El derecho humano a la educación superior

1150300_568533773192672_1438533431_nLeo en diferentes medios que Daniel Solorio anuncia que un número de aspirantes a ingresar a la Universidad han promovido amparo en contra de la negativa de la Universidad para admitirlos como alumnos, al haber sido superados por otros aspirantes en el examen de selección de la Universidad. En diversos foros, Solorio afirma:

“La nueva Ley de Amparo abre las puertas de la defensa de los estudiantes rechazados contra su rechazo, aun cuando la autoridad universitaria siga sosteniendo que ella no es autoridad sino es un particular, aun así dice la ley que hay casos de particulares contra los que se puede pedir amparo”

“En complicidad con los gobiernos federal y estatal, el gobierno de la UABC está violando los derechos humanos de los estudiantes, y éstos tienen derecho a acudir a los tribunales en demanda de justicia.”

“La justicia de amparo respeta la organización interna de nuestra casa de estudios, pero no deja – ni puede dejar – al libre arbitrio de las autoridades responsables (demandadas) el cumplir o no las órdenes protectoras de derechos humanos”.

“La UABC (y todos los universitarios) esperamos que nuestros gobernantes sepan honrar el Estado Constitucional de Derecho, que en este caso consiste en dar a cada uno de estos jóvenes estudiantes un espacio académico precisamente en la carrera de la que fueron rechazados”.

Aunque desconozco en qué términos fue planteada la demanda de amparo, de las expresiones anteriores y de otras declaraciones que han sido públicas, se puede inferir que aparentemente el fondo de este asunto es la defensa de los no admitidos, ante la presunta violación del supuesto derecho humano absoluto a la educación superior.

Pero, ¿existe realmente -como un derecho fundamental garantizado por la Constitución o protegido por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos- la obligación para las instituciones públicas de educación superior, de matricular a todo aquel que se presente como aspirante a ingresar como alumno regular, en cualquier programa de licenciatura que se le ocurra, sin más requisito que haber concluido la educación media superior?

Nuestra Constitución sólo señala como obligación del Estado, la de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que además son obligatorias para todos los mexicanos.

Sin embargo, el llamado control de convencionalidad permite ahora invocar los tratados internacionales suscritos por México que protejan los derechos humanos, otorgándoles incluso un rango supraconstitucional cuando brinden una mayor protección para su goce y ejercicio efectivos, en caso de ausencia de previsiones constitucionales expresas.

¿Y qué es lo que dice el Derecho Internacional Público en materia de derechos humanos y educación superior, suscrito por nuestro país?

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Artículo 13. (…) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

- Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. UNESCO:

Artículo 4. (…) hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior.

- Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI:

Artículo 3. Igualdad de acceso (…) el acceso a los estudios superiores deberá estar basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo largo de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debidamente en cuenta las competencias adquiridas anteriormente.

(…) el rápido y amplio incremento de la demanda de educación superior exige, cuando proceda, que en toda política de acceso a la misma se dé preferencia al planteamiento basado en los méritos.

- Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. (…) el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

Todos los instrumentos internacionales, coinciden con que el acceso a la educación superior debe estar basado en los méritos y la capacidad de cada uno de los aspirantes. El acceso a la educación superior a través del mérito es una de las ideas que con más fuerza se han desarrollado a partir de dos premisas: Los recursos públicos no son ilimitados y no es aceptable ninguna discriminación basada en el género, la raza, la edad, las preferencias sexuales, el idioma, la religión la ideología política o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en discapacidades físicas.

De hecho, el mérito, la capacidad, la motivación se reconocen como criterios básicos de una política equitativa de acceso a la educación superior, ¿y cómo se miden la capacidad y los méritos de cada aspirante? Mediante un sistema de evaluación o examen de selección aplicado a todos los aspirantes en condiciones de igualdad.

Los doctores en derecho constitucional, Jorge Madrazo Cuéllar y Walter Beller Taboada (ambos con reconocida experiencia en Derechos Humanos, habiendo sido el primero de ellos director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM durante 7 años y presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) en su momento desarrollaron ampliamente el tema, en un artículo publicado en la gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Consideraciones Sobre el Derecho a la Educación y la Educación Superior en México desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”.

 (http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Gacetas/61.pdf p.19).

 De su extenso escrito (que no tiene desperdicio) vale la pena resaltar en este reducido espacio lo siguiente:

“(…) el Derecho Humano a una educación superior igualitariamente accesible, no debe entenderse violado o transgredido por el mero hecho de que un grupo de estudiantes no haya obtenido el ingreso a una institución de educación superior por razones exclusivamente académicas, ni mucho menos en el caso de que tal ingreso no se hubiere obtenido en una institución específica, toda vez que este derecho no protege ni garantiza el ingreso o aceptación de todos los aspirantes al servicio educativo, sino sólo la realización y calificación no discriminatoria del concurso de selección correspondiente.”

“El considerable esfuerzo de la sociedad que implica el mantenimiento de las instituciones de educación superior exige, de parte de los aspirantes, que muestren capacidad, voluntad y constancia en el aprovechamiento de los bienes y recursos disponibles (…) La sociedad demanda legítimamente a las instituciones públicas de educación superior el más alto nivel posible, y solicita a los estudiantes que estén a la altura de esa demanda”.

“No debe confundirse el derecho a la educación, con el derecho de acceso a las instituciones de educación superior. Que un estudiante no sea seleccionado en el concurso de admisión de una institución puede deberse a dos motivos: porque no demostró suficiente capacidad académica para la educación en general, o porque sí tiene esa capacidad y la demostró pero no alcanzó el nivel académico que exige la institución específica a la que solicitó ser admitido.”

Conclusión: No existe pues, un derecho público subjetivo que pueda oponerse a fin de que la Universidad otorgue, sin limitación alguna, el acceso a la educación superior a todo interesado, sino que el ingreso está sujeto a las capacidades, a los méritos académicos personales y a la disponibilidad de los recursos públicos (cupo). Los méritos académicos sólo pueden ser evaluados mediante un examen de selección que no discrimine a aspirante alguno.

Fuente: http://red-academica.net/observatorio-academico/2013/08/21/el-derecho-humano-a-la-educacion-superior/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-derecho-humano-a-la-educacion-superior

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