No entiendo bien por qué, pero cada vez que en la mesa de discusión pública sale al tema la educación privada, se arma la de Dios es grande. Cuando en 2011 el entonces Presidente Calderón decretó que el gasto en colegiaturas privadas sería deducible para efectos del Impuesto Sobre la Renta, muchos analistas pusieron el grito en el cielo, afirmando que se trataba de un subsidio que terminaría por debilitar a la educación pública. Otros muchos aplaudieron la decisión, argumentando que se trataba de una medida costo-eficiente para atender las necesidades de educación de la población. Ahora que se ha estado discutiendo el dar marcha atrás a la deducibilidad, y además aplicar Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las colegiaturas, ooootra vez escuchamos gritería en un sentido y en el otro: que si se va a afectar a millones de familias, que si éstas serían las que más recursos tienen, que si la movilidad social se va a acabar, que si es lo justo porque a la educación privada accede la población de mayores recursos.
Francamente, me parece una discusión que podría estar más informada y mucho, mucho menos polarizada. Acá les van algunos datos, que espero les resulten útiles para contextualizar este debate.
1. NECESITAMOS EDUCACIÓN ELEMENTAL UNIVERSAL, GRATUITA, PERO NO NECESARIAMENTE PROVISTA POR INSTITUCIONES PÚBLICAS
Multitud de normas nacionales e internacionales establecen que la educación es un derecho universal. Entre ellas se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos (“Toda persona tiene derecho a la educación”, Artículo 26), y la Constitución mexicana (“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”, Artículo 3). Estas normas, además, establecen que la educación básica (o elemental) debe ser gratuita. En una realidad donde no hay “lunch gratis” (alguien tiene que pagar lo que cuesta proveer educación) la gratuidad de la educación básica debe entenderse como el derecho de toda persona a recibir – sin tener que cubrir directamente una colegiatura – una educación financiada a través de los mecanismos de acción colectiva del Estado.
La motivación principal para considerar a la educación como un derecho deriva, me parece, de los beneficios sociales indirectos de la misma. Desde la publicación de “Investment in human capital and personal income distribution”, de Jacob Mincer, se sabe que los incrementos en el nivel de escolaridad de las personas se traducen en aumentos en su nivel de ingresos personales. También está demostrado que las personas con mayores niveles de educación tienen mejor salud, viven más, y son más felices. Pero, además –como lo han sostenido pensadores desde Aristóteles – los mayores niveles de educación de los individuos se traducen en beneficios que alcanzan a toda la sociedad. Como lo señala este sencillo documento de la OCDE, las personas más educadas tienden a participar más en actividades cívicas (como votar). Un país con buen nivel de educación tiende a atraer mayores inversiones, y por tanto, genera mejores oportunidades de empleo; los mayores niveles de felicidad individual homogénea están relacionados con menor incidencia de crimen, etc.
De hecho, todas las normas que señalan a la educación como un derecho, hacen referencia inmediata a que los contenidos de ésta deben ser socialmente útiles. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, mandata que “La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental […] La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. Nuestra Constitución señala, por su parte, que “La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
En conclusión: aunque los beneficios de la educación los recibamos primariamente los individuos, a todos nos conviene que todos estemos lo más educados posible. Por tanto, debemos garantizar que todos podamos educarnos, independientemente de si contamos con recursos para cubrir el costo de dicha educación, o no. Los mecanismos de financiamiento colectivo provistos por el Estado (es decir, la recolección de impuestos y el gasto público) son idóneos para ello.
Lo que no se desprende de lo anterior, sin embargo, es que la educación “gratuita” deba necesariamente ser provista a través de instituciones públicas. Ese punto, más bien, invita a reflexiones de costo-efectividad: ¿Cuál es la manera más efectiva de lograr que todos tengamos educación (financiada de forma colectiva)? ¿Es mejor proveerla a través de escuelas dependientes del sector público, o pagar a los privados para que la provean? Y dado que la educación busca de forma explícita transmitir valores, el tema invita también a reflexiones de corte sociológico:
¿cómo logramos que la educación sea lo más intelectualmente incluyente? ¿Cómo evitamos una homogeneización intelectual excesiva en nuestra sociedad? Volveré a estos puntos un poco más adelante.
2. LOS MEXICANOS SALIMOS MEJOR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PRIVADA, QUE DE LA PÚBLICA
Ríos de tinta han corrido sobre si la educación básica y media privada es “mejor” que la pública, o viceversa. Los resultados de las pruebas estandarizadas (sean nacionales como ENLACE y EXCALE, o internacionales, como PISA) dicen siempre lo mismo: los alumnos de las escuelas privadas obtienen mejores calificaciones que las de las escuelas públicas. Como se muestra en esta gráfica, proveniente del capítulo sobre Educación del Índice de Competitividad Estatal 2012 (“¿Dónde quedó la bolita? Del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia”) del IMCO, el promedio obtenido en la prueba ENLACE por las escuelas privadas está muy por encima del correspondiente a las escuelas públicas.
Sin embargo, los resultados generales esconden una realidad más compleja: los estudiantes que acuden a escuelas públicas tienden a provenir de familias con menores recursos económicos, padres con menor educación, y asisten a escuelas menos equipadas. ¿Por qué sería esto importante? Bueno, en primer lugar, porque no es tan fácil aprender cuando uno estudia en una escuela sin agua potable, o sin baños dignos, o con mucho calor, o sin un mínimo de condiciones didácticas (por ejemplo, un pizarrón). Tampoco es lo mismo, para un niño, desarrollarse en una casa donde hay mucho material de lectura y con padres que utilizan cotidianamente un repertorio amplio de palabras (que el niño tiene que aprender a utilizar), que en una casa con dos o tres libros y padres con un vocabulario limitado. La ayuda que los padres pueden dar a los hijos es también clave, y no es lo mismo que tus papás dispongan de tiempo para ayudarte en tus tareas, a que lleguen cansados todos los días después de pasarse 3 horas en el transporte público porque son pobres y tienen que vivir lejos del trabajo. Como se puede apreciar en las siguientes gráficas (que tomé de esta evaluación del INEE sobre datos de EXCALE 2009) las diferencias en estas dimensiones no son pequeñas.
El aprendizaje, pues, no está determinado exclusivamente por la capacidad del maestro, ni por lo que pasa en la escuela: es resultado del efecto de un “combo” de características. Para contribuir al entendimiento de qué tan exitosos son los países en mitigar el efecto del “background” de los estudiantes, la prueba PISA (diseñada y aplicada por la OCDE) hace una serie de preguntas a los estudiantes, con lo cual se calcula el “Índice de Estatus Social, Cultural y Económico” (IESCE). Este índice permite “corregir estadísticamente” los resultados de la prueba, para aislar los efectos del contexto. La siguiente gráfica, proveniente de un artículo publicado en Este País, expresa de forma sencilla el resultado de aislar el efecto del contexto: la diferencia a favor de las escuelas privadas no sólo desaparece, sino que se revierte.
Lo anterior ha dado lugar a múltiples opiniones – como ésta – en el sentido de que “[la educación privada] no es de mejor calidad que la pública”. Cabe, al respecto, hacer tres puntualizaciones importantes.
En primer lugar, la gráfica anterior se refiere a resultados de PISA 2006; los resultados más recientes de la prueba (ver, por ejemplo, lo señalado en este reporte de la OCDE) indican que la influencia del contexto socio-económico es menor en México que en todos los países en que se levanta la prueba, menos Indonesia. Además, en México la importancia del contexto socio-económico disminuyó sustancialmente entre 2000 y 2009; de hecho, la caída correspondiente es la 4ª mayor entre todos los países en que se levanta PISA, y la 2ª más alta en Latinoamérica.
En segundo lugar, es importante tener en consideración que las condiciones socioeconómicas de las familias están correlacionadas con las condiciones de las escuelas: los establecimientos educativos que atienden a las familias más pobres tienden a presentar condiciones “pobres” de infraestructura y servicios. El IESCE no puede aislar perfectamente las condiciones de las familias de las condiciones de las escuelas. Y como lo explica este documento de la OCDE, el índice fue pensado para evaluar qué tan exitosos son los sistemas educativos de los países en mitigar el efecto del “background” socioeconómico en el desempeño de los estudiantes, y no para comparar el desempeño de subsistemas educativos.
En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que, al comparar simplemente escuelas privadas con públicas, en cierto sentido estamos comparando a los mejores estudiantes de las escuelas públicas, con todos los estudiantes de las escuelas privadas. Esto es así por dos situaciones: la prueba PISA se aplica a estudiantes quetienen entre 15 y 16 años (es decir, que están en primero o segundo de preparatoria) y la tasa de deserción escolar acumulada para esos niveles es mayor en las escuelas públicas que en las privadas. Como lo señala este reporte del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en el nivel primaria desertan 0.9% de los alumnos de las escuelas públicas vs 2.5% de las privadas; sin embargo, en el nivel la secundaria los números se revierten y separan de forma sustancial: desertan 7.2% de los alumnos de secundarias públicas, vs 1.5% de las privadas. Entonces, no estamos comparando lo mismo.
Este es, entonces, uno de esos temas donde la gente tiende a interpretar los datos según lo que ya opina del tema, en lugar de dejar que los datos formen su opinión. A final de cuentas, lo que importa es el resultado del “combo” que las familias y el Estado mexicano (mediante infraestructura social básica, y las escuelas) damos a nuestros hijos, y no sólo lo que las escuelas hacen por ellos. El “descontar” el background socioeconómico es una sofisticación estadística que permite a los analistas entender mejor las causas de las diferencias; sin embargo, el hecho real sigue siendo el mismo: las muchachas y los muchachos que salen de primarias, secundarias y prepas privadas “vienen mejor” que los que salen de escuelas públicas. Al recibir alumnos de prepa, los profesores universitarios no asignan hándicaps a sus alumnos (no “dan chance” a los que vienen de “contextos no privilegiados”). Y los patrones, en el mercado laboral, menos. Los altos funcionarios públicos, ciertamente, no confían en sofisticaciones estadísticas: cada vez que les he preguntado si mandan a sus hijos a escuelas públicas o privadas, me dicen que a las segundas, independientemente de si son panistas, priistas o perredistas.
¿Qué puede uno concluir, entonces? Pues que tenemos que buscar, de forma urgente, mejoras sustanciales en la educación pública y en las condiciones de vida de las niñas y niños que acuden a ésta. Si no logramos avanzar en la materia, vamos a seguir perpetuando la terrible desigualdad que aqueja a nuestro país, y nunca vamos a percibir los beneficios económicos y sociales derivados de un nivel extendido de educación de calidad.