempleo o empleo en condiciones precarias de los jóvenes egresados tanto de nivel pregrado como posgrado, el recambio general del personal docente, la precariedad laboral de un segmento importante de profesores mal llamados por “hora” y la inseguridad en las instituciones de educación superior, entre otros, se constituyen en retos que enfrenta la educación superior del país y para los cuáles parece no haber, hasta este momento, propuestas por parte del Gobierno actual. Por lo tanto, la pregunta es más vigente que nunca: ¿habrá alguna posibilidad de que puedan atenderse en los siguientes tres años?

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